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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS AGRAVIOS QUE NO ESTÉN ENCAMINADOS A DESVIRTUAR LAS CONSIDERACIONES DEL ACUERDO RECURRIDO DEBEN DESESTIMARSE. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA CONTRA RESOLUCIONES JURISDICCIONALES DE UN TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL (ACTOS EMITIDOS DENTRO DE UN JUICIO ELECTORAL LABORAL EN EL QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO ORDENA LA REINSTALACIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL RESPECTIVO).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 48/2014-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2014. · Registro digital (IUS): 200024
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Décima Época. Pleno. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 48/2014-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 84/2014. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 29 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: ARTURO MEZA CHÁVEZ.

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de octubre de dos mil catorce, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 48/2014-CA interpuesto por **********, en su carácter de Gobernador del Estado de Guerrero, en contra del auto de primero de septiembre de dos mil catorce dictado por el Ministro Instructor dentro del expediente de controversia constitucional 84/2014.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en verificar si el acuerdo emitido por el Ministro Instructor, en el cual se determinó desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de controversia constitucional, es legal.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. A partir de las documentales que el Gobernador del Estado de Guerrero acompañó a su demanda de controversia constitucional(1) se advierte que el nueve de febrero de dos mil seis, **********, **********, **********, ********** y **********interpusieron demanda ordinaria laboral en contra del Consejo Estatal Electoral del Estado de Guerrero(2) ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, la cual se radicó bajo el expediente **********.

2. El tres de abril de dos mil seis, la Junta laboral emitió un acuerdo en el que determinó declinar su competencia a favor del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, órgano que aceptó la referida competencia, registró el asunto bajo el número de expediente **********y mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil seis determinó desechar la demanda interpuesta en razón de haber transcurrido el plazo de quince días que tenían los actores para ejercitar sus derechos laborales, de conformidad con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.

3. En contra del auto que desechó la demanda, los demandantes promovieron juicio de amparo indirecto que fue radicado bajo el número **********y resuelto por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero en el sentido de conceder el amparo a ********** para efecto de que el Tribunal Electoral aludido dejara insubsistente el auto de veinticinco de septiembre de dos mil seis y previniera a la quejosa para adecuar y subsanar su demanda; en cuanto a los demás quejosos se declaró incompetente por considerar que el acto reclamado constituía una resolución que ponía fin al juicio, por lo que ordenó remitir las constancias al Tribunal Colegiado competente.

4. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito aceptó la competencia declinada, radicó la demanda de amparo con el número **********y por sentencia de cinco de julio de dos mil siete concedió el amparo a los quejosos en el sentido de revocar el auto que desechó la demanda laboral.

5. En cumplimiento a las anteriores ejecutorias, el dos de agosto de dos mil siete, el Tribunal Electoral del Estado tuvo por presentada en tiempo la demanda interpuesta por los demandantes y los previno para que dentro del término de tres días hábiles a su notificación adecuaran su demanda con el apercibimiento de que de no hacerlo se les tendría por perdido ese derecho.

6. Después de diversos amparos promovidos durante la tramitación de las etapas del procedimiento legal, el veintiséis de septiembre de dos mil doce, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero dictó sentencia en la que condenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado a reinstalar a los actores en los puestos que desempeñaban por tiempo indefinido, con la retribución actual que erogaba dicho Instituto para esas plazas, así como a pagarles todas y cada una de las prestaciones hasta la ejecución de la sentencia y en caso de negarse la reinstalación, lo condenó a la indemnización constitucional.

7. El veintisiete de agosto de dos mil trece, en la etapa de ejecución de sentencia, la Sala del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero requirió al Instituto electoral el pago de las prestaciones a que fue condenado, por lo que instruyó al actuario de ese órgano jurisdiccional para que realizara la diligencia de requerimiento de pago y embargo correspondiente.

8. En contra de la ejecución del laudo laboral condenatorio, la parte demandada promovió juicio de amparo indirecto, sustanciado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado, y en el que se concedió a la quejosa la suspensión provisional por auto de tres de septiembre de dos mil trece y de forma definitiva a través de audiencia incidental de diez del mismo mes y año.

