FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO FEDERAL. NO ES FORZOSO QUE SE EJERZA EN UN SOLO ACTO. FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN E IMPRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, AL DIFERIR EL RECONOCIMIENTO DE LA DEDUCCIÓN, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, PUES DELIMITAN SUFICIENTEMENTE LA FORMA DE CALCULAR EL COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN III DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II DE DICHO ORDENAMIENTO, MISMAS QUE REGULAN EN LO GENERAL EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO, NO SON VIOLATORIOS DE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA PUES LA DEDUCCIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PERMITE QUE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE CUBRA EL CAUSANTE, SEA DETERMINADO EN ATENCIÓN A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A NORMAS REGLAMENTARIAS EN CUANTO A LA PREVISIÓN DE CIERTOS REQUISITOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, NI DE RESERVA DE LEY, PUES ESTABLECEN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN. RENTA. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER EN EL SENTIDO DE QUE NO SE HAN EXPEDIDO LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A QUE SE HACE ALUSIÓN EN LOS ARTÍCULOS 45-A, 45-F Y 45-G DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.
AMPARO EN REVISIÓN 1068/2005. SHABOT CARPETS, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIOS: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA, VERÓNICA NAVA RAMÍREZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 18, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de septiembre de dos mil seis; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de dos mil cinco, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.
En el caso, se surte la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los Acuerdos Generales del Pleno de este Alto Tribunal Números 5/2007 y 6/2007, de fechas siete y diecinueve de febrero de dos mil siete, respectivamente.
SEGUNDO. Temporalidad. El recurso de revisión planteado por la quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal le fue notificada por lista a la parte quejosa el veinticuatro de mayo de dos mil cinco, surtiendo efectos el día veinticinco siguiente, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a correr el día veintiséis de mayo de dos mil cinco y concluyó el día ocho de junio del mismo año, habiéndose descontado los días veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro y cinco de junio, todos de la misma anualidad, por ser inhábiles.
En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante el Juzgado de Distrito el siete de junio de dos mil cinco, es inconcuso que se interpuso oportunamente.
TERCERO. Cuestiones que deben quedar firmes. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el a quo, mismo que fue reflejado en el punto resolutivo primero, toda vez que la consideración correspondiente del fallo no fue impugnada por la parte a la que podría perjudicar.
Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Sala comparte, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."(6)
CUARTO. Problemática jurídica a resolver. Corresponde a esta Sala el análisis de los agravios primero y segundo, vertidos por la recurrente, tendentes a combatir la negativa del amparo, a fin de dilucidar si los artículos 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I, todos ellos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco, así como las fracciones IV y V del artículo tercero del "Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso", relativo a disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son violatorios de las garantías constitucionales de las que se duele la recurrente.
Asimismo, deberán analizarse los agravios enderezados por la parte recurrente, en los que aduce que la a quo incurrió en omisiones, en relación con el estudio de los planteamientos efectuados en la demanda de garantías. De resultar fundado dicho argumento, corresponderá el estudio de los conceptos de violación omitidos por la juzgadora de primera instancia.
QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Los argumentos que serán estudiados en esta instancia son los que a continuación se sintetizan.
1. En primer término, deben tomarse en cuenta los planteamientos formulados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación aducidos en la demanda de garantías.
1.1. En el primer concepto de violación, la impetrante de garantías endereza argumentos tendentes a acreditar la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II y 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta por la supuesta violación a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 constitucional y los principios tributarios de legalidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En ese sentido, expone lo que a su juicio debe entenderse como garantía de seguridad jurídica, concluyendo que dicho principio alude a la certeza que deben tener los contribuyentes en relación con la causación del impuesto y el conocimiento pleno de las consecuencias fiscales que derivan de dicha situación.
Posteriormente, desarrolla su percepción acerca de los principios de legalidad y proporcionalidad y, consecuentemente, se avoca al primero de ellos, señalando que, en relación con el artículo 29, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el legislador omitió definir el concepto denominado "costo de lo vendido", lo que -a su juicio- violenta el principio constitucional de referencia.
