RENTA. EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA, LOS CONTRIBUYENTES DEBEN ACATAR EXCLUSIVAMENTE EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, Y NO LOS ARTÍCULOS 54 Y 58 DE SU REGLAMENTO, PARA DEDUCIR LAS PÉRDIDAS POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES (LEGISLACIÓN VIGENTE DEL 1o. DE ENERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado -a propósito de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- que el principio de subordinación jerárquica consiste en la exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle, de manera que no puede modificar o alterar su contenido, ya que tiene como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley reglamentada, detallando sus supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o imponer distintas limitantes que las que aquélla prevé. En ese tenor, como mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de octubre de 2007, se reformó el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incorporar en su texto -entre otras cuestiones- los requisitos para deducir las pérdidas por enajenación de acciones que hasta ese momento regulaban los artículos 54 y 58 de su Reglamento, sin que formalmente existiera una derogación de estos últimos, de manera que ambos ordenamientos continuaron vigentes y regularon casi en forma idéntica los requisitos de referencia, puede afirmarse que los preceptos reglamentarios dejaron de tener eficacia normativa en cuanto al desarrollo en la esfera administrativa de las previsiones de la ley que les sirven de marco, debido a que es ésta la que ahora desarrolla ese aspecto. En consecuencia, en atención al principio de subordinación jerárquica, en materia de requisitos para deducir las pérdidas por enajenación de acciones, los contribuyentes deben acatar exclusivamente el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante la vigencia referida, y no los artículos 54 y 58 de su Reglamento.