DILIGENCIA DE NOTIFICACION. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTIAS (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON).
Se publica íntegra la ejecutoria del amparo en revisión 265/91:
Monterrey, Nuevo León, a quince de enero de mil novecientos noventa y dos.
VISTO, para resolver en revisión el juicio de amparo indirecto 1317/91; y,
RESULTANDO:
UNICO. Por escrito recibido el primero de julio de mil novecientos noventa y uno, Jesús Fernando Nader Marcos, por su propio derecho demandó ante el Juez de Distrito en turno en el Estado de Nuevo León el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se mencionan:
"AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. La C. Actuario adscrita al Juzgado de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, Lic. Gloria Obregón Ramírez.
2. C. Juez Sexto de lo Civil, del Primer Distrito Judicial en el Estado.
3. C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de la Primera Cabecera Registral, correspondiente a Apodaca, Nuevo León.
ACTOS RECLAMADOS:
De la C. actuario responsable, la falta total de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil promovido por el licenciado Raúl Galván Flores en su carácter de representante legal de BANCOMER, S.N.C., en contra del suscrito y otros radicado ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente 299/91, derivado de la ilegalidad de la diligencia de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y uno en la cual se me pretendió dejar citatorio para el referido juicio sin cerciorarse de la autenticidad del mismo en legal forma, siendo en consecuencia ilegal la diligencia de fecha catorce de febrero del año en curso mediante la cual se pretendió cumplimentar el auto de ejecución inicial dictado dentro del referido juicio, mediante el exhorto 97/91 radicado ante el Juzgado de la adscripción de dicho actuario, es decir, el Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado. Reclamo igualmente de dicha responsable la ilegal declaración de embargo en bienes de mi propiedad que se contiene en la diligencia de fecha catorce de febrero del año en curso. Del C. Juez responsable, reclamo todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido ante dicha responsable por el licenciado Raúl Galván Flores en contra del suscrito y otros, y radicado bajo el expediente 299/91, incluyendo la sentencia de fecha diecinueve de marzo del actual y sus consecuencias. También reclamo la futura e inminente ejecución que se pretende dar a dicha resolución, así como la también futura e inminente desposesión de los bienes que fueron señalados para embargo en la ilegal diligencia de emplazamiento al juicio referido. De ambas responsables se reclama igualmente las consecuencias directas e indirectas de los actos reclamados. Por último, reclamo del C. registrador responsable, la ilegal inscripción del embargo trabado ilegalmente en contra del suscrito, respecto de un inmueble el cual se describe en la propia diligencia de supuesto emplazamiento señalada como acto reclamado de la C. actuario responsable", señalando como preceptos constitucionales que contienen las garantías individuales que estimó violadas, los artículos 14 y 16.
El Juez Segundo de Distrito admitió la demanda de amparo y previó los trámites legales dictó sentencia que negó la protección constitucional solicitada. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso por conducto del Juez Federal aludido el recurso de revisión, el que remitió a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Cuarto Circuito el oficio número 59670 al que adjuntó el original y copia del escrito de expresión de agravios, el correlativo escrito de su presentación y las actuaciones originales del juicio de amparo 1317/91 en trescientas veintiocho fojas, correspondiendo el conocimiento del recurso a este órgano colegiado, el que lo admitió a trámite por acuerdo de presidencia de diecinueve de noviembre del año actual. Se notificó al agente del Ministerio Público Federal adscrito para su conocimiento y efectos legales correspondientes, quien se abstuvo de emitir su opinión en el presente negocio. Posteriormente se turnaron los autos al Magistrado relator para los efectos a que se refiere el artículo 184 de la ley en consulta.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La sentencia se apoya en las consideraciones siguientes: "CUARTO. Son infundados los anteriores conceptos de violación por las siguientes consideraciones legales. En la especie, el quejoso reclama la falta de emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido por el licenciado Raúl Galván Flores, representante legal de Bancomer, S.N.C., contra el hoy quejoso, y otros, que se tramita ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente número 299/91. Asimismo, impugna las diligencias de trece y catorce de febrero de este año, practicadas por la actuaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. En síntesis, el peticionario de garantías, argumenta que la responsable le viola sus derechos fundamentales porque la actuaria que practicó el emplazamiento lo hizo ilegal, pues no se cercioró de la autenticidad de su domicilio. Ahora bien, de la copia certificada de diversas constancias que fueron acompañadas por las autoridades responsables y el tercero perjudicado, las que merecen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acredita lo siguiente:
a) Que la institución de crédito Bancomer, S.N.C., por conducto de su apoderado jurídico licenciado Raúl Galván Flores, promovió ante el Juez Sexto Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, juicio ejecutivo mercantil contra la empresa Agropartes del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el ahora quejoso, en su carácter de avalista y fiadora, y señaló como domicilio para su emplazamiento el ubicado en el kilómetro 15.7 de la carretera Miguel Alemán, entronque Mezquital-Huinalá, en Apodaca, Nuevo León, de quienes reclamó diversas prestaciones.