En esa línea argumentativa, la quejosa sostiene que se vulnera el principio de legalidad, en virtud de que el legislador incumple con su obligación de precisar en la ley todos y cada uno de los elementos del tributo, pues -según argumenta- la omisión de la determinación de conceptos regulados en el sistema de costo de lo vendido -tales como costeo absorbente, costos históricos o predeterminados, acumulación de inventarios y los métodos de valuación, primeras entradas primeras salidas, últimas entradas últimas salidas, etcétera- da pauta a que la autoridad fiscal sea quien los determine, lo que considera inconstitucional.
Asimismo, la quejosa afirma que tampoco fue definido el procedimiento de aplicación del referido costo de lo vendido -costeo directo y costeo absorbente- a fin de otorgarle certeza jurídica y legalidad a dicho sistema, lo que también -en su opinión- vulnera el principio de legalidad.
Aduce que la segunda parte del artículo 45-A de la ley de referencia, al establecer la opción de aplicar el sistema de costeo directo y al remitir a una norma secundaria para la aplicación de dicho sistema vulnera el principio de legalidad tributaria, pues la remisión al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin que al momento de presentación de la demanda se hubieran emitido dichas reglas, por lo que resulta violatoria del principio de legalidad tributaria.
Respecto del artículo 45-B de la ley relativa, la quejosa arguye que dicho numeral no dispone la forma en que deben ser empleados los elementos establecidos en el mismo, los cuales deben ser considerados por las empresas que realicen actividades comerciales para determinar el concepto de costo de lo vendido, lo que -en su opinión- resulta relevante para determinar dicha deducción.
Asimismo, en relación con el artículo 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la quejosa manifiesta que resulta inconstitucional puesto que obliga a los contribuyentes a considerar determinados elementos en proporción a la importancia que tengan en la producción de bienes y, en ese sentido, la quejosa argumenta que dicho concepto de "importancia" da lugar a una serie de arbitrariedades por parte de la autoridad fiscal, puesto que lo que es importante para el contribuyente, podría no serlo para la autoridad fiscal y viceversa.
Igualmente, la impetrante de garantías aduce que la remisión al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se aprecia en el artículo 45-D de dicha ley -en lo que concierne a la forma en la que los residentes en el extranjero podrán implementar el sistema de deducción del costo de lo vendido- también conlleva una violación a la garantía de legalidad en materia tributaria.
En lo que hace al artículo 45-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la quejosa hace valer que se viola la garantía de legalidad, en la medida en la que no se determina qué debe entenderse por "costo de lo vendido" y, en cambio, se dan lineamientos para emplearlo en caso de que se realicen enajenaciones a plazo o de arrendamiento financiero.
Asimismo, la parte quejosa plantea que el artículo 45-F de la Ley del Impuesto sobre la Renta es inconstitucional al establecer que el procedimiento que se utilice para determinar el costo de lo vendido deberá seguirse durante cinco años, y que únicamente podrá variarse cuando se cumpla con las disposiciones aplicables del reglamento de la ley. Lo anterior, toda vez que insiste en que la legislación no define qué debe entenderse por "costo de lo vendido" ni cuál es el procedimiento que debe seguirse para su determinación; asimismo, señala que ninguna de las disposiciones reglamentarias hace referencia al costo de lo vendido.
Posteriormente, la quejosa opina que el artículo 45-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta violatorio del principio aludido, en virtud de que impone que cuando se cambie de método de valuación se deberá cumplir con las reglas que establece el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismas que -insiste- al día de hoy no se han publicado.
En esa misma línea, arguye que los métodos de valuación contenidos en el artículo 45-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta resultan contrarios al principio de legalidad, pues de dicho artículo no se desprende en qué consisten los mismos ni tampoco se hace referencia a alguna otra disposición jurídica que aclare dichos conceptos y que explique la forma en la que influyen en el cálculo del costo de lo vendido.
