AMPARO CONTRA UNA LEY.

Para la procedencia del amparo contra una ley, es necesario que ella entrañe un perjuicio real o de ejecución para los particulares, con sólo el mandamiento, y no cuando únicamente regule los actos de los funcionarios de la administración, pues entonces solo puede existir falta de cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, pero no acto de coacción de la autoridad, quedando expedita su acción a los afectados, para que, ante los tribunales competentes y con los procedimientos y amplitud que las leyes aplicables establezcan, se decida la controversia.