TRABAJO, PARA OBRA DETERMINADA.

Si en una reclamación por despido injustificado del trabajo, el demandado opone como excepción, que de acuerdo con el artículo 126, fracción IV, del Código Federal del Trabajo, había terminado el contrato, al concluir la obra para la que se había contratado al trabajador, corresponde al propio demandado demostrar que el actor había sido contratado para la realización de una obra determinada. Por otra parte, cuando el contrato de trabajo se celebra para obra determinada, es indispensable que con toda claridad se exprese cuál es la obra, ya que, de lo contrario, resultaría contradictorio hablar de una determinación del objeto del contrato. Ahora bien, si el demandado afirma que el caso está comprendido en la citada fracción IV del artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, porque el decreto de expropiación de las compañías petroleras, de dieciocho de marzo de mil novecientos treinta y ocho, tuvo como consecuencia el apoderamiento, por parte del gobierno, de los bienes, archivos, contabilidad, oficinas, etcétera, como un hecho superveniente y ajeno a la voluntad del demandó que puso fin a la obra para la cual fue contratado el actor y al contrato de trabajo que ligaba al segundo con el primero, esa argumentación no es concluyente, porque la repetida fracción sólo se refiere a un caso especial de terminación de contrato, que supone lógicamente la determinación de la obra para la que se ha contratado al trabajador y esa determinación debe hallarse contenida en el mismo contrato. Tampoco puede atribuirse al citado decreto, el carácter de fuerza mayor, si después de haberse dictado, el actor siguió trabajando al servicio del demandado, durante algún tiempo; lo cual demuestra, que la empresa no quedó imposibilitada, a consecuencia del decreto, para seguir cumpliendo las obligaciones contraídas por ella, en virtud del contrato de trabajo; y si el demandado siguió cumpliendo durante varios meses, las obligaciones que contrajo con el actor, es indudable que el decreto de expropiación no puede considerarse como causa de fuerza mayor, por no tener la característica de irresistibilidad. Es muy probable que después de dictado el decreto, haya sido más difícil para la empresa, la observancia de las obligaciones contraídas por ella, pero como pudo seguir acatando durante algún tiempo tales obligaciones, el decreto no la imposibilitó para seguir con el contrato; lo cual resulta fácilmente explicable, por la naturaleza de las labores desempeñadas por el actor, que revisaba la contabilidad general de la empresa y ocurría a las autoridades administrativas en asuntos fiscales, representando a la compañía; y el laudo condenatorio dictado en tales condiciones, no es violatorio de garantías.