Asimismo, la quejosa señala que el artículo 45-G resulta inconstitucional cuando remite al reglamento de la ley de referencia, al establecer que hay posibilidades para no identificar los porcentajes de deducción de las compras de manera individual, mencionando que se podrían crear facilidades en el reglamento referido; lo anterior, pues -reitera- dicho ordenamiento no contiene regla alguna que permita desentrañar el contenido de la disposición legal.
Respecto del artículo 45-H de la ley, la quejosa aduce que dicho artículo resulta violatorio de la garantía de seguridad jurídica en relación con el principio de legalidad tributaria, en razón de que el legislador pretende señalar qué debe hacer el contribuyente cuando el costo de las mercancías sea superior al precio de mercado o al de reposición, siendo que fue omiso al establecer la forma en que debe ser determinado el concepto de costo de lo vendido.
Por último, en relación con el artículo 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la impetrante de garantías menciona que dicho dispositivo legal, al establecer que podrán ser utilizados los métodos de valuación de inventarios y, en ese sentido, remite al artículo 45-G de la misma ley, lo cual resultaría violatorio de la garantía de seguridad jurídica, pues -como argumentó la quejosa con anterioridad- dichos métodos de valuación resultan violatorios del principio de legalidad al no estar definidos por la ley.
1.2. En el segundo concepto de violación, la impetrante de garantías señala como inconstitucionales los artículos 45-A al 45-I en relación con el artículo 29, fracción II, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que dichas disposiciones violan en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 constitucional y los principios tributarios de legalidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Lo anterior es así, ya que tales disposiciones -argumenta la quejosa- no definen ninguno de los conceptos necesarios para el cálculo del costo de lo vendido ni establecen cuál es el procedimiento que debe seguirse para obtener el valor de dicho costo.
En ese sentido, la sociedad mercantil quejosa relaciona el contenido de los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reiterando los vicios precisados en el primer concepto de violación, en lo que se refiere a la falta de precisión de los términos utilizados para delimitar la deducción procedente como costo de lo vendido, así como el procedimiento que debe seguirse para su cálculo.
Por lo anterior la quejosa concluye que, al no definirse los conceptos y procedimientos aludidos, se imposibilita el ejercicio del derecho a la deducción por concepto de "costo de lo vendido", afectándose la base de la obligación tributaria.
1.3. En el tercer concepto de violación, la quejosa endereza argumentos tendentes a probar la inconstitucionalidad del sistema de costo de lo vendido en virtud de que -según sostiene- se violenta el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En efecto, la quejosa expresa que dada la indefinición de la ley -planteada en los primeros dos conceptos de violación-, no puede hacer deducible una erogación que resulta necesaria para la consecución de sus fines, lo que origina como consecuencia directa, el que no puedan tributar de acuerdo con su auténtica capacidad contributiva.
1.4. En el cuarto concepto de violación la quejosa manifiesta que las disposiciones reclamadas resultan violatorias del principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que imposibilitan al contribuyente a ejercer su derecho a la deducción del costo de lo vendido, difiriéndolo hasta el momento en que las erogaciones efectuadas por los sujetos pasivos del tributo se materialicen en la venta del producto, lo que provoca que no se le den efectos jurídicos a dichas erogaciones, lo cual -sostiene la quejosa- evidentemente desconoce la capacidad contributiva del gobernado.
1.5. En el quinto concepto de violación, la quejosa argumenta que se vulnera el principio de equidad tributaria establecido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en virtud de que en los artículos 45-B y 45-C de la ley mencionada, se prevén dos tipos de contribuyentes, los cuales determinan la deducción correspondiente al costo de lo vendido bajo parámetros diversos, siendo que -a juicio de la quejosa- ambos grupos se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley.
