PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. SI EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE CARECE DE LAS FIRMAS DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES, ADOLECE DE UN VICIO FORMAL QUE CARECE DE TRASCENDENCIA, YA QUE PUEDE SER PURGADO EN LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DONDE APAREZCA LA APROBACIÓN DE LOS DIPUTADOS QUE NO HABÍAN SUSCRITO EL DICTAMEN. PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO RESPECTIVO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2002. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.
VISTOS; para resolver, la acción de inconstitucionalidad 25/2002, promovida por diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, en contra de la ley que crea el título octavo de la sección tercera y adiciona los artículos 246-E, 246-F y 246-G del Código Penal para el Estado de Querétaro, deroga la fracción XVIII del artículo 194 del Código Penal para el Estado de Querétaro, y adiciona la fracción XX al artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el veintitrés de agosto de dos mil dos; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito recibido el veintitrés de septiembre de dos mil dos en el domicilio particular del funcionario autorizado por el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para recibir promociones fuera del horario de labores, mismo que se remitió a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia al día siguiente, Enrique Becerra Arias, Hugo Covarrubias Alvarado, Alberto Herrera Moreno, Juan José Flores Solórzano, Enrique González González, Marco Antonio Rojas Valladares, Carlos Martínez Montes, Patricio Aragón Chávez y Marco Antonio León Hernández, ostentándose como diputados integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, promovieron acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de las normas que más adelante se precisan, emitidas por la autoridad que a continuación se señala:
"Órgano legislativo responsable. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro compuesto por 25 integrantes, quince electos por mayoría relativa y diez electos por el principio de representación proporcional. Órgano responsable de la publicación. El titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Fecha de publicación: 23 de agosto de 2002. Medio de publicación. Periódico Oficial del Gobierno del Estado ‘La Sombra de Arteaga’. Norma general que reclamamos su invalidez constitucional. La ley que adiciona y deroga disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, y adiciona el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, de publicación en el medio oficial en la fecha mencionada que a la letra textualmente dice: ‘Ing. Ignacio Loyola Vera, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga, a los habitantes del mismo sabed que: La Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, en uso de las facultades que le confieren los artículos 40 y 41 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga.’. Ley que adiciona y deroga diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Querétaro y adiciona una fracción al artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro: ‘Artículo primero. Se crea el título octavo de la sección tercera, y se adicionan los artículos 246-E, 246-F y 246-G del Código Penal para el Estado de Querétaro, para quedar como sigue: Título octavo. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano. Capítulo único. Artículo 246-E. Al que por sí o por interpósita persona transfiera o prometa transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o más lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorización para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 120 hasta 400 días de multa. No se considerará fraccionamiento irregular, para los efectos de este título cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesión de partes de un inmueble a sus descendientes, pero estos deberán cumplir las normas aplicables según el tipo de propiedad de que se trate, tanto como para escriturarlas a su favor o para ceder sus derechos a terceros.’. ‘Artículo 246-F. Se aplicarán de 4 a 10 años de prisión y de 180 hasta 500 días multa, a los autores intelectuales y a quienes instiguen o dirijan la conformación de un asentamiento humano irregular o promuevan un fraccionamiento irregular o a los funcionarios públicos que realicen actos u omisiones para alentar o permitir un asentamiento irregular. Para los efectos de este título, se entiende por asentamiento humano irregular un grupo de personas que se establezcan o pretendan establecerse en un inmueble dividido o lotificado para fines de vivienda, comercio o industria sin contar con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes y por fraccionamiento irregular cualquier división de un predio en lotes sin tener autorizaciones administrativas.’