EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, AL EXIGIR COMO REQUISITO QUE LOS BENEFICIARIOS Y LOS CÓNYUGES QUE LES SOBREVIVAN ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, NO ES DISCRIMINATORIO. EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, Y EL NUMERAL 4 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO FIDEICOMISO, NO SON DISCRIMINATORIOS POR EL HECHO DE NO INCLUIR COMO SUS BENEFICIARIOS A LOS PADRES Y HERMANOS QUE LES SOBREVIVAN. EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN III, DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, Y EL NUMERAL 4 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO FIDEICOMISO, AL SEÑALAR LOS DOCUMENTOS CON QUE PUEDE ACREDITARSE LA TITULARIDAD DEL DERECHO PARA RECIBIR EL APOYO REFERIDO, NO TRANSGREDEN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL NUMERAL 4, FRACCIÓN IV, DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE APOYO SOCIAL RELATIVO, AL EXIGIR QUE LOS INTERESADOS ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS. EL ARTÍCULO 6o., FRACCIÓN I DE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA AQUÉLLOS, TRANSGREDE EL DERECHO A LA IGUALDAD, POR EXCLUIR DE LA POSIBILIDAD DE ACREDITAR SER BENEFICIARIOS DEL APOYO SOCIAL A LOS NO INSCRITOS EN EL PADRÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 198/2007. CIRIACO RICO FRÍAS Y OTROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que si bien subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 6o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco; y 4o., fracciones I y III incisos a), b), c) y 6.1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (FID 2016), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil cinco, el Tribunal Pleno determinó en sesión privada de doce de marzo de dos mil siete, que sería esta Sala la que conocería de los asuntos de la comisión referida en el tercer párrafo del resultando quinto de esta ejecutoria.
SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto oportunamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, al desprenderse, de las constancias existentes, que la sentencia recurrida fue notificada personalmente el veintitrés de junio de dos mil seis, por lo que el término para su interposición corrió del veintisiete de dicho mes y año, al diez de julio del mismo año, excluyéndose los días veinticuatro y veinticinco de junio y uno, dos, ocho y nueve de julio de dos mil seis, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el diez de julio de dos mil seis, resulta incuestionable que fue interpuesto el último día del término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.
TERCERO. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, respecto al tema de constitucionalidad materia del presente recurso, son en síntesis los siguientes:
En su primer concepto de violación señaló que la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, viola las garantías de igualdad y seguridad jurídica, por lo siguiente:
a) Delega al comité técnico el establecimiento de las reglas de operación del referido fideicomiso, que son en las que materialmente se encuentran los requisitos, términos y procedimiento para hacer efectivo el derecho sustantivo obtenido por la calidad de ex trabajador migratorio mexicano. Además, a su vez, las mencionadas reglas remiten a un "tercero", Telecomunicaciones de México, la recopilación de documentos.
b) La Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señala como beneficiarios de la misma a los ex trabajadores migratorios o, en su caso, a sus cónyuges, hijos o hijas que le sobrevivan, excluyendo y discriminando a la madre, padre o hermanos que le sobrevivan al ex trabajador, a pesar de tener parentesco en igual grado que los señalados por el ordenamiento que se impugna. Lo anterior, también se constata con los requisitos de elegibilidad que señalan las reglas de operación.
c) Existe distinción discriminatoria cuando el artículo 6o. exige como requisito que los beneficiarios y los cónyuges que les sobrevivan hubiesen efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación, mientras que a los beneficiarios hijos e hijas no.
Sin embargo, a pesar de que a los hijos no se les exige el registro en el padrón, sin el mismo, no se les permite obtener el apoyo social, ya que el reglamento convoca únicamente a quienes integran dicho padrón; de ahí que la ley y el reglamento tienden una trampa para que ningún beneficiario con la calidad de hijo pueda acceder al fondo de apoyo social.
En el segundo concepto de violación manifestó que el artículo 6o., fracción III, de la ley que crea el fideicomiso, reclamada, viola las garantías de igualdad y seguridad jurídica al limitar su oportunidad de demostrar la titularidad de su derecho por diversos medios de prueba a los establecidos en la ley, por lo siguiente:
a) Los requisitos y condiciones que establece tienen como objeto anular los derechos del grupo social a quien va dirigida la ley, puesto que los sujeta a que acrediten mediante los originales del contrato individual de trabajo, o comprobante de pago emitido por el contratante o tarjeta de identificación consular, su calidad de ex trabajador migratorio mexicano, siendo que éstos no son los únicos medios ni documentos que pueden demostrar haber prestado los servicios en Estados Unidos de América en los años de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro.