9. Por su parte los trabajadores actores promovieron juicio de amparo indirecto, que conoció el mismo Juzgado de Distrito, el cual mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil trece determinó que los Consejeros Electorales no podían ser considerados como autoridades responsables sino como terceros interesados y por lo tanto aquel carácter correspondía al Instituto, a quien ordenó emplazar.

10. Inconformes con dicha determinación, los quejosos interpusieron recurso de queja el cual fue remitido al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno con residencia en Acapulco, Guerrero.

11. El Gobernador del Estado de Guerrero tuvo conocimiento de dicha situación mediante oficio número ********** de veintiuno de agosto de dos mil catorce, suscrito por el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero con el que acompañó copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral respectivo.

12. Demanda y trámite de la controversia constitucional. Con fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, ********** presentó demanda de controversia constitucional en contra de las autoridades y actos siguientes:

1. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, reclamó la invalidez del auto de radicación de la demanda de diez de febrero de dos mil seis y actuaciones posteriores emitidas en el expediente laboral **********mediante el cual admitió a trámite la demanda laboral presentada por diversos trabajadores en contra del Consejo Estatal Electoral del Estado de Guerrero, por invadir la esfera de competencias del Tribunal Electoral de dicha entidad federativa.

2. Del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, reclamó la invalidez del auto de radicación de la demanda de veinte de abril de dos mil seis y actuaciones posteriores emitidas en el expediente **********, por admitir a trámite demanda presentada ante instancia incompetente y por carecer de competencia para conocer de demandas de carácter laboral que no se presenten directamente ante el propio Tribunal Electoral del Estado; así como por admitir la demanda presentada fuera del término y porque no se desahogaron de manera previa los requisitos de procedibilidad establecidos en la ley.(3)

13. Por auto de la misma fecha, el Presidente de este Alto Tribunal, registró la demanda de controversia constitucional bajo el número de expediente 84/2014 y ordenó turnarla al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

14. Mediante acuerdo de primero de septiembre de dos mil catorce, el Ministro Instructor determinó desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Gobernador del Estado de Guerrero, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Federal.

II. TRÁMITE DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN

15. A través de escrito presentado el diez de septiembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, Gobernador del Estado de Guerrero, presentó recurso de reclamación,(4) el cual fue admitido mediante acuerdo de once del mismo mes y año,(5) por el Presidente de este Máximo Tribunal, en el que se ordenó su remisión para el estudio y elaboración del proyecto de resolución al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Por acuerdo de primero de octubre de dos mil catorce,(6) la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto.

III. COMPETENCIA

16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación derivado de la controversia constitucional 84/2014, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Punto Tercero, en relación con el Punto Segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que el recurso de reclamación no se ubica en los supuestos de los asuntos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Pleno.

IV. PROCEDENCIA

17. El presente recurso de reclamación es procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 51, fracción I,(7) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, ya que se interpuso en contra del auto del Ministro instructor que desechó la demanda de la controversia constitucional 84/2014.

V. OPORTUNIDAD

18. En términos del artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia, el recurso debe interponerse en un plazo de cinco días.(8)

19. El recurrente quedó notificado del acuerdo impugnado el día tres de septiembre de dos mil catorce,(9) por lo que esa notificación surtió sus efectos al día hábil siguiente; es decir, el cuatro del mismo mes y año.

20. Por lo tanto, el término para interponer el presente recurso transcurrió del cinco al once de septiembre del año en curso, sin contar en dicho cómputo los días seis y siete del mismo mes y año por ser inhábiles de conformidad con los artículos 3, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación así como Acuerdo General 18/2013 emitido por el Pleno de este Alto Tribunal.

21. En tal virtud, si el recurso se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diez de septiembre de dos mil catorce,(10) su presentación resulta oportuna.

VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

22. Auto recurrido. El auto de primero de septiembre de dos mil catorce emitido por el Ministro Instructor, que desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda presentada en la controversia constitucional 84/2014, en su parte sustancial señala lo siguiente:

[...]

Cuarto.- En el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar de plano la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifestó e indudable de improcedencia, la desechará de plano".

Del análisis integral de la demanda y sus anexos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, del citado precepto constitucional.

El artículo 19 del citado establece que la improcedencia de la controversia constitucional puede resultar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé el artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que rigen este medio de control constitucional, de conformidad con la tesis P. LXIX/2004, cuyo rubro y datos de identificación son los siguientes:

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, correspondiente al mes de junio de dos mil ocho, página novecientos cuarenta y cinco, registro 169528).

