I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNEREN DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSOS ARTÍCULOS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE DURANGO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EN DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 8/2024 Y SUS ACUMULADAS 11/2024, 20/2024, 28/2024, 33/2024 Y 36/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 19 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.
SÍNTESIS
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron se declarara la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en distintas leyes de ingresos municipales del estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno de la referida entidad, el catorce, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veinticuatro y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.
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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinticinco emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve las acciones de inconstitucionalidad 8/2024 y sus acumuladas 11/2024, 20/2024, 28/2024, 33/2024 y 36/2024 promovidas por el Poder Ejecutivo Federal así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las distintas Leyes de ingresos de diversos municipios contra el estado de Durango para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del referido estado, los días catorce, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veinticuatro y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de esta SCJN, es si se deben sobreseer en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas por la cesación de los efectos de las normas impugnadas.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de escritos iniciales. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante esta SCJN de la manera siguiente:
a) El Ejecutivo Federal, a través de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal representada por María Estela Ríos González promovió la acción de inconstitucionalidad 8/2024 contra de diversos artículos contenidos en las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicados en el Periódico Oficial de Gobierno del estado de Durango, los días catorce, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veinticuatro y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.
b) La CNDH a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, por escrito de quince de enero de dos mil veinticuatro, promovió la acción de inconstitucionalidad 11/2024, contra de diversos artículos contenidos en las leyes de ingresos de los municipios de San Pedro del Gallo e Indé ambas en el estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad en fecha catorce de diciembre de dos mil veintitrés.
c) La CNDH a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, por escrito de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, promovió la acción de inconstitucionalidad 20/2024, contra de diversos artículos contenidos en la Ley de Ingresos del municipio de San Juan de Guadalupe en el estado de Durango, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, expedido mediante Decreto No. 503 publicado en el Diario Oficial del Gobierno de la entidad federativa en diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés.
d) La CNDH a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, por escrito de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, promovió la acción de inconstitucionalidad 28/2024, contra de diversos artículos contenidos en las leyes de ingresos de los municipios de Nazas, Peñón Blanco, Súchil, Tlahualilo, Tepehuanes, todos en el estado de Durango, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro expedido mediante diversos decretos publicados en el Diario Oficial del Gobierno de la entidad federativa en veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.
e) La CNDH a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, por escrito de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, promovió la acción de inconstitucionalidad 33/2024, contra de diversos artículos contenidos en las leyes de ingresos de diversos municipios de Mapimí, Guadalupe Victoria, Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Poanas, y de San Juan del Río, todos en el estado de Durango para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro expedidos mediante diversos decretos publicados en el Diario Oficial del Gobierno de la entidad federativa el veinticuatro de diciembre de dos mil veintitrés.
f) La CNDH a través de su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, por escrito de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, promovió la acción de inconstitucionalidad 36/2024 contra de diversos artículos contenidos en la ley de ingresos del municipio de San Dimas, Lerdo, y Gómez Palacio en el estado de Durango para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, expedido mediante decretos diversos publicados en el Diario Oficial del Gobierno de la entidad federativa en veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés.
2. Conceptos de invalidez. En el escrito inicial de la demanda que constituye la acción de inconstitucionalidad 8/2024 se expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO.- Los artículos 6 de Coneto de Comonfort; 6 de Indé; 6 de Santa Clara; 6 de San Pedro del Gallo; 6 del Oro; 6 de Ocampo; 6 de San Bernardo; 6 de Rodeo; 6 de Hidalgo; 6 de Topía; 6 de Canatlán; 6 de Guanaceví; 6 de San Juan de Guadalupe; 6 de Tepehuanes; 6 de Peñón Blanco; 6 de Tamazula; 6 de Tlahualilo; 6 de Súchil; 6 de Canelas; 6 de Nazas; 6 de Nombre de Dios; 6 de Pueblo Nuevo; 6 del Mezquital; 6 de Santiago Papasquiaro; 6 de Nuevo Ideal; 6 de Guadalupe Victoria; 6 de Vicente Guerrero; 6 de Cuencamé; 6 de San Juan del Río; 6 de Mapimí; 6 de San Dimas; 74 de Lerdo; 9, incisos e y f de Gómez Palacio. Todos de las Leyes de Ingresos de diversos municipios del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2024, vulneran el derecho a la libertad de reunión; así como los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad, previstos en los artículos, 9, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
• Principios de seguridad jurídica y legalidad. El artículo 6o. de las leyes de ingresos de los referidos municipios del estado de Durango, no generan certeza jurídica; pues su redacción no es clara y precisa para los gobernados, ya que se pretende establecer para cada evento el cobro de permisos o autorizaciones por la celebración de “bailes privados”, sin que defina qué debe entender por este tipo de bailes, tampoco señala los elementos para determinar cómo se actualiza dicha contribución.
