COMPETENCIA ECONÓMICA. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). COMPETENCIA ECONÓMICA. LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN LAS ETAPAS DE INVESTIGACIÓN Y DE AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO PARA INDAGAR LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS SEGUIDO POR LA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA, ASÍ COMO EL OFICIO DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD EMITIDO EN ÉSTA, NO AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS DENUNCIADOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY QUE LA RIGE, SI EN DICHA IMPUGNACIÓN SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS EN QUE AQUÉLLA SE FUNDA. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES OBLIGATORIO AGOTARLO ANTES DE ACUDIR A LAS VÍAS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTES, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS.
AMPARO EN REVISIÓN 519/2006. PROPIMEX, S.A. DE C.V., Y OTROS.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Análisis de los agravios. El tercer agravio resulta infundado por lo siguiente:
La lectura en conjunto de los artículos 23, 24, fracción I, 30, 31, primer párrafo y 33 de la Ley Federal de Competencia Económica, así como 23, fracción I, 25, fracción I, 27, párrafo primero, 30 y 31 de su reglamento, permite advertir que el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas, seguido por la Comisión Federal de Competencia, se compone de tres grandes etapas, a saber:
La primera, de carácter inquisitorio, tendente a recabar medios de prueba que permitan suponer la existencia, a nivel presuntivo, de actos o prácticas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica y concluye con el oficio de presunta responsabilidad.
La segunda etapa inicia precisamente con las imputaciones consignadas en el oficio de presunta responsabilidad, en el que se especifica: a) cuáles son las conductas monopólicas o prohibidas observadas en la fase anterior (concretando y precisando los hechos circunstancias de realización y normas violentadas) y, b) quién es el presunto infractor (exponiendo las razones de la presunta responsabilidad e imputación) y ordenando su emplazamiento para que aquél, en un término no mayor a treinta días, comparezca a manifestar lo que a su interés convenga y exhibir las pruebas pertinentes. A continuación, la comisión fijará un plazo no mayor a treinta días naturales para formular alegatos; hecho lo cual, la autoridad deberá dictar una resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes.
Esta última fase es un procedimiento seguido en forma de juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues en él la Comisión Federal de Competencia despliega los actos necesarios para dictar una resolución definitiva en relación con las prácticas monopólicas investigadas, respetando las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de defensa, dando al presunto infractor la oportunidad de alegar y probar a su favor.
La tercera, inicia después de dictada la resolución que pone fin a la segunda etapa, cuyo objeto es revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, procediendo únicamente contra las que pongan fin a un procedimiento o que tenga por no presentada una denuncia o por no notificada una concentración.
En cuanto a los artículos 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, estos prevén que:
"Artículo 23. De conformidad con el capítulo V de la ley, la comisión iniciará una investigación cuando tenga conocimiento de hechos de los cuales pueda deducir la probable existencia de:
"I. Prácticas monopólicas;
"II. Concentraciones prohibidas a que se refiere el artículo 16 de la ley, incluso aquellas que hayan obtenido resolución favorable con base en información falsa, o
"III. El incumplimiento de la obligación de realizar la notificación en términos del artículo 20 de la ley.
"En los casos de las fracciones I y II el procedimiento se iniciará de oficio con la emisión del acuerdo respectivo o a petición de parte con la presentación de una denuncia. Para el caso de la fracción III, dicho procedimiento sólo se iniciará de oficio."
