CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.

La autoridad ordenadora, no tuvo el deber de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión que libró contra el recurrente, si esa orden provino de una autoridad judicial y se dictó por un delito que en la legislación penal del Estado tiene señalada pena corporal, por lo que la orden de que se trata no constituye un acto violatorio de garantías en sí mismo, de suerte que el quejoso debió probar la inconstitucionalidad o la orden de aprehensión reclamada.