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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS RELATIVA, NO ES UNA LEY PRIVATIVA (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL 13 DE ENERO DE 2005). CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 13 DE ENERO DE 2005). JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE LA PREVÉ, NO ATENTA CONTRA EL EJERCICIO DE LA SOBERANÍA DEL PUEBLO, LA REPRESENTACIÓN POPULAR O LA INSTAURACIÓN DE UN SISTEMA DEMOCRÁTICO AL INTERIOR DEL INDICADO CONGRESO (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL 13 DE ENERO DE 2005). JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE REPRESENTATIVIDAD Y EQUIDAD POLÍTICA (DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 13 DE ENERO DE 2005). JUNTAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LOS CONGRESOS LOCALES. SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO ESTÁN DETERMINADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE SU REGULACIÓN COMPETE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2005. · Registro digital (IUS): 20836
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIPUTADOS DE LA SEPTUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, , Pág. 1234.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 4/2005. DIPUTADOS DE LA SEPTUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de enero de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado en la administración postal número uno del Servicio Postal Mexicano, de la ciudad de Morelia, Michoacán, el once de febrero de dos mil cinco, Reginaldo Sandoval Flores, Uriel López Paredes, Gustavo Arias Garduño, Jorge Adolfo Reza Maqueo, David Garibay Tena, Genaro Guízar Valencia, Manuel Duarte Ramírez, Baltasar Gaona Sánchez, María Lucila Arteaga Garibay, José Hugo Ángel Olvera, Emiliano Velázquez Esquivel, Citlali Fernández González, Martín Godoy Sánchez y Alejandro Méndez López, quienes se ostentaron como diputados de la Septuagésima Legislatura Local del Congreso de Michoacán de Ocampo, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que demandaron la invalidez de la norma general que más adelante se menciona, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:

"Órganos que emitieron y promulgaron la norma impugnada:

"1) El C. Lázaro Cárdenas Batel, gobernador del Estado de Michoacán, en tanto promulgador de la ley que provoca la acción que se intenta.

"2) El H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Sexagésima Novena Legislatura en tanto órgano encargado de emitir la reforma a la ley que se recurre."

"Norma general cuya invalidez se reclama, fecha de publicación y medio oficial en que se publicó.

"1) Norma: La Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo vigente en el Estado.

"2) Publicación: 13 de enero de 2005 dos mil cinco.

"3) Medio oficial en que se ha publicado: tercera sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, marcado como anexo 2 dos."

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son los siguientes:

"Primero. Existe en la citada Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo vigente, clara contravención al contenido del artículo 13 constitucional, pues como se ha declarado, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Sexagésima Novena Legislatura, inició la reforma a la ley que se impugna, turnada al titular del Poder Ejecutivo con fecha 11 once de enero de 2005 dos mil cinco y promulgada con fecha 13 trece de enero del presente año. Tal iniciativa tuvo por objeto, entre otros, el de excluir del organismo denominado Junta de Coordinación Política a los diputados únicos de partido a partir de la vigencia de la norma que ahora se impugna, con fecha 13 trece de enero de 2005 dos mil cinco. Dicha reforma fue realizada por la legislatura anterior conociendo la composición de la legislatura actual, dado que el proceso electoral local en Michoacán se celebró el 14 catorce de noviembre de 2004 dos mil cuatro. La entrega de constancias a los diputados electos por el principio de representación proporcional fue hecha por el Instituto Electoral de Michoacán a través del Consejo General con fecha 22 veintidós de noviembre de 2004, razón por la cual la reforma a la ley que se impugna tiene destinatario específico y pretende vulnerar la pluralidad del órgano legislativo al prohibir la participación plural de la totalidad de los representantes populares ante la Junta de Coordinación Política. La anterior circunstancia, provoca que la representación legislativa sea parcial, esto es, que al momento presente, en el órgano denominado Junta de Coordinación Política, se encuentren representados 38 diputados a través de los coordinadores de los grupos parlamentarios, dejando de esta forma sin representación en dicha instancia a los diputados únicos de partido, violando de manera flagrante el contenido de los preceptos constitucionales aludidos.