b) Por auto de seis de febrero de este año el referido juez admitió a trámite la demanda y ordenó requerir a los demandados en el domicilio indicado, el pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no hacerlo, se embargarán bienes de su propiedad.
Asimismo, se giró exhorto al Juez de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, para cumplimentar el citado acuerdo. Ahora bien, el actuario adscrito al Juzgado de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, previa cita de espera que practicó el catorce de febrero de este año, emplazó al ahora quejoso, según se puede apreciar de la diligencia que obra a fojas 55, la que analizada se acredita sin lugar a dudas, que al constituirse en el domicilio ubicado en la carretera Miguel Alemán kilómetro 15.7 entronque Mezquital- Huinalá, en Apodaca; Nuevo León, sí se cercioró de la autenticidad de ese domicilio por el dicho de dos empleados del lugar, quienes dijeron llamarse María Mayela Ibarrola de Aldama e ingeniero Guillermo Camacho Chacón. Como puede observarse, en concepto de este juzgador es evidente que el funcionario de referencia, al efectuar la diligencia de emplazamiento el ahora quejoso, cumplió cabalmente con lo establecido por el artículo 69 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a la Legislación Mercantil, es decir, que al encontrarse en el domicilio señalado sí se cercioró del lugar por la afirmación de los empleados que ahí laboran, y si el quejoso no demostró que el domicilio donde fue emplazado, no le correspondía, tampoco contradijo ni desmintió el hecho de que la actuaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Tercer Distrito Judicial en el Estado, al practicar el emplazamiento los días trece y catorce de febrero de este año, lo hubiera entendido con María Mayela Ibarrola de Aldama e ingeniero Guillermo Camacho Chacón y menos aún acreditó que esas personas no sean empleados del lugar en que se practicó la diligencia. Por tanto, es evidente que el emplazamiento combatido, está ajustado a derecho y por ende las autoridades responsables no violan al quejoso sus garantías individuales, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Fernando Nader Marcos".
SEGUNDO. Como agravios se expresa lo que sigue: "UNICO. El a quo vulnera en perjuicio del suscrito los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo al haberse dictado la sentencia recurrida, negando la protección constitucional cuando procedía la concesión del amparo, al no haber fundamentado legalmente el apoyo para la negativa del amparo y al haber omitido analizar cabalmente los conceptos de violación, teniendo como consecuencia que ilegalmente se me negare el amparo solicitado. En efecto, el Juez Segundo de Distrito, al resolver la contienda constitucional planteada, considera infundados los conceptos de violación esgrimidos por la compareciente, los cuales en síntesis establecen que se vulneran los artículos 14 y 16 constitucionales al no haberse practicado emplazamiento al juicio del cual derivan los actos reclamados, y tal circunstancia se acredita con el acta de la supuesta diligencia de emplazamiento en la cual consta que la C. actuario que la practicó, no se cercioró por el dicho de dos vecinos del lugar sobre la autenticidad del supuesto domicilio del suscrito y codemandados, pretendiendo hacerlo con el dicho de dos empleados del lugar, infringiendo el artículo 69 del Código Procesal Civil de la Entidad en aplicación supletoria al de Comercio. El inferior aduce en forma absurda, que al establecer el C. actuario responsable que se cercioró de la autenticidad del domicilio por el dicho de dos empleados del lugar en donde se encontraba, cumple con lo establecido por el referido precepto. La violación es evidente, y en consecuencia procede se revoque la resolución recurrida y se me conceda la protección constitucional solicitada. Efectivamente, el artículo 69 del Código Procesal Civil de la entidad, en aplicación supletoria a la legislación mercantil, mismo que dice el a quo fue cumplido por la C. actuario responsable, en su parte conducente establece: `Artículo 69. ... Si no se encontrare presente la persona interesada a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para que espere en hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, ...'