SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA (SOAPAP). LOS INGRESOS QUE PERCIBE POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSTITUYEN CONTRIBUCIONES EN SU MODALIDAD DE DERECHOS.
AMPARO DIRECTO 400/2007. SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El único concepto de violación que hace valer el quejoso debe desestimarse, por las razones que a continuación se exponen.
Previamente, conviene destacar que en el juicio natural el SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio SAT-322-021-II-SDC-01-2006-(013)17453, de diez de octubre de dos mil seis, emitida por el Administrador Local de Recaudación de Puebla Norte, mediante la cual se le niega la devolución del saldo a favor obtenido del impuesto al valor agregado, en cantidad de $1'461,008.00 (foja 1).
Por otra parte, de la sentencia reclamada se aprecia que la Sala responsable reconoció la validez de la resolución impugnada al determinar, sustancialmente, que los ingresos por las actividades que realiza el organismo actor por concepto de suministro de agua potable y saneamiento revisten la naturaleza de derechos y, en consecuencia, se encuentran exentos del pago del impuesto al valor agregado; de ahí que la propia responsable concluyó que no resultaba acreditable dicho tributo que fue trasladado al actor por su proveedor Tratamiento de Agua de Puebla, S.A. de C.V., en las facturas números 331, 337 y 342, de fechas treinta de mayo, trece y veintisiete de junio, todas de dos mil cinco, respectivamente, por concepto de proyecto, construcción, equipamiento y operación de cuatro plantas de aguas residuales y sus colectores necesarios, debido a que estas actividades no se identifican exclusivamente con el suministro de agua potable para uso doméstico, la cual se encuentra gravada a la tasa del 0%.
Ahora bien, el organismo quejoso en su único concepto de violación aduce, sustancialmente, que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, dado que si bien la Sala responsable al emitir dicho fallo reconoce que el actor es un órgano descentralizado que está sujeto a lo dispuesto en el artículo 3º, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; sin embargo, erróneamente determina que no está obligado al pago del impuesto al valor agregado por la prestación del servicio de suministro de agua potable y saneamiento, pues concluye que las cuotas, tasas y tarifas que cobra revisten la naturaleza de derechos, pasando por alto lo dispuesto por los artículos 75, 96 A, 96 B, y 96 C, de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (fojas 6 y 7).
Agrega el peticionario de garantías que, como lo señaló en su demanda de nulidad, la invocada Ley de Agua y Saneamiento del Estado contempla dos procedimientos para determinar las cuotas, tasas y tarifas que cobra: uno el procedimiento previsto en los artículos 75, 76 y 77, en el cual es el Congreso del Estado el que determina las contribuciones y productos que se causarán, siendo uno de esos ingresos los denominados derechos y, el segundo procedimiento, es el previsto en la Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, que deriva de lo determinado por el Congreso del Estado que ratificó que para la determinación de los pagos a ese organismo operador, se ajustaría a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto legislativo de dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, el cual señala que las cuotas, tasas y tarifas serán determinadas por el propio organismo descentralizado conforme al procedimiento de los artículos 96 A, 96 B y 96 C de la ley de la materia, por lo que tales contraprestaciones por su propia naturaleza no pueden constituir derechos (fojas 7 y 8).
Sigue diciendo el quejoso que el Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla, hace referencia a dos conceptos distintos, es decir, a los derechos y a los demás ingresos de cualquier naturaleza, como aquellos que se establecen por los servicios prestados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, siendo el propio Congreso del Estado el que renunció a establecer las contribuciones y aprovechamientos como lo señala el artículo 75 de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, para facultar al quejoso para determinar las cuotas, tasas y tarifas por los servicios que presta.
Agrega el impetrante que la nota característica de los derechos es que deben estar previstos en ley, lo que no ocurre en el presente caso, puesto que las cuotas, tasas y tarifas fueron determinadas por el quejoso y, por consiguiente, dichas contraprestaciones no pueden ser consideradas como derechos y aprovechamientos, por lo que también fueron indebidamente aplicados por parte de la Sala responsable los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla (foja 8).