"Aplicación a nuestra exposición tienen diversos criterios del Máximo Órgano Jurisdiccional, en el sentido de considerar no solamente privativa a aquella ley o disposición de carácter penal sino también a otros campos del derecho y en el caso que nos ocupa esta reforma y en consecuencia la ley misma reformada pretende violentar los principios de representatividad efectiva que un órgano legislativo salvaguarda. Tal afirmación puede ser observada a la luz del contenido de los artículos que a continuación se refieren en el cuadro comparativo marcado con el número 1.0, en específico al marcado con el número 34 treinta y cuatro en donde se contiene la modificación a la composición de la Junta de Coordinación Política; reforma que provoca la acción que se intenta:

Ver cuadro comparativo 1

"Como se desprende del análisis del cuadro anterior, la reforma hecha al artículo 34 treinta y cuatro de la ley referida viola el principio de abstracción de la ley contenido en el artículo 13 de nuestra Constitución Federal, violación indirecta consistente en el hecho de realizar por parte de la Sexagésima Novena Legislatura Local una reforma a la ley en comento, cuyo destinatario tenía una especificidad manifiesta, máxime que para la fecha de la iniciativa y de la reforma impugnada, ya se conocía la integración de la Septuagésima Legislatura Local, pues como obra en el Código Electoral del Estado de Michoacán, específicamente el numeral 113 ciento trece en sus fracciones XXV y XXVI, el Consejo General del Instituto es el organismo facultado para otorgar las constancias de asignación para los diputados electos por el principio de representación proporcional, las cuales fueron entregadas a quienes resultaron diputados electos, el día 21 veintiuno de noviembre del año próximo pasado, acorde a lo dispuesto por el código de referencia, en su artículo 199. Dicha entrega, al no ser impugnada dio a sus beneficiarios, en tanto representantes populares electos por el principio de representación proporcional, la factibilidad de acceder al órgano denominado Junta de Coordinación Política, pues cumplían con el supuesto para el cual la norma vigente en el momento les otorgaba el derecho material de participar en grado de igualdad frente a aquellos diputados de partidos que conformaran fracciones o grupos parlamentarios. El supuesto aludido no se cumple en el momento de variar el contenido de la ley y determinar que específicamente pertenecerían a dicho órgano, solamente aquellos representantes que fueran coordinadores de los grupos parlamentarios. La realización de dicho acto que materializa su inconstitucionalidad al ser promulgada la reforma que se alude, deviene en una ley que pierde su esencia de generalidad, porque atiende a un supuesto específico, ya visto en la realidad para el momento de su emisión y promulgación, y omite resguardar la garantía de abstracción, pues para el momento de su promulgación, la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo tenía destinatarios directos de la misma, según la interpretación histórica que el Máximo Tribunal ha dado al ya referido artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El desapego que el legislador local en turno tuvo, al emitir la ley que se impugna respecto de circunstancias como son la generalidad y abstracción, vulnera el principio de plena igualdad ante la ley que debe imperar en todo ámbito social y político, principio que por supuesto debe observarse en un órgano legislativo que se precie de ser plural e incluyente.

"Ahora bien, si por un lado la creación de una ley como fue el caso de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, minuta de decreto de fecha 12 doce de marzo de 2003 dos mil tres, documento anexo marcado con el número 3 tres pretendía dar a las legislaturas posteriores una característica de pluralidad e inclusión, pues de la propia exposición de motivos de la ley, que ya reformada es motivo de la presente acción, se advierte que se pretendía precisamente eliminar viejas prácticas que violentaban los principios de participación igualitaria y respeto irrestricto a la representación popular acorde a las siguientes ideas, transcritas del dictamen y consecuente iniciativa turnada al titular del Ejecutivo Local para su promulgación, a vistas en las fojas de la 02 dos a la 04 cuatro del mencionado documento:

"‘El procedimiento de instalación del Congreso, es definido en la mencionada iniciativa de una forma más detallada, proponiendo desaparecer la práctica de la instalación de la legislatura entrante por la saliente, así como el detalle de los actos administrativos de la entrega recepción del Congreso.