"Artículo 24. La denuncia a que se refiere el artículo 32 de la ley, deberá contener:
"I. Nombre, denominación o razón social del denunciante;
"II. Nombre del representante legal en su caso, y copia simple de los documentos que acrediten su personalidad, domicilio para oír y recibir notificaciones y personas autorizadas para tales efectos, así como los datos que permitan su pronta localización;
"III. Nombre, denominación o razón social y, en caso de conocerlo, el domicilio del denunciado;
"IV. Descripción de los hechos materia de la práctica monopólica o la concentración prohibida;
"V. En el caso de prácticas monopólicas relativas y concentraciones prohibidas, los elementos que permitan definir el mercado relevante y determinar el poder sustancial del denunciado en dicho mercado y, en caso de conocerlo, la identificación de los agentes económicos relacionados en el mercado relevante;
"VI. En el caso de prácticas monopólicas relativas, los elementos por los que considere que sea o pueda ser desplazado indebidamente del mercado relevante o de otros mercados, o que el acceso a dichos mercados le sea o pueda ser sustancialmente impedido, o que pueda ser afectado por el otorgamiento de ventajas exclusivas;
"VII. En el caso de concentraciones, se debe acreditar que produce o pretende producir bienes o prestar servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados a los que produzcan o presten los agentes económicos que hayan realizado la concentración correspondiente o ser cliente, consumidor o proveedor del mercado relevante;
"VIII. En su caso, los elementos que demuestren que ha sufrido o pueda sufrir un daño o perjuicio, para efectos del artículo 38 de la ley;
"IX. En su caso, los elementos que permitan determinar la falsedad de la información con base en la cual la comisión hubiere aprobado una concentración;
"X. Los datos que, de ser posible, permitan identificar a otros agentes económicos que pudiesen resultar afectados por la práctica monopólica o concentración prohibida;
"Relación de los documentos que acompañen a su denuncia y los elementos de convicción que ofrezca, relacionados de manera precisa con los hechos denunciados, y
"XII. Los demás elementos que el denunciante estime pertinentes y, en caso de no tenerlos a su disposición, indicar el lugar o archivo en el que se encuentren, para que la comisión provea lo conducente.
"Deberá presentarse copia de la denuncia y de los demás documentos que se acompañen a la misma para cada uno de los denunciados."
"Artículo 25. Dentro de los diez días siguientes a aquel en que se reciba la denuncia por la oficialía de partes, se deberá dictar un acuerdo que:
"I. Ordene el inicio de la investigación;
"II. Deseche la denuncia parcial o totalmente por ser notoriamente improcedente, o
"III. Prevenga por una sola vez al denunciante, cuando en su escrito se omitan los requisitos previstos en la ley o en este reglamento, para que la aclare o complete dentro de un plazo no mayor a quince días, mismo que podrá ampliar la comisión por un término igual, en casos debidamente justificados. Desahogada la prevención se deberá dictar dentro de los cinco días siguientes el acuerdo que corresponda. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención o sin que se cumpla con los requisitos se tendrá por no presentada la denuncia. La resolución de la comisión que tenga por no presentada la denuncia se deberá notificar al denunciante dentro de los cinco días siguientes a aquel en que haya vencido el plazo para el desahogo de la prevención.
"Si no se emite acuerdo alguno dentro de los plazos antes señalados se tendrá por iniciada la investigación correspondiente."
"Artículo 26. La comisión desechará la denuncia por notoriamente improcedente, cuando:
"I. Los hechos denunciados no estén previstos en la ley como prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas;
"II. Los hechos y condiciones en el mercado relevante que se indiquen, hayan sido materia de una resolución en términos del artículo 33 de la ley;
"III. Esté pendiente un procedimiento ante la comisión referente a los mismos hechos, después de realizado el emplazamiento al presunto responsable;
"IV. Se encuentre en trámite un procedimiento de notificación de una concentración que no se haya realizado. En este caso la comisión tomará en consideración los elementos que se aporten en la denuncia para resolver la concentración notificada; sin embargo, el denunciante no tendrá acceso a la documentación relativa a dicha concentración ni a impugnar el procedimiento, y
"V. Los hechos denunciados no sean de realización inminente."
Los preceptos citados establecen: a) el inicio de una investigación, por los hechos de los que se pueda deducir la probable existencia de prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas por la ley, etcétera; b) los requisitos que deben contener las denuncias; c) la actuación de la autoridad frente a la interposición de una denuncia por posibles prácticas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica; y, d) los supuestos en que procede desechar las denuncias.
En este sentido, el proveído que recaiga a la presentación de una denuncia ante la comisión genera una situación que aun no puede trascender en la esfera jurídica de los agentes económicos denunciados, cuando es admitida aquélla, dado que su aceptación constituye tan solo el inicio de una fase investigatoria en la que no existe aún la identificación de los hechos y normas cuya violación pueda constituir una probable infracción, ni está determinado e identificado plenamente el sujeto a quien deberá oírsele en defensa como probable responsable de una infracción a la ley, es decir, se encuentra en la primera etapa de las tres en que se divide el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas seguido por la Comisión Federal de Competencia, que antes se ha precisado (tendiente a recabar medios de prueba que permitan suponer la existencia, a nivel presuntivo, de actos o prácticas prohibidas por la Ley Federal de Competencia Económica).
