SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE SU CONCESIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DETERMINA LA COMPETENCIA A FAVOR DE UN JUEZ PARA CONOCER DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

La teoría procesal, en general, indica que una resolución puramente declarativa tiene como característica no modificar una relación jurídica existente o constituir una nueva, sino que únicamente tiene por objeto la pura declaración de la existencia de un derecho. La resolución de segunda instancia que determina la competencia a favor de un Juez Civil para conocer del procedimiento de ejecución, no reúne estas características, pues tiene el efecto positivo de iniciar la fase de ejecución de la sentencia, en la que debe llevarse a cabo el despliegue de actos procesales necesarios para que el acreedor satisfaga su crédito, lo que necesariamente implica una ejecución de la resolución reclamada, al constituirse como un fundamento de la competencia del Juez. Por ende, la continuación de un procedimiento de ejecución de sentencia, por una autoridad cuya competencia legal se cuestiona en el juicio de garantías, colma los extremos necesarios para considerar que los daños y perjuicios derivados de ese procedimiento son de difícil reparación. Aunado a esto, si la suspensión fue solicitada expresamente y no se aprecia que se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.