ALIMENTOS.

Es improcedente conceder la suspensión, contra las órdenes de las autoridades judiciales, que tiendan a hacer efectivo el pago de las pensiones alimenticias, porque la sociedad está interesada en el cumplimiento de esas resoluciones, puesto que responden a una necesidad imperiosa e inaplazable y porque irrogarían a los acreedores alimentistas, perjuicios de imposible reparación, sobre todo, si se trata de menores de edad.