b) Las normas impugnadas son retroactivas, pues pretenden establecer formalidades esenciales del procedimiento conforme a leyes expedidas con anterioridad a los hechos sociales que dieron origen al fideicomiso, por lo que deben tener acceso a dicho fideicomiso todas aquellas personas que sean ex trabajadores migratorios mexicanos y no sólo aquellos que tengan en su poder determinados documentos originales y hayan cumplido con los procedimientos previos a la creación de la ley, como lo es el registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación.
c) La propia ley exige que, para la obtención del monto autorizado, los ex trabajadores deben renunciar a los derechos previamente creados, mediante la firma de un documento en que se libera al gobierno de todo lo relacionado con el tratado internacional bajo el cual fueron contratados los mexicanos en los Estados Unidos de Norte América en esos años.
En su tercer concepto de violación, señaló que las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos contravienen lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que:
a) Las referidas reglas parten de un padrón integrado previamente por la Secretaría de Gobernación, sin establecer su fundamento legal y cómo se constituyó.
De ahí que el apoyo social no va dirigido a todos aquellos ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América entre los años de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro, sino únicamente a aquellos que se encuentran registrados en el padrón.
b) Las normas de operación son contrarias a la garantía de irretroactividad, pues sus efectos son la restricción del derecho adquirido con la emisión de la ley que crea el fideicomiso, al establecer que serán acreedores del apoyo social sólo los que se encuentren en el padrón de la Secretaría de Gobernación, que ya estaba integrado previamente a la emisión de la ley.
c) Lejos de reglamentar el sistema operativo del otorgamiento de los apoyos sociales, las reglas de operación desconocen el derecho que la ley otorga a los ex trabajadores migratorios mexicanos, pues si bien es cierto que en la ley se habla de un padrón de la Secretaría de Gobernación, en ningún momento indica que éste ya estuviese integrado. Además, sólo convoca a quienes se encuentran registrados para que comparezcan a las mesas receptoras, mediante la comprobación de ese registro para integrar el expediente y, en su caso, hacerse acreedores del apoyo social.
En su cuarto concepto de violación la parte quejosa adujo que las reglas de operación del fideicomiso violan la garantía de seguridad jurídica, pues restringen la obtención del apoyo social a un procedimiento previo en el que no se respetó la garantía de audiencia, toda vez que:
a) Los sujetos de derecho a quienes va dirigido el fideicomiso no fueron llamados al procedimiento de registro en el padrón que se integró con anterioridad a la expedición de la norma, requisito sin el cual no es factible obtener el apoyo social de que se trata, pues el padrón es la base de la que parten las reglas de operación para la entrega del importe correspondiente. Sin prever la posibilidad de ingresar al mismo a quienes a la fecha de la publicación de las normas de operación no se encontraran inscritos.
b) Las reglas de operación anulan el derecho que tienen los ex trabajadores migratorios mexicanos a recibir el apoyo social, toda vez que no fueron llamados al procedimiento de registro para ser parte integrante del padrón, pues es obvio que a partir de la publicación de dichas reglas debió iniciarse el registro a que se refiere la ley para integrar el padrón.
En su quinto concepto de violación la parte quejosa manifestó que los ordenamientos impugnados violan lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución, en tanto son actos de molestia y privativos de derechos previamente adquiridos, por lo siguiente:
a) Los artículos 9o. de la ley que crea el fideicomiso y 6.3.3 de las reglas de operación, establecen de manera inconstitucional que al obtenerse el apoyo social, los ex trabajadores deberán firmar un documento, recabado por Telecomunicaciones de México, que libera al Gobierno Mexicano de cualquier reclamo relacionado con cualquier acuerdo que dio origen al Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos.
b) La ley pretende despojar a los ex trabajadores tanto de su derecho como de la acción legal que pudiera nacer en contra del Gobierno Mexicano y sus dependencias, lo mismo que a cualquier otra institución pública mexicana, incluyendo órganos autónomos, de cualquier reclamo pasado, presente y futuro; y en el entendido de que el apoyo otorgado por la ley no es una compensación, indemnización o retribución alguna a favor de ningún titular o beneficiario.
En su sexto concepto de violación la parte quejosa señaló que los artículos 9o. de la ley y 6.3.3, de las reglas reclamadas, violan lo dispuesto en el apartado A, fracción XXVII, inciso h), del artículo 123 de la Constitución, además de que transgreden el principio de certeza jurídica, toda vez que:
a) Los ordenamientos impugnados no establecen de manera precisa cuáles son los acuerdos internacionales a los que se refieren, pues si bien se menciona que son aquellos que dieron origen al Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos, no señala en forma clara cuáles son esos acuerdos.
