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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES CONTENDIENTES EN SU MISMA RESOLUCIÓN SUSTENTA DIVERSOS RAZONAMIENTOS JURÍDICOS QUE ENTRE SÍ SON INCONGRUENTES, OCASIONANDO QUE EL APARENTEMENTE EN OPOSICIÓN AL DEL OTRO TRIBUNAL NO TENGA EL CARÁCTER DE UN PRONUNCIAMIENTO PRINCIPAL Y SUSTANCIAL. TESIS PUBLICADA. DEBE DIFUNDIRSE SU CANCELACIÓN CUANDO EN ELLA SE HAYA PLASMADO UN CRITERIO NO FORMULADO EN LA SENTENCIA DE LA CUAL DERIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2007-PL. · Registro digital (IUS): 20378
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL Y EL DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 691.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL Y EL DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la presente resolución.

Resulta aplicable, por analogía, la tesis que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS PROVENGAN DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIVERSA ESPECIALIZACIÓN, CUANDO DEBA DECLARARSE SIN MATERIA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los incisos primero y segundo del Acuerdo Plenario Número 1/1995, las Salas de la Suprema Corte de Justicia son competentes para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, si las materias sobre las que tratan son de su especialización. No obstante, aun cuando los criterios denunciados como contradictorios provengan de Tribunales Colegiados sobre materias que no sean competencia exclusiva de una Sala, ésta puede válidamente conocer de la cuestión por no ser necesario fijar la tesis que deba prevalecer; ello, en beneficio de una pronta administración de justicia y con apoyo en lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 4/1995, inciso primero, fracción V, emitido por el Tribunal Pleno el trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de 1995, tesis 2a. LI/95, página 229).

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la existencia o no de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los tribunales que los motivaron.

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito el veinte de abril de dos mil siete, en el expediente relativo a la improcedencia 92/2007, interpuesta por Margot Kichik Behar de Kalach y otras, es del tenor siguiente:

"CUARTO. Son inoperantes en una parte e infundados en otra los agravios expresados ... En otro orden de ideas, los quejosos recurrentes aducen que en su poder se encuentran las dos copias selladas por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en las que consta que se recibieron las demandas de garantías con anexos y tres copias. Que es de todos sabido, que los empleados de la oficialía de partes revisan los documentos que se les presentan para sellarlos y que no los reciben sin firma; agregando que del sello de recibido no se advierte que la demanda no hubiera estado firmada, siendo que se recibió en original y tres copias con dos anexos. Son infundados los motivos de inconformidad antes sintetizados. Ello es así, porque con independencia de que los recurrentes tengan en su poder la copia sellada de su demanda de amparo, la realidad es que esa simple circunstancia no desvirtúa las constancias del expediente formado ante el Juzgado de Distrito, de las que se desprende con certeza que la demanda que corre agregada al mismo no contiene firma autógrafa de quien la presentó. De igual manera, porque al margen de que es subjetiva la aseveración de que es de todos conocido que los empleados de la oficialía de partes no reciben documentos sin firma, lo cierto es que del análisis de la demanda de amparo se demuestra lo contrario. Y si bien del sello de recibido no consta que se especificara que la demanda se presentó sin firma, la realidad de las cosas es que ello no tiene el alcance de demostrar que sí estaba firmada, sobre todo cuando de las constancias de autos, con pleno valor probatorio, se advierte que no fue estampado ningún signo gráfico tendente a evidenciar la voluntad de los quejosos de instar al órgano de control constitucional. No obstante lo anterior, este tribunal, con fundamento en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, de oficio advierte que es incorrecta la consideración del Juez de Distrito de tener por no interpuesta la demanda de garantías, ante la falta de firma de la parte agraviada. Razón por la cual, se revoca tal determinación, y con plenitud de jurisdicción se procede a analizar el escrito presentado el primero de marzo de dos mil siete en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Este tribunal estima que la demanda de garantías debe desecharse de plano por actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, consistente en que carece de firma de la parte agraviada, situación que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 4o. de la Ley de Amparo. En efecto, ello es así, porque cuando la demanda de amparo indirecto se presenta sin firma, procede que el Juez de Distrito la deseche de plano, pues la falta de ese requisito esencial, no puede considerarse como una irregularidad de la misma, dado que un escrito que carece de firma, debe ser catalogado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna; por tanto, en la especie, es claro que no se cumplió el principio de instancia de parte agraviada, lo cual justifica que debe desecharse de plano. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, dispone: (se transcribe). Por su parte, los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen: (se transcriben). De los preceptos citados se colige que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y que será improcedente cuando así se desprenda de alguna disposición de la ley. Ahora bien, en el caso, de las constancias del expediente formado ante el Juez de Distrito se advierte que el escrito de demanda de garantías carece de firma, la cual constituye el signo inequívoco de la voluntad de la parte agraviada en poner en movimiento al órgano de control constitucional a fin de que se avoque al estudio de la violación de garantías alegada. De modo tal, que si no fue suscrita la demanda, es claro que no puede considerarse que exista instancia de parte agraviada, situación que conlleva a su desechamiento por notoriamente improcedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos antes citados. Es aplicable la tesis que se comparte aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, octubre de 1992, Octava Época, página 314, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA.’ (se transcribe). En el mismo sentido resulta aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990, Octava Época, página 508, del tenor siguiente: También es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, octubre de 1992, página 351, que dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA.’ (se transcribe). Asimismo, orientan el criterio de este tribunal, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 38, Primera Parte, Séptima Época, página 27, cuyos rubro y texto son: ‘FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’ (se transcribe). De igual manera, orienta el criterio la tesis de la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 181-186, Quinta Parte, Séptima Época, página 71, que dice: ‘DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.’ (se transcribe). Conforme a los criterios referidos en las tesis citadas, se colige que la falta de firma de la demanda de garantías, genera la improcedencia del juicio de amparo, ante la ausencia de instancia de parte agraviada, como uno de los principios que informan al juicio constitucional. En las relatadas condiciones, se estima que lo correcto era desechar de plano la demanda de amparo ante el motivo notorio e indudable de su improcedencia, y no tenerla por no interpuesta. De modo tal, que este tribunal no comparte el criterio invocado por el Juez de Distrito, que emerge de la tesis aprobada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, página 1884, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO EL PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME.’. Lo anterior, en razón de que los únicos supuestos en que el Juez de Distrito puede tener por no interpuesta la demanda de amparo son los previstos en el artículo 146 de la ley de la materia, que establece: (se transcribe). Del análisis de dicho precepto legal, se advierte que el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que subsane la demanda, en los supuestos siguientes: a) Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. b) Si hubiere omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo. c) Si no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120 de la ley. Luego, si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado por el Juez, éste tendrá por no interpuesta la demanda, si el acto reclamado sólo afecta al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso. Ahora bien, la falta de firma de la demanda de garantías, no es una irregularidad en dicho escrito, que amerite la prevención al promovente prevista en el artículo que se analiza, en razón de que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 88, Sexta Parte, página 46, que es del tenor siguiente: ‘FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. NO QUEDA COMPRENDIDA EN LAS PREVENCIONES DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la tesis I.4o.T.59 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1049, que dice: ‘FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, podemos concluir que la falta de firma de la demanda de amparo, genera la improcedencia del juicio de garantías, al faltar el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 4o de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la improcedencia de la demanda, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la misma ley. Razón por la cual, ante tal evento, lo correcto es desechar de plano la demanda y no tenerla por no interpuesta, pues como se demostró con antelación, los únicos supuestos para tenerla por no interpuesta son los señalados en el artículo 146 de la multirreferida ley, dentro de los cuales no se contempla la falta de firma de la demanda de amparo. En tal virtud, procede revocar la determinación del Juez de Distrito y en su lugar deberá regir la consideración en el sentido de que se deseche la demanda de garantías ante el motivo manifiesto e indudable de improcedencia de su falta de firma, que se traduce en que no existe instancia de parte agraviada. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 196, último párrafo y 197-A de la Ley de Amparo; 10, fracción VIII y 21, fracción VIII, estos dos últimos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este tribunal acuerda que se denuncie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis existente entre el criterio sustentado en esta ejecutoria, con el diverso que sostuvo el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintinueve de marzo de dos mil seis, el recurso de queja número QA. 21/2006, interpuesta por Marcela Gabriela Geijo Pino. En su ejecutoria el citado tribunal consideró que debe tenerse por no interpuesta la demanda de amparo, cuando el escrito relativo no se encuentre firmado por el que aparece como promovente, sin tener que prevenirlo para que la firme. Apoyó tal consideración en lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, y en la circunstancia de que cuando se actualiza el supuesto de la falta de firma en la demanda de amparo, debe estimarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos mediante los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella acreditar la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la falta de ese requisito equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, e incluso, no debe prevenirse al promovente para que estampe su firma, pues la misma no entraña alguno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, que se pueda regularizar en términos del diverso 146, por no ser un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, ya que no se puede desechar lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente. Ahora bien, como se advierte de líneas que anteceden, este Tribunal Colegiado sustenta el criterio de que la falta de firma en el escrito de demanda de garantías por el que aparece como promovente, genera la improcedencia del juicio de amparo, al faltar el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo; razón por la cual, ante tal hipótesis lo correcto es desechar la demanda, pues los únicos supuestos para tenerla por no interpuesta son los señalados en el artículo 146 de la ley antes mencionada, dentro de los cuales no se contempla la falta de firma de la demanda de amparo; situación que denota motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que amerita desechar la demanda con base en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo."

Por su parte, la ejecutoria del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictada el veintinueve de marzo de dos mil seis al fallar el recurso de queja 21/2006, interpuesto por Marcela Gabriela Geijo Pino, en lo que aquí interesa expresa lo siguiente:

"QUINTO. En principio, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige al juicio de amparo, se ha identificado al recurso de queja como el medio de impugnación que se interpone respecto de los actos que, por exclusión, no pueden ser combatidos a través del recurso de revisión; constituyendo una segunda instancia analítica de la legalidad de las resoluciones que dicten los órganos de control constitucional durante la sustanciación del juicio de garantías. En ese sentido, conviene destacar que en la Ley de Amparo existe un catálogo taxativo que recoge las hipótesis de procedencia del recurso de queja; por lo que es pertinente señalar que de conformidad con lo establecido en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se imputa la violación en los casos a que se refiere el diverso numeral 37 de la citada ley, en los siguientes supuestos: A. Autos dictados durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, que no sea reparable en la sentencia definitiva. B. Actos que se dicten después de fallado el juicio de primera instancia, que por su naturaleza jurídica no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la especie, el proveído impugnado encuadra en la hipótesis identificada en esta ejecutoria con la letra A, pues fue dictado durante la tramitación del juicio de garantías y por su naturaleza, puede causar daño o perjuicio a la aquí recurrente no reparable en la sentencia definitiva. Se expone tal aserto, ya que en el proveído recurrido, el juzgador de amparo determinó tener por no presentada la demanda de amparo, únicamente en relación con Marcela Gabriela Geijo y admitirla por los restantes promoventes, lo cual es susceptible de causar a la recurrente un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva. Sobre esa base, de las argumentaciones expuestas por la recurrente y de las constancias remitidas por el Juez de Distrito, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se estima conveniente abordar el estudio de la legalidad del proveído combatido en esta instancia. En tal sentido, es pertinente destacar que del escrito de expresión de agravios se desprende que la recurrente plantea que se viola el artículo 145 de la Ley de Amparo, al no existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con base en los siguientes planteamientos: 1. La Ley de Amparo no prevé que la demanda deba estar firmada por los quejosos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo deba desecharse por improcedente, pues el artículo 116 de la Ley de Amparo no prevé ese requisito, por lo que resulta inaplicable el artículo 73, fracción XVIII, de ese ordenamiento legal, dado que la simple presentación del escrito de demanda, expresa la manifestación de voluntad de los peticionarios de garantías. 