ALIMENTOS.

Las leyes han cuidado de prohibir que los derechos de alimentos a menores o incapacitados, sean objeto de transacción o de renuncia, por lo que, la suspensión que se decretara contra el pago de dichos alimentos, afectaría leyes que son de orden público, tanto más, cuanto que no habría fianza suficiente para resarcir a los menores, de los perjuicios que sufrieren con la suspensión del pago de pensiones alimenticias.