De ahí que, al renunciar a los derechos y acciones derivados de los acuerdos internacionales, ni siquiera se sabe respecto a cuáles obligaciones se le está liberando al Gobierno Mexicano mediante la entrega de apoyos sociales, dejando al suscrito en un total estado de indefensión, dado el desconocimiento pleno de aquéllos.
La ley pretende despojarle de la parte de su salario con la que se formó el fondo de ahorro, pues a fin de recibir un apoyo social, debe firmar un documento con el que se libera al Gobierno Mexicano de cumplir con la entrega del depósito formado con su salario. Siendo que son dos cuestiones distintas, la formación del apoyo social, en este caso el fideicomiso, y la obligación del Gobierno Mexicano de entregar parte del salario de los ex trabajadores migratorios mexicanos que tiene en depósito.
De ahí que las disposiciones impugnadas, al establecer la liberación de obligaciones para el Gobierno Federal, pretenden incumplir con la obligación de restituir el depósito del fondo de ahorro formado con las aportaciones de los trabajadores migratorios mexicanos, las cuales fueron descontadas directamente de los salarios percibidos en los años en que laboraron en los Estados Unidos de América.
Por su parte, el Juez de Distrito estimó, por lo que es de interés, que había lugar a sobreseer en el juicio por negativa de actos y por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico, al considerar sustancialmente que las documentales ofrecidas por los quejosos eran insuficientes y carecían de valor probatorio, pues debieron acreditar su interés jurídico con diversos medios de prueba que concatenados entre sí demostraran que se encontraban bajo el supuesto de la ley.
Por lo que hace a Ciriaco Rico Frías, estimó que era necesario que acreditara que fue ex trabajador migratorio dentro del periodo que la ley reclamada contempla y, en relación con las quejosas, Ignacia Sánchez Ramírez, Rosario de la Rosa R. e Isidra Salazar Segura, que debieron acreditar que eran cónyuges de algún ex trabajador migratorio que laboró en los Estados Unidos de América dentro del periodo contemplado en la ley reclamada.
No se sintetizan los agravios esgrimidos por la parte quejosa, en virtud de que ya fueron estudiados por el Tribunal Colegiado, pues combatían el sobreseimiento decretado por el Juez del conocimiento; tampoco se sintetizan los argumentos de las revisiones adhesivas, porque ya fueron desestimados por el Tribunal Colegiado.
Finalmente, el Tribunal Colegiado resolvió en síntesis lo siguiente:
a) Confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito derivado de la negativa de los actos del secretario de Gobernación, consistente en la orden de publicación de los artículos reclamados de las reglas de operación precisadas; de igual forma, por cuanto hace al secretario de Gobernación, secretario de Hacienda y Crédito Público y representante estatal de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en la aplicación de los artículos reclamados de la ley y reglas de operación indicadas, así como sus consecuencias y efectos, como el atribuido a Telecomunicaciones de México.
b) Confirmó el sobreseimiento respecto de las quejosas Ignacia Sánchez Ramírez, Rosario de la Rosa R. e Isidra Salazar Segura, por no haber justificado su interés jurídico para impugnar la discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 1o., 2o., fracciones I, IV, V y IX, 6o., fracciones I, III incisos a), b) y c), y IV, punto 1, incisos a), c) y d), punto 2, incisos c), d) y e), y 9o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada el veinticinco de mayo de dos mil cinco, en el Diario Oficial de la Federación, así como la emisión, intervención, orden de publicación y publicación de los artículos 1o., 2o., 4o., fracciones I, III, incisos a), b) y c), y IV, punto 1, incisos c) y d), punto 2, incisos c) y d), 6.1 y 6.3.3 de las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicadas el veintisiete de octubre de dos mil cinco, en el Diario Oficial de la Federación.
c) Confirmó el sobreseimiento en el juicio, por diversas razones a las vertidas por el Juez a quo, en relación al quejoso Ciriaco Rico Frías, respecto a los artículos 1o., 2o., fracciones I, IV, V y IX, 6o. fracción IV, punto 1, incisos a), c) y d), punto 2, incisos c), d) y e), y 9o. de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; y los numerales 1o., 2o., 4o., fracción IV, punto 1, incisos c) y d), punto 2, incisos c) y d), y 6.3.3 de las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
d) Levantó el sobreseimiento solamente por lo que hace al quejoso Ciriaco Rico Frías, respecto de los numerales 6o., fracciones I y III incisos a), b) y c), de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos; y 4o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), y 6.1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
e) Dejó sin materia las revisiones adhesivas y, finalmente,
f) Reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales a que haya lugar, respecto al estudio de constitucionalidad de los artículos impugnados [inciso d) precisado con antelación], con fundamento en la fracción III del punto décimo primero del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal.