Sigue argumentando el quejoso que el artículo 56, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla señala expresamente que los derechos se causarán y pagarán de acuerdo con las cuotas, tasas y tarifas que para cada servicio establezca la Ley de Ingresos Municipal, los acuerdos o decretos que se emitan, es decir, dicho artículo remite en forma expresa a la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla de dos mil cinco, en la que se estableció que el pago de los servicios que presta el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, fuera determinado por el propio organismo sujetándose a lo dispuesto por el decreto legislativo de dos de agosto de mil novecientos noventa y seis. Por tanto, contra lo determinado por la Sala responsable, es inconcuso que el aludido decreto legislativo sí faculta al quejoso a determinar esas cuotas, tasas y tarifas, pues al amparo de ese acto legislativo quedó autorizado para aplicar el procedimiento establecido en los artículos 96 A, 96 B y 96 C de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (fojas 8 y 9).
Aduce el quejoso que, como lo sostuvo en su demanda de nulidad, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla no obtiene ingresos por concepto de derechos, sino que percibe ingresos por actos que se encuentran afectos al pago del impuesto al valor agregado, a las tasas del 0% y 15%, y así lo ha declarado ante las autoridades hacendarias al rendir sus declaraciones e, incluso, en la propia solicitud de devolución, en la que señaló que tuvo actos gravados a la tasa del 15%, sin que tales hayan sido cuestionados por la autoridad en cuanto a su monto u origen (foja 10).
Sigue diciendo el peticionario de garantías que en el juicio de nulidad se demostró que durante el periodo de enero de dos mil cinco obtuvo ingresos por la cantidad de $12'546,888.00, que corresponden a actos gravados al 15%, tal y como se desprende de la relación de ingresos correspondiente a ese periodo, en la que se encuentran desglosados los ingresos exentos o gravados a las tasas del 0% y 15%. Por consiguiente, el impetrante estima que si percibió ingresos gravados a la tasa del 15%, es claro que el impuesto que se le trasladó por las inversiones efectuadas en las cuatro plantas de tratamiento, es acreditable, puesto que dichas erogaciones están íntimamente relacionadas con la realización de actos por los cuales se perciben ingresos gravados a las tasas del 0% y 15%, ya que se refieren al saneamiento de aguas residuales provenientes de casa habitación o de industrias y comercios, siendo falso lo aseverado por la responsable de que los ingresos provenientes del tratamiento de aguas se encuentran exentos (fojas 10 y 11).
Continúa diciendo el quejoso que es inexacto lo determinado por la Sala responsable en el sentido de que el organismo actor únicamente tiene derecho a acreditar el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado por las erogaciones que se identifiquen con la tasa del 0%, pues si en autos quedó acreditado que tiene ingresos por los servicios que presta gravados a la tasa del 15%, y como excepción gravados a la tasa del 0%, tratándose del suministro de agua potable, luego entonces resulta claro que sí está obligado al pago de los servicios que presta gravados a la tasa del 15% y, por ende, igualmente es claro que el impuesto al valor agregado consignado en las facturas 331, 337 y 342 sí es acreditable (foja 11).
Manifiesta el peticionario de garantías que desde su demanda de nulidad señaló que el servicio de agua potable y alcantarillado, según lo previsto en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, constituye un sistema integral que comprende desde la distribución del agua, la captación de las aguas residuales e incluso el saneamiento y no como actos aislados que se realizan con plena independencia unos de otros, como lo determina la Sala responsable; por tanto, es inexacto lo que afirma ésta, en el sentido de que el organismo actor tenga diversas actividades y que "ambos servicios se relacionen entre sí", dado que el sistema de agua potable y alcantarillado constituye todo un sistema; por lo que el suministro de agua para uso doméstico gravado a la tasa del 0%, no se puede desvincular el acto de hacer llegar el agua a los domicilios del área conurbada, al acto de captar el agua residual de dichos domicilios por medio del drenaje y el saneamiento que debe aplicarse al agua residual, pues esos actos constituyen un sistema y, de esa forma debieron considerarse por la Sala del conocimiento (fojas 12 y 13).
Aduce el impetrante que las erogaciones por concepto del "proyecto, construcción, equipamiento y operación de las cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales", se encuentran íntimamente relacionadas con la realización de actos gravados a la tasa del 15%, es decir, constituyen una erogación estrictamente indispensable para estar en posibilidad de prestar los servicios gravados; sin embargo, la Sala responsable pasó por alto que la prestación del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, lleva implícito el saneamiento de las aguas residuales y que por dicho servicio se traslada al usuario el 15% y 0%; por tanto, la erogación que se trata está identificada al 100% con el proceso de saneamiento de aguas residuales, ya que en él intervienen las plantas mencionadas (foja 13).