En la controversia constitucional se impugna el: "auto de radicación de la demanda" de diez de febrero de dos mil seis, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Guerrero, en el expediente **********, la cual se declaró incompetente para conocer de la demanda laboral el tres de abril de dicho año y envió el asunto al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Asimismo, en la controversia constitucional se impugna el "auto de radicación de la demanda" de veinte de abril de dos mil seis, y las actuaciones posteriores de dicho Tribunal Electoral, emitidas en el expediente **********, cuyo órgano jurisdiccional asumió la competencia para conocer del Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto Electoral del Estado y Tribunal Electoral del Estado y sus Respectivos Servidores.

Dichas actuaciones se refieren al inicio del juicio laboral ya concluido mediante laudo firme que fue materia de diversos juicios de amparo, por lo que no son susceptibles de impugnación en esta controversia constitucional, en virtud de que no se trata de un conflicto competencial entre entes legitimados en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, lo que el promovente impugna son decisiones jurisdiccionales emitidas por las autoridades demandadas con motivo de un conflicto laboral sometido a su jurisdicción, las cuales no son susceptibles de impugnación a través de una controversia constitucional, en virtud de que se haría de esta vía un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, y ello es inadmisible jurídicamente, de conformidad con la jurisprudencia número P./J. 117/2000, cuyo rubro es el siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓJNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES."

(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, correspondiente a octubre de dos mil, página ochenta y ocho.)

El anterior criterio constituye una regla general de improcedencia de la controversia constitucional tratándose de resoluciones jurisdiccionales, inclusive respecto de sus actos de ejecución, la cual admite excepciones pero sólo en el caso de que la cuestión efectivamente planteada se refiera a la vulneración del ámbito competencial o esfera de atribuciones de un ente legitimado, en términos del artículo 105, fracción I, constitucional, de conformidad con la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2008 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AÚN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, febrero de dos mil ocho, página mil ochocientos quince, registro: 170355).

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que la controversia constitucional no es la vía idónea para controvertir resoluciones jurisdiccionales dictadas por tribunales judiciales o administrativos, incluso en los casos en que se aduzcan violaciones a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dichos tribunales al dirimir conflictos que han sido sometidos a su conocimiento resuelven una contienda entre partes, en la que por regla general no se cuestiona la competencia del órgano para conocer del asunto, de ahí que en esta vía no puede plantearse la invalidez de una resolución jurisdiccional.

Así, el único supuesto de excepción para la procedencia de la controversia constitucional cuando se impugnan resoluciones jurisdiccionales es que se controvierta la facultad originaria del órgano demandado para conocer del procedimiento o juicio de origen y que como consecuencia de ello se genere una invasión a la esfera competencial del órgano promovente en la controversia constitucional, lo que en el caso no ocurre, pues lo que en realidad cuestiona el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, no es la competencia del Tribunal Electoral del Estado que conoció y resolvió en definitiva el juicio laboral de que se trata, sino que impugna las resoluciones iniciales de radicación del juicio "...por admitir a trámite la demanda presentada ante instancia incompetente y por carecer de competencia para conocer de demandas de carácter laboral que no se presenten directamente ante el propio Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; por admitir demanda presentada fuera del término de ley, ...", de donde se sigue que el promovente cuestiona la admisión de la demanda laboral que inicialmente se presentó ante una autoridad incompetente (Junta Local de Conciliación y Arbitraje) al considerar que se presentó fuera del plazo legal ante el citado Tribunal Electoral; sin embargo, esos aspectos fueron dilucidados en forma definitiva mediante la sustanciación del juicio natural, en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo **********, concedió el amparo a los actores para el efecto de que se dejara insubsistente el auto de veinticinco de septiembre de dos mil seis, que había desechado la demanda laboral y, en su lugar se dictara otro en el que se admitiera dicha demanda.