Cabe precisar que los conceptos de violación quinto y sexto orientados a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 6.3.3 de las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social a Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y 9o. de la ley que crea dicho fideicomiso, respectivamente, no serán motivo de análisis, en virtud de que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento respecto de tales preceptos, el cual fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
CUARTO. Esta Primera Sala procederá a la corrección de incongruencias; lo anterior, con base en la tesis de rubro, texto y datos de identificación siguientes:
"SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN APLICACIÓN DEL ACUERDO PLENARIO 5/2001. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL CONOCER DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE LE RESERVÓ JURISDICCIÓN, DEBE REPARAR LAS INCONGRUENCIAS QUE ADVIERTA EN AQUÉLLAS. Al abocarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudio de los temas de su competencia originaria, por habérsele reservado jurisdicción conforme al mencionado acuerdo, debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, lo cual no implica revocar lo resuelto por ellos en la materia de su competencia, sino fijar correctamente la litis en la última etapa de la segunda instancia a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De lo contrario, subsistirían tales errores y se provocaría el pronunciamiento incongruente en esta instancia, lo que evidentemente dejaría a las partes en estado de indefensión." (Tesis 1a./J. 21/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 661).
Determinó en el considerando sexto, que quedó transcrito en el cuarto resultando de esta ejecutoria, en la parte que interesa, que adicionaba para el estudio de constitucionalidad los artículos, entre otros, 4o., fracción IV, punto 1), incisos c) y d), punto 2, incisos c) y d), de las reglas de operación, cuando el Juez a quo sí había fijado dentro de los artículos reclamados dicho numeral, fracción IV, punto 1, inciso c) y punto 2, inciso d), de manera que, en su caso, sólo había que adicionar los incisos d) del punto 1 y c) del punto 2 del artículo 4o., fracción IV, de las reglas referidas.
En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a corregir esa pequeña incongruencia, debiéndose precisar que por dichos numerales se sobreseyó en el juicio.
QUINTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce la facultad de atracción que contempla el artículo 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el tema de constitucionalidad planteado respecto del artículo 4o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), así como 6.1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964), por estar vinculadas de manera estrecha con el numeral 6o. de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sostenidos por esta Primera Sala y por el Pleno de este Alto Tribunal, que dicen, respectivamente:
"ATRACCIÓN. PROCEDE EJERCER ESTA FACULTAD EN EL RECURSO DE REVISIÓN CUANDO LAS REGLAS IMPUGNADAS TIENEN CARACTERÍSTICAS SINGULARES Y SE VINCULAN AL PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. En cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la impartición de justicia pronta y expedita, y con fundamento en su artículo 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, procede ejercer la facultad de atracción para conocer de los argumentos encaminados a impugnar la constitucionalidad de reglas con características singulares y novedosas, si no existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se resolviere sobre su temática, y por encontrarse íntimamente vinculadas al problema de inconstitucionalidad de leyes examinado en el recurso de revisión por este Alto Tribunal, a pesar de que ordinariamente el conocimiento de las propias reglas no le competa legalmente, pues por economía procesal y jurisdiccional no es pertinente reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito para que se pronuncie sobre ese particular, en términos de los artículos 84, fracción I; 85, fracción II, y 92 de la Ley de Amparo, así como en el punto quinto, fracción I, inciso b), del Acuerdo Número 5/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación." (Tesis 1a. XXIV/2006. Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, febrero de 2006, página 621).
Y,
"FACULTAD DE ATRACCIÓN. PROCEDE PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN SI SE PLANTEAN TEMAS DE LEGALIDAD CUANDO, A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE, SE HALLEN ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON LA INTERPRETACIÓN NOVEDOSA O EXCEPCIONAL DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, PARA RESOLVER EL ASUNTO DE MANERA INTEGRAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. CLI/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 6, con el rubro: ‘ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.’, sostuvo que para resolver sobre el ejercicio de la facultad de atracción es imprescindible tomar en cuenta los actos reclamados, las garantías individuales señaladas como violadas, la resolución materia del recurso de revisión y los agravios formulados en su contra, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el asunto reúne las características de importancia y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del asunto materia de la aludida facultad de atracción. Ahora bien, aun cuando los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo en materia de legalidad, debe tenerse en cuenta que si los referidos elementos están estrechamente vinculados con la interpretación directa de preceptos constitucionales en relación con una ley federal, es inconcuso que el asunto reviste particular interés y trascendencia y exige la intervención del Tribunal en Pleno, aunado a que ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de revisión, permite que se resuelvan de forma integral todos los planteamientos que comprende el asunto, inclusive los de legalidad." (Tesis P. XVIII/2005. Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, mayo de 2005, página 9).