• Principio de proporcionalidad. Los artículos que imponen la obligación de contar con un permiso para llevar a cabo “ bailes privados”, vulneran el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), ya que los sujetos obligados deben contribuir al gasto público en función de su capacidad económica, mediante la aportación de una porción justa de los ingresos que se obtengan por la explotación de los eventos públicos, lo cual no se acredita en el presente caso, pues no existe actividad lucrativa. El costo de los permisos va desde los $311.22 (trescientos once pesos 22/100 M.N.) hasta los $25,935.00 (veinticinco mil, novecientos treinta y cinco pesos M.N.), tarifas fijas que impiden que los contribuyentes realicen el pago atendiendo a la capacidad económica.
• Derecho a la libertad de reunión. Los artículos impugnados obligan a la tramitación de un permiso para celebrar un baile privado, restringen de manera injustificada la libertad de reunión tutelada en el artículo 9o., primer párrafo de la CPEUM; 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al establecer como obligatoriedad la tramitación de un permiso para la celebración de un baile privado.
SEGUNDO. – Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de los municipios de Santiago Papasquiaro y Lerdo del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2024, en lo correspondiente a “Certificado, copia e informe, mismo que requiera búsqueda de antecedentes”, vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6º. Apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la CPEUM.
• Principio de gratuidad en materia de acceso a la información. El artículo 6o. de la CPEUM dispone que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado; por tanto, para su acceso, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán guiarse por el principio de gratuidad para garantizar que toda persona tenga acceso gratuito a la información pública, así como a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
• Principio de proporcionalidad tributaria. Las disposiciones impugnadas que prevén el cobro de derechos por “Certificado, copia e informe, mismo que requiera búsqueda de antecedentes”, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria que constituye un derecho fundamental consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo de servicio que proporcionan efectivamente los municipios del estado de Durango.
a) En el escrito inicial de la demanda que constituye la acción de inconstitucionalidad 11/2024 se expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
ÚNICO. -Los artículos señalados en el apartado III de la presente demanda, de las leyes de ingresos de los municipios Indé y San Pedro del Gallo, ambas del estado de Durango, para el ejercicio fiscal del año 2024 prevé cobros justificados y desproporcionados por los servicios de copias y expedición de copias certificadas, prestados por los indicados municipios.
Lo anterior porque las tarifas establecidas no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; además uno de los supuestos normativos de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro del Gallo no ofrece parámetros que permitan a la autoridad aplicadora determinar cómo individualizar la cuota conforme al caso específico, según el rango permitido por la disposición.
Por lo tanto, vulnera el derecho de seguridad jurídica y legalidad, así como el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 14,16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal. (sic)
b) En el escrito inicial de la demanda que constituye la acción de inconstitucionalidad 20/2024 se expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
ÚNICO.- Los artículos controvertidos, de la Ley de Ingresos del Municipio San Juan de Guadalupe, Durango, para el ejercicio fiscal del año 2024 prevé cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de copiado y expedición de copias certificadas, prestados por el indicado Ayuntamiento.
Lo anterior, porque las tarifas establecidas no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; por lo que son contrarios al principio de seguridad jurídica y legalidad; así como el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
c) En el escrito inicial de la demanda que constituye la acción de inconstitucionalidad 28/2024 se expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
ÚNICO.- Los artículos impugnados, de las leyes de ingresos de los municipios de Nazas, Peñón Blanco, Súchil, Tlahualilo y Tepehuanes, todos del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2024 prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de copias y expedición de copias certificadas prestados por los indicados municipios.
Lo anterior porque las tarifas establecidas no atienden al costo del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; además en algunos supuestos normativos de los municipios de Nazas y Peñón Blanco; no ofrecen parámetros que permitan a la autoridad aplicadora determinar cómo individualizar la cuota conforme al caso específico, según el rango permitido por las disposiciones.
Por lo tanto, vulneran el principio de seguridad jurídica y legalidad; asi como el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Federal. (sic)
d) En el escrito inicial de la demanda que constituye la acción de inconstitucionalidad 33/2024 se expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
ÚNICO.- Los artículos impugnados, de las leyes de ingresos de los municipios de Mapimí, Guadalupe Victoria; Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Poanas y San Juan del Río, todos del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2024 prevén cobros injustificados y desproporcionados por los servicios de copias y expedición de copias certificadas prestados por los indicados municipios.
