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Modo: Corpus Pro

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17283
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, , Pág. 299.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito consideró al resolver el juicio de amparo directo número 499/2001, promovido por José Guadalupe Aguayo Aguilar, con fecha ocho de marzo de dos mil dos, lo que en la parte que interesa dice:

"QUINTO. El estudio de los anteriores conceptos de violación, permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas: En primer lugar, se debe decir que es desacertada la parte de la queja, mediante la cual se tilda de inconstitucional el artículo 353-L de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 3o. constitucional en su fracción VIII establece: ‘Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.’. Luego, el artículo 123 constitucional establece en su apartado A, las bases conforme a las cuales se rigen las relaciones laborales ente los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo. Asimismo, el legislador en dicho numeral 123 constitucional, dejó al propio Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes sobre el trabajo, y en cumplimiento de ello en el dispositivo legal 353-L de la Ley Federal del Trabajo estableció: ‘Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley, regular los aspectos académicos. Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan.’. De ahí que en dicha legislación laboral, con apego a los principios de justicia social emanados del artículo 123 constitucional, protectores de la clase trabajadora, el legislador estableció las bases conforme a las cuales deben regirse las relaciones laborales entre los trabajadores académicos de las universidades públicas y dichas instituciones educativas, en que dicha ley es aplicable y de observancia general obligatoria, estableciendo para aquellos a quienes obliga ese texto legal, las obligaciones y derechos que estimaron les corresponden y las acciones que, en su caso, pueden hacer valer, precisando la autoridad jurisdiccional encargada de conocer y resolver los conflictos laborales que con motivo de la transgresión de los derechos o desconocimiento de las obligaciones establecidas que para los sujetos de la ley se susciten, conforme a las reglas del procedimiento laboral previsto en dicha codificación. Procedimiento respecto del cual establecieron las formalidades esenciales a observarse, incluyéndose las figuras jurídicas e instituciones procesales, derechos y obligaciones, cuya aplicación los legisladores estimaron pertinentes para la tramitación, continuidad y culminación del proceso laboral, entre las cuales se incluyó como trabajadores especiales a los de las universidades públicas, dividiéndolos en administrativos y académicos, luego, el dispositivo legal 353-L es reglamentario de los artículos 3o. y 123, apartado A, que puede ser de cualquiera de las partes que intervienen durante la tramitación de los conflictos laborales. Por ende, si el artículo 3o. constitucional establece que en cuanto al ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores de las universidades públicas, éstas fijarán sus propios términos y remite al apartado A del precepto 123 de dicha Ley Fundamental, y el diverso numeral 353-L de la ley laboral prevé que exclusivamente a dichas instituciones autónomas por ley, corresponde regular los aspectos académicos, ello no va en contra de dichos dispositivos constitucionales ya que, precisamente, viene a regular éstos. Además, debe precisarse que distinta cuestión es determinar el alcance de la autonomía de que goza la universidad, aquí tercero perjudicada, en relación con los trabajadores académicos que, como el actor, es aquella persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones de educación pública, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas, de acuerdo al diverso numeral 353-K de la legislación laboral. Así las cosas, no resulta inconstitucional el precepto 353-L de la Ley Federal del Trabajo, por el contrario es acorde al mandato constitucional que otorga a las universidades autónomas, la facultad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, esto es, regular los aspectos académicos de tal forma que, por las razones anteriores, resulte infundado el concepto de violación relativo. En cambio, es fundado el concepto de violación mediante el cual se arguye ilegal la decisión a que arribó la responsable, en el laudo que se combate al declarar procedente la excepción de incompetencia planteada por la ahora tercero perjudicada. Primeramente, cabe precisar que la parte actora en el sumario laboral, reclamó la homologación como profesor e investigador adscrito a la Preparatoria Número Dos de la Universidad de Guadalajara, con la categoría de titular ‘A’ tiempo completo de cuarenta horas semanales, al cumplir con los requisitos que establece el artículo 21 del Estatuto del Personal Académico, así como por el pago de la diferencia entre el sueldo que se le pagó como profesor e investigador asociado ‘A’ (folio 1). Por su parte, la universidad demandada al producir contestación, en esencia, adujo que el accionante no cumplió con lo dispuesto por el artículo 21, inciso A), fracción III, del Estatuto del Personal Académico, elemento cualitativo para que se le pudiese haber promovido como profesor titular ‘A’, mismo que establece: ‘Profesor titular en el nivel «A». Requisitos para la promoción: ... III. Haber producido trabajos originales, o bien haber concluido la dirección de diferentes tesis profesionales.’ (folio 16). Asimismo, opuso la excepción de incompetencia, en los términos que enseguida se insertan: ‘La de incompetencia de esta H. Junta. Para conocer sobre la reclamación que realiza el accionante en el cuerpo de su escrito inicial de demanda, toda vez que como ya se señaló, el artículo 3o. constitucional, fracción VII (sic) establece con claridad meridiana que es facultad de las universidades públicas autónomas por ley, el fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, en correlación con el artículo 353-L de la Ley Federal del Trabajo, que dice: «Corresponde exclusivamente a las instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos. ...», como es el presente caso. Por lo que esta Junta no tiene competencia para dirimir conflictos que atañen a concursos y promociones del personal académico, ya que éste compete a los órganos internos del gobierno de la universidad, atento lo que sus propias normas establecen para el caso.’. (folio 19). Ahora bien, basta imponerse del considerando III del laudo que se combate, para advertir que la Junta del conocimiento declaró procedente la excepción de mérito en los términos que enseguida se transcriben. ‘Entrando al estudio y análisis de las acciones reclamadas por el actor, esta autoridad determina que una vez que ha sido analizada la contestación de la demanda y específicamente la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada, se determina que es procedente, debido a que el artículo 3o. constitucional en su fracción VII (sic) establece claramente que es facultad de las universidades públicas autónomas por ley, el fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico. Precepto constitucional que se encuentra relacionado con el artículo 353-L de la Ley Federal del Trabajo y que a la letra dice: «Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos. ...». En el presente conflicto este tribunal se percata de que éste es un problema académico de promoción y es a la propia Universidad de Guadalajara a quien le compete dirimir este conflicto. Y sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, la prueba confesional a cargo del actor le favorece a la oferente ya que el propio trabajador reconoció en las posiciones 1, 2 y 3, que la acción que ejerció en su demanda es de índole académico y no laboral ... Las pruebas presuncional en sus dos aspectos legal y humano, así como la instrumental de actuaciones le reportan beneficio a la demandada ya que de las actuaciones se llegó a la conclusión de que el conflicto es académico resultando, en consecuencia, procedente absolver y se absuelve a la Universidad de Guadalajara.’ (folios 73 vuelta y 74). Para mejor comprensión, es conveniente reseñar lo siguiente: En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el trece de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, se dio lectura al dictamen relativo a la iniciativa en que se propuso adicionar con la fracción VIII el artículo 3o. constitucional y modificar la numeración de la última fracción del mismo artículo, dictamen que, en lo conducente, expresa: ‘H. Asamblea: A las comisiones que suscriben fue turnada, para su estudio y dictamen, minuta de la honorable Cámara de Diputados, donde se propone adicionar con una fracción VIII el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y modificar la numeración de la última fracción del mismo artículo. En la iniciativa, el C. Presidente de la República, reafirma su determinación de respetar la autonomía universitaria, dándole el más alto reconocimiento al elevar a norma constitucional, conforme a sus características y proyecciones. ... Para esos propósitos es muy positivo que tan importante iniciativa del Ejecutivo Federal eleve a rango constitucional la autonomía, con la facultad y la responsabilidad de las instituciones de gobernarse a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios que ya consigna el artículo 3o. constitucional. ... La Cámara de Diputados estimó procedente modificar el texto de la iniciativa, referente a la fracción VIII, para que las relaciones laborales tanto del personal administrativo como del académico, queden reguladas por el apartado A del artículo 123 de la Constitución. En opinión de las comisiones, la inclusión que la colegisladora hace es muy positiva. Aun cuando pudiera llegar a estimarse que la adición efectuada por esa Cámara no responde a una depurada técnica jurídica, al proponer en un precepto constitucional la remisión a otro de la misma Ley Fundamental, debe anteponerse a esta consideración la necesidad e importancia de definir con claridad esas relaciones laborales, que han sido objeto de múltiples controversias y especulaciones y dejar precisado, al más alto nivel, que serán normadas por el apartado A del artículo 123 constitucional. Reiterado nuestro reconocimiento al sentido benéfico de esta adición debe señalarse, sin embargo, que la misma resulta incompleta. En efecto, los principios sustanciales de la iniciativa y los que incluye la Cámara de Diputados son dos: el primero, definir la naturaleza jurídica de las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo en las universidades y centros de