En tales condiciones, la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala, se constriñe a determinar si con los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso en su demanda de amparo logra demostrar la inconstitucionalidad del artículo 6o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios; el numeral 4o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), así como 6.1 de las Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964).
Debiéndose precisar que se sobreseyó en el juicio, tal como se aprecia del segundo punto resolutivo de la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, por las quejosas Ignacia Sánchez Ramírez, Rosario de la Rosa R. e Isidra Salazar Segura, y sólo se determinó que tenía interés jurídico para reclamar los artículos antes precisados el quejoso Ciriaco Rico Frías.
Por tanto, sólo será por este quejoso por el que se realice pronunciamiento en las consideraciones y puntos resolutivos materia de la revisión por parte de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEXTO. La litis en el presente asunto se constriñe a determinar si los artículos 6o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil cinco; y 4o., fracciones I y III, incisos a), b) y c), y 6.1 de de las Reglas de Operación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil cinco, son o no violatorios de las garantías de igualdad, seguridad jurídica, irretroactividad y audiencia, contenidas en los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución.
SÉPTIMO. En virtud de que el Juez del conocimiento sobreseyó en el juicio y el Tribunal Colegiado levantó parte de ese sobreseimiento, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede al análisis de los conceptos de violación, en los que se hace valer la inconstitucionalidad de los artículos por los que subsiste el tema de constitucionalidad.
OCTAVO. En el primer concepto de violación, por lo que hace a la materia del recurso de revisión, el quejoso señaló en síntesis que la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos viola los derechos de igualdad y seguridad jurídica, porque señala como beneficiarios a los ex trabajadores migratorios o, en su caso, a sus cónyuges, hijos o hijas que le sobrevivan, excluyendo y discriminando a la madre, padre o hermanos que le sobrevivan al ex trabajador, a pesar de tener parentesco en igual grado que los señalados por el ordenamiento que se impugna.
Sigue aduciendo que esta situación se constata con los requisitos de elegibilidad que señalan las "Reglas de Operación del Fideicomiso 2106 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos (de 1942 a 1964)".
Por otro lado, considera que el artículo 6o. exige como requisito que los beneficiarios y los cónyuges que le sobrevivan hubiesen efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación, mientras que a los beneficiarios hijos e hijas no.
Finalmente estima que a pesar de que a los hijos no se les exige el registro en el padrón, sin éste, no se les permite obtener el apoyo social, ya que el reglamento convoca únicamente a quienes integran dicho padrón; de ahí que la ley y el reglamento tienden una trampa para que ningún beneficiario con la calidad de hijo pueda acceder al fondo de apoyo social.
Como primer punto, cabe señalar que la ley impugnada se creó con el objeto de establecer un fideicomiso que administrara un fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, que trabajaron en los Estados Unidos de América durante el periodo de mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos sesenta y cuatro, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios Mexicanos.
Dicho apoyo social, como se manifiesta claramente en la exposición de motivos, es un apoyo que la sociedad a través de dicho fideicomiso otorga a los ex trabajadores mexicanos braceros y a sus familias.
El monto a entregar a los beneficiarios por parte del fideicomiso no obedece a un adeudo que tenga pendiente el Gobierno Federal, sino se trata de un apoyo social que a través de dicho fideicomiso la sociedad otorga a los ex trabajadores mexicanos braceros y sus familias.
Por otro lado, el fondo del apoyo referido, administrado por el fideicomiso, proviene de recursos públicos federales, por lo cual, es necesario que se establezcan reglas claras y límites tanto a los beneficiarios como al Gobierno Federal, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre su manejo y destino.
Ahora bien, en el primer argumento del primer concepto de violación el quejoso adujo que el artículo 6o. de la ley impugnada y el numeral 4o. de las reglas de operación reclamadas son discriminatorias, pues señalan como beneficiarios de la misma únicamente a los ex trabajadores migratorios, sus cónyuges, o hijos/as, sin contemplar a la madre, el padre o los hermanos que sobrevivan.
A efecto de dar respuesta a los planteamientos del quejoso, se estima necesario transcribir el texto de los artículos impugnados:
Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.
"Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:
"I. Que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación.
"II. Que cumplan con la presentación de una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional) que los acredite como ciudadanos mexicanos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20350-5545b53a/ex-trabajadores-migratorios-mexicanos-el-articulo-6o-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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