ORDEN DE APREHENSION.

La corte, en varias ejecutorias, ha sostenido el criterio de que tratándose de la orden de aprehensión o de la formal prisión, no debe quedar solamente a juicio de la autoridad responsable, la apreciación de las pruebas, sino que la suprema corte debe sustituirse al Juez a quo, para analizar los datos que arroje la averiguación, a fin de resolver si son, o no, suficientes para hacer probable la responsabilidad del inculpado; ya que, de otra suerte, no habría autoridad que valorizara en definitiva esos datos, ni sería posible la garantía que concede el artículo 16 constitucional.