Por tanto, los presupuesto procesales de competencia de la autoridad jurisdiccional y de oportunidad de la demanda de laboral constituyen cosa juzgada en la vía de amparo; y el Poder Ejecutivo estatal no puede impugnarlos en la vía de controversia constitucional, con motivo de la ejecución de laudo definitivo, aunque alegue cuestiones constitucionales, porque en realidad sus planteamientos jurídicos contenidos en los conceptos de invalidez versan sobre la conducta procesal de los actores que inicialmente presentaron su demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; asimismo, cuestiona las resoluciones jurisdiccionales intermedias por su contenido y alcance, al considerar que la demanda laboral era extemporánea. Por tanto, será la propia autoridad que conoce del juicio natural la que determine conforme a su competencia y atribuciones, la forma y términos en que debe exigirse el cumplimiento del laudo y las autoridades vinculadas a su cumplimiento, cuyos aspectos de ejecución deben dilucidarse en la vía ordinaria y, en su caso, conforme a lo que se resuelva en los juicios de amparo acumulados promovidos por las partes en contra de diversos autos de ejecución del laudo.

En relación con lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal sustentó el criterio contenido en la tesis jurisprudencial 7/2012, de rubro, teto y datos de identificación, siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA"

[...]

Por las razones expuestas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Federal, la cual es notoria y manifiesta, en virtud de que se refiere a una cuestión de derecho; y aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible llegar a una conclusión diversa,

[...]

23. Agravios del recurso de reclamación. En su escrito, el recurrente argumentó en síntesis lo siguiente:

a) Señala que causa agravio al Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero el acuerdo emitido por el Ministro Instructor en el que desechó de plano la demanda de controversia constitucional interpuesta por dicho órgano, puesto que la causal de improcedencia innominada a que se refiere el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal debe estar prevista en la propia ley o en todo caso en la Constitución de conformidad con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA AMTERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", sin que en el caso el Ministro Instructor hubiera referido en que parte o artículos de dichos ordenamientos se desprendía el supuesto que se ajustara a la fracción VIII del referido artículo 19.

b) Considera que de acuerdo con los principios fundamentales que rigen la controversia constitucional ni el Ministro Instructor o el Pleno de la Suprema Corte pueden resolver lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda tomando en cuenta sólo parte del contenido de la controversia que se plantea, sino que en todas las etapas del procedimiento debe analizarse la cuestión propuesta en su integridad, derivada de todo el contenido de la demanda así como de los conceptos de invalidez que se hagan valer.

c) Estima que de conformidad con el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de la materia, los acuerdos de trámite que se dicten en los juicios de controversia constitucional deben de contener, entre otras cosas, los fundamentos legales en que se apoyen para admitir o desechar la demanda y para que esto pueda hacerse debe de analizarse previamente en su conjunto la demanda y las cuestiones propuestas en los conceptos de invalidez.

d) Indica que en el escrito inicial de demanda, precisamente en el apartado IV, literalmente estableció que los actos cuya invalidez demandaba consistían en la invasión de la esfera de competencia tanto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

e) Aduce que si bien por regla general la controversia constitucional resulta improcedente en contra de actos jurisdiccionales, lo cierto es que existen ciertas excepciones en las cuales lo que se plantea es la contravención a disposiciones fundamentales por invasión o transgresión de los ámbitos competenciales que dichas disposiciones establecen en favor de cada uno de los respectivos niveles de gobierno, de ahí que lo planteado en la presente controversia constitucional encuadre dentro de los casos de excepción, pues se plantea en contra de los actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Guerrero.

f) Precisa que no existe disposición legal alguna que establezca la improcedencia de la controversia planteada por un órgano originario del Estado en contra de órganos no originarios por invasión de esferas de competencia, aun cuando ese órgano originario no sea parte contendiente, siempre que se afecte su esfera competencial, lo cual acontece en el caso en concreto, puesto que no se impugnan consideraciones de fondo emitidas por el órgano laboral y el electoral, sino que se impugnan precisamente temas competenciales.

g) Explica que de conformidad con el artículo 134, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Guerrero los conflictos laborales entre el antes Consejo Estatal Electoral del Estado y sus trabajadores se rige por un régimen jurídico laboral especial, de tal forma que sólo le son aplicables las reglas establecidas por el artículo 123, apartados A y B de la Constitución Federal así como sus leyes reglamentarias cuando no contravengan el contenido de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado y la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.

h) Argumenta que su interés jurídico para promover la controversia constitucional tiene sustento en los artículos 91, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, ya que no basta que exista una resolución de una autoridad específica para que ipso facto, el Gobierno del Estado de Guerrero deba cubrir las cantidades a que se contraiga la resolución que obligue a pagar algún pasivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, cuando éste carezca de recursos económicos para cubrir tal contingencia, sino que se debe de hacer frente al pago correspondiente siempre y cuando la resolución se encuentre apegada a la ley, pues el titular del Ejecutivo tiene que hacer que prevalezca tanto la Constitución Federal como la Estatal y las leyes que de ella emanen, máxime si la resolución deriva de la invasión de esferas de competencia o si fue pronunciada por autoridades incompetentes, porque ante tales extremos no se configura la responsabilidad a que se contrae el último párrafo del artículo 113 de la Constitución Federal.