Lo anterior porque las tarifas establecidas no atienden al costo del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; Por lo tanto, vulneran el principio de seguridad jurídica y legalidad; asi como el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Federal. (sic)
e) En el escrito inicial de la demanda que constituye la acción de inconstitucionalidad 36/2024 se expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
ÚNICO. - Los artículos impugnados, de las leyes de ingresos de los municipios de San Dimas, Lerdo y Gómez Palacio, todos del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2024 prevén cobros injustificados y desproporcionados por reproducción de información en copias simples y certificadas, prestados por los indicados municipios.
Lo anterior porque las tarifas establecidas no atienden al costo del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; además, el supuesto normativo impugnado de la Ley de Ingresos del Municipio de San Dimas no ofrece parámetro que permita a la autoridad aplicadora determinar cómo individualizar la cuota conforme al caso específico, según el rango permitido por la disposición.
Por lo tanto, vulneran el derecho de seguridad jurídica y legalidad; asi como el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Federal. (sic)
3. Admisión y trámite. La Ministra Presidenta de esta SCJN, por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 8/2024 y turnarlo a la Ministra Lenia Batres Guadarrama para que fungiera como instructora.
4. Mediante acuerdos de diecisiete, diecinueve, veintitrés, veinticinco y treinta, todos de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente, la Ministra Presidenta acordó formar y registrar los expedientes números 11/2024, 20/2024, 28/2024, 33/2024 así como 36/2024 y ordenó turnarlos, por conexidad, a la misma Ministra instructora. Asimismo, determinó la acumulación de todos estos con el expediente 8/2024.
5. La Ministra instructora, el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, admitió a trámite la presente acción de inconstitucionalidad 8/2024; asi como sus acumuladas 11/2024, 20/2024, 28/2024, 33/2024 y 36/2024; por lo que se ordenó darle vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Durango para que dentro del plazo de quince días hábiles rindieran los informes correspondientes, y al segundo de ellos también para que remitiera copia certificada de los periódicos oficiales del estado en los que se hayan publicado las normas generales cuya invalidez se reclama. Asimismo, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que, respectivamente, formulara el pedimento correspondiente y manifestara lo que a su esfera competencial conviniera, hasta antes del cierre de la instrucción.
6. Informe del Poder Ejecutivo de Durango. El Consejero General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del estado de Durango, José Durán Barrera, en representación del Poder Ejecutivo Estatal, mediante escrito recibido el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, rindió el informe solicitado en el que sustancialmente expuso son ciertos los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la promulgación y publicación de los periódicos oficiales que contienen las normas generales cuya validez se reclama.
7. Informe del Poder Legislativo del estado de Durango. El Secretario de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, Gerardo Alonso Sandoval Solano, en representación del Poder Legislativo Estatal, mediante escrito recibido electrónicamente el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, rindió el informe solicitado en el que expuso por ciertos los actos que le fueron atribuidos, consistentes en la publicación de los decretos los días en los que se mencionan en los actos reclamados. Del mismo modo, sostuvo la validez y constitucionalidad de las normas impugnadas; y estimó infundados los conceptos de violación respecto a las Leyes de ingresos para los ejercicios fiscales en los municipios del estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
8. Acuerdo de vista a los municipios. La Ministra instructora, mediante acuerdo de diez de mayo de dos mil veinticuatro, ordenó que, a fin de poder establecer si existe o no una relación razonable entre el costo que para el municipio implica la ejecución del servicio y el cobro del mismo, dar vista a los municipios implicados, todos ellos del estado de Durango, para que en el término de quince días hábiles informen cuál es el costo organizacional, material, humano y tecnológico que realizan para cumplir con las obligaciones que implica otorgar el servicio público que prestan (permisos para la realización de bailes privados, certificaciones, expedición de copias certificadas, emisión de informes y expedición de copias simples), lo anterior, por ser dichos municipios los únicos afectados con la resolución que se dicte en la presente acción de inconstitucionalidad.
