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Modo: Corpus Pro

FUSIÓN DE SOCIEDADES. EL ARTÍCULO 55, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIR PÉRDIDAS FISCALES ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE Y NO PUEDE SER TRANSMITIDO NI COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. FUSIÓN DE SOCIEDADES. EL ARTÍCULO 55, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE EL DERECHO A DISMINUIR PÉRDIDAS FISCALES ES PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE Y NO PUEDE SER TRANSMITIDO NI COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 71/2002. · Registro digital (IUS): 17496
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: OPERADORA BAJA SOL, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 675.

AMPARO EN REVISIÓN 71/2002. OPERADORA BAJA SOL, S.A. DE C.V.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: CARLOS MENA ADAME.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La empresa quejosa, en síntesis, hace valer los siguientes agravios (obran como anexo):

a) El Juez de Distrito resuelve en forma ilegal su amparo, porque considera que el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional ya que, contrariamente a lo afirmado por el juzgador, sí demostró la inconstitucionalidad del último párrafo de dicho precepto, el cual no reconoce la auténtica capacidad contributiva de la sociedad fusionante al no permitir a los contribuyentes que subsisten en la fusión, amortizar las pérdidas en que incurrió la sociedad fusionada con anterioridad a la fusión, a efecto de determinar el impuesto a su cargo, no obstante que se encuentra obligada a aceptar todo el pasivo, capital y demás derechos y obligaciones de la fusionada, cuestión que evidentemente resulta inconstitucional.

b) También resulta ilegal la resolución del Juez de Distrito en virtud de que el último párrafo del precepto controvertido sí viola la garantía de equidad tributaria.

c) El último párrafo del precepto controvertido viola las garantías de audiencia y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 31 constitucionales, pues no contempla la posibilidad de que antes de la privación de los derechos de los gobernados sean escuchados en su defensa.

Dichos agravios resultan infundados ya que, contrariamente a lo que manifiesta el quejoso, la sentencia del Juez de Distrito se ajusta a derecho.

Antes de entrar al estudio de cada uno de los agravios propuestos, se considera pertinente, para una mejor comprensión del asunto, transcribir, en la parte que interesa, las consideraciones de la sentencia de esta Primera Sala correspondientes al expediente 654/2000, fallado el dieciséis de agosto de dos mil, en la que fue ponente la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en la que se determina la naturaleza jurídica de la fusión de sociedades:

"QUINTO. Los agravios propuestos son infundados, tal como el siguiente estudio lo demostrará: Por principio, debe quedar establecido que los impuestos, como cualquier otra contribución contemplada en la ley, han de cumplir con lo que dispone el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios: 'Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 199-204, Primera Parte. Página: 144. IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 2598/85. Alberto Manuel Ortega Venzor. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 2980/85. Jesús Farías Salcedo. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Luis Fernández Doblado. Secretario: Roberto Terrazas Salgado. Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 2982/85. Rubén Peña Arias. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Herminio Huerta Díaz. Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 4292/85. Juan Carlos Francisco Díaz Ponce de León. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Volúmenes 199-204, página 57. Amparo en revisión 4528/85. Jean Vandenhaute Longard. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretaria: Fátima Sámano Hernández. Nota: En el Informe de 1985 y Apéndice 1917-1995, la tesis aparece bajo el rubro «IMPUESTOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.».'. 'Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 187-192, Primera Parte. Página: 113. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula. Nota: Todos los asuntos que integran esta jurisprudencia, se refieren a impuesto sobre la renta. Volúmenes 181-186, página 181. Amparo en revisión 5554/83. Compañía Cerillera «La Central», S.A. 12 de junio de 1984. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio, David Franco Rodríguez, Raúl Cuevas Mantecón, Eduardo Langle Martínez, Ernesto Díaz Infante y Jorge Olivera Toro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Volúmenes 187-192, página 79. Amparo en revisión 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, S.C. 25 de septiembre de 1984. Mayoría de dieciséis votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio y Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Volúmenes 187-192, página 79. Amparo en revisión 3449/83. Fundidora de Aceros Tepeyac, S.A. 10 de octubre de 1984. Mayoría de catorce votos. Disidente: Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Volúmenes 187-192, página 79. Amparo en revisión 5413/83. Fábrica de Loza «El Anfora», S.A. 10 de octubre de 1984. Mayoría de quince votos. Disidente: Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Volúmenes 187-192, página 79. Amparo en revisión 441/83. Cerillos y Fósforos «La Imperial», S.A. 6 de noviembre de 1984. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio y Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Eduardo Langle Martínez. Nota (1): En la publicación original no aparece la fecha de resolución, por lo que se agrega. En la publicación original se omite el nombre del disidente, por lo que se agrega. En la publicación original no aparece el nombre del ponente, por lo que se agrega. Nota (2): Esta tesis también aparece en: Apéndice 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 98, página 190.'. 'Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: IV, Primera Parte, julio-diciembre de 1989. Tesis: P./J. 4/1990. Página: 143. PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA UNA. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y añade que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo. Amparo en revisión 1717/88. Constructora Maple, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 1989. Mayoría de diecisiete votos de los Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; los señores Ministros López Contreras y González Martínez votaron en contra. Schmill Ordóñez expresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jurisprudencia relativa. Ausentes: Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2286/88. Johnson and Johnson de México, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 1989. Mayoría de diecisiete votos de los Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; los señores Ministros López Contreras y González Martínez votaron en contra. Schmill Ordóñez expresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jurisprudencia relativa. Ausentes: Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2384/88. Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 5 de septiembre de 1989. Mayoría de diecisiete votos de los Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; los señores Ministros López Contreras y González Martínez votaron en contra. Schmill Ordóñez expresó que su voto lo emitía en acatamiento de la jurisprudencia relativa. Ausentes: Rocha Díaz y Castañón León. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1564/88. Telas Especiales de México, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 1989. Mayoría de diecisiete votos de los Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; los señores Ministros López Contreras y González Martínez votaron en contra y por la concesión del amparo; Adato Green y Chapital Gutiérrez votaron en contra y porque se sobreseyera en el juicio. Rodríguez Roldán y Schmill Ordóñez manifestaron que su voto lo emitían en acatamiento de la jurisprudencia relativa. Díaz Romero expresó que su voto lo emitía acatando un acuerdo previo del Tribunal Pleno y Rocha Díaz y Schmill Ordóñez manifestaron que no estaban conformes con algunas de las consideraciones del proyecto. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 1463/88. Química Flúor, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 1989. Mayoría de dieciocho votos de los Ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez; los señores Ministros López Contreras y González Martínez votaron en contra y por la concesión del amparo. Ausente: Fernández Doblado. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García. Texto de la tesis de jurisprudencia 4/1990 aprobada por el Tribunal en Pleno en sesión privada de jueves dieciocho de enero de 1990. Unanimidad de veinte votos de los Ministros: de Silva Nava, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. Ausente: Magaña Cárdenas. México, D.F., a 24 de enero de 1990. Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 25, enero de 1990, página 42.'. De los anteriores criterios se concluye lo siguiente: El principio de proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. Los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos, mediante el establecimiento de tarifas progresivas. La proporcionalidad de las contribuciones debe analizarse de acuerdo a las características particulares de cada una. Por su parte, el Código Financiero del Distrito Federal, en sus artículos 156, 157 y 160 establece lo siguiente: 'Artículo 156. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere. El impuesto se calculará aplicando la siguiente tarifa.

