CONDENA CONDICIONAL (LEGISLACION DE DURANGO).

La Ley de Indulto del Estado, de 13 de septiembre de 1955, en su artículo 3o., ordena que a los reos condenados por sentencia irrevocable a una pena privativa de libertad mayor de dos años y que no exceda de cinco, se le reducirá a la mitad de la pena; y ello indica claramente que se toma como presupuesto necesario la imposición de la pena por parte de la autoridad judicial y que sólo se verifica una remisión de la duración de la condena por parte de la autoridad administrativa y en consecuencia, para conceder o negar el beneficio de la condena condicional, se debe tomar como base la imposición de la pena por parte de la autoridad judicial.