9. Cumplimiento del requerimiento. Miguel Ángel Medina Hernández, representante legal del Ayuntamiento de Cuencamé, Durango, desahogó el requerimiento ordenado en la acción de inconstitucionalidad 8/2024 y sus acumuladas 11/2024, 20/2024, 28/2024, 33/2024, 36/2024:
Que para el cobro del derecho establecido en el artículo 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Cuencamé, Dgo; para el ejercicio 2024, quiero manifestar para el costo organizacional, material, humano y tecnológico que se realiza para el cobro del citado derecho es el siguiente, en primero el ciudadano acude a la ventanilla única del municipio de Cuencamé, Durango, ubicada en calle Constitución número 109 de la Zona Centro de la Ciudad de Cuencamé, Dgo; el cual es atendido por una persona en horario de 9:00 a 15:00 horas, posteriormente dicha solicitud es turnada a la oficina del Secretario del Ayuntamiento el cual únicamente cuenta con una secretaria, posteriormente el Secretario una vez que emite convocatoria para sesión de cabildo incluye en el orden del día la solicitud del permiso para baile, el cual es analizado por el H. Cabildo quien es quien determina la autorización y cobro del mismo dentro de los parámetros establecidos en el citado artículo, una vez hecho lo anterior si el Cabildo determina otorgar el permiso, el Secretario del Ayuntamiento informa al ciudadano que se ha otorgado dicho permiso para posteriormente se haga el pago ante la caja del municipio ubicada en calle Constitución número 109 de la Zona Centro de la Ciudad de Cuencamé, Dgo; correspondiente a la tesorería Municipal, en la cual únicamente trabaja una persona, ahora bien bajo protesta de decir verdad, en esta anualidad no se ha hecho solicitud alguna para la celebración de dichos bailes privados. El Presidente Municipal del Mezquital, Durango, Iván Soto Mendia, en cumplimiento al acuerdo antes señalado, mismo que le fue notificado el catorce de junio de dos mil veinticuatro, por medio del cual se dio vista de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, así como por la CNDH, en contra de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Durango, entre los cuales se encuentra el Mezquital. Del informe se desprende esencialmente lo siguiente:
• Para informar cuál es el costo organizacional, material, humano y tecnológico que realizan para cumplir con las obligaciones que implica otorgar el servicio público que prestan (permisos para la realización de bailes privados, certificaciones expedición de copias certificadas, emisión de informes y expedición de copias simples).
• Es oportuno establecer que, en el caso del Municipio de Mezquital, Durango, solo le aplica el concepto "Permisos Para la Realización de Bailes Privados", contenido en el artículo 6 de la Ley de ingresos aprobada, por el Congreso del Estado y publicada en el Periódico Oficial de Durango, por ello y en atención al requerimiento realizado sobre cuál es el costo organizacional que implica otorgar el permiso para la realización de bailes privados cabe mencionar que además del material, humano y tecnológico directo que se utiliza, para este tipo de actividades también se requiere de servicios y actividades indirectas como lo son vigilancia (seguridad), alumbrado público, limpieza y recolección de basura, posterior a los eventos, acciones que también le general actividades extraordinarias para el municipio, en atención a ello y dependiendo del tamaño del evento que se organice por el concepto de "Baile Privado", varia el costo que le puede generar al municipio el otorgar dicho permiso, que oscila entre $2,714.25 hasta $10,857.00, dependiendo del número de personas que se considere asistirán al evento insumos.
• Personal administrativo, encargado de la expedición de los permisos, sueldo por día promedio $249.00
• Hoja de papel, equipo de cómputo, impresión e internet, (promedio) $150.00
• Personal de seguridad (mínimo tres elementos) $999.00
• Alumbrado $700.00
• Recolección de basura (mínimo dos personas de mantenimiento) $500.00
Nota: lo aquí expuesto son en los casos de un mínimo de asistentes para el evento.
De lo anterior se advierte, el costo que le genera al municipio las actividades consistentes en "BAILES PRIVADOS", misma que se encuentra regulada mediante la Ley de Ingresos del año 2024 del Municipio de Mezquital, donde se contempló en:
CAPÍTULO I SOBRE LOS INGRESOS
SECCIÓN I SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 6.- El objeto de este impuesto es la obtención del ingreso por el boleto contraseña que permita la entrada a diversiones y espectáculos públicos que se celebren accidental habitualmente, aun cuando no se tenga el propósito de lucro.
Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las personas morales o unidades económicas que habitual, o accidentalmente organicen, exploten o patrocinen diversiones y espectáculos públicos, aun cuando no se tenga propósito de lucro.
El Impuesto Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, se pagará conforme a la siguiente tabla de cuotas o tarifas (U.M.A):
Ver tabla
INFORMANDO además que, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del año en curso, NO SE HA EFECTUADO COBRO POR EL CONCEPTO DE "BAILES PRIVADOS" A NINGÚN CIUDADANO.
