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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY RELATIVA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, AL ESTABLECER EL RÉGIMEN OBLIGATORIO PARA LOS TRABAJADORES ASALARIADOS EVENTUALES DEL CAMPO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 690/2005. · Registro digital (IUS): 19265
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CULTIVARES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 585.

AMPARO EN REVISIÓN 690/2005. CULTIVARES MEXICANOS, S.A. DE C.V. Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A continuación se procede al estudio del primero y segundo conceptos de violación hechos valer por las ahora recurrentes en su demanda de garantías, en los que aducen que se inobservaron las disposiciones relativas al proceso legislativo, pues afirman que a pesar de que la iniciativa para reformar la Ley del Seguro Social, que posteriormente modificó su artículo 237, era de naturaleza eminentemente fiscal, el presidente de la República presentó la iniciativa, primeramente ante la Cámara de Senadores, la que recibió dicha iniciativa, la dictaminó y posteriormente la aprobó, lo cual consideran violatorio de los artículos 14, 16 y 72, incisos g) y h), y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, debe decirse que los conceptos de violación que aquí se analizan deben declararse infundados, en virtud de que el proceso legislativo que combaten los aquí recurrentes no violó el artículo 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la formación de las leyes que imponen contribuciones deberá discutirse primero en la Cámara de Diputados.

Lo anterior es así, porque si bien es cierto que en la sesión de seis de diciembre de dos mil uno, la Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo particular, dentro del proyecto de decreto presentado por el presidente de la República, las disposiciones sobre aportaciones de seguridad social (que tienen carácter de contribuciones), ordenando pasaran a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes, la que en sesión de catorce de diciembre de ese mismo año determinó que tales disposiciones fueran reservadas y después desechadas, debe tomarse en cuenta que previamente en esa sesión, se decidió presentar una iniciativa de decreto sólo respecto de los artículos de la Ley del Seguro Social con carácter fiscal, la cual se aprobó y fue enviada a la Cámara de Senadores, la que actuando como Revisora aprobó tanto el desechamiento como la nueva iniciativa de decreto, y ambos documentos fueron enviados al Ejecutivo Federal para su promulgación.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y contenido se transcriben a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, octubre de 2004

"Tesis: 2a./J. 131/2004

"Página: 382

"SEGURO SOCIAL. EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATERIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, EN LO RELATIVO A APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 72, INCISO H), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforman diversas disposiciones relativas a las aportaciones de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2001, no transgrede el artículo 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la formación de las leyes que imponen contribuciones deberá discutirse primero en la Cámara de Diputados. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que en la sesión de 6 de diciembre de 2001, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular, dentro del proyecto de decreto presentado por el Presidente de la República, las disposiciones sobre aportaciones de seguridad social (que tienen carácter de contribuciones), ordenando pasaran a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes, la que en sesión de 14 de diciembre de ese mismo año determinó que tales disposiciones fueran reservadas y después desechadas, también lo es que previamente, en esa sesión se decidió presentar una iniciativa de Decreto sólo respecto de los artículos de la Ley del Seguro Social con carácter fiscal, la cual se aprobó y fue enviada a la Cámara de Senadores, la que actuando como revisora aprobó tanto el desechamiento como la nueva iniciativa de Decreto, y ambos documentos fueron enviados al Ejecutivo Federal para su promulgación."

En virtud de lo anterior, los conceptos de violación primero y segundo, que en su demanda de amparo hicieron valer las promoventes, resultan infundados.

CUARTO. En este apartado se estudiarán de manera conjunta los conceptos de violación que las quejosas identificaron con los números tres y siete, por estar íntimamente relacionados, en virtud de que ambos versan sobre la violación al principio de legalidad consignado en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

En el tercer concepto de violación, los recurrentes aducen que el presidente de la República contravino lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República, porque la ley que tachan de inconstitucional, entró en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, por lo que dicen que el reglamento que normaría el procedimiento para inscribir a los trabajadores del campo debió haberse expedido a más tardar el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, pero que, sin embargo, no existe reglamento alguno en materia de seguridad social y mucho menos que establezca algún procedimiento en tratándose de los trabajadores del campo y que por ello existe imposibilidad de cumplir con la obligación de inscribir a los trabajadores del campo y consecuentemente impedimento por parte de la autoridad de exigir su cumplimiento.

