PRIVACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS, SÓLO PROCEDE A PETICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA.-

Cuando el procedimiento seguido ante las autoridades agrarias que culmina con la resolución que priva de derechos a un ejidatario, se tramita sin que previamente exista solicitud expresa de la asamblea general de ejidatarios o, en su defecto, del delegado agrario en el Estado, resulta obvio que por falta de solicitud de parte legítima para llevar a cabo dicha privación, no puede decretarse la misma por no existir el sustento legal que al efecto exige el artículo 426 de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente cuando se inició el procedimiento de que se trata el cual así lo establecía.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.