La quejosa aduce que, de conformidad con el artículo 45-C de la ley de referencia, los causantes que se dediquen a actividades empresariales distintas a la compra y venta de mercancías, deben excluir el costo correspondiente a la mercancía no enajenada en el ejercicio, así como el de la producción en proceso; sin embargo, -sostiene- que los que realicen actividades comerciales en términos del artículo 45-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no tienen la obligación de excluir en el cálculo del costo de lo vendido la mercancía no enajenada en el ejercicio, sin que -en su opinión- se justifique la distinción apuntada.
Asimismo, señala que se vulnera la garantía de equidad tributaria, en virtud de que se establece un trato distinto a las personas morales sujetas al régimen de costo de lo vendido, en relación con las personas físicas con actividades empresariales que no se encuentran sujetas a dicho sistema y a las cuales se les autoriza a efectuar las deducciones de las erogaciones que realicen por concepto de adquisición de mercancías, desde el momento que se realiza dicha erogación, contrario a lo que sucede con las personas morales.
1.6. En el sexto concepto de violación, la quejosa argumenta que se violenta el principio de proporcionalidad tributaria por parte de la fracción IV del artículo tercero del decreto legislativo reclamado, en virtud de que obliga a los contribuyentes a acumular los ingresos provenientes de ventas efectuadas en dos mil cinco, bajo un mecanismo que -en su opinión- no permitiría reconocer la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo.
En relación con las disposiciones transitorias, la quejosa plantea diversas causas de inconstitucionalidad, entre las cuales se destacan las siguientes:
- El hecho de que no pueda deducir las existencias en inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro;
- El que se le conmine a considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se adquirió con antelación al primero de enero de dos mil cinco, y ello a pesar de que existan otros métodos que permitirían tomar en cuenta los "costos verdaderos";
- El que dicho mecanismo para identificar la mercancía vendida, implique -a su juicio- que no se pueda restar el costo o gasto en que incurrió para la comercialización y producción.
En este contexto, señala que se obliga al contribuyente a considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al primero de enero de dos mil cinco y, en ese sentido, se obliga a acumular ingresos de una mercancía que puede aun no ser enajenada, es decir, al determinar que no serán deducibles para el impuesto sobre la renta vigente en dos mil cinco, los inventarios que se hayan tenido al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, se grava sobre una capacidad económica ficticia que no corresponde a su capacidad contributiva.
En consecuencia, la quejosa aduce que la fracción IV del artículo tercero del decreto establece un régimen que impide a los contribuyentes deducir las existencias de inventarios que tengan al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, siendo que -a su juicio- quienes decidan optar por dicho régimen transitorio, tendrán que acumular como ingreso lo que hayan obtenido por la venta efectuada en dos mil cinco, de las mercancías que tenían en inventario hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sin que a dicho ingreso acumulable se le pueda restar el costo o gasto en que se hubiere incurrido, lo que la obligaría a contribuir de acuerdo con una ficción.
1.7. En el séptimo concepto de violación, la quejosa endereza argumentos encaminados a tachar de inconstitucional a la fracción IV del artículo tercero del decreto referido, en virtud de que -a su juicio- se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria establecido en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
Lo anterior -menciona la quejosa-, en razón de que, a pesar de que existen otros métodos para valuar los inventarios, el legislador optó por el método que le significara mayor carga a los contribuyentes, puesto que sólo permite considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se había adquirido con anterioridad al primero de enero de dos mil cinco.
En esa tesitura, el legislador no tomó en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, al determinar los métodos de valuación de inventarios, puesto que se obliga a los contribuyentes a enterar un tributo sobre cantidades mayores al ingreso real que efectivamente percibió el gobernado.
En efecto, según la quejosa, el régimen establecido en la fracción IV del artículo tercero aludido, obliga a los contribuyentes que tenían inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro a acumular de manera inmediata, no proporcional, el total de los ingresos obtenidos por ventas efectuadas en dos mil cinco, lo que evidencia que no se considera la capacidad contributiva.