Los anteriores argumentos deben desestimarse por infundados.
Previamente, es preciso destacar que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, hoy quejoso, fue creado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y reformado por el Decreto publicado en el propio órgano oficial el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, con el siguiente carácter:
"ARTÍCULO PRIMERO. Para el cumplimiento de los objetivos a que se refiere este ordenamiento se crea la persona jurídica denominada ‘Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla’, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propios." (foja 85 vuelta).
De conformidad con el artículo tercero del citado decreto, el objeto del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, es el siguiente:
"ARTÍCULO TERCERO. El Sistema tiene por objeto: I. La planeación, programación, estudio y proyección, aprobación, conservación, mantenimiento, ampliación y rehabilitación, administración y operación de obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales y el reuso de las mismas, así como el tratamiento de aguas sulfhídricas o salinas y su reuso respectivo, y en general la prestación o concesión de servicios, conforme lo establezcan las disposiciones aplicables. II. Recaudar y administrar los ingresos y recursos financieros del Sistema, de conformidad con los ordenamientos vigentes, los Convenios y sus anexos que celebre con otras entidades y dependencias administrativas. Para tal efecto, las autoridades del Sistema que ejerzan facultades hacendarias, se considerarán Autoridades Fiscales Municipales. III. Actualizar las contribuciones y productos por los servicios que presta, conforme a la ley de la materia, así como emitir las tarifas que cobrarán los concesionarios a los usuarios por la prestación de los servicios que presten. IV. Imponer sanciones por violación a las disposiciones fiscales y administrativas, cuya aplicación corresponde al Sistema. V. Ejercer la facultad económico-coactiva para el cobro de las contribuciones y sus accesorios, productos y aprovechamientos. VI. Celebrar Convenios de Colaboración y Coordinación para la prestación de servicios, de conformidad con los ordenamientos aplicables. VII. Mejorar los Sistemas de Captación, Conducción, Tratamiento de Aguas Residuales y el reuso de las mismas, así como disponer de los subproductos que se generen, evitando o controlando la contaminación del agua. VIII. La adquisición, utilización o aprovechamiento por vías de derecho público o privado de obras hidráulicas de propiedad privada cuando se requieran para la eficiente prestación del Servicio Público de Distribución de Agua Potable, Drenaje, y Alcantarillado, Saneamiento o Reuso establecido o por establecer. IX. La adquisición de los bienes inmuebles o muebles que se incorporen al patrimonio del Sistema, así como declarar los casos en que dichos bienes se equipararán a los del dominio público municipal, por destinarse a un servicio público. X. La planeación, programación, presupuestación, contratación y en general la realización de todos los actos tendientes a la ejecución de obras públicas por administración directa o por concurso. XI. La asesoría a personas físicas o morales respecto a los servicios que presta el Sistema; tratándose de asistencia técnica para obras o sistemas, se estará a los Convenios o Contratos que para tal efecto celebre con dependencias, entidades o particulares, según el caso. XII. Emitir los dictámenes técnicos de factibilidad para obras y los Sistemas de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Aguas Residuales, respecto a la construcción de fraccionamientos, lotificación de predios o construcción de obras comprendidas dentro de los planes de desarrollo aplicables. XIII. Realizar todas las actividades y actos jurídicos encaminados directa o indirectamente al cumplimiento de sus objetivos." (fojas 86 vuelta y 87).
Asimismo, en el artículo cuarto del propio decreto se establece la forma en que se constituye el patrimonio del Sistema Operador.
Dicho precepto establece lo siguiente:
"ARTÍCULO CUARTO. El patrimonio del Sistema se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular, los cuales pueden valorarse pecuniariamente y que se encuentran destinados a la realización de sus fines. Formarán parte del patrimonio del Sistema los bienes que por cualquier título le transmitan los particulares, la Federación, el Estado o el Municipio. Corresponde al Sistema poseer, vigilar, conservar, administrar, otorgar y revocar concesiones o permisos para el uso o aprovechamiento; desincorporar, ejercer actos de dominio, defender en juicio y en general realizar todos los actos relacionados a los bienes que integran su patrimonio. Los bienes del dominio público del Sistema son inalienables e imprescriptibles, no están sujetos, mientras no varíe su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional. Ninguna servidumbre pasiva puede imponerse, en términos del derecho común, sobre los bienes del dominio público del Sistema." (foja 87 frente y vuelta).