. ‘Artículo 246-G. La pena de prisión se incrementará hasta en una mitad más cuando las conductas previstas en el presente capítulo se realicen sobre áreas protegidas o de preservación ecológica o en zonas no consideradas aptas para vivienda por los planes y programas de desarrollo urbano respectivos. En cualquier caso, la sanción se incrementará de tres meses a tres años, si el sujeto activo obtuvo cualquier beneficio de carácter patrimonial, por el delito cometido, sin perjuicio de la reparación del daño ocasionado. Artículo segundo. Se deroga la fracción XVIII del artículo 194 del Código Penal para el Estado de Querétaro, para quedar como sigue: Artículo 194. Texto actual de la cabeza del artículo. I. ... XVII. ... XVIII. Derogada. Artículo tercero. Se adiciona la fracción XXII del artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, para quedar como sigue: Artículo 121 (Derecho a la libertad provisional bajo caución). Todo imputado tendrá derecho a ser puesto en libertad bajo caución, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias, que en su caso puedan imponerse al inculpado y no se trate de los delitos que por su gravedad se prohíba expresamente conceder ese beneficio. Para los efectos de los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consideran delitos graves los previstos en la ley sustantiva penal, en los siguientes casos: I. ... XXI. XXII. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, en los casos previstos por el artículo 246-F y párrafo primero del artículo 246-G. Transitorios. Artículo primero. La presente ley iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Querétaro, ‘La Sombra de Arteaga’. Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente. Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador constitucional del Estado y mandará se imprima, publique y observe. Dada en el recinto oficial del Poder Legislativo a los cinco días del mes de agosto del año 2002. Atentamente. La LIII Legislatura del Estado de Querétaro de conformidad con lo establecido por los artículos 43 y 44, fracciones I y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en correlación con los diversos numerales 24 fracción (sic) 43, 44 y 48, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Querétaro."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:
"A) No se cumplió con el procedimiento que establece nuestra Constitución Política del Estado de Querétaro y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, ni reglamentos internos, para la formación de leyes, desprendiéndose de tal situación la inconstitucionalidad de la reforma impugnada, en atención a los vicios que se destacarán a continuación: El artículo 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga establece el procedimiento a que deben someterse las iniciativas de ley, decretos o acuerdos, y en el caso se estima que el procedimiento que dio origen a la reforma que ahora se impugna viola lo dispuesto en sus fracciones II, III y IV. Como puede advertirse de la lectura del precepto aludido, una vez presentada una iniciativa de reforma, el presidente ordenará la lectura de la misma ante el pleno y la turnará a la comisión dictaminadora que corresponda, quien emitirá su dictamen y en su oportunidad lo presentará al pleno para su discusión y aprobación, en su caso; de proponerse adecuaciones en el mencionado dictamen, después de la lectura ante el pleno, el presidente debe ordenar al secretario notifique de inmediato al autor de la misma para que, si lo estima necesario, haga las consideraciones que estime necesarias, por escrito, antes de la siguiente sesión de la legislatura; en esta nueva sesión se procederá al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen; aprobado el mismo se remitirá al ejecutivo para su publicación. Lo anterior pone de manifiesto que es un requisito para la aprobación de una iniciativa de ley o su reforma que exista un dictamen emitido por la comisión dictaminadora a que hubiera sido turnado, por consecuencia, este dictamen debe ser emitido en los términos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece para que se estime satisfecho ese requisito y en el presente caso tenemos que el dictamen que sirvió de base al decreto de reforma no cumplió con lo dispuesto en los artículos 54, 56, 59 y 60 de dicha ley. Los citados numerales establecen literalmente lo siguiente: ‘Artículo 54. Para el estudio, dictamen y despacho de los asuntos de la H. Legislatura se nombrarán comisiones de dictamen que elaborarán propuestas para ser presentadas al Pleno y examinarán e instruirán los asuntos que se sometan a su consideración para dictamen hasta ponerlos en estado de resolución.’. ‘Artículo 56. Las comisiones de dictamen serán de: ... fracción IV. Administración de Justicia.’. ‘Artículo 59. Las comisiones permanentes de dictamen de ... Administración de Justicia siempre se integrarán pluralmente.’