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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCES DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. LA OBLIGACIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE LLAMAR A SU DISCUSIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS SÓLO APLICA CUANDO ÉSTOS LAS HAYAN INICIADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COLIMA). PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA EN ASUNTOS MUNICIPALES. LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 20 DE ABRIL DE 2002, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL YA QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE REGULA ES UN MECANISMO QUE, ADEMÁS DE ENCONTRAR SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CARTA MAGNA, TIENE COMO PRESUPUESTO LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y LA REGULACIÓN LEGAL DE LAS CAUSAS GRAVES QUE DEN MOTIVO A DICHAS SANCIONES. PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA EN ASUNTOS MUNICIPALES. LOS ARTÍCULOS 35 A 58 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 20 DE ABRIL DE 2002, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO, NO INVADEN LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL. PARTICIPACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA EN ASUNTOS MUNICIPALES. LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 20 DE ABRIL DE 2002, QUE PREVÉN EL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA QUE NO IMPIDEN A LOS AYUNTAMIENTOS FINCAR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2002. · Registro digital (IUS): 19200
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 1733.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 41/2002. MUNICIPIO DE COLIMA, ESTADO DE COLIMA.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIAS: MARIANA MUREDDU GILABERT Y CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de julio de dos mil cinco.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio depositado el veinte de mayo de dos mil dos, en la Gerencia Postal Estatal Colima, del Servicio Postal Mexicano, Enrique Michel Ruiz, Porfirio Fuentes Quintana y María Eugenia Padilla Solórzano, quienes se ostentaron, respectivamente, como presidente municipal, apoderado general para pleitos y cobranzas y síndico suplente, todos del Municipio de Colima, Estado de Colima, promovieron controversia constitucional en representación de éste, en la que demandaron la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado y su domicilio: a) El Poder Legislativo del Estado de Colima, representado en este caso por el H. Congreso del Estado, el cual tiene domicilio conocido en el Palacio Legislativo en la Calzada Galván de la ciudad de Colima. b) El C. Gobernador del Estado de Colima, por haber promulgado la ley denominada Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, publicada el día 20 de abril del año 2002. El cual tiene domicilio conocido en Palacio de Gobierno de la ciudad de Colima. c) El C. Secretario general de Gobierno del Estado de Colima por la intervención que tuvo en la promulgación de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales. El cual tiene domicilio conocido en Palacio de Gobierno de la ciudad de Colima. Norma general cuya invalidez se demanda. La Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, la cual fue publicada el día 20 de abril en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Colima ‘El Estado de Colima’."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"1. Con fecha 20 abril del año 2002, fue publicada la ley denominada Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, el nombre de esta ley lleva consigo graves implicaciones porque tiene como propósito ejercer una tutela perpetua sobre el Municipio Libre y transgredir el contenido del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. La publicación fue ordenada por el C. Fernando Moreno Peña, gobernador constitucional del Estado de Colima, habiéndose llevado a cabo tal publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ‘El Estado de Colima’. 3. Intervino en la publicación de referencia el C. Humberto Silva Ochoa, secretario general de Gobierno en el Estado de Colima. 4. En forma general, esta ley tiene el propósito de mantener en un estado de servidumbre, principalmente, al Municipio de Colima y a su Ayuntamiento, imponiéndoles normas que proscriben su autonomía y hacen nugatoria la declaración contenida en la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal que a la letra dice: ‘I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. ...’. 5. En la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, en su artículo 36 se establece: ‘Artículo 36. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el presidente municipal del Ayuntamiento o del Concejo Municipal correspondiente hará llegar al Congreso copia certificada del acta de la sesión del Cabildo en la que haya conocido la causa de la suspensión y la resolución que al respecto haya tomado. Cualquier ciudadano residente del Municipio respectivo a nombre propio, bajo su responsabilidad y mediante la presentación de pruebas, podrá denunciar ante el Congreso la comisión de cualquiera de las causales a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo anterior por parte de uno o más integrantes del Cabildo o del Concejo Municipal en su caso.’