. Ahora bien, por vecino debe entenderse la persona que vive en lugar contiguo, cercano o próximo, y aun cuando dicha palabra presenta diversas acepciones, ninguna da a entender que por vecino se tenga a quien trabaja o es empleado del mismo lugar; en la especie, dicho precepto no puede interpretarse en forma distinta a su letra expresa, y por tal motivo, el funcionario que practique una diligencia que encuadre en el artículo en comento, debe forzosamente acatarlo, máxime si se trata de un emplazamiento a juicio, que es el acto procesal que reviste de mayor importancia según lo ha considerado reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso concreto, la C. actuario responsable infringió abiertamente el precepto invocado, y sin lugar a dudas el inferior debió conceder al suscrito el amparo solicitado, dejando insubsistente todo lo actuado en dicho juicio a excepción del auto admisorio de la misma y la correspondiente radicación del exhorto. Ahora bien, no debe ser obstáculo para concluir con lo anterior, tal y como lo considera el inferior, el hecho de que el suscrito no hubiera acreditado dentro de la substanciación del amparo en su primera instancia, que el domicilio en donde se pretendió practicar el emplazamiento no era del suscrito, pues en primer término, resulta evidente que el mismo corresponde a una negociación mercantil, la cual solicitó un crédito en el cual firmé como obligado solidario; y en segundo, no forma parte de la litis constitucional si el domicilio es o no el del compareciente, sino la incuestionable ilegalidad del emplazamiento. Tampoco resulta necesario que el suscrito hubiere controvertido el hecho de que la supuesta diligencia se hubiere practicado con las personas que menciona la actuario, o que dichas personas no sean empleados de la codemandada AGROPARTES DEL NORESTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pues son hechos que además de ignorarlos, no son propios. Se pone de relieve el hecho de que el suscrito nunca he comparecido al juicio del cual derivan los actos reclamados, pues el mismo se siguió a mis espaldas y tuve conocimiento del mismo con posterioridad a que se había dictado sentencia definitiva dentro del mismo. Debe destacarse que la contienda constitucional versa sobre la falta total por ilegalidad del emplazamiento, no sobre la falsedad del acta levantada por la C. actuario responsable; en consecuencia, debe concederse la protección constitucional al suscrito, máxime si, como ya se expresó, no tuve conocimiento del emplazamiento, lo cual se demuestra presuncionalmente con el hecho de no haber comparecido a juicio, no teniendo mayor prueba la suscrita de ese hecho negativo que dicha circunstancia y la evidente ilegalidad con que se practicó, teniendo aplicación las siguientes tesis jurisprudenciales y relacionadas: `EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PUBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio ... La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo se observaron las leyes de la materia. Séptima Epoca, Cuarta Parte, Volumen 19, página 15. A.D. 2542/68 Centro Deportivo Prados de la Montaña, S.A. Unanimidad de cuatro votos. Volumen 19, página 15. A.D. 2541/68. Fraccionamiento Prados de la Montaña, S.A. Unanimidad de cuatro votos. Volumen 19, página 15. A.D. 2627/68. Tenedores de las obligaciones serie A de las emitidas por Fraccionamiento Prados de la Montaña, S.A. Unanimidad de cuatro votos. Volumen 65, página 16. A.D. 192/73. Homobona Román de Durán. Cinco votos. Volumen 78, página 27. A.D. 3019/74. Benita López Jiménez. Cinco votos. "EMPLAZAMIENTO EN EL LUGAR SEÑALADO POR EL INTERESADO. ILEGALIDAD DEL (INTERPRETACION A LA VIGESIMA SEGUNDA TESIS RELACIONADA CON LA JURISPRUDENCIA NUMERO 187, CONSULTABLE EN LA PAGINA 579 DEL ULTIMO APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, CUARTA PARTE). La Sala responsable en la sentencia reclamada, hizo una inexacta aplicación de la vigésima segunda tesis relacionada con la jurisprudencia número 187, consultable en la página 579 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Cuarta Parte, al Semanario Judicial de la Federación, pues si bien es verdad que la misma autoriza expresamente el señalamiento de un domicilio convencional para que en éste se practiquen las notificaciones a la parte que lo señaló, no es menos cierto que la indicación de ese domicilio convencional no puede atentar contra la finalidad del emplazamiento a que la propia ejecutoria se refiere y que no es otra sino que la consistente en que la parte demandada tenga conocimiento real y efectivo de la demanda que se endereza en su contra, para