. ‘Artículo 60. El presidente de la comisión será el facultado para convocar a sesión, la que deberá comunicar por escrito a todos sus integrantes y publicar en los estrados que se instalen al efecto. En caso de que transcurran 15 días de haber sido remitida una iniciativa o asunto a tratar por una comisión, y el presidente de éste no convoque a sesión de trabajo, el presidente de la mesa directiva podrá convocar a sesión a petición de uno de sus integrantes.’. ‘Artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice: Son facultades del presidente de la Comisión de Gobierno ...’. En su fracción VI. Coadyuvar con la Mesa Directiva de la H. Legislatura para programar el orden del día de cada sesión.’. En el caso concreto no se llevó así el procedimiento requerido de aprobación de la ley objetada, ello en virtud de que el procedimiento para la aprobación se llevó a cabo de la siguiente manera: El viernes 12 doce de julio del año 2002 se llevó a cabo una sesión de las Comisiones Unidas de Administración de Justicia, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones, a las que les había sido turnada la iniciativa, a las 18:00 dieciocho horas en la Sala Venustiano Carranza, en la cual se presentó el proyecto de dictamen de modificación a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para incluir un apartado referente a delitos en materia de desarrollo urbano. Dicha sesión fue presidida por el diputado Julio Sentíes Laborde del Partido Acción Nacional, sin embargo, la misma se celebró con una serie de deficiencias que acarrean su nulidad porque en la misma se dice que se aprobó el dictamen estando presentes 6 diputados que aprobaron el documento, sin embargo, debe señalarse que de acuerdo a la lectura del acta, se encontraban reunidos 5 (cinco) diputados y el señor Francisco Erick Layseca Coellar, por lo que no pudieron haber constituido el quórum legal para sesionar por no estar presentes el 50 por ciento de los diputados más uno, y si en el caso concreto las comisiones unidas en ese momento estaban integradas por 10 diputados, debieron comparecer cuando menos seis de ellos, lo cual no ocurrió en este caso en concreto, considerándose que entre ellos se encontraba participando el ya referido señor Francisco Erick Layseca Coellar, quien se encontraba suspendido en esos momentos de sus derechos políticos, en virtud de un auto de formal prisión en su contra, es decir, que entonces únicamente había en la reunión cinco diputados habilitados, por lo que el quórum de ley no se encontraba reunido y en base a ello no podía llevarse a cabo la sesión y, por ende, no se podía presentar ningún proyecto, ni analizarse y menos aprobarse ningún dictamen, como se hizo de manera inconstitucional, infringiendo, además, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y el Reglamento Interno del Poder Legislativo. Se puede advertir que en la sesión de la comisión dictaminadora participó como uno de los impulsores el panista de nombre Francisco Erick Layseca Coellar, respecto del cual entraremos en este punto a precisar minuciosamente su situación jurídica, puesto que es de vital importancia el establecer si podía o no ser considerado como diputado de la LIII Legislatura Local ese día, ya que desde el mes de marzo del año 2001 tiene suspendidos sus derechos políticos. Contraviniendo ello al procedimiento legislativo y a nuestra Constitución Política del Estado de Querétaro, la cual establece en su artículo 26, que para ser diputado (sic) Legislatura Local, se necesita entre otros requisitos: ‘... fracción I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos.’. Artículo 15, fracciones II y III de la Ley Electoral de Querétaro, señala: ‘II. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano queretano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y residir en el Estado o Municipio en que se hace la elección.’. ‘III. Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial de elector.’. ‘Artículo 162. Párrafo tercero. Los Jueces que dicten resoluciones que decretan la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano, deberán notificarlas al instituto electoral dentro de diez días siguientes a la fecha de la respectiva resolución.’. Situación que se dio con el nombrado señor Francisco Erick Layseca Coellar, puesto que estaba suspendido de sus derechos políticos como se hizo saber a los suscritos a través del diputado Dr. Marco Antonio León Hernández secretario de la Mesa Directiva de la LIII Legislatura en el Estado a quien se le informó que ‘con fundamento en el artículo 92, inciso g), artículo 162, puntos 3 y 5, y el artículo 163, punto 7, del Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe), y cumpliendo cabalmente con el ordenamiento en el auto determinativo constitucional de fecha 1 de marzo de 2001, notificado mediante oficio número 666 del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Querétaro el día 5 de marzo del mismo año en el que se informó de la situación jurídica del C. Francisco Erick Layseca