. La disposición anterior pone de manifiesto que el propósito del Poder Legislativo, representado por el Congreso del Estado de Colima, ha determinado tener en forma permanente bajo una sumisión ilegal al Municipio de Colima, que representamos porque pone el destino de los integrantes del Ayuntamiento en manos ‘de cualquier ciudadano residente del Municipio’, lo que significa que cualquier persona según esta arbitraria disposición puede presentar denuncia en contra de uno o más integrantes del Cabildo o del Concejo Municipal, y que ante la denuncia de cualquier ciudadano, un regidor, todos los regidores, el síndico y el presidente municipal pueden ser sometidos a proceso, pueden ser enjuiciados por el Congreso del Estado, y este Congreso Local constituido en jurado podrá imponer o dejar de imponer las sanciones que mejor le parezcan en contra de los integrantes del Ayuntamiento, destruyendo con ello su autonomía e invadiendo su esfera de competencia. La Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, pretende, como un acto fallido, derogar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta Ley Estatal de Responsabilidades regula el procedimiento para demandar en juicio político a los servidores públicos, también señala las responsabilidades administrativas en que incurren los mismos servidores públicos y en sus artículos 43 y 44, en sus fracciones de la I a la XXI, señalan todos aquellos supuestos para que puedan aplicarse sanciones administrativas a los precitados servidores públicos. El artículo 52, fracción III, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, determina que la suspensión del empleo, cargo o comisión, durante el periodo a que se refiere la fracción I y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicará por el superior jerárquico. En tanto que el artículo 56 de la propia Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, determina ‘que cada dependencia será competente para imponer sanciones disciplinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a 100 veces el salario mínimo del Estado. ...’. Al aprobarse la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, se pretende proscribir toda facultad de los Municipios, aun para imponer las más leves sanciones de orden administrativo, asumiendo el Poder Legislativo Local en Colima, el monopolio en la aplicación de sanciones y del control de la conducta de los servidores públicos, y admitiendo que cualquier ciudadano los llame a juicio, denotando con ello un alto grado de animosidad en contra de los Municipios que a la fecha no se han sometido a las condiciones de dicho Poder Legislativo. 6. La misma ley ahora conocida como Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, en su artículo 37 dice: ‘Artículo 37. Recibido el escrito de la autoridad municipal o, en su caso, ratificada la denuncia ciudadana dentro de las 72 horas siguientes a su presentación, el oficial mayor lo entregará de inmediato al presidente del Congreso o de la Comisión Permanente, en su caso, para que éste convoque a una sesión dentro de las 48 horas siguientes. En ésta, el Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, se dará por informado y turnará el asunto a la Comisión Dictaminadora.’. Del contenido del artículo anterior y del 36 del capítulo 10 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales y que se refiere a la suspensión del cargo de los munícipes, se advierte que el Congreso Local ha determinado atribuirse facultades para poder suspender a los integrantes del Ayuntamiento de Colima mediante un juicio sumarísimo e ilegal por ser violatorio del artículo 115 de nuestra Carta Magna, que otorga plena autonomía al Municipio Libre y que determina que no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado, agregando que el tratadista Quintana Roldán, en su obra ‘El Derecho Municipal’, afirma que no puede haber autoridad intermedia, ni poder alguno entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. El artículo 38 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, también es violatorio del artículo 115 constitucional porque el artículo 38 en mención establece: ‘Artículo 38. Dicha comisión dentro de los 3 días naturales siguientes de haber recibido el oficio de turno notificará personalmente al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección comparecer o informar por escrito. Asimismo, en el caso de denuncia ciudadana a que se refiere el artículo 36 de esta ley, notificará al Ayuntamiento sobre la materia de la denuncia, le enviará copias certificadas del expediente respectivo y lo citará a la audiencia a que se refiere el párrafo siguiente. Para tal efecto, al notificar al munícipe de la incoación del procedimiento respectivo se le citará a una audiencia respectiva, que se llevará a efecto dentro de los 10 días hábiles siguientes, en la que podrá presentar su defensa por escrito o directamente y a la que podrá comparecer asistido de defensor. En el propio escrito de defensa deberá realizar el ofrecimiento de pruebas que a sus intereses convengan, acompañando las mismas o exponiendo las razones por las que no fue posible exhibirlas. Serán admitidas todo tipo de pruebas que no resulten contrarias a la moral y al derecho con excepción de la confesional. En esta misma audiencia el Ayuntamiento en su caso, tendrá derecho a presentar sus alegatos por escrito, lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas que crea convenientes, pudiendo acreditar en ella un representante. Tanto el denunciado como el defensor en su caso, deberán acreditar en dicha audiencia un domicilio en la capital del Estado para las subsiguientes notificaciones. De no hacerlo, éstas se harán mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado. Cuando el denunciado no cumpla con lo previsto por el párrafo segundo, la Comisión Dictaminadora, mediante dictamen, formulará sus conclusiones en vista de las constancias existentes.’