Luego entonces, si los artículos que se tildan de inconstitucionales del Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, regulan la primera fase del procedimiento de investigación, que se ha precisado en párrafos anteriores, debe decirse que no son per se, dichos preceptos legales los que le causan una afectación a los agentes económicos, que eventualmente podrían formar parte del procedimiento como presuntos responsables de prácticas monopólicas, puesto que la admisión de la denuncia no constituye ni siquiera un indicio o pronunciamiento de presunta responsabilidad de sujeto alguno, dado que la intervención de las quejosas en el procedimiento administrativo como agentes económicos es resultado directo de la determinación de la autoridad de atribuirles la probable realización de prácticas monopólicas relativas en el oficio de presunta responsabilidad y no por el sólo acuerdo de trámite recaído a las denuncias presentadas.
DÉCIMO. En cambio, son esencialmente fundados los agravios primero y segundo expresados que se estudian en su conjunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
El Juez de Distrito en la sentencia recurrida, determinó sobreseer en el juicio de garantías, entre otros motivos con apoyo en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y al efecto manifestó que en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, es atribución del Congreso de la Unión expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Que por otra parte, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expedida con base en el citado artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, en su artículo 11, fracciones III y XIV, establece que el mencionado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra de las resoluciones definitivas señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal.
En consecuencia, señala el a quo, si el acto reclamado consiste en la resolución de diecisiete de noviembre dos mil cinco, dictada por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia en el expediente número RA-12-2005, en la cual se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa, entonces es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La determinación anterior este tribunal la estima desafortunada, en virtud de las consideraciones siguientes:
Es criterio de este tribunal que el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional otorga a los tribunales contencioso administrativos una competencia amplia, sin acotarla a alguna materia o circunstancia en particular, pues la única limitante que señala es que estos órganos jurisdiccionales dirimirán las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; a fin de corroborar lo anterior, resulta conveniente transcribir dicho numeral.
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones ..."
De la interpretación literal y teleológica del precepto supracitado, se colige que los tribunales contencioso administrativos están dotados de autonomía para dictar sus fallos y tienen como finalidad dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares, sin que el numeral restrinja, delimite o acote dicha facultad, razón por la cual, debe entenderse que su competencia es amplia en tanto resuelva controversias entre los particulares y los entes gubernamentales, numeral constitucional cuyo alcance y contenido se extiende y permea a las reglas competenciales de su ley orgánica en razón del principio de supremacía constitucional, ya sea que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa actúe como órgano jurisdiccional de mera anulación o de plena jurisdicción.
En efecto, la competencia del citado tribunal debe ser entendida de forma amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, de manera que se haga efectivo el derecho fundamental a la impartición de justicia por tribunales de forma pronta, completa e imparcial, sin que sea óbice lo que normas secundarias puedan señalar, pues son derrotadas por el mandato constitucional que establece una competencia amplia del citado tribunal.
El criterio referido se encuentra contenido en la tesis que a continuación se transcribe:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUENTA CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES CONSTITUCIONALES PARA EMITIR SUS FALLOS, NO OBSTANTE LO QUE SEÑALEN LAS LEYES SECUNDARIAS, YA SEA QUE ACTÚE COMO TRIBUNAL DE MERA ANULACIÓN O DE PLENA JURISDICCIÓN. De la interpretación literal y teleológica del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal se colige que los tribunales de lo contencioso administrativo están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y tienen a su cargo dirimir cualquier controversia que se suscite entre la administración pública federal y los particulares, sin restringir, delimitar o acotar tal facultad. Es así que el alcance y contenido irrestricto de las facultades se extiende a las reglas competenciales concretas de su ley orgánica en razón del principio de supremacía constitucional, ya sea que actúen como órganos jurisdiccionales de mera anulación o de plena jurisdicción. Efectivamente, la competencia de dichos tribunales, entre ellos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe ser entendida en la forma más amplia y genérica para no desproteger sino privilegiar la garantía de acceso a la justicia consagrada en el artículo 17 constitucional, de manera que se haga efectivo el derecho fundamental a la impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial, sin que sea óbice lo que las normas secundarias puedan señalar, pues son derrotadas por el mandato constitucional."(3)
Refuerza la consideración anterior la fracción XV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dispone:
"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación
"XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del tribunal."
Ello porque el legislador no quiso restringir o acotar con las fracciones precedentes, como lista cerrada, la competencia que a dicho tribunal pudiera corresponder, por el contrario dejó abierta la posibilidad de una competencia residual y complementaria, reconociendo cualquier facultad o atribución prevista en otras leyes o en la propia Constitución.