"‘A su vez, la propuesta contenía una redefinición de facultades de la Junta de Coordinación Legislativa para establecerla como un auténtico órgano de búsqueda de acuerdos, delimitando las funciones de dirección y gobierno como responsabilidad de la mesa directiva.

"‘...

"‘El Poder Legislativo, debe dar respuesta con mayor celeridad y eficacia a las necesidades de la ciudadanía, cuestión que será posible a partir de intensificar el trabajo en comisiones, convocando a Pleno para efectos legislativos cuando existan dictámenes que someter a la consideración de éste, lo que no supone que el cumplimiento de las demás funciones del Congreso, como lo son la administrativa, de orientación de política públicas, fiscalización, control y jurisdiccional; motivos por los que se flexibiliza el calendario de sesiones, con la obligación de sesionar al menos dos veces al mes, prevaleciendo así además del fortalecimiento de la labor legislativa, el debate en tribuna, que hace posible la expresión de las reivindicaciones del pueblo frente al gobierno.’

"Al regular los órganos del Congreso, es de destacarse la pretensión de, con mayor claridad, establecer su ámbito de competencia, planteado así la existencia de los mismos de la siguiente manera:

"a) El órgano de gobierno y representación del Congreso es la mesa directiva, por ende, se fortalece a este órgano legislativo ampliando sus funciones y duración, como garante de la continuidad del trabajo legislativo, buscando su especialización por la experiencia de sus miembros en lapsos más amplios en el cargo.

"b) Como órgano de gobernabilidad, negociación, consenso, representación de las fuerzas políticas, y coadyuvante con la mesa directiva, se redefine a la Junta de Coordinación Legislativa, que reestructurada en una Junta de Coordinación Política, será además supervisor de los trabajos de los órganos administrativos del Congreso.

"c) Es creada la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, que es la reunión de la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, quienes primordialmente acordarán la agenda legislativa y los asuntos que ha de conocer la asamblea en las distintas sesiones.

"...

"Es así como iniciaron las funciones de la Junta de Coordinación Política a partir del 13 de marzo de 2003, organismo que vino a suplir a anteriores órganos decisorios, los cuales obedecían a una realidad ya superada en la actualidad, donde la hegemonía de un partido político se hacía presente en todas y cada una de las decisiones trascendentales de las anteriores legislaturas. Situación distinta priva y debe privar ahora, cuando los poderes transitan de una dependencia a un franco equilibrio y distancia, plenamente visible en la actual composición de los Poderes Federales, a los cuales se comienzan a sumar las entidades federativas. En el caso de Michoacán, la aparición de un marco normativo como la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, dio certidumbre a los gobernados, quienes se saben representados en un ámbito de pluralidad y equilibrio. Razón de lo anterior da la actual conformación del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, pues será pertinente recordar que la Septuagésima Legislatura Local está integrada por 6 diputados del PAN, 15 diputados del PRI, 17 diputados del PRD, 1 del PVEM y 1 más del PT, tal y como se advierte en el acta solemne de instalación de la Septuagésima Legislatura Local.

"De manera francamente lamentable y sobre todo, violatoria de los principios constitucionales, la Junta de Coordinación Política de la actual legislatura quedó integrada el 15 de enero de 2005 y en ella participan solamente los diputados de los grupos parlamentarios y no así los diputados únicos de partido. Esta circunstancia conlleva que en dicho órgano, el de mayor influencia y toma de decisiones, aquel que debe estar investido de pluralidad, equilibrio y que, en términos del artículo 35 de la ley que se impugna por inconstitucional, está obligado a impulsar ‘el entendimiento y la convergencia política entre todos los diputados y con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden’, resulta convertirse en un órgano de segregación popular, de discriminación política y de negación a los más elementales principios de equidad e igualdad, dado que los diputados únicos de partido, electos conforme a los procedimientos legales correspondientes, respetando el marco electoral local, así como habiendo protestado la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado, son excluidos de participar en igualdad de condiciones dejando así una conformación parcial en tal órgano legislativo.