Coellar, el Registro Federal de Electores dio inicio al procedimiento operativo para la cancelación en la base de datos del padrón electoral del registro correspondiente a dicho ciudadano, aplicándose la baja correspondiente el día 18 de mayo del mismo año, misma que anexo a la presente en copia certificada, así como la copia simple de oficio antes mencionado. Asimismo informo a usted que el día 5 de julio del presente año no se cuenta con registro alguno en la base de datos del padrón electoral del ciudadano en cuestión.’, suscrito por el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral (documental que se anexa en copia certificada como ya se estableció en el punto primero del presente), derivado ello de un auto de formal prisión dictado en su contra en el mes de mayo del año 2001, dentro del proceso que se sigue en su contra por el delito de fraude en agravio del Municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, dentro de la causa penal número 26/2001 del Juzgado Segundo Penal, por lo que al momento de emitir su votación él tenía conocimiento perfectamente (sic) esa circunstancia y sabía que no debía ni podía intervenir en la votación debido a ello, aludiendo a que bien lo sabía toda vez que él mismo promovió un amparo penal para efecto de que no se le suspendieran sus derechos políticos, dentro del expediente del juicio de amparo número 564/2002-II, sin embargo, en el mes de julio de 2002 se le notificó tanto a él como al Poder Legislativo de Querétaro una resolución en la que se niega la suspensión definitiva que solicita Francisco Erick Layseca Coellar dentro del juicio referido, situación que no se tomó en consideración en ningún momento y arbitrariamente al momento emitió su votación de manera ilegal usurpando funciones debido a que ya no podía seguir llevando la investidura como diputado local de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro. (Presentando para acreditar lo aquí mencionado copia certificada del juicio de amparo referido el cual contiene la causa penal 26/2001 que se sigue en contra del diputado). Derivándose de esa misma situación que el mismo día 12 doce de julio del año 2002 que se llevó a cabo la votación para la aprobación del dictamen, no se contaba por consiguiente con el quórum que se requiere y que está contemplado en la Ley Orgánica y Reglamento de Debates del Poder Legislativo, ya que para someter un dictamen a votación nominal se necesita: ‘Artículo 18 En los casos en que un asunto sea turnado a varias comisiones, éstas trabajarán unidas y producirán un solo dictamen que será aprobado por mayoría de votos de los integrantes de aquellas. Si hubiera empate, decidirá el presidente de la legislatura o de la diputación permanente en su caso.’, es obvio que para que haya quórum se requiere de la presencia del 50 por ciento más uno. Derivado de lo anteriormente expuesto y al considerar la no validez del voto del referido Francisco Erick Layseca Coellar, no hubo el quórum requerido, y al no haber el mismo, no se pudo haber aprobado un dictamen de la iniciativa de ley, por lo que en base a ello es de considerarse que éste no fue aprobado y, por ende, no debió aprobarse la iniciativa de ley en fecha 5 de agosto y tampoco debió ser publicada el día 23 de agosto de 2002 y mucho menos debió haber iniciado su vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el día 24 de agosto del año en curso. Cabe señalar que si un diputado está suspendido de sus derechos políticos, debe ser sustituido por un suplente, mas no puede participar de manera alguna en las funciones que son propias y exclusivas de los diputados en funciones pues, para ello, la ley orgánica citada dispone: ‘Si alguno de sus miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.’. Es decir, que el referido señor Layseca no debía votar (como ya se estableció) y ni siquiera podía desempeñar en ese momento las facultades inherentes a su puesto, y debió ser sustituido por su suplente y éste es quien hubiera podido asistir a la sesión donde se presentó el dictamen, y de esta manera hubiese el quórum que marca la ley y hacer, en su caso, la votación correspondiente. Disposiciones que está por demás mencionar que no acató el multicitado señor Francisco Erick Layseca Coellar, al encontrarse involucrado en una situación de carácter penal y dejar de actuar con el debido respeto y consideración hacia las leyes e instituciones y de igual forma dejando a un lado el comportamiento y respeto de las formalidades que surgen de la investidura de un diputado, desacatando la ley orgánica de la legislatura y su reglamento, puesto que entre ellas obra que no puede participar en una comisión si está suspendido de sus derechos como lo está. Pero aun llegando al extremo de considerar que el señor Layseca hubiera estado legitimado para estar en esa sesión, lo cierto es que en el caso sólo estuvieron presentes cuatro personas pues el acta de sesión de las Comisiones