En este sentido, hace referencia a la forma en la que se realizó la transición del método del costo de lo vendido, al de deducción de adquisiciones, en los años de mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos ochenta y ocho, precisando que en aquella circunstancia, cuando el impacto de la transición afectaba al fisco federal, terminó autorizándose a razón del 3.33% por ejercicio, a través de la resolución miscelánea; en cambio, ahora que se regresa a la deducción del costo de lo vendido, con un impacto desfavorable para el contribuyente, el mecanismo establecido en la fracción IV del artículo tercero, implica la determinación de una base que considera ficticia y gravosa.
1.8. En el octavo concepto de violación, la quejosa manifiesta que la fracción IV del artículo tercero del decreto legislativo reclamado, vulnera en su perjuicio la garantía de libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que impone un método de valuación para los inventarios sin considerar el giro del negocio, afectando -según argumenta- en forma directa, el desarrollo normal de sus actividades productivas, al obligarle a destinar recursos no considerados en su presupuesto para llevar a cabo dicha valuación en los términos establecidos por la disposición transitoria.
Al respecto, sostiene que, al conminársele a considerar que lo primero que se enajena es lo primero que se adquirió antes de enero de dos mil cinco, se le impide la libre disposición de sus recursos, lo cual también impediría su "desarrollo y progreso", coartándose su actividad, lo cual, a su vez, ocasionaría "el estancamiento de la economía nacional".
1.9. En el noveno concepto de violación, la quejosa expresa que la fracción IV del artículo tercero del decreto legislativo reclamado, violenta el principio de equidad tributaria al otorgar un trato igual a sujetos que se encuentran en situaciones distintas, y un trato desigual a quienes se hallan en circunstancias iguales.
Lo anterior, puesto que la fracción referida establece -a su juicio- un régimen que trata de forma igual a sujetos que se encuentran en escenarios completamente distintos, al prever que los contribuyentes no podrán deducir el costo de lo vendido respecto de los inventarios que tengan al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro y, de igual forma, al obligar a considerar que lo primero que se vende en dos mil cinco, es lo primero que se había adquirido con anterioridad a enero de dos mil cinco, independientemente de la actividad o giro que desempeñe el contribuyente, y sin tomar en cuenta las distintas circunstancias jurídicas, contables y comerciales.
En ese sentido, señala que se violenta el principio de equidad tributaria al obligar a los contribuyentes del impuesto sobre la renta a aplicar el método de "primeras entradas primeras salidas", no obstante que éstos pueden tener un giro distinto al de los demás sujetos del impuesto.
1.10. En el décimo concepto de violación la quejosa afirma que el régimen contenido en la fracción IV del artículo tercero del decreto en comento, resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria establecida en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
La quejosa alude a que la acumulación de inventarios que se tenga al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro -lo cual tiene que realizar el contribuyente para deducir el costo de lo vendido- se deberá efectuar en función de la rotación que de los mismos tenga cada empresa.
En ese contexto, la impetrante de garantías advierte que el régimen general establecido en la fracción IV del numeral aludido, dispone que los contribuyentes acumulen el ingreso respecto de las ventas de dos mil cinco sin deducir el inventario, quedando impedidos a deducir el costo de lo vendido. Por otro lado -señala la quejosa- el régimen opcional previsto en la misma fracción, permite deducir el costo de ventas bajo la condición de que se acumulen inventarios para la determinación del impuesto.
De tal forma, la quejosa estima que se viola el principio de equidad tributaria ya que tanto el contribuyente que opte por el régimen general como el que se decida por el régimen opcional, cuentan con inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por lo que -a su juicio- no existe justificación alguna de que a uno se le permita acumular inventarios de manera proporcional -y deducir el costo de lo vendido-, y al otro no.
En este sentido, sostiene que ambos grupos de causantes contaban con inventarios al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, siendo el caso que, con la reforma reclamada, se podrá o no hacer deducible el costo de lo vendido, dependiendo de la opción que se ejerza.
1.11. En el décimo primer concepto de violación, la quejosa estima que los actos reclamados violentan la garantía de irretroactividad de la ley establecida en el artículo 14 constitucional, ya que -en su opinión- el régimen contenido en las fracciones IV y V del multicitado artículo tercero del decreto legislativo reclamado, regula situaciones que produjeron sus efectos en el pasado.
