ORDEN DE APREHENSION.

Si para dictarla no se dio intervención alguna al Ministerio Público, con ello se violan, en perjuicio del interesado, las garantías que otorga el artículo 21 constitucional, que dispone que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; sin que sea atendible la consideración que haga el Juez responsable, de que pueden quedar impunes delitos de significación, ya que no existe obstáculo para que subsanado el requisito de constitucionalidad que se omitió, se dicte nuevamente, si procede, la orden de captura.