estudio superior, lo que hace encuadrándolos en el apartado A del artículo 123 constitucional; y el segundo, prevenir que esas relaciones sean de «manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y con los fines de las instituciones». Es decir, se deben reglamentar conforme a las características propias de un trabajo especial, para que las relaciones laborales que se lleven a cabo en las universidades y en las instituciones de educación superior, tengan las modalidades que las hagan concordantes con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que la propia fracción VIII se refiere. Es por eso que la sola remisión al apartado A del artículo 123 constitucional, que hace la colegisladora, no da cabal solución ni permite el debido desahogo de esas relaciones laborales y se hace necesario complementar, también positivamente, la adición de la Cámara de Diputados, en la parte relativa, para que quede en la siguiente forma: «Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerde con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.». La modificación que las suscritas comisiones someten a su consideración, permitirá clarificar el precepto y concretarlo, haciendo operativa la adición de que se trata, sin alterar el sentido esencial que le dio la colegisladora ...’. El proyecto de decreto, en lo que interesa fue del tenor siguiente: ‘Artículo único. Se adiciona con una fracción VIII el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cambia el número de la última fracción del mismo artículo, para quedar como sigue: Artículo 3o. ... VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal, académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere.’. El proyecto del dictamen fue aprobado por 52 votos a favor y un voto en contra, se ordenó devolver a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales y, posteriormente, se hizo la declaratoria correspondiente en términos del artículo 135 de la Constitución Federal, quedando incorporada la adición de mérito al Texto Fundamental; véase la obra Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, de la H. Cámara de Diputados, LV Legislatura, tomo I, artículos 1o. a 4o., páginas de la 514 a 535. Con motivo de la reforma en comento, que elevó a rango constitucional la autonomía universitaria y sujetó sus relaciones laborales a un marco jurídico específico y compatible con esa autonomía, y con los fines de las instituciones de educación superior en los primeros días de octubre de mil novecientos ochenta, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa en la que propuso la adición del capítulo XVII al título sexto de la Ley Federal del Trabajo. En ella se manifestó, entre otras cosas, que: ‘La iniciativa, en conformidad con la fracción VIII del artículo 3o. constitucional, distingue entre trabajadores académicos y trabajadores administrativos. En lo que se refiere a los primeros, o sea a los trabajadores académicos, se señalan las bases para que pueda considerárseles sujetos a una relación de trabajo por tiempo indeterminado. Los principios adoptados son evidentes ya que, por una parte, se exige que la tarea que realicen tenga ese carácter y, por la otra, que hayan demostrado que poseen la aptitud necesaria para hacerlo a juicio de la universidad o institución en la que presten o vayan a prestar sus servicios. El artículo se refiere así, con deliberada generalidad, a una evaluación académica efectuada por el órgano competente. De esta manera no se afecta la potestad de que la Constitución confiere a las universidades e instituciones autónomas para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ni tampoco, el principio general de que los aspectos académicos no están sujetos a negociación y fijarlos es de la exclusiva competencia de las instituciones autónomas por ley. ...’. Lo anterior fue tomado de la transcripción que de la iniciativa se hizo en el volumen Derecho Individual del Trabajo, del profesor Alberto Briseño Ruiz, Editorial Harla, México 1993, página quinientos setenta. Asimismo, se hace necesario establecer los conceptos de los siguientes vocablos (se puede consultar en el Diccionario Consulto, Lengua Española, Sinónimos, Antónimos y Dudas, prólogo de Manuel Seco de la Real Academia Española, Editorial Espasa): ‘a) Fijar. Determinar, limitar, precisar, designar: Han fijado las directrices de la obra; y, b) Regular. Adj. Ajustado y conforme a la regla. Se dice de las personas que viven bajo una regla o instituto religioso, y de los que pertenecen a su estado. Fam. Regularidad, regularizar, regularmente. Regular. Tr. Ordenar, controlar o poner en estado de normalidad: Esperaban que se regularizara la situación. Ajustar. Regular el funcionamiento de un aparato. Precisar o determinar las normas.’. En esas condiciones, también se debe citar que la autonomía universitaria se define como sigue (véase el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, páginas 282 y 283): ‘Autonomía Universitaria. I. (Autonomía: del griego autos, propio, mismo, y nomos, ley). ... La autonomía es la facultad que poseen las universidades para autogobernarse -darse sus propias normas dentro del marco de su ley orgánica y designar a sus autoridades-, para determinar sus planes y programas dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, y para administrar libremente su patrimonio. ...’