2. En términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, es factible presentar todas aquellas pruebas que demuestren que el asunto cumple con los principios de iniciativa o instancia de parte, pues el Juez sólo puede tener certeza que el amparo se promueve por la parte agraviada cuando cuenta con las pruebas que demuestren el perjuicio que sufre el quejoso a su esfera de derechos, para corroborar que la demanda se promovió por la persona a la que afecta el acto de autoridad. 3. Resulta inaplicable lo dispuesto en el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues es absurdo que un Juez de Distrito pretenda fundar una causa de sobreseimiento en una disposición que pertenece a un ordenamiento jurídico diverso a la Ley de Amparo. Los planteamientos precisados se estudian en forma conjunta en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, dada la estrecha relación que guardan entre sí, los cuales resultan ineficaces para revocar el auto recurrido. Para poner de manifiesto la certeza de tal afirmación, es pertinente destacar de manera esencial, que de las constancias que remitió el Juez de Distrito en apoyo a su informe justificado, se desprende que mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil seis, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, se presentó demanda de amparo, que en el proemio señala como promoventes a Héctor Jesús Treviño, Marcela Gabriela Geijo Pino, Manuel Claudio Scapachini Navarro, Karina Lara Moreno de Scapachini y Enrique Ramírez Villegas, pero el señalado escrito no fue firmado por Marcela Gabriela Geijo Pino; por lo que por auto de veintitrés de febrero de dos mil seis, el Juez de Distrito determinó que no procede admitir la demanda de amparo en relación con tal persona, por lo siguiente: 1) Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 4o. de la Ley de Amparo, así como en el 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al no encontrarse incorporada la expresión de voluntad de la promovente. 2) Al no resultar posible subsanar la falta de firma en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, pues un escrito sin firma no obliga al órgano constitucional a realizar ningún acto tendiente a darle curso, puesto que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada en términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo cual se requiere que el particular afectado por un acto de autoridad sea quien presente el escrito de demanda debidamente firmado, o bien, estampando su huella digital. El proveído precisado es el que constituye el acto impugnado en este recurso. A efecto de verificar la legalidad de tal determinación, es pertinente destacar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el vocablo ‘firma’ como ‘El nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena para darle autenticidad o para obligarle a lo que en él se dice.’. En ese orden de ideas, la firma autógrafa es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas manifiestan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, por lo que al ser dicha firma elaborada del puño y letra de su titular, se evidencia su voluntad de realizar el acto correspondiente, y con ella se acredita la autenticidad del documento que se suscribe, esto es, se requiere de firma autógrafa para dar validez a cualquier actuación o documento. De lo anterior deriva que cualquier otra forma de reproducción de una firma, verbigracia, facsímile, o copia fotostática simple de ésta, no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad del que aparece como suscriptor, en virtud de que en esas hipótesis no es posible atribuirle la autoría del documento, máxime que dichas reproducciones de la firma pudieron asentarse sin su consentimiento; y, por tanto, con mayor razón tampoco puede darse validez a un documento cuando éste carece de firma, pues en esta hipótesis es imposible atribuir dicho acto a alguna persona. En tal sentido, ya que la firma no es sino el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, por ende, la falta de firma provoca que el documento en cuestión carezca de validez. En esa tesitura, si bien en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, si el Juez de Distrito advierte alguna irregularidad en el escrito inicial de demanda o alguna imprecisión que la hiciera oscura, tiene la facultad de prevenir a los promoventes para que la aclaren, corrijan o completen, ello a efecto de que cumplido tal extremo, con base en el desahogo de la prevención o diligencia correspondiente, el resolutor se encuentre en aptitud de admitir la demanda a trámite o bien tenerla por no presentada si no se encuentra ajustada