Ver tarifa

'Sólo los bienes que la Federación y el Distrito Federal adquieran para formar parte del dominio público estarán exentos del impuesto a que se refiere este capítulo.'. 'Artículo 157. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición, la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la sociedad conyugal siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges y la copropiedad siempre que los propietarios sean beneficiarios de programas de vivienda de interés social o popular. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones; II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V. Fusión y escisión de sociedades; VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII. Transmisión de usufructo, o de nuda propiedad, así como la extinción del usufructo que no se hubiere constituido como vitalicio; VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa; IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuado después de la declaratoria de herederos o legatarios; X. Actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo, en los siguientes supuestos: a) En el momento en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. b) En el momento en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. c) En el momento en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, si entre éstos se incluye el de que dichos bienes se transmitan a su favor. d) En el momento en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de readquirir dichos bienes. e) En el momento en el que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; XI. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario; XIII. Las operaciones de traslación de dominio de inmuebles celebrados por las asociaciones religiosas, constituidas en los términos de la ley de la materia. La adjudicación judicial o administrativa y la cesión de dichos derechos, cuando se formalicen en escritura pública.'. 'Artículo 160. El pago del impuesto deberá hacerse mediante declaración, a través de la forma oficial autorizada, que se presentará dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se realicen cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan: I. Cuando se adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo que no haya sido constituido como vitalicio, cuando se extinga; II. Cuando se adjudiquen los bienes de la sucesión, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente; III. Cuando se realicen los supuestos de enajenación a través de fideicomiso; IV. A la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva, a la de la resolución correspondiente, en el caso de información de dominio, y a la de la formalización en escritura pública, tratándose de la adjudicación judicial o administrativa y de la cesión de dichos derechos; V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa de venta, cuando se celebre el contrato respectivo; VI. En los contratos de arrendamiento financiero, cuando se cedan los derechos respectivos o la adquisición de los bienes materia del mismo la realice una persona distinta del arrendatario, y VII. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público, o si se trate de documentos privados, cuando se adquiera el dominio del bien conforme a las leyes. El contribuyente podrá pagar el impuesto por anticipado. A la declaración a que se refiere este artículo deberá acompañarse la documentación que en la misma se señale y el aviso previsto en el artículo 38 de este código. Tratándose de adquisiciones a plazos la autoridad fiscal podrá fijar las reglas para permitir el pago del impuesto en parcialidades. Los inmuebles servirán de garantía por los créditos fiscales que resulten con motivo de diferencias provenientes de los avalúos o determinaciones de valor efectuadas por los contribuyentes, tomados como base para el cálculo del impuesto a que se refiere este capítulo, los que se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución.'. Por otra parte, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en sus artículos 223 a 226, contiene el capítulo correspondiente a la fusión, transmisión y escisión de las sociedades: 'Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo.'. 'Artículo 224. La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionen, podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.'. 'Artículo 225. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas. El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme al artículo 223.'. 'Artículo 226. Cuando de la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer.'