que de esa manera se encuentre en aptitud legal de oponer las defensas y excepciones que tuviere en contra de las prestaciones que le reclama su contraparte y de probar aquéllas a través de los medios de convicción que enumera la ley, y es por todo ello que el citado acto procesal, que indudablemente es el más importante dentro de un procedimiento, se le rodea de las formalidades a que se refieren los artículos 116 y 117 del Código Procesal Civil (*) y cuya inobservancia trae como consecuencia la nulidad del mismo.' Séptima Epoca, Cuarta Parte, Volúmenes 109-114, página 105. A.D. 4020/76. Frutas Refrigeradas, S.A. 5 votos. `EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. La falta de emplazamiento legal, vicia el procedimiento y viola, en perjuicio del demandado, las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales.'. Quinta Epoca. Tomo II. página 977. Fuentes Victoriano. Tomo III. Pág. 328. Coné Tomás B. Tomo XVI. Pág. 514. Moreno Terrazas Abel y Coags. Tomo XXVI. Pág. 926. Luca de Attolini Letteria. Tomo XXVI. Pág. 2541. Sosa Jesús. `EMPLAZAMIENTO. El emplazamiento al demandado debe de hacerse de una manera personal, y cuando a la cita no estuviere presente el interesado, se entenderá la diligencia con quien se encuentre en el lugar; pero en este caso el notificador respectivo, debe de cerciorarse de que el demandado vive en la casa en que se practica la notificación, haciendo constar esa razón en el acta de la diligencia; y cuando esta razón no existe en los autos, debe considerarse que no fue hecha en forma y que por lo tanto, se violan las garantías individuales concedidas por el artículo 14 constitucional.'. Quinta Epoca. Tomo XXIX. página 711. Martínez y Leguízamo Santiago.".
TERCERO. Son fundados los agravios.
En esencia, se alega que el Juez de Distrito infringe los artículos 76, 77, 78 y 79, de la Ley de Amparo, al negar la concesión de la protección constitucional solicitada. La inconforme expresa que la actuaria que practicó la diligencia de emplazamiento, no se cercioró por el dicho de dos vecinos sobre la autenticidad del supuesto domicilio de la persona que se iba a notificar, hoy quejosa recurrente, pretendiendo justificar dicha circunstancia con el dicho de dos empleados del lugar, por tal motivo estima que se infringió lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal Civil de la Entidad, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Se añade que el Juez Federal indebidamente estimó que lo anterior resultaba suficiente para establecer que la actuaria se cercioró de la autenticidad del domicilio.
Al respecto, cabe precisar en primer término que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, por tal razón, considera que el emplazamiento es de orden público, por lo que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y si, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia.
Ahora bien, en la especie el emplazamiento efectuado en el juicio ejecutivo mercantil de donde emana el acto reclamado resulta incorrecto, en razón de que la actuaria que practicó la diligencia de trece de febrero del año próximo pasado (foja 55), incumplió con las formalidades exigidas por el precepto 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues al constituirse en el domicilio señalado como el de la parte demandada, Amalia Marcos Canavati de Nader, ubicado en la carretera Miguel Alemán kilómetro 15.7, entronque Mezquital- Huinalá, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, no se cercioró mediante razón pormenorizada que la persona demandada viviera ciertamente en el lugar en que estaba constituida. En la diligencia de mérito, en lo que interesa dice: "...el suscrito Actuario ...me constituí en la finca ... en busca del señor Jesús Fernando Nader Marcos, y habiéndome cerciorado previamente por la autenticidad del domicilio por el dicho de dos empleados del lugar, que dijeron llamarse María Mayela Ibarrola de Aldama e ingeniero Guillermo Chacón, y no encontrándolo presente procedí a dejarle cita de espera, para el día catorce de febrero del año en curso, para las 11:20, por conducto de la persona que dijo llamarse ingeniero Guillermo Camacho Chacón ..." Al día siguiente, la actuaria levantó acta, en donde mencionó haberse constituido en el mismo lugar y no haber encontrado presente al demandado, por lo que la notificó por medio de instrtuctivo, procedió al embargo y a correrle traslado por conducto del ingeniero Guillermo Camacho Chacón.
