PLAZO CONSTITUCIONAL. LA AUTORIDAD JUDICIAL NO VULNERA LAS DEFENSAS DEL INDICIADO AL RESOLVER SU SITUACIÓN JURÍDICA ANTES DE QUE CONCLUYA.

De los artículos 19, párrafos primero y segundo, 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 297 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no se desprende que la autoridad jurisdiccional deba esperar a la conclusión del plazo constitucional de setenta y dos horas para resolver la situación jurídica del indiciado, pues su obligación constitucional y legal es dictar la resolución respectiva dentro de dicho plazo, previo desahogo de la declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación, por lo que si en dicha diligencia el precitado no solicita por sí, o por su defensor la duplicidad del plazo ni ofrece pruebas, puede resolver su situación jurídica sin que resulte relevante el tiempo transcurrido, siempre que sea dentro de las setenta y dos horas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.