VII. ESTUDIO DE FONDO

24. El presente asunto se constriñe a analizar si el recurrente logra desvirtuar, con sus agravios, la determinación del Ministro Instructor relativa al desechamiento de plano de su demanda de controversia constitucional.

25. En este sentido, cabe puntualizar que por cuestión de método estudiaremos los agravios del recurrente en orden diverso al planteado en su escrito respectivo.

26. Así, estimamos que los agravios sintetizados en los incisos g) y h) del apartado anterior no son susceptibles de ser estudiados y por tanto deben desestimarse en tanto que con ellos no se busca evidenciar la ilegalidad del acuerdo impugnado.

27. En efecto, en dichos agravios el recurrente sostiene por una parte que existe un régimen jurídico especial para resolver los conflictos laborales que surjan entre el órgano administrativo electoral y sus trabajadores a quienes de manera excepcional se les deben de aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 123 apartado A y B de la Constitución Federal y sus correspondientes leyes reglamentarias; y por otra parte, aduce que su interés jurídico para promover la controversia radica en la obligación que tiene el poder ejecutivo estatal para cubrir los gastos a que fue condenado el organismo electoral cuando éste no tiene recursos económicos, lo cual debe de estar contenido en una resolución apegada a derecho y no producto de una invasión en la esfera de competencias de otra autoridad.

28. De lo anterior se constata que con dichos argumentos el recurrente no impugna las consideraciones del Ministro Instructor para desechar la controversia constitucional planteada al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, pues únicamente se limitó a señalar el régimen jurídico que rige para los trabajadores de un organismo electoral y lo relativo al interés jurídico del Poder Ejecutivo ante su responsabilidad de hacer frente a las obligaciones de dicho órgano electoral cuando éste carezca de recursos económicos.

29. Afirmamos lo anterior pues la materia del presente medio impugnativo consiste únicamente en analizar la legalidad o ilegalidad del acuerdo de trámite recurrido para que, en caso de que haya existido alguna irregularidad se corrija el procedimiento, razón por la cual los agravios que combaten cuestiones ajenas a dicho acuerdo deben desestimarse.

30. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU MATERIA CONSISTE EN ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL ACUERDO RECLAMADO."(11)

31. Ahora bien, en los restantes argumentos resumidos en los incisos del a) al f), el recurrente señala medularmente para efectos de la admisión de la demanda de controversia constitucional que el Ministro Instructor debió de analizar la controversia planteada en su integridad; es decir, todo el contenido de la demanda así como los conceptos de invalidez que hizo valer, de tal forma que pudiera advertirse que precisamente en el apartado IV del escrito inicial de demanda, literalmente había establecido que los actos cuya invalidez demandaba consistían en la invasión de la esfera de competencia tanto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje como del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.

32. Asimismo, aduce que el acuerdo impugnado en el cual se desechó de plano la demanda de controversia constitucional le generó agravio ya que en el mismo no se indicó la parte o artículos de la ley o de la Constitución Federal de los que se desprendía que el supuesto se ajustara a la fracción VIII del referido artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

33. Finalmente, argumenta que si bien por regla general la controversia constitucional resulta improcedente en contra de actos jurisdiccionales, lo cierto es que existen ciertas excepciones en las cuales lo que se plantea es la contravención a disposiciones fundamentales por invasión o transgresión de los ámbitos competenciales, lo que sucedió en el presente caso, pues la controversia se planteó en contra de los actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje así como del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Guerrero, respecto de temas competenciales y no por consideraciones de fondo de sus resoluciones, sin que sea obstáculo que el órgano originario qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200024-eefe0370/i-controversia-constitucional-los-agravios-que-no-esten · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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