. El artículo 3o. constitucional señala los fines de las universidades y de las instituciones de educación superior, educar, investigar y difundir la cultura, y estos fines se deben de realizar conforme a los principios establecidos en dicho precepto, en forma democrática, nacional y con conciencia social, de acuerdo con la dignidad humana y fomentando el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Las características de la autonomía universitaria son: 1. Académica, que implica que sus fines los realiza de acuerdo con la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas; la determinación de sus planes y programas; y la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. 2. De gobierno, que implica el nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro del marco de su ley orgánica. En este último aspecto es interesante resaltar que la autonomía universitaria se asemeja a la autonomía de las entidades federativas. La facultad de legislar en el ámbito interno teniendo como guía una norma de carácter superior que no deben contravenir. 3. Economía, que implica la libre administración de su patrimonio. Las universidades, no pueden cubrir sus necesidades con sus propios recursos, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio, pero son las propias universidades las que determinan en qué materias y en qué proporción se gastarán los recursos, y los órganos universitarios que manejan esos recursos, no rinden cuentas a organismos gubernamentales, sino a otro órgano universitario que casi siempre posee facultades legislativas para el ámbito interno. Las universidades, en cumplimiento de sus funciones, se encuentran con las siguientes limitaciones: a) Realizar sus funciones bien y no otras que no les corresponden. b) Actuar dentro del orden jurídico. c) Realizar sus funciones con libertad y responsablemente; es decir, sin libertinaje ni anarquía. El artículo 3o. de la Constitución General de la República, como parte de la autonomía, señala algunos aspectos de carácter laboral: a) Las universidades autónomas se regirán por el apartado A del artículo 123 constitucional. b) Como el trabajo universitario tiene características propias de un trabajo especial, éstas se establecen en la Ley Federal del Trabajo, ley que indica las modalidades necesarias para que se haga concordar esa relación laboral con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las universidades. c) Como el ingreso, la promoción y permanencia del personal académico, son cuestiones de carácter académico, como se ha precisado, fijados por las propias universidades autónomas. De donde se concluye que la autonomía de la que goza la demandada en el natural, acorde con lo que establecen los artículos 3o. constitucional y 353-L de la Ley Federal del Trabajo, implica fijar los términos para el ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores académicos (como el actor) o, en su caso, regular los aspectos académicos, lo que no quiere decir otra cosa que tiene toda la libertad para establecer los lineamientos o requisitos conforme a los cuales, un empleado de esa índole puede ingresar, ser promovido a una categoría superior o permanecer en esa institución, esto es, mediante sus propias leyes orgánicas y sus reglamentos. Así, en el caso, esa autonomía se ejerció al establecer los requisitos para la promoción que pretende el quejoso, en el artículo 21, inciso B), del Estatuto del Personal Académico de la Universidad de Guadalajara. Mas no trae consigo, que la tercero perjudicada goce de exclusiva facultad (total anarquía), para decidir negar la promoción a una categoría superior; esto es, lo que decida la universidad en torno a esos aspectos, no puede ser absoluto, entendiéndose por ello que nadie pueda poner en tela de juicio su determinación pues, como ya se vio, ese no es el alcance de la autonomía universitaria, en razón de que si una vez que decidió al respecto el gobernado se siente o se considera afectado por la resolución respectiva, legalmente tiene el derecho de acudir ante la autoridad laboral, por tratarse de esos derechos conforme a la potestad que se concede en el apartado A del artículo 123 constitucional, misma que puede decidir si esa determinación se encuentra acorde a las formalidades y requisitos previamente establecidos por la institución educativa, aspectos estos que como se admite forman parte de la autonomía reservada a las universidades, pero una vez establecidos y llevados a cabo, sus resultados pueden generar consecuencias de diversa índole, incluyendo los laborales, como es el caso en el que a un trabajador académico se le vulneren o estime que se le vulneraron derechos de tal naturaleza, por considerar que se encuentra dentro de los supuestos y haber llenado los requisitos previamente establecidos que determinada universidad haya fijado para efectos de promoción o permanencia de su personal, en los que sí es máxima autoridad para establecerlos; pero ya definidas esas formalidades o requisitos, debe aplicarlos a las personas que sean sujetos de las normas relativas, a fin de obtener los beneficios que les brindan, de modo tal que si la decisión no es favorable al interesado, éste podrá alegar lo que estime conveniente, como por ejemplo una indebida interpretación de esas normas y falta de aplicación de las mismas, que sí reunió las exigencias para obtener el derecho, etcétera; lo anterior, porque ello