CONTRABANDO.

Conforme a la Ordenanza General de Aduanas, a las autoridades administrativas corresponde, de modo exclusivo, resolver sobre las infracciones a dicha ordenanza; facultad que es por completo independiente de la que pertenece a la autoridad judicial, para aplicar la pena señalada a los delitos de fraude y contrabando; y el cobro de derechos adicionales que hagan las citadas autoridades administrativas, no puede considerarse imposición de pena alguna.