En base a todo lo anteriormente expuesto es FALSO lo manifestado por la accionante en el sentido de que el artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mezquital, Durango, vulnere el derecho a la libertad de reunión, así como los principios de seguridad jurídica legalidad y proporcionalidad, previstos en los artículos 9, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ningún momento se está prohibiendo el derecho, a la libertad de reunión, el concepto de cobro se encuentra previsto y detallado en la Ley de Ingresos del Municipio, reglamentaria para tal concepto y además que se hace proporcional al tamaño del evento que se solicita.
Ya que, de decretarse la Inconstitucionalidad del presente cobro, se estaría vulnerando el patrimonio del Municipio, habida cuenta que, ante la realización de los mismos, sería el Municipio quien tendría que destinar los recursos públicos de la ciudadanía ya presupuestados, para actividades distintas, como lo son la seguridad, alumbrado y limpieza que se genere para estos eventos.
(...)
10. Pedimento y manifestaciones. Por su parte, la Fiscalía General de la República no formuló pedimento.
11. Alegatos. Mediante escrito ingresado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal el día nueve de agosto de dos mil veinticuatro, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, formuló alegatos, mismos que se tuvieron por formulados mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro. Por otro lado, la CNDH no formuló alegatos.
12. Cierre de la instrucción. La Ministra instructora, el trece de noviembre de dos mil veinticuatro, advirtió que han transcurrido los plazos concedidos a las partes para formular alegatos y a los municipios cuyas leyes de ingresos fueron impugnadas en este asunto, a efecto de que realizaran pronunciamiento en relación con la materia de las acciones de inconstitucionalidad; visto el estado procesal de la presente acción, cerró instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
13. Avocamiento. El Ministro Presidente de esta Segunda Sala de la SCJN, mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinticinco se avocó al conocimiento del asunto e instruyó la remisión de los autos a la Ministra Ponente.
I. COMPETENCIA
14. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de los artículos 105, fracción II, incisos c, y g, de la CPEUM;(1) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley reglamentaria),(2) 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF)(3) y punto SEGUNDO, fracción II, del Acuerdo General 1/2023(4) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de esta SCJN, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que la CNDH planteó la posible contradicción entre disposiciones de diversas leyes de ingresos municipales y la CPEUM, pero resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
15. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley reglamentaria,(5) la presente sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad.
16. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que la CNDH y la Consejería Jurídica impugnaron diversos artículos de leyes de ingresos municipales del estado de Durango, para el ejercicio fiscal 2024, los cuales para una mejor comprensión se dividen en los siguientes rubros de la siguiente manera:
a) Normas impugnadas de la acción de inconstitucionalidad 8/2024
Ver normas
b) Precisión de normas impugnadas en la acumulada acción de inconstitucionalidad 11/2024
Ver artículos
c) Precisión de normas impugnadas en la acumulada acción de inconstitucionalidad 20/2024
Ver porciones normativas
d) Precisión de normas impugnadas en la acumulada acción de inconstitucionalidad 28/2024
Ver preceptos
e) Precisión de normas impugnadas en la acumulada acción de inconstitucionalidad 33/2024
Ver disposiciones legales
f) Precisión de normas impugnadas en la acumulada acción de inconstitucionalidad 36/2024
Ver contenido
III. OPORTUNIDAD
17. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley reglamentaria,(6) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
18. En este caso, los decretos impugnados en la acción de inconstitucionalidad 8/2024 fueron publicados en el Periódico Oficial de Gobierno del estado de Durango el catorce, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veinticuatro y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés. El escrito de demanda fue presentado por Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el doce de enero de dos mil veinticuatro, se concluye que fue presentada de forma oportuna.
19. Respecto a la acción de inconstitucionalidad 11/2024, los decretos impugnados fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Durango el catorce de diciembre de dos mil veintitrés. El escrito de demanda se presentó el quince de enero de dos mil veinticuatro por Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, la cual es oportuna, debido a que fue presentada el primer día hábil siguiente de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria.
20. Por su parte, la acción de inconstitucionalidad 20/2024, los decretos impugnados fueron publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201026-90f15803/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-consejeria-juridica-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SÓLO SE IMPUGNA UNA NORMA DE VIGENCIA ANUAL Y HAN CESADO SUS EFECTOS. (P./J. 81/2026 (12a.))
- DIVERSIONES Y ESPECTACULOS, IMPUESTO SOBRE. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS. (s/clave)
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