Añadieron que la autoridad pretende obligar a los patrones a inscribir a sus trabajadores del campo con base en la ley, sin que exista disposición alguna que norme el cómo realizarla, por lo que estiman que es incuestionable que se vulneran en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica, falta de fundamentación y motivación a que se refieren los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República.

Por su parte, en el séptimo concepto de violación, los recurrentes alegaron de manera cautelar (sic), que en caso de que existiese algún reglamento con base en el cual las autoridades responsables pretendieran hacer cumplir las obligaciones de seguridad social en el campo, ese reglamento sería violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque rebasaría los términos del artículo 237 de la Ley del Seguro Social.

Para dar respuesta a los planteamientos anteriores, cabe recordar, en primer término, que a partir de que entraron en vigor las reformas a la Ley del Seguro Social, el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se emitieron diversos reglamentos, entre ellos, el Reglamento de la Seguridad Social para el Campo, cuyo artículo transitorio primero establece que ese ordenamiento tenía por objeto, de conformidad con su artículo 1o., normar la aplicación de la seguridad social en el campo conforme lo establece la Ley del Seguro Social, de cuyas disposiciones la que aquí interesa es la contenida en su artículo sexto transitorio, la cual dice a la letra:

"Sexto. Las disposiciones previstas en este reglamento para los trabajadores eventuales serán aplicables a partir del 1o. de julio de 1998, manteniéndose mientras tanto vigente lo dispuesto para dichos trabajadores, en el Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, publicado en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1960.

(Adicionado, D.O.F. 1o. de julio de 1998)

"Los patrones que contraten trabajadores eventuales cubrirán, a partir del primero de julio del año 2004, las cuotas obrero patronales a su cargo, así como aquellas que tengan obligación de retener y enterar, conforme a las bases de cotización establecidas en la Ley del Seguro Social.

(Adicionado, D.O.F. 1o. de julio de 1998)

"Del primero de julio de 1998 y hasta el 30 de junio del año 2004, los citados patrones determinarán y cubrirán las cuotas a su cargo bajo un esquema mediante el cual éstas se incrementen en forma anual y gradual hasta que alcancen las bases de cotización referidas en el párrafo anterior.

(Adicionado, D.O.F. 1o. de julio de 1998)

"El consejo técnico del instituto emitirá un acuerdo en el que se dispongan los montos, plazos, términos y condiciones necesarios para la debida aplicación del esquema referido en el párrafo anterior."

De la disposición antes transcrita se desprende que el Ejecutivo Federal estableció, por una parte, que a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y ocho, serían aplicables las disposiciones previstas en el Reglamento para los Trabajadores Eventuales en Actividades del Campo, manteniéndose, mientras tanto, vigente lo dispuesto para dichos trabajadores en el Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta, es decir, que este ordenamiento seguiría vigente para esos trabajadores ya contratados hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, dado que a partir del primero de julio siguiente les serían aplicables las disposiciones del Reglamento de la Seguridad Social para el Campo.

Por otra parte, en los tres párrafos adicionados al artículo transitorio de referencia, se determinó que a partir del primero de julio del año dos mil cuatro, las cuotas obrero patronales a cargo de los patrones que contraten trabajadores eventuales, así como las que tengan obligación de retener y enterar, las cubrirán conforme a las bases de cotización establecidas en la Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete.

De igual manera se estableció que los citados patrones determinarán y cubrirán las cuotas a su cargo bajo un esquema mediante el cual, éstas se incrementen en forma anual y gradual hasta que alcancen las bases de cotización establecidas en la Ley del Seguro Social, en el lapso comprendido del primero de julio de mil novecientos noventa y ocho (fecha en que serían aplicables a los trabajadores eventuales del campo las disposiciones del reglamento) y hasta el treinta de junio del año dos mil cuatro, pues a partir del primero de julio siguiente ya debían cubrirlas conforme a las bases de cotización determinadas en la ley, en términos de aquel primer párrafo adicionado.