. El artículo 38 antes transcrito, pone de manifiesto que el Poder Legislativo del Estado de Colima se erige en tribunal para enjuiciar a los Ayuntamientos, ya sea en forma colectiva a todos sus integrantes o en forma individual a uno o a varios de ellos y que basta cualquier denuncia de cualquier ciudadano para que un Ayuntamiento sea llamado a juicio o para que un regidor, regidores o cualquier integrante del Ayuntamiento también pueda ser llamado a juicio sumarísimo por el Congreso del Estado, juicio en el que la resolución estará en manos de personas que no son peritos en materia de derecho y que siendo legisladores distraen su función principal con el ánimo de crear situaciones propicias para sanciones que tienen un origen eminentemente político y que son el prolegómeno de la lucha política y electoral que se avecina. 7. En forma general, en todas sus partes la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales es inconstitucional, y particularmente los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, son violatorios del contenido del artículo 115 de la Constitución Federal, porque hacen depender a los Ayuntamientos y a los Municipios del capricho o arbitrariedad que en un momento dado pudiera darse para lesionar los intereses de los integrantes del Ayuntamiento y en este caso particular de los integrantes del Ayuntamiento de Colima porque queda a criterio y arbitrio del Congreso del Estado la imposición de sanciones suspensorias del cargo a los munícipes o integrantes de un Ayuntamiento, con el infantil requisito de que cualquier ciudadano puede denunciar a todos los integrantes del Ayuntamiento o en forma individual a uno o varios de ellos, creando con ello el caos en el ámbito estatal y dejando al arbitrio de un grupo de legisladores generalmente de partidos opositores, la emisión de un juicio o de una sentencia suspensoria en el puesto de elección popular que en el caso particular recae sobre los integrantes del Ayuntamiento de Colima. 8. Se reitera que la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y viola en forma directa el artículo 115 constitucional. El capítulo XI de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales se titula ‘De la revocación del mandato de los munícipes’, en esta parte los artículos 44, 45, 46 y 47, ponen nuevamente el destino de los Ayuntamientos, particularmente del Ayuntamiento de Colima en las manos de cualquier ciudadano, porque según el artículo 45, cualquier ciudadano residente del Municipio a nombre propio, bajo su responsabilidad, podrá denunciar ante el Congreso la comisión de cualquiera de las causales a que se refiere el artículo 44 y podrá denunciar a uno o más integrantes del Cabildo o del Concejo Municipal, provocando con ello que el Congreso Local se erija nuevamente en Gran Jurado, juzgue, absuelva o condene a todo un Ayuntamiento o a cualesquiera de sus integrantes individualmente determinado. El artículo 44 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, dice: ‘Artículo 44. El Congreso, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes podrá revocar el mandato a cualquiera de los miembros de un Cabildo o Concejo Municipal por alguna de las siguientes causas: I. Por demostrarse que no reúne los requisitos para ser integrante de un Ayuntamiento, señalados en las fracciones I, III, V, VI y VII del artículo 90 de la Constitución; II. Cuando se le imponga como sanción la inhabilitación dictada en sentencia judicial que haya causado estado; y, III. Cuando por sentencia judicial que haya causado estado se le imponga pena privativa de libertad que exceda el término de su ejercicio.’. Nótese que de acuerdo con la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, se reitera que el Congreso podrá intervenir cuando se haya dictado sentencia judicial en contra de un servidor público, y la ley que ahora aprueba el Poder Legislativo no requiere de la intervención del Poder Judicial para juzgar a cualquier servidor público, en forma directa por el Congreso del Estado, lo cual implicaría la privación de toda clase de derechos en perjuicio de los integrantes de los Ayuntamientos. El artículo 45 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, condiciona al presidente municipal del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, para que éste requiera la intervención del Congreso para sancionar a los servidores públicos, cuando esa facultad está señalada en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en sus artículos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57, en tanto que la ley que ahora se impugna pretende dejar para el Congreso Local el monopolio de las sanciones persecutorias y la creación de un nuevo tribunal llamado Congreso del Estado de Colima, que en juicio sumario podría sancionar a los Municipios y a los Ayuntamientos a su albedrío. En su artículo 46, la Ley para Regular la Participación en Asuntos Municipales, viene a crear un procedimiento sumario en el capítulo 10 de la misma ley, que es aplicable en forma privilegiada e inconstitucional para los Ayuntamientos y los Municipios, porque una característica de las leyes debe ser su universalidad, es decir, que sea aplicable a todos por igual y otra de las características de nuestras leyes consiste en que deben encontrarse apegadas a la Constitución General de la República y deben ser dictadas para hacer justicia y no para perseguir a un determinado sector de los Ayuntamientos y Municipios. En el artículo 47 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, se contiene una constante amenaza en los siguientes términos: ‘Artículo 47. La declaratoria de revocación del cargo de munícipe por parte del Congreso implica la pérdida de dicho carácter.’