Aunado a lo anterior, debe atenderse al hecho de que según los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es actualmente un tribunal de plena jurisdicción, y no sólo de simple anulación, por lo que es evidente que cuenta con plenas facultades para emitir una sentencia que defina, establezca y declare cuáles son los derechos subjetivos y, eventualmente, pueda condenar a las partes en el conflicto, tal como lo establece el artículo 239, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
Es aplicable a la anterior consideración, el criterio de este tribunal del tenor siguiente:
"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. MODELO DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MIXTO. El Código Fiscal de la Federación actualmente adopta un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, a saber: a) Objetivo o de mera anulación; y, b) Subjetivo o de plena jurisdicción. El primero tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, esto es, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad. En el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, teniendo la sentencia el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del inconforme y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, en estos casos será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado."(4)
Igualmente es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 41/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"SENTENCIA DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO OCASIONA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN ACATAMIENTO DE ELLA. Conforme a las jurisprudencias 44/98 y 45/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que llevan por rubros ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, OTORGA AL TRIBUNAL FISCAL PARA DETERMINARLAS, PRESERVA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’ y ‘SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.’, nuestro modelo de jurisdicción contencioso administrativo es mixto, pues dada la especial y heterogénea jurisdicción de que está dotado legalmente el Tribunal Fiscal de la Federación, en relación a ciertos actos sólo actuará como tribunal de mera anulación al tener como finalidad la de controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo y, en cuanto a otros actos, como de plena jurisdicción para reparar el derecho subjetivo lesionado, siendo el alcance de la sentencia de nulidad no sólo el de anular el acto sino también el de fijar los derechos del recurrente, condenando a la administración a su restablecimiento, por lo que para determinar cuándo una sentencia de nulidad debe ser para efectos es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, en el que el orden jurídico exige de la autoridad la reparación de la violación detectada que no se colma con la simple declaración de nulidad de la autoridad, sino que requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del administrado, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional en la que el tribunal no puede sustituir a la autoridad en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes. De las anteriores determinaciones se desprende que el cumplimiento fuera del término legal de cuatro meses previsto en el artículo 239, antepenúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que realice la autoridad administrativa de la sentencia de nulidad para efectos no puede ocasionar la ilegalidad de la resolución en que tal sentencia se acate, concretamente la causal de ilegalidad prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal Federal por haberse dejado de aplicar las disposiciones legales debidas, porque ello contrariaría el fin perseguido por el legislador al atribuir al Tribunal Fiscal plena jurisdicción para tutelar el derecho subjetivo del administrado en los casos en que la nulidad lisa y llana sea insuficiente para restaurar el orden jurídico violado, afectándose al administrado por una actuación que le es ajena y dejándose al arbitrio de la autoridad administrativa el cumplimiento de la sentencia mediante su decisión de cumplir dentro del plazo legal o fuera de él, pues a través de la ilegalidad de la resolución con la que diera cumplimiento podría evadir la reparación de la resolución cometida. Corrobora lo anterior el que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y seis, se haya modificado el anterior artículo 239-Ter que pasó a ser 239-B, del Código Fiscal para establecerse como supuesto de procedencia del recurso de queja, la omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad si transcurrió el plazo legal, caso en el cual si la Sala resuelve que hubo omisión total concederá al funcionario responsable veinte días para que dé cumplimiento al fallo, procediendo también a imponerle una multa equivalente a quince días de su salario y a notificar a su superior para que proceda jerárquicamente, pues carecería de sentido que se otorgara un término de veinte días a la autoridad para que diera cumplimiento a la sentencia de nulidad para efectos, si se considerara que la resolución relativa estaría afectada de ilegalidad, independientemente de la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir la autoridad demandada."(5)
De las tesis transcritas se desprende que el Código Fiscal de la Federación y más recientemente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualmente adoptan para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un modelo de jurisdicción contencioso administrativo mixto, consistiendo éste en: a) objetivo o de mera anulación; y, b) subjetivo o de plena jurisdicción.
