FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.

La que cometan los funcionarios judiciales, alterando las actuaciones, no es punible sin la intención fraudulenta, y es de presumirse esta intención, cuando concurren las circunstancias que integran el dolo penal, o sean, el conocimiento de la naturaleza delictuosa del hecho, la voluntad de consumar, a sabiendas, ese acto delictuoso y conocer el delincuente las consecuencias ilegales de sus actos.