incide en sus derechos laborales, como en el caso que se pretende una homologación mayor en el puesto correspondiente, que viene a ser una condición de trabajo. De manera ilustrativa, se cita la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1988, página 612, de literalidad: ‘UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, POTESTAD PARA DETERMINAR LOS CRITERIOS DE ELECCIÓN DE SU PERSONAL ACADÉMICO. En virtud de su autonomía, la Universidad Nacional Autónoma de México, en términos de los artículos 3o., fracción VIII constitucional y 353, de la Ley Federal del Trabajo, tiene la potestad para fijar, no sólo las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, mediante las disposiciones de su ley orgánica, los estatutos y reglamentos que de aquélla emanen, sino también el arbitrio para determinar los criterios de valoración establecidos en el artículo 68 del Estatuto del Personal Académico, cuál o cuáles tomarán en cuenta al formular sus dictámenes las diversas comisiones encargadas de seleccionar al ganador del concurso de oposición correspondiente, de acuerdo con sus necesidades de institución dedicada a la enseñanza.’. De ahí que es incorrecta la determinación de la responsable de considerar que respecto de la promoción del actor deberá conocer exclusivamente la propia Universidad de Guadalajara. Sin que sea óbice para ello, la consideración de la responsable en el sentido de que el actor confesó que su reclamo es de índole académico, lo que aun cuando así fuera, no puede beneficiar a la oferente que, en el caso, es la Universidad de Guadalajara, toda vez que se trata de interpretación de leyes y no de cuestiones de hecho. En este orden de ideas, como la conclusión anterior difiere del criterio sustentado por el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, en las ejecutorias de amparo números 621/96 y 506/96, de veintiuno de mayo de mil novecientos novena y siete y dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete en las que, en esencia, se resolvió: ‘que al referirse el legislador, en el artículo 353-L de la Ley Federal del Trabajo, a una evaluación académica efectuada por órgano competente, lo hizo con el propósito de respetar la potestad que la Constitución Federal confiere a las universidades e instituciones autónomas por ley para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; de manera que esos aspectos quedaron excluidos del derecho del trabajo, al regirse por las disposiciones administrativas que emitan las propias universidades o instituciones de educación superior autónomas por ley, es decir, la naturaleza de las relaciones entre los centros de educación superior autónomos por ley y su personal académico, es de naturaleza sui generis pues, por un lado, en las cuestiones estrictamente académicas, como son el ingreso, promoción y permanencia, regirán las disposiciones administrativas que la propia institución educativa fije; en tanto que los aspectos laborales tales como el derecho de huelga, seguridad social, contratación colectiva, son regulados por las normas contenidas en el apartado A del artículo 123 constitucional, en los términos y modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características de esa función especial y que la promoción del personal académico, no es de naturaleza laboral, pues tales actos se rigen por las normas internas de la propia universidad, mismas que establecen tanto los procedimientos como los órganos competentes para efectuar la valuación académica, de tal suerte que, como lo sostuvo la Junta del conocimiento, ésta carece de competencia legal para conocer de la demanda planteada.’. Lo anterior, en virtud de que como ya se vio, no se comparte la apreciación de que la autonomía universitaria implica que las universidades e instituciones de educación superior, sólo pueden conocer y resolver de los asuntos relacionados con el ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores académicos, sin que la autoridad laboral tenga intervención alguna, mediante el ejercicio de la acción correspondiente, conforme a la potestad que los propios artículos 3o, y 123 constitucionales le confieren. Ello, en atención a que si bien es cierto que el legislador en el artículo 353-L de la Ley Federal del Trabajo, se refiere a una evaluación académica efectuada por órgano competente, como lo sería en el caso la Comisión Dictaminadora de la Universidad de Guadalajara, para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, no por esa circunstancia tales aspectos quedaron excluidos del derecho del trabajo, toda vez que dicho numeral no los excluye, sino que sólo refiere que a las instituciones educativas corresponde regular los aspectos académicos, facultad que se satisface al establecer sus propios requisitos, entre otras reglamentaciones que expide la propia institución educativa, en su ley orgánica, su estatuto y su Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, pero una vez establecidos, haciendo uso de esa autonomía, al llevarse a efecto, sus resultados son los que sí pueden generar consecuencias de tipo laboral que se desligan de esa autonomía ya agotada para entra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17283-de96fb08/universidades-e-instituciones-de-educacion-superior-autonomas-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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