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Modo: Corpus Pro

SECUESTRO ADMINISTRATIVO. ES VIOLATORIO DE LAS GARANTIAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD, CUANDO SE INSTAURA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DEL CONDUCTOR Y NO DEL PROPIETARIO DEL VEHICULO OBJETO DEL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 232/93. · Registro digital (IUS): 934
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CONSTRUCTORA VILLAMONTE, S.A. DE C.V.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, , Pág. 147.

AMPARO EN REVISION 232/93. CONSTRUCTORA VILLAMONTE, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

TERCERO: El primero de los agravios es infundado.

Alega la autoridad responsable recurrente que el juicio de garantías es improcedente porque los actos desposesorios reclamados no son definitivos en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo.

La anterior afirmación no es correcta, pues si bien es cierto que de acuerdo a ese precepto legal cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, ese mismo dispositivo estatuye que dicha regla sólo es aplicable a las partes en el procedimiento natural pero no a los terceros extraños, calidad que tiene la quejosa Constructora Villamonte, Sociedad Anónima de Capital Variable, en tanto que el procedimiento administrativo de donde se hacen derivar los actos reclamados está enderezado en contra de una distinta persona, como lo es Adriana Villarreal Montemayor.

El segundo de los agravios también es infundado.

La autoridad recurrente sostiene que el interés jurídico de la quejosa para deducir la acción de amparo no se justificó en virtud de hallarse vencido el permiso de internación temporal número 2236, que allegó al juicio de garantías a fin de acreditar la legal estancia en el país del vehículo objeto de los actos desposesorios reclamados.

No es cierta la anterior aseveración, pues el citado permiso de internación temporal le fue autorizado a la quejosa el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos por un plazo de tres meses improrrogables dentro de un período de doce meses, lo que quiere decir que el permiso vencía hasta el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, fecha muy posterior al doce de abril anterior en que tuvieron lugar los actos desposesorios reclamados, de donde se sigue que para esta fecha el permiso de importación de que se trata tenía plena vigencia, acreditándose con ello la legal estancia en el país del vehículo objeto de tales actos.

También es inexacto que en el juicio de garantías no se hubiera acreditado la personalidad de Raúl Angel Villarreal Villarreal como representante legal de la quejosa Constructora Villamonte, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues aquél acompañó a la demanda de garantías la documental notarizada de la escritura pública número 1264, relativa al acta constitutiva de la sociedad mercantil quejosa, en cuya primera cláusula transitoria la asamblea general de accionistas acordó designar a Villarreal Villarreal administrador único y apoderado general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún los especiales que de acuerdo con la ley requieran cláusula especial.

El tercero de los agravios igualmente es infundado.

Alega la autoridad responsable recurrente que en la especie dio cumplimiento a la garantía de audiencia porque al momento de verificarse el secuestro reclamado se hizo del conocimiento de Adriana Villarreal Montemayor, conductora del vehículo embargado, y que en materia tributaria no existe obligación de la autoridad exactora decir previamente al causante; aseveración que deviene inconducente, pues en el caso a estudio quedó acreditado que la empresa quejosa es tercera extraña al procedimiento de donde provienen los actos reclamados, lo que torna a éstos, como bien lo estimó el Juez de Distrito, violatorios de garantías individuales.

Criterio similar respecto de lo anterior sustentó este Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver los diversos recursos de revisión números 187/92, 248/92 y 9/93, mediante ejecutorias de fechas quince de septiembre y dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, y tres de febrero de mil novecientos noventa y tres respectivamente.

En estas condiciones, procede confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

UNICO: Se confirma la sentencia recurrida.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, licenciados Leandro Fernández Castillo, Arturo Barocio Villalobos y Enrique Arizpe Narro, siendo relator el primero de los nombrados, los que firman con el secretario de Acuerdos que actúa y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/934-102739c2/secuestro-administrativo-es-violatorio-de-las-garantias-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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