. Lo que significa que el Congreso Local de Colima, se atribuye la facultad de despedir a cualquier munícipe, con la única condición de que cualquier ciudadano lo denuncie y el Congreso en la vía sumaria lo juzgue y lo condene. 9. El capítulo XII de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales tiene como título ‘Disposiciones comunes a la suspensión del cargo y revocación del mandato de los munícipes.’. Independientemente de que toda la ley impugnada en su conjunto es inconstitucional en el capítulo antes mencionado, los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, así como los transitorios primero y segundo, violan el artículo 115 constitucional y particularmente la fracción I del precitado artículo, porque destruyen la autonomía municipal y transfieren el gobierno del Municipio al Poder Legislativo, privando de sus facultades y autonomía al Ayuntamiento y confiriéndole el Gobierno Municipal al Congreso Local, en agravio del multicitado artículo 115 constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:

"a. En forma general la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, es violatoria de la Constitución y particularmente de los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y los transitorios primero y segundo de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales violan el artículo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, debido a que esta Norma Estatal prescribe: ‘Artículo 37. El derecho de iniciar leyes corresponde: I. A los diputados. II. Al gobernador. III. Al Supremo Tribunal de Justicia en asuntos del ramo de justicia. IV. A los Ayuntamientos en lo que se relaciona en asuntos de la administración municipal. ...’. Del contenido de la fracción IV del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Colima, se puede determinar que la iniciativa de las leyes que atañen a los Ayuntamientos, les corresponde a estos mismos, y en todas aquellas leyes que se relacionen con asuntos municipales deben intervenir los Ayuntamientos en la elaboración de sus proyectos y en la discusión de los mismos, de lo contrario cuando el Congreso del Estado olvida el mandato de la Constitución Local contenido en la fracción IV del artículo 37 y se toma la libertad de legislar en relación con los asuntos de la administración municipal y lo hace sin que se entere el Ayuntamiento de Colima como en el caso particular, obra en abierta violación al artículo citado con anterioridad. También se viola en perjuicio del Ayuntamiento de Colima el artículo 115, fracción I, que previene: ‘I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.’. En el caso de que se trata la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, invade la esfera de competencia de los Ayuntamientos y particularmente del Ayuntamiento de Colima, porque la regulación que el Congreso Local pretende establecer sobre la vida y destino de los Ayuntamientos, sometiéndolos a su entera voluntad a procedimientos y juicios arbitrarios y sumarios que pueden ser iniciados en contra de un Cabildo como órgano colegiado o en contra de uno o varios munícipes individualmente determinados, viene a establecer la hegemonía del Poder Legislativo sobre los Ayuntamientos subordinándolos a un poder omnipotente, sometiéndolos a juicios sumarios que pueden ser iniciados por cualquier persona o ciudadano sin que este ciudadano tenga interés jurídico en los asuntos internos del Municipio, ni tenga tampoco injerencia en los asuntos internos de los Ayuntamientos, creando una figura inquisitoria en perjuicio y en contra de los Ayuntamientos, particularmente en contra del Ayuntamiento de Colima por ser un Ayuntamiento que emerge del Partido Acción Nacional y que en concepto del Congreso del Estado, que es un Congreso mayoritariamente priísta, deben los Ayuntamientos estar subordinados a él y en caso contrario podrán ser sometidos mediante juicios que a través de un procedimiento sumario pueden llevar inclusive a la suspensión o revocación en su cargo de la mayoría de los munícipes que forman parte del Cabildo Municipal. Las disposiciones que se señalan como violatorias a la Constitución tienen como propósito someter a los Ayuntamientos a la voluntad del Poder Legislativo y a destruir la autonomía que consagra el artículo 115 de la Constitución Federal. La Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales viola el contenido de la fracción II del artículo 115 de nuestra Carta Magna, que previene: ‘Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. En el caso concreto, las normas aprobadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo del Estado de Colima propenden al sometimiento incondicional de los Ayuntamientos por el Poder Legislativo, el cual se convierte en Juez y parte, y delega en cualquier ciudadano la facultad de iniciar un procedimiento en forma de juicio en contra de todos los munícipes que conforman el órgano colegiado del Gobierno Municipal. El Congreso Local delega en los ciudadanos la facultad de iniciar un juicio sui géneris en contra de los Ayuntamientos o de uno o varios de sus integrantes, atribuyéndose la facultad exclusiva de suspender del cargo a los munícipes o de revocar el mandato de los propios munícipes, sin otro requisito que el consistente en que cualquier ciudadano ‘podrá denunciar ante el Congreso a los integrantes del Ayuntamiento’, ello sin tener interés jurídico en los asuntos municipales y sin justificar el porqué cualquier ciudadano puede incitar al órgano legislativo