. Respecto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, la doctrina ha establecido las siguientes características: Sostiene el español Adolfo Carretero Pérez, que el impuesto sobre adquisición de inmuebles o impuesto de derechos reales es el impuesto que grava la transmisión de la riqueza y el incremento que de ella obtienen determinadas personas por actos civiles intervivos o por actos mercantiles. Para este tratadista la circulación de bienes es indicio de un beneficio patrimonial para el adquirente que fundamenta el gravamen (El Sistema Tributario Español, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1964, página 242). Sergio Francisco de la Garza, citando a Jarach, nos dice que impuestos reales son aquellos que prescinden de las condiciones personales del contribuyente y del total de su patrimonio o renta, aplicándose el impuesto sólo sobre una manifestación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva. Tal es, por ejemplo, el impuesto federal sobre uso o tenencia de vehículos o los impuestos locales sobre la propiedad territorial (Derecho Financiero Mexicano, Decimocuarta edición, Ed. Porrúa, S.A., México, 1986, página 379). El fiscalista Ernesto Flores Zavala nos explica que los impuestos directos pueden clasificarse en personales y reales. Los impuestos reales, según este autor, son aquellos que recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella y que es sujeto del impuesto, por ejemplo, el impuesto sobre la propiedad raíz (Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, Los Impuestos, Vigesimotercera edición, Ed. Porrúa, México, 1981, página 263). En el derecho español existe el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Este impuesto tiene su origen en los impuestos sobre derechos reales y sobre el timbre establecido en el siglo XIX. Grava, entre otras, a las operaciones societarias, o sea, a las sociedades. El hecho imponible en las operaciones societarias lo constituyen: la constitución, aumento y disminución de capital, fusión, escisión y disolución de sociedades. Son sujetos pasivos en la constitución, aumento de capital social, fusión, escisión, traslado de sede o domicilio y aportaciones de socios de la sociedad. La base imponible está constituida en la escisión y fusión, el capital social del nuevo ente creado o el aumento de capital de la sociedad absorbente, con adición, en su caso, de las primas de emisión (Varios autores de Curso de Derecho Financiero y Tributario, Madrid, 1998, Ed. Tecnos, páginas 678 a 688). Ahora bien, citados los artículos correspondientes y hechas las anotaciones que anteceden, puede decirse que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales tiene las siguientes características: a) Es un impuesto local. b) El sujeto pasivo: pueden ser personas físicas o morales (en el caso que nos ocupa sociedades). c) El hecho imponible lo conforma la adquisición de bienes inmuebles por la fusión o escisión de sociedades. d) La base imponible la constituye el valor del inmueble (artículo 158 del Código Financiero), al que se le aplican las tarifas previstas en el artículo 156 de la ley en comento. Por lo que respecta a la fusión de sociedades, la doctrina en materia mercantil ha establecido los siguientes criterios: Para el maestro Roberto Mantilla Molina, mediante la fusión de sociedades una sociedad se extingue por la transmisión total de su patrimonio a otra sociedad preexistente, o se constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan. En el primer caso, se habla de incorporación de la sociedad que desaparece en la que subsiste o de absorción en ésta de aquélla; en el segundo, de fusión pura de varias sociedades que se extinguen para crear una nueva (Derecho Mercantil, Ed. Porrúa, México, 1979, página 442). Para Rodríguez y Rodríguez, el concepto de fusión es el siguiente: 'Se habla en general de fusión para aludir a un fenómeno de mezcla de empresas sociales, pero conviene distinguir el concepto económico del jurídico, pues éste es mucho más restringido. Económicamente, la fusión supone la reunión de varias empresas bajo una sola voluntad, de tal modo que comprende fenómenos mucho más amplios que los que supone el mismo concepto, entendido desde un punto de vista jurídico. En este sentido -dice Copper Royer- se trata de absorción íntegra por una sociedad -nueva o existente ya, añadimos nosotros-, del patrimonio de una u otras sociedades. La fusión no es, pues, la situación derivada de la confusión de patrimonios que podría llevarnos por un camino desviado al campo de la sociedad de un solo hombre, ni tampoco hay fusión en la transmisión íntegra del activo, pues esto puede hacerse a título particular, especialmente cuando la sociedad transmitente persiste. Por nuestra parte podemos decir, con referencia al derecho mexicano, que éste, con apego al ejemplo de su modelo, el C. Co. It. y los proyectos de reforma, no define el fenómeno jurídico de la fusión. Con la más autorizada doctrina puede decirse que la fusión, desde el punto de vista jurídico, consiste en la «unión jurídica de varias organizaciones sociales que se compenetran recíprocamente para que una organización, jurídicamente unitaria, sustituya a una pluralidad de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17496-b635f9aa/fusion-de-sociedades-el-articulo-55-ultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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