De las transcripciones que anteceden se desprende que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, se creó como un organismo descentralizado de servicios públicos municipales, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y orgánica, desempeñando desde su creación todas aquellas funciones que se señalan en las propias disposiciones antes transcritas, concretamente las relativas a la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
Por otra parte, la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, en el capítulo VIII, prevé a los derechos por los servicios que presta el organismo descentralizado de que se trata, al establecer en el artículo 17, lo siguiente:
"CAPÍTULO VIII. DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. ...
"Artículo 17. El pago de los servicios que preste el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, se regirá por lo dispuesto en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado, publicado con fecha 2 de agosto de 1996, o en su caso, por las disposiciones legislativas, administrativas o convenios que los sustituyan."
De lo anterior, se desprende que la prestación de esos servicios públicos por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, es con cargo a bienes y recursos públicos en particular los relativos a los derechos sobre agua.
Por otro lado, el artículo primero del Código Fiscal y Presupuestario del Municipio de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, regula lo relativo a los ingresos del Municipio de Puebla. Tal precepto establece lo siguiente:
"Artículo 1. Para la aplicación de este ordenamiento se entenderá por: ... XIV. Municipio. El Municipio de Puebla"; y no la Ley de Hacienda Municipal como de manera inexacta refirió la Sala responsable.
Asimismo, el artículo 167 del citado ordenamiento, define a las contribuciones denominadas derechos, de la siguiente manera:
"Artículo 167. Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y aportaciones de mejoras, las que se definen de la siguiente manera: (...) II. Son derechos, las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso cuando se presten por organismos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos o particulares, por prestar servicios públicos a cargo del Municipio."
De lo anterior, se advierte que el legislador local diferenció tres tipos de derechos:
1) Aquellos que se generan por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio de Puebla;
2) Aquellos que se generan por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, incluso cuando se presten por organismos públicos; y
3) Aquellos a cargo de los organismos o particulares, por prestar servicios públicos a cargo del Municipio.
Para efectos del presente asunto, sólo se analizará el segundo tipo de derechos, es decir, aquellos que se pagan como contraprestación de los servicios prestados por el Municipio de Puebla, incluso cuando se prestan por organismos descentralizados, en sus funciones de derecho público (servicio de suministro de agua potable y saneamiento).
Sobre el particular, debe señalarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo
Los derechos, como ya quedó precisado, son las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por percibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios propios del Estado.
También se define a los derechos como las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio público particular. Por tanto, de acuerdo con esta definición, los derechos, a diferencia de los impuestos, implican esencialmente una contraprestación, lo que significa que derivan de una relación bilateral en la que el contribuyente, a cambio de la correspondiente aportación económica, recibe del Estado un servicio que le beneficia de manera directa y específica; además, conforme a la propia definición, los derechos siempre se establecen por el Estado, quien será el encargado de destinar el producto y rendimiento que se recaude por tales derechos para sufragar el costo de los servicios públicos particulares.
Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a este tipo de contribuciones (derechos por la prestación de servicios) como aquellas que se pagan al Estado como "contraprestación" de los servicios administrativos que presta en función del interés general.
El propio Tribunal en Pleno, también ha señalado que la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares.