De ahí que no asista la razón a los impetrantes en cuanto a que aseguran que a partir de la entrada en vigor de la ley que tachan de inconstitucional, el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, no existió reglamento alguno en materia de seguridad social, respecto de los trabajadores del campo.

Ahora bien, los promoventes aducen también que la autoridad pretende obligar a los patrones a inscribir a sus trabajadores del campo con base en la ley, sin que exista disposición alguna que norme el cómo realizarla, por lo que estiman que es incuestionable que se vulneran en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica, falta de fundamentación y motivación a que se refieren los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República y que en caso de que existiese algún reglamento con base en el cual las autoridades responsables pretendieran hacer cumplir las obligaciones de seguridad social en el campo, ese reglamento sería violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque rebasaría los términos del artículo 237 de la Ley del Seguro Social.

Al respecto, es menester señalar que el principio de legalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha precisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la exigencia de que toda contribución sea creada por el Poder Legislativo y que sus elementos esenciales como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa y la época de pago, estén consignados en la ley, de modo tal que el sujeto obligado sepa con certeza la forma en que debe cumplir con su obligación de contribuir a los gastos públicos y no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras.

Así se advierte de la jurisprudencia plenaria cuyos datos de identificación, rubro y contenido son de la siguiente literalidad:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 91-96, Primera Parte

"Página: 173

"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."

También conviene señalar que antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, los trabajadores del campo ya eran sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, con las salvedades y bajo las particulares condiciones fijadas en la propia ley y en sus reglamentos.

Así, en relación con los trabajadores asalariados del campo, el artículo 16 de la derogada ley disponía que a propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Ejecutivo Federal fijaría, mediante decretos, las modalidades de incorporación al régimen del seguro obligatorio que se requirieran para hacer posible la incorporación de dichos trabajadores asalariados, a fin de que éstos disfrutaran de determinados beneficios del Seguro Social, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, las condiciones sociales y económicas del país y los propios de las distintas regiones.

De conformidad con lo dispuesto en el referido precepto legal, la incorporación obligatoria al régimen de seguridad social de los trabajadores asalariados del campo derivaba de la expedición de los aludidos decretos, en los que debía precisarse la fecha de implantación del régimen obligatorio al Seguro Social, la circunscripción territorial que comprendía, las prestaciones que se otorgaran, las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados, así como la contribución a cargo del Gobierno Federal y las demás modalidades que se requirieran conforme a la ley y sus reglamentos; condiciones necesarias para su inicio y extensión que debían contener los decretos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la propia ley.

Los indicados preceptos legales y demás relativos a la incorporación al régimen de seguridad social de los trabajadores del campo, establecían:

"Artículo 6o. El Seguro Social comprende:

"I. El régimen obligatorio y

"II. El régimen voluntario."

"Artículo 7o. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta ley y sus reglamentos."

"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

"I. Riesgos de trabajo;

"II. Enfermedades y maternidad;

"III. Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte;

"IV. Guarderías para hijos de aseguradas, y

"V. Retiro."

"Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

"I. Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos;

"II. Los miembros de sociedades cooperativas de producción y de administraciones obreras o mixtas; y

"III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local o unión de crédito, comprendidos en la Ley de Crédito Agrícola."

"Artículo 13. Igualmente son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

"I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados;

"II. Los ejidatarios y comuneros organizados para aprovechamientos forestales, industriales o comerciales o en razón de fideicomisos;

"III. Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que, para la explotación de cualquier tipo de recursos, estén sujetos a contratos de asociación, producción, financiamiento y otro género similar a los anteriores;

"IV. Los pequeños propietarios con más de veinte hectáreas de riego o su equivalente en otra clase de tierra, aun cuando no estén organizados crediticiamente;

"V. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios no comprendidos en las fracciones anteriores; y

"VI. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, cuando no estén ya asegurados, en los términos de esta ley.

"El Ejecutivo Federal, a propuesta del instituto, determinará por decreto las modalidades y fecha de incorporación obligatoria al Régimen del Seguro Social, de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este artículo, así como de los trabajadores domésticos."

"Artículo 14. Se implanta en toda la República el Régimen del Seguro Social obligatorio, con las salvedades que la propia ley señala. Se faculta al Instituto Mexicano del Seguro Social para extender el régimen e iniciar servicios en los Municipios en que aún no opera, conforme lo permitan las particulares condiciones sociales y económicas de las distintas regiones."