En esta línea, la quejosa argumenta que la legislación en materia impositiva debe entenderse que se encuentra vigente cada año, sin afectar las situaciones jurídicas consumadas o constituidas con anterioridad, ni tampoco las consecuencias que de estas últimas se sigan produciendo, puesto que -afirma- únicamente podría afectar las consecuencias aún no producidas.
Señala que el régimen establecido en las fracciones IV y V del artículo tercero del decreto mencionado, establece que será deducible el costo de lo vendido conforme se enajenen mercancías, con la condición de que se acumulen los inventarios de mercancías en existencia al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, lo cual ya había sucedido y se había extinguido en cuanto a sus efectos al amparo de una ley anterior.
Por último, la quejosa menciona que el régimen contenido en las fracciones citadas con antelación resulta violatorio del principio de irretroactividad, ya que modifica la manera en que se exigía a los contribuyentes a efectuar un inventario físico total de existencias a la fecha en que se formule dicho inventario, a fin de que se determinara el estado de posición financiera de la empresa.
Lo anterior -afirma la quejosa- altera derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias nacidas bajo la vigencia de una ley anterior -los inventarios físicos realizados por los contribuyentes al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro- y obliga a modificarlos utilizando el método de "primeras entradas primeras salidas", con lo que se violenta el principio de no retroactividad de la ley establecido en el artículo 14 constitucional.
2. En relación con dichos planteamientos, el Juez de Distrito formuló la respuesta que a continuación se sintetiza.
2.1. Primeramente, el Juez de Distrito se avocó al análisis de las causales de improcedencia, concluyendo lo siguiente:
A) En primer término, precisa que no es cierto el acto reclamado del secretario de Hacienda y Crédito Público, consistente en la inminente aplicación de los preceptos impugnados, motivo por el cual sobresee el juicio en relación con dicha autoridad y acto, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
B) Posteriormente, el a quo determinó la certeza de los actos reclamados al Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y secretario de Gobernación, consistentes, respectivamente, en el ámbito de sus competencias, en la expedición, promulgación y refrendo del decreto impugnado, puesto que así lo manifestaron las citadas autoridades al rendir sus informes justificados y por tratarse de hechos notorios que no están sujetos a prueba.
C) A continuación, el Juez de Distrito desestimó las causas de improcedencia invocadas por las responsables, previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo por considerar que, contrariamente a lo argumentado por dichas autoridades, la quejosa acreditó su interés jurídico para promover el juicio en contra de los artículos cuya inconstitucionalidad se reclama y, en ese sentido, determinó que se trata de normas de naturaleza autoaplicativa que afectan la esfera jurídica de los gobernados a partir de su entrada en vigor.
D) Asimismo, desestimó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento, bajo la premisa de que en el presente asunto sí podrían concretarse los efectos de la sentencia que conceda el amparo.
E) Por último en este renglón, el Juez a quo estimó infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 116, fracción V, del mismo ordenamiento, en virtud de que la quejosa efectivamente señaló conceptos de violación tendentes a evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como de las fracciones IV y V del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la ley mencionada, vigentes a partir del primero de enero de dos mil cinco.
Concluido dicho análisis, el juzgador de primera instancia precisa que no queda pendiente el estudio de diversa propuesta de improcedencia, por lo que procedería el estudio de fondo de las cuestiones planteadas.
2.2. En lo que respecta al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la impetrante de garantías, el Juez de Distrito sostuvo lo siguiente:
2.2.1 En el considerando quinto, el a quo comienza por analizar los conceptos de violación en que se planteó la violación al principio de legalidad tributarias, los cuales califica de infundados e inoperantes.
A) En ese sentido, en relación con el principio de legalidad tributaria, el Juez de Distrito estableció que los métodos de valuación que prevé la Ley del Im
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20449-6008a78e/facultad-reglamentaria-del-ejecutivo-federal-no-es-forzoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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