Al respecto, cabe manifestar que el primer modelo tiene la finalidad de controlar la legalidad del acto y restablecer el orden jurídico violado, teniendo como propósito tutelar el derecho objetivo, es decir, su fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad; y en el segundo modelo, el tribunal está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, caso en el cual la sentencia tiene el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar el contenido y alcance de los derechos del inconforme y condenar a la administración o incluso a un tercero a restablecer y hacer efectivos tales derechos; es decir, en estos casos, será materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar y condenarla, en su caso, al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado, lo cual no significa una sustitución de facultades propias e inherentes de la autoridad administrativa demandada, ya que la facultad conferida actualmente al tribunal de referencia establece que previa la declaratoria de nulidad deberá pronunciarse sobre la existencia del derecho subjetivo y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula al demandado a un dar, hacer o no hacer, de tal suerte que se restablezca el equilibrio jurídico violado.
Por lo anterior y siguiendo las consideraciones propuestas en líneas anteriores, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es tan sólo un tribunal de simple o mera anulación, sino que cuenta con plena jurisdicción para emitir una sentencia que dilucide la existencia y contenido de los derechos subjetivos en disputa y, en este orden de ideas, si el acto impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es de carácter administrativo y, por lo mismo, puede conceptuarse como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa, entendido también como una resolución administrativa que se pronuncia respecto de un derecho subjetivo que luego es ventilado y discutido en el juicio contencioso administrativo, es evidente e indiscutible que el tribunal revisor debe evaluar el mérito de tal decisión como acto de voluntad que es, asumida por la Comisión Federal de Competencia, calificando su legalidad y la justificación pertinente.
En ese tenor, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está facultado para analizar si fue legal o no la determinación adoptada en el recurso de reconsideración, previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica y, en consecuencia, dicho tribunal tiene competencia para ello, por lo que, en principio, debe agotarse el principio de definitividad antes de promover el juicio de garantías.
En este orden de ideas, es criterio de este órgano colegiado considerar que la resolución al recurso de reconsideración no pueda presumirse como una resolución definitiva, ya que ésta es susceptible de ser modificada, revocada o nulificada ante la promoción del juicio contencioso administrativo, pues sólo ante el fallo en dicha instancia la controversia administrativa en estudio, podrá adquirir el carácter de definitiva para efecto de la promoción del juicio de garantías.
No obstante lo anterior, en el caso existe una excepción al citado principio de definitividad, puesto que la parte afectada por la resolución emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia, reclama en la demanda de amparo, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento, aspectos cuyo análisis es facultad reservada, como única y exclusiva, al Poder Judicial de la Federación conforme al sistema de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 103 y 107, fracciones VII, VIII y IX, lo que excluye a otros órganos jurisdiccionales de esa competencia, dentro de los que se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que éste sólo puede llegar a la conclusión de que determinado acto administrativo o fiscal es indirectamente inconstitucional porque exista una causal de ilegalidad y en los casos de excepción siguientes:
a) que la interpretación constitucional de los preceptos impugnados haya sido establecida previamente por los tribunales de amparo en tesis jurisprudencial, en cuyo caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, el tribunal está obligado a acatarla, pero tal cumplimiento no implica en modo alguno interpretación constitucional, ya que únicamente se trata de la aplicación de la jurisprudencia, pues no está determinando motu proprio el alcance del precepto legal que se tilda como contraventor de la Carta Magna, sino que únicamente cumple con la obligación de acatar la jurisprudencia, lo que deriva en un aspecto de legalidad; lo anterior, siempre y cuando el criterio de la jurisprudencia sea aplicable exactamente al caso de que se trata, sin requerir de mayor estudio o de la expresión de diversos argumentos que los contenidos en la tesis relativa, pues, en tal caso, ya se está frente al análisis constitucional de la ley o artículo, impugnados; y,
b) cuando el análisis constitucional sea en relación a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, pero únicamente refiriéndose a las violaciones procedimentales o formales, pues tal aspecto está permitido en el artículo 238, fracciones II y III, del Código Fiscal de la Federación y 51 de la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como una facultad ordinaria conferida al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el propósito fundamental de controlar la legalidad de los actos administrativos.
En este orden de ideas, al actualizarse la excepción al principio de definitividad contemplado en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no resulta aplicable, en el caso particular, el criterio de este tribunal que citó el juzgador para sustentar la improcedencia del juicio, puesto que aquél se refiere, exclusivamente, a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando la pretensión deducida comprenda sólo aspectos de mera legalidad, o bien, cuando la interpretación constitucional de los preceptos impugnados haya sido establecida pre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20121-e6fe55cb/competencia-economica-etapas-del-procedimiento-de-investigacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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