DEPOSITARIO DE BIENES EMBARGADOS. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL CUANDO ARGUMENTE QUE LA AUTORIDAD QUE ORDENÓ SU REMOCIÓN Y LA ENTREGA DE AQUÉLLOS ES INCOMPETENTE O NO FUNDÓ NI MOTIVÓ SUFICIENTEMENTE SU COMPETENCIA.

En términos del artículo 8o., fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el precepto 153 del Código Fiscal de la Federación, el depositario de bienes embargados carece de interés jurídico para promover el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra el acto que lo remueve del cargo y le ordena entregar dichos bienes; no obstante, esa determinación sí es susceptible de afectar derechos y obligaciones del indicado depositario, en virtud de que si bien se trata del ejercicio de una atribución exclusiva de la autoridad ejecutora, tal circunstancia no es suficiente para demostrar notoria e indudablemente la mencionada falta de interés jurídico, si se atiende a que esa actuación debe ceñirse necesariamente a los requisitos de fundamentación y motivación a que se contrae el precepto 38, fracción IV, del señalado código, a fin de observar la garantía de legalidad consagrada en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, si la remoción del depositario está sujeta y se regula por la legislación fiscal federal, es claro que aquél cuenta con un derecho subjetivo que le permite exigir al órgano del Estado la obligación correlativa de cumplir con las directrices normativas aplicables; de ahí que el referido depositario, atendiendo a las circunstancias particulares y especiales citadas, tiene interés jurídico para promover el juicio contencioso administrativo federal cuando argumente que la autoridad que ordenó su remoción y la entrega de aquéllos es incompetente o no fundo ni motivó suficientemente su competencia. Lo anterior es así, porque resulta ilógico y antijurídico que el depositario no tenga a su alcance algún medio ordinario de defensa contra la orden de su remoción, emitida en los términos descritos, ya que en el supuesto de que hiciera entrega de los bienes a una autoridad incompetente, ello podría, en su caso, generarle posibles sanciones administrativas o incluso de índole penal, al no haber realizado una correcta custodia de los bienes que se le encomendó primigeniamente por una autoridad hacendaria distinta, tal como lo señala el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.