"Segundo. De la misma forma la norma reclamada por inconstitucional contraviene el contenido del artículo 14 constitucional, dado que consuma la aplicación retroactiva de una ley, en este caso de las disposiciones contenidas en el numeral 34 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo privando con dicha aplicación a los diputados únicos de partido del derecho de formar parte del órgano denominado ‘Junta de Coordinación Política’, pues como se advierte de lo hasta ahora expuesto, los representantes populares elegidos por el principio de representación proporcional sufren de una afectación por una ley con destinatario específico en un momento determinado, por medio de una reforma con un supuesto concreto del cual, quienes la originaron, estaban en facultades plenas conocer sus efectos.

"De la misma forma la aplicación de la reforma en comento de fecha 13 de enero de 2005 dos mil cinco, resulta de forma evidente inaplicable y contraria al mandato constitucional por ser ésta, una reforma posterior a la celebración del proceso electoral local en donde se obtuvo constancia de asignación por parte de los ahora diputados únicos de partido, que los hizo diputados por el principio de representación proporcional, a través de la constancia respectiva entregada con fecha de 22 veintidós de noviembre del año próximo pasado, momento en el cual tenía vigencia la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán en donde su numeral 34 treinta y cuatro disponía: ‘La Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios y por el o los diputados únicos de partido, quienes ejercerán un voto ponderado; forman también parte de la Junta el presidente de la mesa directiva, quien sólo tiene derecho a voz. En caso de empate emitirá voto de calidad el presidente de la Junta.’. A diferencia de lo contemplado en el mismo numeral posterior a la reforma que dispone: ‘La Junta de Coordinación Política es un órgano colegiado integrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios, quienes ejercerán un voto ponderado; y por el presidente de la mesa directiva, quien sólo tiene derecho a voz. En caso de empate emitirá voto de calidad el presidente de la Junta.’. A fin de ampliar nuestra percepción nos permitimos remitir a su superior consideración algunos criterios de ese honorable tribunal.

"Para el caso del análisis de los componentes de la norma, en tanto un factor definitorio para declarar la retroactividad de una ley, es pertinente traer a su atención el criterio sostenido por ese Alto Tribunal en la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, tesis P./J. 123/2001, página 16, Materia Constitucional, jurisprudencia, rubro:

"‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. (se transcribe).’

"De la misma forma, considerando pertinente por su aplicación al caso, aquel que relacionado con la acción que nos ocupa, vale la pena advertir que la retroactividad de la ley impugnada, a nuestro entender, resulta de ser aquella aplicada aun y frente a la circunstancia material, de ser un ordenamiento distinto el que privaba en el momento de la celebración del proceso electoral que dio como resultado la declaración de validez de la elección y como consecuencia la entrega de la constancia de asignación a los diputados únicos de partido, elegidos por el principio de representación proporcional. Si para el momento en el cual se declaró válida la elección local que se alude, tenía vigencia una Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, que contemplaba la inclusión tanto de coordinadores parlamentarios de fracciones como de diputados únicos de partido en el órgano denominado Junta de Coordinación Política, resultaría evidente que la aplicación de tal ley sería conforme a las disposiciones vigentes en el momento de la celebración de dicho proceso electoral. De aquí que la consecuencia jurídica de haber sido declarados como diputados electos, otorgaba desde ese momento, atentos a la Ley Orgánica del Congreso vigente, la materialidad de conformar dicha junta, en cuanto se tomara la protesta correspondiente. Por el contrario, el hecho de llevar a cabo una reforma con posterioridad a la declaratoria en comento, buscando excluir a los diputados únicos de partido en la conformación de la junta aludida, denota una clara intención de aplicar tal reforma con extemporaneidad, circunstancia que conlleva una invalidez por contravenir de manera clara y expresa el mandato constitucional contenido en el artículo 14 (sic)."

TERCERO. Los promoventes estimaron violados en su perjuicio los artículos 13 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 4/2005 y, por razón de turno, designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor del procedimiento.

Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que emitiera su opinión.

QUINTO. El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, al rendir su informe respectivo, en síntesis, manifestó lo siguiente:

a) Que en atención al contenido del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente, ya que no se acredita que los promoventes representen el porcentaje mínimo de integrantes que deben suscribir la demanda, toda vez que los nombres de las personas promoventes de la acción no concuerdan con los nombres que se encuentran registrados en la Legislatura Local, pues "como podrá apreciarse del escrito inicial de demanda, aparece que Jorge A. Reza Maqueo, Baltasar Gaona S., Ma. Lucila Arteaga Garibay, Emiliano Velásquez E. y Citlalli Fernández Glez., fueron algunos de los que suscriben la misma, y se ostentaron como integrantes de la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, como podrá apreciarse de la copia certificada que se acompaña, los integrantes de la misma lo son las personas que en ella se mencionan, entre las cuales no existe, no aparece el nombre de las antes mencionadas ... En efecto, como consta en el acta única que se acompaña, de fecha 14 de enero del año 2005, en la misma aparece que entre los diputados que integran la Septuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo se encuentran: Jorge Adolfo Reza Maqueo, Baltasar Gaona Sánchez, María Lucila Arteaga Garibay, Emiliano Velásquez Esquivel y Citlalli Fernández González ... Los nombres y apellidos subrayados lo fueron por los suscritos, para destacar los mismos ... De lo anterior resulta claro y evidente que las personas que suscribieron la demanda inicial y a las cuales se hizo referencia con antelación, son diversas, son distintas a las que aparecen como integrantes de la legislatura tantas veces referida."

Esto es, el Congreso del Estado de Michoacán estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción VIII, y éste en relación con el diverso 62 de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que los accionantes no equivalen al 33% (treinta y tres por ciento) de los integrantes del órgano legislativo estatal, elemento imprescindible para la procedencia de la acción, toda vez que algunos de los nombres puestos de puño y letra por las personas que suscribieron la demanda, no son exactamente idénticos a los nombres de los diputados que se tienen en los registros del Congreso.

b) El precepto impugnado no transgrede el principio de igualdad, toda vez que no se genera un trato discriminatorio entre situaciones análogas ni se propician efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares.

c) El precepto impugnado no es una ley privativa, ya que se encuentra investida de las características de generalidad, abstracción y permanencia.

d) La ley impugnada no se aplica retroactivamente a personas que hubiesen adquirido derechos con anterioridad a su entrada en vigor, y su aplicación es correcta por llevarse a cabo dentro del ámbito temporal de validez de la autoridad, sin afectar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición aplicada.

e) Que es acorde a la Constitución Federal que los coordinadores de los grupos parlamentarios sean los que integren la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, "habida cuenta de que, como su denominación lo indica, representan a varios diputados, lo que no acontecería en tratándose de los diputados únicos de partido, pues éstos no representarían a una pluralidad de partidos, sino solamente se representarían ellos, en lo individual."

SEXTO. El gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo al rendir su informe, sustancialmente, manifestó que el poder a su cargo únicamente ordenó la publicación de la ley impugnada y no su promulgación, toda vez que el Congreso del Estado cuenta con facultades para expedir este tipo de ordenamientos, por lo que a este respecto procede sobreseer en el presente juicio.

SÉPTIMO. El procurador general de la República formuló su pedimento en el que expresó, sustancialmente, lo siguiente:

a) Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, la que fue promovida oportunamente y presentada por parte legitimada.

b) Que son infundados los conceptos de invalidez planteados por los accionantes, en virtud de lo siguiente:

• El artículo 34 de la Ley Orgánica y de Procedimientos para el Congreso de Michoacán de Ocampo no es una ley privativa, porque contiene las características de abstracción, generalidad e impersonalidad que deben tener los ordenamientos legales.

• Que no se violenta el principio de representatividad efectiva al prohibir la participación de la totalidad de los representantes populares en la Junta de Coordinación Política, toda vez que dicho principio va encaminado a la representación de la población por los partidos políticos en el seno de los Congresos Locales, lo que no es aplicable a la conformación de sus órganos internos.

