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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 83, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA" EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 95, SEGUNDO PÁRRAFO, AMBOS DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2015. · Registro digital (IUS): 200069
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por oficio PGR/465/2015 presentado el veintiocho de septiembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de Procuradora General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez del artículo 83, en su porción normativa 'de manera enunciativa y no limitativa' en relación con el artículo 95, segundo párrafo, ambos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, reformados mediante Decreto 25421/LX/15, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de agosto de dos mil quince.

La promovente señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer un concepto de invalidez en el que expresó las razones por las cuales considera que las normas impugnadas transgreden los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y proporcionalidad de las sanciones aplicables en el derecho administrativo sancionador.

SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil quince, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el asunto con el número de expediente 99/2015 y, por razón de turno, designó al señor Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor en el procedimiento, quien por diverso auto de la misma fecha admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, al rendir sus informes, sostuvieron la validez de las normas impugnadas.

Por su parte, el delegado de la Procuradora General de la República solicitó que se declare procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad en que se actúa y, por tanto, se determine la invalidez del artículo 83, en su porción normativa 'de manera enunciativa y no limitativa' en relación con el artículo 95, segundo párrafo, ambos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco.

TERCERO. Cierre de instrucción. Transcurrido el plazo legal concedido a las partes para que formularan alegatos, mediante proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CUARTO. Radicación en Sala. Dado el sentido del presente fallo, previo dictamen del Ministro Ponente, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó remitir el expediente a esta Segunda Sala para su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal; en relación con el artículo décimo sexto transitorio del Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción II y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece, dado el sentido de la presente resolución.

SEGUNDO. Oportunidad. La demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de las normas impugnadas.

En efecto, el Decreto 25421/LX/15 por el que se reformaran los artículos 83 y 95 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el jueves veintisiete de agosto de dos mil quince, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del viernes veintiocho de ese mes al sábado veintiséis de septiembre de dos mil quince, mismo que por ser día inhábil,(2) permite la presentación de la demanda al día hábil siguiente.

Luego, si la acción de inconstitucionalidad se interpuso el lunes veintiocho de septiembre de dos mil quince, es indudable que se promovió oportunamente.

TERCERO. Legitimación. Al efecto, debe tenerse en cuenta que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, fue modificado y adicionado el artículo 105, fracción II, incisos c) e i) de la Constitución Federal,(3) estableciéndose que se encuentran legitimados para ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otros, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico, tratándose de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas, así como el Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal, además, de las relacionadas con el ámbito de sus funciones.

Sin embargo, en el párrafo primero del artículo décimo sexto transitorio de la aludida reforma constitucional se establece que "[l]as adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República."

En consecuencia, dado que a la fecha no se ha emitido la ley relativa a la Fiscalía General de la República, ni la declaratoria de su autonomía constitucional, debe estimarse que la Procuradora General de la República está legitimada para impugnar normas generales de carácter estatal a través de la acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en el inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional en vigor.(4)

De acuerdo con lo anterior, es dable sostener que la presente acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada para ello, en tanto se impugnan normas generales contenidas en una ley local y se suscribió por Arely Gómez González, en su carácter de Procuradora General de la República, lo que demuestra con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Presidente de la República.

Sirve de apoyo a la consideración que antecede, la jurisprudencia P/J. 98/2001 que se lee bajo el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(5)

CUARTO. Consideraciones y fundamentos. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19, párrafo último, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se analizarán las causas de improcedencia que las partes hubiesen hecho valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal.

En este sentido, debe tenerse presente que mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil quince ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Diputado Presidente y las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva y representantes legales del Congreso del Estado de Jalisco, manifestaron que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, en virtud de que en sesión de veintinueve de octubre de dos mil quince, la legislatura aprobó el decreto por el que se reformaron, entre otros, los artículos 83 y 95 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco.

Por tal motivo, previo requerimiento formulado por el Ministro instructor, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco remitió un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad de diecisiete de diciembre de dos mil quince, en el que se publicó el Decreto 25658/LX/15 por el que se reformaron los artículos 70, 83, 86, 87, 88, 90, 92 y 95 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco.

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, 59 y 65 de la Ley Reglamentaria, la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando han cesados los efectos de las normas generales impugnadas por ser éstas su único objeto de análisis, máxime que su eventual declaración de invalidez no tendría efectos retroactivos, excepto tratándose de la materia penal. Así se desprende de la jurisprudencia P./J. 8/2004, que a la letra se lee:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA. Los artículos 59 y 65, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, respectivamente, que en las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán, en lo conducente y en todo aquello que no se encuentre previsto en el título II de dicho ordenamiento que regula el procedimiento de esas acciones, las disposiciones relativas a las controversias constitucionales contenidas en el título II de la ley citada, y que en las mencionadas acciones se aplicarán las causales de improcedencia consignadas en el artículo 19 de la indicada ley reglamentaria, con excepción de la señalada en su fracción II. Por tanto, la causal de improcedencia establecida en la fracción V del mencionado artículo 19, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se actualiza cuando simplemente dejen de producirse los efectos de la norma general que la motivaron, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en ellas, además de que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."(6)

Para estar en aptitud de establecer si han cesado los efectos de las disposiciones legales reclamadas, es preciso tener en cuenta que la promovente solicitó la invalidez del artículo 83, en su porción normativa 'de manera enunciativa y no limitativa' en relación con el artículo 95, segundo párrafo, ambos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de agosto de dos mil quince, que en lo conducente disponen:

"Artículo 83. Para efectos de este capítulo, de manera enunciativa y no limitativa, se consideran actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte a los siguientes:

(...)".