a derecho; empero, el solo hecho de que la demanda no se encuentre firmada, aun cuando no se contemple expresamente como un requisito en el artículo 116 de la Ley de Amparo, es necesaria para demostrar que se colma el requisito de expresión de voluntad, resultando indebido que se dé trámite si carece de ella, pues, al tratarse del escrito inicial dentro de un juicio, no hay manera de que el juzgador pueda establecer si en realidad se trata de la voluntad de quien promueve. En esa tesitura, y dado que la demanda de amparo se presentó sin la firma de una de las personas señaladas como promoventes de la misma, fue correcta la determinación dictada por el Juez de Distrito, en virtud de que al no encontrarse suscrita por la totalidad de los mencionados no puede establecerse que hubiera sido voluntad de la aquí recurrente presentar el escrito respectivo. Ahora bien, el artículo 4o. de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). De la norma transcrita se desprende que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente; por tanto, si la demanda de amparo que aparece promovida por diversas personas, pero no contiene la firma de una de ellas, debe considerarse que la acción constitucional no fue ejercitada por ésta, lo cual hace improcedente el juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, y conduce a sobreseer en él, con fundamento en el numeral 74, fracción III, de la propia ley. De lo expuesto se concluye que es requisito indispensable que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa de la o las personas que la promueven, pues de no ser así, no puede establecerse que se incorporó la expresión de voluntad y, por tanto, la misma carece de validez. En tal sentido, es necesario que los documentos cuenten con firma autógrafa para que tengan validez y, como en el caso, Marcela Gabriela Geijo Pino, aun cuando sea mencionada en la demanda de amparo, no la suscribió imprimiendo el signo gráfico o huella digital, por tanto, es legal que el Juez de Distrito no admitiera la demanda respecto a dicha persona, al no contener la expresión demostrativa de su voluntad. Las anteriores consideraciones permiten establecer, que la no admisión de demanda que se decretó en el auto impugnado fue correcto, dado que el Juez de Distrito lo determinó ante la ausencia de firma de una de las personas que se precisó como promovente, lo que provoca que respecto de tal persona la demanda no pueda surtir efecto alguno. Así, conviene destacar que la presentación de cualquier promoción (demanda, o en su caso su ampliación, ofrecimiento de pruebas, formulación de alegatos, entre otras), requiere como presupuesto esencial la manifestación de la voluntad por la parte que acude ante la instancia que deba resolver su promoción, lo que debe cumplirse en forma expresa mediante la ‘firma’, requisito que denota la voluntad en los promoventes; por tanto, aun cuando el legislador no hubiera establecido expresamente como requisito en la tramitación del juicio de amparo, el que toda promoción que se presente deba estar firmada, esto constituye un presupuesto para la existencia de tal acto jurídico, que contenga la firma del suscriptor que vincule al promovente y al propio tiempo al juzgador de amparo a actuar en el sentido de lo solicitado en la promoción. De ahí que la falta de ese requisito da lugar a tener por no presentada la demanda sin contemplar la posibilidad de que se prevenga o requiera previamente al formulante, porque el requisito de la firma no es de forma ni de fondo del acto, sino de existencia y admisibilidad, pues ante la ausencia de firma el Juez de Distrito no tiene la posibilidad ni la obligación de darle trámite por no existir el presupuesto indispensable que condiciona su actuación. En efecto, en un procedimiento escrito la voluntad de las partes para ejercer el derecho se manifiesta mediante la firma -que es una formalidad indispensable para que se dé curso a cualquier promoción-, pues mediante ella se expresa la voluntad de ejercicio del derecho que en el escrito se consagra, esto es, la existencia de un signo gráfico puesto en la demanda como expresión de voluntad de quien promueve, genera la presunción de que pertenece al promovente o su representante. Ahora bien, la recurrente manifiesta que la sola presentación de la demanda de amparo es expresión de la manifestación de voluntad de quien la promueve y que hasta la audiencia constitucional pueden aportarse las pruebas que demuestren que promovió el juicio de amparo y así demostrar su interés jurídico a efecto de acreditar que el acto de autoridad le causa perjuicio, sin embargo, tales manifestaciones resultan ineficaces para acreditar la ilegalidad del acto recurrido, en tanto que como ha quedado establecido, la firma es el signo gráfico que manifiesta la voluntad del interesado. Aseverar lo contrario implicará autorizar el perfeccionamiento de una demanda, entre otros

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20378-d5e16afa/contradiccion-de-tesis-debe-declararse-inexistente-cuando-uno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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