• Que si bien la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal representa la pluralidad de la Legislatura Local, al no haberse previsto a los legisladores únicos de partido como miembros de la citada junta, resulta excluyente, por lo que se actualiza una clara contradicción entre el ordenamiento de mérito con el objeto del órgano de que se trata, sin embargo, ello no es razón para afirmar que el artículo impugnado sea inconstitucional.

• Que el precepto impugnado no transgrede la garantía de irretroactividad de la ley, toda vez que al momento de la reforma a la ley impugnada los diputados accionantes no habían protestado como diputados de la legislatura para la cual fueron electos, por lo que no habían adquirido derecho alguno para integrar la Junta de Coordinación Política de referencia.

OCTAVO. Al encontrarse debidamente instruido el procedimiento en sus términos se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 34 de la Ley Orgánica y de Procedimientos para el Congreso de Michoacán de Ocampo y la Constitución Federal.

En efecto, si bien es verdad que la parte actora señaló como norma general impugnada la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y, asimismo, que en sus conceptos de invalidez transcribió el contenido de los artículos 34, 35, 40 y 79 de este ordenamiento, lo cierto es que sus conceptos de invalidez van encaminados a combatir únicamente la inconstitucionalidad del artículo 34 del ordenamiento en cita, razón por la cual lo procedente es tener por impugnada únicamente esta última disposición.

SEGUNDO. Por razón de método, en primer término, se analizará la oportunidad de la presentación de la acción de inconstitucionalidad.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente, dispone que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sea publicado en el correspondiente medio oficial y que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Por su parte, el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la materia dispone que cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios se depositan dentro de los plazos legales en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, siempre que tales oficios se encuentren ubicados en el lugar de residencia de las partes.

Ahora bien, la reforma al artículo 34 de la Ley Orgánica y de Procedimientos para el Congreso de Michoacán de Ocampo, cuya invalidez se plantea en la presente acción de inconstitucionalidad, se publicó el jueves trece de enero de dos mil cinco en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 18 a 21 del expediente).

Tomando en cuenta esa fecha, el plazo de treinta días naturales para efectos del cómputo respectivo comenzó el viernes catorce de enero y, por ser el último día del plazo inhábil, concluía el primer día hábil siguiente, es decir, el plazo correspondiente vencía el lunes catorce de febrero de dos mil cinco.

En el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el citado artículo 8o. de la ley reglamentaria, toda vez que el escrito inicial de la presente acción de inconstitucionalidad se depositó el viernes once de febrero de dos mil cinco en la Administración Postal número uno del Servicio Postal Mexicano de la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán de Ocampo, lugar donde reside el Poder Legislativo de esta entidad, según consta del sello de recepción que obra al reverso del sobre ubicado en la foja once del presente expediente; en este orden de ideas, se tiene que la presente acción de inconstitucionalidad fue presentada de manera oportuna.

TERCERO. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de los promoventes.

Suscriben la demanda Reginaldo Sandoval Flores, Uriel López Paredes, Gustavo Arias Garduño, Jorge Adolfo Reza Maqueo, David Garibay Tena, Genaro Guízar Valencia, Manuel Duarte Ramírez, Baltasar Gaona Sánchez, María Lucila Arteaga Garibay, José Hugo Ángel Olvera, Emiliano Velázquez Esquivel, Citlali Fernández González, Martín Godoy Sánchez y Alejandro Méndez López, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Septuagésima Legislatura del Congreso de Michoacán de Ocampo.

El artículo 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone que la Suprema Corte de Justicia conocerá de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal, bajo los siguientes supuestos:

1) Los promoventes deberán ser integrantes del órgano legislativo estatal de que se trate.

2) Deberán representar, cuando menos, al treinta y tres por ciento de los integrantes de ese cuerpo legislativo; y,

3) La acción de inconstitucionalidad deberá plantearse contra leyes expedidas por el mismo órgano legislativo al que perten

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20836-8729a75e/accion-de-inconstitucionalidad-el-control-de-la-regularidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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