Unidas de Administración de Justicia y Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de esta Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de fecha 12 de julio de 2002 (la cual se anexa al presente en copia certificada), sólo es firmada por 4 diputados pues se observan en la foja dos cuatro firmas, y aún con todos estos defectos señalados en este punto primero se turnó a la mesa directiva, quien a su vez lo turnó para su presentación al Pleno. De la lectura de la citada acta se desprende que no existe ninguna referencia a la razón por la cual no firmaron las dos personas restantes que supuestamente estuvieron presentes en esa sesión, y siendo que la firma es un acto que expresa voluntad, en el caso no se tiene certeza de que hubieran estado presentes todos los que se dice estuvieron en la sesión, y que efectivamente votaron en ese sentido. Se insiste, tampoco obra razón o constancia del por qué se omitió la firma de los participantes. Por otra parte es de señalarse que el proyecto de dictamen de la iniciativa de ley referida que se presentó en sesión de comisiones unidas de fecha 12 (doce) de julio de 2002, no es el mismo que se aprobó y votó en sesión extraordinaria del Pleno de la Legislatura en fecha 5 (cinco) de agosto del año 2002, ni éste es el mismo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Querétaro ‘La Sombra de Arteaga’, por tanto, es otra violación al procedimiento legislativo que da lugar a la inconstitucionalidad de la ley multicitada. Para mayor claridad se destacan las siguientes diferencias. El proyecto de dictamen presentado y aprobado en la sesión de comisiones unidas el día 12 de julio de 2002 dice: ‘Artículo 246-F, primer párrafo parte final para alentar o permitir un asentamiento humano irregular.’. ‘Artículo 246-F, segundo párrafo parte final ... en lotes sin tener autorizaciones administrativas de uso de suelo y de lotificación.’. ‘Artículo tercero. Se adiciona la fracción XX al artículo 121 del Código de Procedimientos Penales ...’ (difiere de la publicación). ‘Artículo 121. I a IX ... (difiere de la publicación). XX. (El número de fracción difiere del número de fracción publicado). A diferencia, el dictamen presentado y aprobado en la sesión del Pleno de la Legislatura del día 5 de agosto de 2002 dice: ‘Artículo 246-F. Primer párrafo parte final ... para alentar o permitir un asentamiento irregular.’. ‘Artículo 246-F, segundo párrafo parte final ... en lotes sin tener autorizaciones administrativas de uso de suelo y de lotificación.’ (igual que el anterior pero difiere del publicado). ‘Artículo 194. Texto actual de la cabeza del artículo .... Fracción I. ... Fracción XVIII. Derogada.’ (difiere de la iniciativa de la ley publicada). ‘Artículo tercero. Se adiciona la fracción XX del artículo 121 del Código de Procedimientos Penales ...’ (difiere de la iniciativa de la ley publicada). ‘Artículo 121. I a XIX. ... (difiere de la iniciativa de ley publicada). XX. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano ...’ (Esta fracción no se contempla en la publicación y dice lo mismo a la publicada en la fracción XXII). Por su parte, la ley publicada en fecha 23 de agosto del año 2002 dice: ‘Artículo 246-F, primer párrafo parte final ... para alentar o permitir un asentamiento irregular.’. ‘Artículo 246-F, segundo párrafo, parte final ... en lotes sin tener autorizaciones administrativas correspondientes (difiere del dictamen aprobado y votado en fecha 5 de agosto de 2002).’. ‘Artículo 194. Texto actual de la cabeza del artículo ... fracción I. ... fracción XVIII. Derogada. XIX a XII (sic) ... (en el proyecto de dictamen y en la iniciativa aprobada y votada no se contemplaron estas fracciones).’. ‘Artículo tercero. Se adiciona la fracción XXII del artículo 121 del Código de Procedimientos Penales ... (difiere del proyecto de dictamen y de la iniciativa de ley aprobada).’. ‘Artículo 121. I a XII. ... (esta fracción no se contempló en la iniciativa de ley aprobada). XXII. Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano ... (esta fracción difiere de la aprobada ya que no estaba contemplada en aquélla y refiere lo mismo que la fracción XX que se aprobó y de la que se presentó en el proyecto de dictamen).’