Estas afirmaciones no pueden constituir la razón pormenorizada que requiere el artículo 69 del ordenamiento legal en cita, aplicado supletoriamente a la materia mercantil, el cual dispone, en el segundo párrafo, lo siguiente: "Si no se encontrare presente la persona interesada a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para que espere en hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiéndola los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo.". Así es, por el contrario evidencian el desacato al mencionado dispositivo legal, convirtiendo en irregular la diligencia de notificación del auto inicial del juicio original, toda vez que el funcionario notificador omitió precisar circunstancias de cómo fue que llegó a la convicción de que en el domicilio donde se había constituido, vivía la ahora impetrante de garantías, ya que no se especifican las características físicas de las dos personas que supuestamente laboran en ese lugar, siendo uno de ellos (Guillermo Camacho Chacón) con quien se entendió el irregular emplazamiento, deficiencias, que, como ya se dijo, conducen a estimar defectuosa e ilegal la diligencia de citación a juicio, por no ajustarse a las normas que rigen el procedimiento y traer en consecuencia la imposibilidad de la demandada de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio, con la consiguiente violación de su garantía de audiencia y seguridad jurídica que le confieren los artículos 14 y 16 constitucionales, respectivamente. El anterior criterio ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el siete de agosto del presente año, por unanimidad de votos, el toca 151/91, relativo al recurso de revisión promovido por Gilberto de la Fuente Ramos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relacionada en primer lugar con la jurisprudencia número 780, visible en la página 1287, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, transcrita por la parte recurrente, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO EN EL LUGAR SEÑALADO POR EL INTERESADO. ILEGALIDAD DEL. (INTERPRETACION A LA VIGESIMA SEGUNDA TESIS RELACIONADA CON LA JURISPRUDENCIA NUMERO 176, CONSULTABLE EN LA PAGINA 579 DEL ULTIMO APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION, CUARTA PARTE).".
Asimismo, le asiste la razón a la revisionista, al manifestar que no era necesario justificar que el domicilio en el que supuestamente fue emplazada, no le correspondía; tampoco no haber controvertido el hecho de que la diligencia de notificación se hubiera entendido con María Mayela Ibarrola de Aldama e ingeniero Guillermo Camacho Chacón, y que dichas personas no eran empleadas de la codemandada Agropartes del Noreste, Sociedad Anónima de Capital Variable. En efecto, como lo expresa la recurrente, el domicilio no constituye materia de la litis constitucional, sino únicamente si el emplazamiento fue realizado conforme a derecho, el cual como ya se dijo, fue ilegal; además, en los términos del artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, antes invocado, el actuario tenía el deber de cerciorarse de que en el domicilio en que practicaba el emplazamiento vivía el demandado recurrente, lo cual no efectuó; situación distinta sería, si el actuario hubiera cumplido con dicha obligación a su cargo, pues entonces el ahora revisionista sí debería justificar que el domicilio en el que supuestamente fue emplazado no le correspondía. En cuanto al hecho de no haber impugnado o desmentido que la diligencia practicada por la actuaria se realizó con las personas que ahí se mencionan, y que eran empleados de la codemandada antes citada, debe precisarse, que por no ser hechos propios no le corresponde justificarlo.
En tales condiciones, al ser fundados los agravios estudiados, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder al quejoso recurrente el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en el juicio de donde emana el acto reclamado, por lo que a él respecta solamente, a partir de la primera notificación y, mediante nueva diligencia de emplazamiento, en la que se observen los lineamientos establecidos por el artículo 69 del Código Procesal Civil del Estado, se siga el juicio por su trámite legal y, en su oportunidad, se resuelva lo que en derecho corresponda. En igual sentido se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, en sesión de seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, el Toca 221/91, substanciado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Amalia Marcos Canavatti de Nader, contra la sentencia constitucional dictada por el Juez de Distrito recurrido, en el juicio de amparo indirecto número 1300/91, que promovió contra actos de las autoridades señaladas también como responsables por el ahora inconforme.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se revoca la sentencia impugnada.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Fernando Nader Marcos, contra los actos que reclamó del Juez Sexto de lo Civil y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, que se precisaron en el resultado único de esta ejecutoria.
Notifíquese.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Juan Miguel García Salazar, Ramiro Barajas Plasencia y José Antonio Hernández Martínez, siendo ponente el segundo de los nombrados. Doy fe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/907-4ffb349e/diligencia-de-notificacion-la-falta-de-cercioramiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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