"Artículo 16. A propuesta del instituto, el Ejecutivo Federal fijará, mediante decretos, las modalidades al régimen obligatorio que se requieran para hacer posible el más pronto disfrute de los beneficios del Seguro Social a los trabajadores asalariados del campo, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades, las condiciones sociales y económicas del país y las propias de las distintas regiones.

"En igual forma se procederá en los casos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios."

"Artículo 17. En los decretos a que se refieren los artículos 13 y 16 de esta ley se determinará:

"I. La fecha de implantación y circunscripción territorial que comprende;

"II. Las prestaciones que se otorgarán;

"III. Las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados;

"IV. La contribución a cargo del Gobierno Federal;

"V. Los procedimientos de inscripción y los de cobro de las cuotas; y

"VI. Las demás modalidades que se requieran conforme a esta ley y sus reglamentos."

En términos de las disposiciones legales de referencia, queda claro que al realizarse mediante decretos presidenciales la incorporación obligatoria al régimen de seguridad social de los trabajadores asalariados del campo en una determinada circunscripción territorial, éstos sólo accedían a las prestaciones que específicamente se consignaban en el propio decreto, en el cual también se fijaban las cuotas a cargo de los sujetos obligados, así como la contribución a cargo del Gobierno Federal y las demás modalidades que se requirieran conforme a la ley y sus reglamentos; decretos que se emitían a propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social y atendiendo a las necesidades y posibilidades de los sujetos asegurados, a las condiciones sociales y económicas del país, y a las propias de las distintas regiones donde se implantaría dicho régimen.

En ese contexto, se originaba un trato diferencial para esa clase de asegurados, en relación con los que siendo también sujetos al régimen obligatorio, el Estado se comprometía a cumplir con los servicios y prestaciones a que tuvieran derecho en términos de lo establecido en la Ley del Seguro Social, misma que fijaba las contribuciones respectivas, mientras que aquéllos, al darse las condiciones necesarias para la emisión del aludido decreto, sólo accedían a determinadas prestaciones y estaban sujetos a las cuotas que se fijaran en cada caso concreto.

Posteriormente, a partir de las reformas efectuadas a la Ley del Seguro Social publicadas el veinte de diciembre de dos mil uno, se establece el régimen obligatorio para los trabajadores eventuales del campo, en términos de su artículo 237 reclamado por las quejosas, el cual establece:

"Artículo 237. Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma, conforme a las modalidades que para el efecto establezcan los reglamentos que correspondan."

Ahora bien, a efecto de establecer si esa disposición es violatoria del principio de legalidad a que aluden las recurrentes, es conveniente transcribir las siguientes disposiciones de la Ley del Seguro Social:

"Artículo 1o. La presente ley es de observancia general en toda la República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés social."

"Artículo 2o. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado."

"Artículo 6o. El Seguro Social comprende:

"I. El régimen obligatorio, y

"II. El régimen voluntario."

"Artículo 7o. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta ley y sus reglamentos."

"Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:

"I. Riesgos de trabajo;

"II. Enfermedades y maternidad;

"III. Invalidez y vida;

"IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y

"V. Guarderías y prestaciones sociales."

"Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

(Reformada, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. ..."

"Artículo 15. Los patrones están obligados a:

(Reformada, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles;

"...

(Reformada, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto;

"IV. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley y los reglamentos que correspondan;

"...

(Reformada, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. ..."

(Reformado, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"Artículo 27. Para los efectos de esta ley, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

"II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;

"III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

"IV. Las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;

"V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;

"VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

"VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

"VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

"IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

"En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización."

"Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva."

"Artículo 29. Para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas:

"I. El mes natural será el periodo de pago de cuotas;

"II. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados, y

"III. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de una semana o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo."

"Artículo 30. Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente:

"I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos;

(Reformada, D.O.F. 20 de diciembre de 2001)

"II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los dos meses inmediatos anteriores y se dividirán entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo, y

"III. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considerará de carácter mixto, por lo que, para los efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19265-0ed69cd5/seguro-social-el-articulo-237-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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