TRABAJO.

La fracción XX del artículo 123 constitucional establece que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por el igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno; y como la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo no se halla constituida en la forma prevenida por la citada disposición legal, no puede ser considerada como Junta de Conciliación y Arbitraje; y siendo notorio, además, que el Constituyente sustrae de la acción de las autoridades administrativas o judiciales, el conocimiento de los conflictos o diferencias entre el capital y el trabajo, para someterlos a la potestad exclusiva de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, debe concluirse que la aludida dependencia del Ejecutivo careció de competencia constitucional para conocer y decidir la reclamación que el quejoso formuló contra la empresa del Ferrocarril Sud Pacífico de México, por separación injustificada de su trabajo, conforme a la invocada fracción XX del artículo 123 constitucional, sin que obste en contrario, la circunstancia de que dicha secretaría de Estado hubiese obrado autorizada o facultada por el Ejecutivo de la Unión, en acuerdo de fecha primero de marzo de mil novecientos veintisiete, por no haber estado reglamentado aún el referido artículo 123, ya que tal autorización o facultad estaría también en pugna con este precepto.