para que éste se erija en tribunal judicial y después de un procedimiento sumarísimo, se llame a juicio a los integrantes de los Ayuntamientos y se les condene o absuelva según el gusto o criterio del Poder Legislativo, el cual entre sus facultades no tiene la de constituirse en tribunal para juzgar asuntos que inclusive son de orden administrativo y de la competencia exclusiva de cada uno de los Municipios y particularmente del Municipio de Colima. b. En forma general, todo el contenido de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, es inconstitucional y en forma particular las disposiciones contenidas en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, así como los transitorios primero y segundo de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, violan el artículo 14 de la Constitución Federal, en la parte que dice: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. En el caso en estudio, el Congreso Local pretende privar de sus derechos legítimos a los Ayuntamientos y particularmente al Ayuntamiento de Colima, se confiere a sí mismo el Poder Legislativo la facultad de erigirse como tribunal y de conocer de toda clase de asuntos que indiscriminadamente cualquier ciudadano, aun sin tener interés jurídico, le someta a su consideración, porque en todo juicio la parte actora debe estar legitimada para impulsar a los órganos del Estado a efecto de que llamen a juicio a los particulares y en este caso según la doctrina más generalizada, el Municipio es una institución pública y como tal compete a su gobierno la libre administración y la independencia de sus órganos y las demás autoridades y poderes deben abstenerse de inmiscuirse en los asuntos internos del Municipio y mucho menos de convertirse en amenaza permanente y en pugnar por un sometimiento incondicional del Gobierno Municipal hacia un Poder Legislativo que debe tener como propósito fundamental la iniciativa y formación de las leyes sin invadir el ámbito del Poder Judicial y es evidente que el Congreso Local no es un tribunal previamente establecido y que en las disposiciones que ha creado con el interés de someter a los Ayuntamientos no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y no se cuenta con las leyes establecidas con anterioridad al hecho, como así lo ordena la garantía constitucional invocada, por ello las disposiciones mediante las cuales el Congreso Local en Colima se constituye en tribunal para la celebración de juicios sumarios en contra de los Ayuntamientos y particularmente del Ayuntamiento de Colima, viola en perjuicio de la entidad pública, Municipio de Colima, el contenido del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. En forma general y en todo su articulado, la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, es inconstitucional y particularmente los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, así como los transitorios primero y segundo, violan en perjuicio de la entidad pública municipal de Colima, el contenido del artículo 16 de nuestra Carta Magna en la parte que dice: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del Juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.’. En el caso de que se trata, el Poder Legislativo, aparte de que irrumpe en el ámbito y competencia de los Ayuntamientos y de los Municipios, también invade la esfera de competencia del Poder Judicial, debido a que a través de esta ley se constituye en tribunal de única instancia y también se constituye en órgano investigador, asumiendo funciones del Ministerio Público, cuando en su artículo 51 dice: ‘La Comisión Dictaminadora practicará directamente las diligencias que considere conducentes para la correcta investigación de los hechos, notificando de ello al denunciado para que se encuentre en condiciones de comparecer e intervenir en las mismas.’. Lo anterior significa que además de que el Municipio según el criterio del Poder Legislativo, manifestado en la ley impugnada, ya no se puede gobernar por sus propios órganos y ya no puede aplicar a los servidores públicos que en el mismo desempeñan sus funciones sanción alguna, ni siquiera las sanciones administrativas contenidas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque el Poder Legislativo a través de esta ley llamada Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, se constituye en tribunal judicial de una sola instancia, se constituye además en Ministerio Público porque se atribuye en su artículo 51, la facultad investigadora de los hechos, o sea, es otro agente del Ministerio Público, pero ahora de dimensiones gigantescas, contra el que nadie puede oponer fuerza o razón alguna, en donde no impera ni la justicia ni el derecho, porque las disposiciones impugnadas contienen una enorme dosis de discrecionalidad que inducirían a los sujetos sometidos a proceso, a un completo estado de indefensión y la privación inmisericorde de sus derechos. d. Se reitera que la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales en su conjunto es inconstitucional y en forma particular el contenido de los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, y estas disposiciones a que se viene haciendo referencia y que se impugnan por inconstitucionales y violatorias al artículo 115 de nuestra Ley Suprema violan también el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece: ‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se ga

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19200-d41ce958/controversia-constitucional-alcances-de-la-suplencia-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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