Al respecto se invoca, la jurisprudencia 41/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 17 y 18, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"DERECHOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS. SU EVOLUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA. Las características de los derechos tributarios que actualmente prevalecen en la jurisprudencia de este Alto Tribunal encuentran sus orígenes, según revela un análisis histórico de los precedentes sentados sobre la materia, en la distinción establecida entre derechos e impuestos conforme al artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos treinta y ocho, y su similar del Código del año de mil novecientos sesenta y siete, a partir de la cual se consideró que la causa generadora de los derechos no residía en la obligación general de contribuir al gasto público, sino en la recepción de un beneficio concreto en favor de ciertas personas, derivado de la realización de obras o servicios (‘COOPERACIÓN, NATURALEZA DE LA.’, jurisprudencia 33 del Apéndice de 1975, 1a. Parte; A.R. 7228/57 Eduardo Arochi Serrano; A.R. 5318/64 Catalina Ensástegui Vda. de la O.; A.R. 4183/59 María Teresa Chávez Campomanes y coags.). Este criterio, sentado originalmente a propósito de los derechos de cooperación (que entonces se entendían como una subespecie incluida en el rubro general de derechos), se desarrollaría más adelante con motivo del análisis de otros ejemplos de derechos, en el sentido de que le eran inaplicables los principios de proporcionalidad y equidad en su concepción clásica elaborada para analizar a los impuestos, y que los mismos implicaban en materia de derechos que existiera una razonable relación entre su cuantía y el costo general y/o específico del servicio prestado (‘DERECHOS POR EXPEDICIÓN, TRASPASO, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES DE GIROS MERCANTILES, INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 14, FRACCIONES I, INCISO C), II, INCISO D), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA, PARA EL AÑO DE 1962, QUE FIJA EL MONTO DE ESOS DERECHOS CON BASE EN EL CAPITAL EN GIRO DE LOS CAUSANTES, Y NO EN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS PARTICULARES’, Vol. CXIV, 6a. Época, Primera Parte; ‘DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ÉSTOS ESTÁ REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS’, Vol. 169 a 174, 7a. Época, Primera Parte; ‘AGUA POTABLE, SERVICIO MARÍTIMO DE. EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADO POR DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1967, QUE AUMENTÓ LA CUOTA DEL DERECHO DE 2 A 4 PESOS EL METRO CÚBICO DE AGUA POTABLE EN EL SERVICIO MARÍTIMO, ES PROPORCIONAL Y EQUITATIVO; Y POR LO TANTO NO ES EXORBITANTE O RUINOSO EL DERECHO QUE SE PAGA POR DICHO SERVICIO’, Informe de 1971, Primera Parte, pág. 261). El criterio sentado en estos términos, según el cual los principios constitucionales tributarios debían interpretarse de acuerdo con la naturaleza del hecho generador de los derechos, no se modificó a pesar de que el artículo 2o., fracción III del Código Fiscal de la Federación del año de mil novecientos ochenta y uno abandonó la noción de contraprestación para definir a los derechos como ‘las contribuciones establecidas por la prestación de un servicio prestado por el Estado en su carácter de persona de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público’ (A.R. 7233/85 Mexicana del Cobre, S.A. y A.R. 202/91 Comercial Mabe, S.A.). De acuerdo con las ideas anteriores avaladas por un gran sector de la doctrina clásica tanto nacional como internacional, puede afirmarse que los derechos por servicios son una especie del género contribuciones que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como una actividad de la Administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la Administración y el usuario, que justifica el pago del tributo."
También se cita la jurisprudencia 1/98 del propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 40 y 41, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra ‘contraprestación’ no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de ‘derechos’."
Por otra parte, el artículo 239 del aludido Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, establece lo siguiente:
"Artículo 239. Los derechos o conceptos de ingreso de cualquier naturaleza, que se establezcan por los servicios prestados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, se regularán de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, se pagarán conforme a las tasas, tarifas y cuotas que establezca la Ley de Ingresos del Municipio, o las que se determinen conforme a las autorizaciones que apruebe el Congreso."
Como se advierte, la ley de la materia dispone que son derechos los ingresos generados por los servicios prestados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, los que se regularán de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, y se pagarán conforme a las tasas, tarifas y cuotas que establezca la Ley de Ingresos del Municipio, o las que se determinen conforme a las autorizaciones que apruebe el Congreso local.
Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por los artículos 2° y 6° de la propia Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, que establecen como servicios públicos los relacionados con el suministro de agua y alcantarillado, así como el tratamiento y saneamiento de agua. Tales preceptos textualmente señalan lo siguiente:
"Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: I. Regular la dotación y prestación de los servicios relacionados con el suministro de agua, desalojo por medio de los sistemas de alcantarillado de las aguas usadas y las pluviales, así como el tratamiento y reuso de las aguas residuales en el Estado. (...)."
"Artículo 6. Para los efectos de esta Ley y su Reglamento, se entenderá por: (...) Servicio(s): Los que consigna el artículo 2 de la presente ley."
De acuerdo con lo anterior es claro que la ley establece como derechos los ingresos que percibe el organismo descentralizado por la prestación de los servicios públicos, por lo que en modo alguno pueden ser considerados como productos, dado que las cantidades que percibe por los servicios que presta, son en su función de derecho público y no privado, como sin razón se alega en el concepto de violación.
Siendo así, este Cuerpo Colegiado estima que resulta acertado el criterio que sostuvo la Sala responsable, al determinar que los ingresos que percibe el quejoso Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del M
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20907-df14d75f/sistema-operador-de-los-servicios-de-agua-potable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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