. Por otra parte, como otra violación en el proceso legislativo se puede advertir que la iniciativa de reforma presentada por el ejecutivo al ser dictaminada sufrió adecuaciones que consistieron en lo siguiente: Diferencias de iniciativa con dictamen aprobado. De lo anteriormente expuesto es de observarse clara y precisamente que el dictamen fue aprobado y se le hicieron adecuaciones de las cuales no se dio vista a los autores de la iniciativa de ley, antes de la discusión y votación en la sesión extraordinaria del Pleno en fecha 5 (cinco) de agosto del año 2002, además, es observable que la aprobada difiere de la publicada, situación que es del todo ilegal, puesto que deben seguirse los lineamientos establecidos en la Constitución Local, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, así como en el Reglamento Interno de la Legislatura Local, los cuales establecen, como ya lo mencionamos, en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III, menciona que en caso de que el dictamen proponga adecuaciones a una iniciativa, el presidente ordenará a un secretario, la notificación inmediata de tal dictamen al autor de la misma para que si así desea hacerlo presente por escrito, antes de la siguiente sesión de la H. Legislatura, las consideraciones que le convengan, situación que de ninguna manera ocurrió, ya que el procedimiento a seguir no se respetó, actuándose de manera ilegal. Superada la cuestión del dictamen debe señalarse que su aprobación se llevó a cabo en una accidentada sesión extraordinaria, en la cual hubo muchos inconformes con el mandamiento, amén de ello se aprobó con trece votos, mas debe destacarse que el análisis y aprobación de la reforma en la sesión de 5 de agosto de este año fue ilegal porque ese punto se incluyó de última hora en el orden del día, pues en la Comisión de Gobierno del Congreso no se había decidido tratar el tema en dicha sesión, contraviniéndose así lo establecido en nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece en su artículo 53, fracción sexta, ‘para toda sesión ordinaria o extraordinaria se requerirá previamente establecer el orden del día, que contendrá todos los puntos a tratar en la sesión, misma que se dará a conocer anticipadamente a todos y cada uno de los sesionantes.’. Se insiste, el dictamen que adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Querétaro y adiciona una fracción al artículo 121 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro dentro del expediente número I/141/LIII DAL/569/02, propuso adecuaciones a la iniciativa formulada por el ejecutivo, basándose en diversas consideraciones, por lo que entonces y como lo marca nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, debió darse vista a los autores de la ley que son el Ejecutivo en este caso el Ing. Ignacio Loyola Vera y a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional lo cual no se hizo, infringiéndose lo que se establece en la fracción III del artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro, más aún, debió volverse a convocar a sesión como lo establece la fracción IV del mismo precepto, lo cual no se hizo, ya que en la misma sesión se aprobó el dictamen. Cabe señalar que si bien la parte final de la fracción IV establece que un dictamen puede ser sometido a discusión y votación en la misma sesión en la que se le dio lectura, esto debe ser entendido en el sentido de que ya se colmó el procedimiento de vista a que se refiere la fracción III del mismo artículo pues, precisamente, si la Constitución lo establece en una fracción aparte, como formalidad en el procedimiento, no puede soslayarse arbitrariamente, porque precisamente la finalidad es que el autor pueda en su caso explicar las razones que sustenten su propuesta. Todos estos hechos ponen de manifiesto que la sesión de 5 de agosto infringió requisitos procesales que dan lugar a la inconstitucionalidad de la reforma, a saber: 1. La sesión en donde las comisiones unidas discutieron y aprobaron el dictamen se celebró sin el quórum legal porque participó Francisco Erick Layseca sin tener derecho a sesionar y votar, así también porque sólo estuvieron 4 diputados que son los únicos que firmaron el dictamen. 2. Se presentó al Pleno de la Legislatura un dictamen distinto al discutido y aprobado en las comisiones unidas. 3. No se dio vista al autor de la iniciativa, a pesar de que hubo adecuaciones a la misma. 4. No se convocó a sesión después de la vista. 5. Se publicó una ley distinta a lo aprobado en la sesión extraordinaria del Pleno de la Legislatura. Derivado de lo anterior se desprende que no se siguieron los requisitos que marca nuestra Constitución Local, las leyes orgánicas del Poder Legislativo del Estado, ni los reglamentos internos del Poder Legislativo y menos aún, y lo más importante, no se respetó nuestra máxima Carta Magna. B) En cuanto a su contenido la ley impugnada no debió aprobarse en virtud de lo siguiente: Consideramos que no eran necesarias dichas modificaciones penales, pues algunos de los delitos que el mandamiento persigue castigar ya se encontraban tipificados, tanto en leyes penales como en leyes urbanas, además habría que hacer la distinción entre lo que es un asentamiento irregular, como lo marca nuestro Código Urbano, y lo que es un asentamiento ilegal, como se pretende con la aprobación de esta nueva ley, ya que el primero de los mencionados se trata de un no cumplimiento a todos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18509-912a5ed2/proceso-legislativo-en-el-estado-de-queretaro-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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