"Artículo 95. Las infracciones al artículo 83 serán sancionadas conforme este capítulo sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar.

En caso de no estar reglamentado, el infractor será sancionado con el arresto inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas y con cincuenta días de trabajo comunitario.

(...)"

En su único concepto de invalidez, la promovente sostiene, medularmente, que el artículo 83 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco en cuanto prevé 'de manera enunciativa y no limitativa' las conductas que se consideran violentas o que incitan a la violencia en el deporte, en relación con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 95 del citado ordenamiento legal, en el sentido de que "en caso de no estar reglamentado", el infractor será sancionado con arresto inconmutable de veinticuatro a treinta y seis horas y con cincuenta días de trabajo comunitario, resulta violatorio de los principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad y proporcionalidad de las sanciones aplicables al derecho administrativo sancionador, tutelados en los artículos 14, 16 y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello, en virtud de que no se definen con precisión las conductas susceptibles de ser sancionadas por estimarse violentas o que inciten a la violencia en el deporte, habida cuenta que para los infractores que no estén expresamente identificados en el artículo 94 de la ley en comento, se prevén sanciones más severas que las contempladas para éstos.

Ahora bien, como antes se anunció el diecisiete de diciembre de dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 25658/LX/15 a través del cual se reformaron, entre otros, los artículos 83 y 95 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, en los siguientes términos:

"Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto Número 25658/LX/15

EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 70, 83, 86, 87, 88, 90, 92 Y 95 de la Ley de Cultura Física y Deporte del estado de Jalisco, para quedar como sigue:

(...)

Artículo 83. Para efectos de este capítulo, se consideran actos o conductas violentas o que incitan a la violencia en el deporte a los siguientes:

I a IV. .......................

V. La emisión de declaraciones o la transmisión de informaciones, con ocasión de la próxima celebración de un evento deportivo, ya sea en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se pueda desplazar a los recintos deportivos, en cuya virtud se amenace o incite a la violencia o a la agresión a los participantes o asistentes a dichos encuentros, así como la contribución significativa mediante tales declaraciones a la creación de un clima hostil, antideportivo o que promueva el enfrentamiento físico entre los participantes en los eventos deportivos o entre asistentes a los mismos; y

VI. La facilitación de medios técnicos, económicos, materiales o tecnológicos que den soporte a la actuación de las personas o grupos que promuevan la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos, o la creación y difusión o utilización de soportes digitales utilizados para la realización de estas actividades.

(...)

Artículo 95. Las infracciones al artículo 83 serán sancionadas por la autoridad municipal conforme este capítulo sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles a que haya lugar.

Si los organizadores de los eventos deportivos fueron omisos en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 87, 88 y 89 de la Ley, previo derecho de audiencia y defensa ante la autoridad competente y dicho incumplimiento es debidamente demostrado, serán sancionados con la reparación de los daños solidariamente con los infractores directos, independientemente de las sanciones administrativas que resulten de la omisión.

En contra de las resoluciones que impongan sanciones a los particulares procederá el recurso de revisión contemplado por la Ley del Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco."

De la transcripción que antecede se aprecia que el artículo 83 de la Ley de Cultura Física y Deporte se reformó para eliminar la porción normativa 'de manera enunciativa y no limitativa', a fin de precisar con claridad las conductas que se consideran violentas o que incitan a la violencia en el deporte; asimismo, se advierte que se derogó el segundo párrafo del artículo 95 en el que se señalaban las sanciones aplicables para los infractores no identificados en el artículo 94 y que a consideración de la promovente, resultaban ser más severas.

En tal orden de ideas, es claro que las disposiciones legales impugnadas cesaron en sus efectos, habida cuenta que el decreto por virtud del cual se reformaron entró en vigor el dieciocho de diciembre de dos mil quince, lo que conlleva a estimar actualizado el supuesto de improcedencia previsto en la fracción V del artículo 19 de la ley de la materia.

Además, debe tenerse presente que la eventual declaratoria de invalidez de las disposiciones legales impugnadas no tendría un mayor alcance que el que ya se logró con su reforma, en tanto no produce efectos retroactivos.

QUINTO. Decisión. En atención a lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad, con apoyo en los artículos 19, fracción V y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional.

Cabe aclarar que no se está en el caso de ordenar su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 73 de la ley de la materia, ya que no se realiza ningún pronunciamiento sobre la validez de las disposiciones impugnadas ni se impone obligación alguna a las partes, lo que además es acorde con lo previsto en el artículo 134 constitucional en el sentido de que los recursos públicos deben administrarse con eficiencia y eficacia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente). Los señores Ministros Eduardo Medina Mora I. y José Fernando Franco González Salas, emitieron su voto con reservas.

Firma el Ministro Presidente y en su calidad de Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE Y PONENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

___________

1. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

2. "Se consideran como inhábiles los días sábado veintiséis y domingo veintisiete de septiembre de dos mil quince, con fundamento en el artículo 2º de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

3. "Artículo 105.

(...).

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

(...).

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

(...)

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;

(...)."

4. "Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

(...)

II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

(...)

c).- El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; [...]".

5. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 823. Novena Época.

6. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIX, marzo de 2004, Página 958, Número de Registro 182,048.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200069-b6906d96/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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