TRABAJO.

Conforme a la Constitución General, todas las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno: sin que para que intervengan en esos conflictos otras autoridades, puedan invocarse las leyes reglamentarias expedidas por los Congresos de los Estados; y si al resolverlos no se sigue un procedimiento en que se oiga en defensa al demandado, tal hecho importa la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales.