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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 79/2008. · Registro digital (IUS): 21051
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GILBERTO ORTIZ VIEYRA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 1650.

AMPARO EN REVISIÓN 79/2008. GILBERTO ORTIZ VIEYRA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los argumentos vertidos en el único agravio formulado en la presente instancia, una vez analizados, resultan jurídicamente ineficaces.

En un primer punto, el recurrente aduce transgresión a lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud -manifiesta- de que el Juez Federal no sustenta en precepto alguno la declaración de inoperancia que realizó de diversos motivos de queja.

Lo anterior resulta infundado, dado que si bien es cierto que no se observa fundamento legal que sustente la mencionada inoperancia, en la materia de que se trata, el supuesto de fundamentación y motivación a que se refiere el precepto en comento y que debe prevalecer en las sentencias de amparo, también lo es que se colma cuando del análisis de la determinación se desprende la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos que llevaron al juzgador constitucional a la conclusión del asunto en concreto, previo el análisis de las cuestiones sometidas a su consideración, aun en el caso de que no realice la cita de los artículos legales en que apoye su determinación.

En efecto, al establecer el Juez de Distrito una serie de razonamientos lógico-jurídicos tendentes a dar respuesta a los motivos expuestos en vía de conceptos de violación, aun ante la omisión de cita de preceptos legales aplicables, en específico, para sustentar el criterio de inoperancia aplicada, se insiste, en la materia que nos ocupa, no se generan las consecuencias en los quejosos, en cuanto toca a la incertidumbre que determina su indefensión, puesto que al ser limitada la legislación que rige el juicio que nos ocupa, es de fácil acceso y puede consultarse.

Por tanto, si las razones que expone el Juez Federal son claras, en cuanto que, expresamente determinó la inoperancia de diversos motivos de queja, puede establecerse la disposición que se aplicó e inconformarse con su sentencia.

De ahí que si en la resolución que se recurre el juzgador puntualizó o no los preceptos legales que le sirvieron de fundamento para establecer la calificación de los conceptos de violación, atendiendo a los razonamientos lógico-jurídicos ahí establecidos, éste cumple con el requisito de fundamentación y motivación contemplado en el artículo 77 de la Ley de Amparo.

No obstante lo anterior, cabe señalar al quejoso que el precepto que faculta a declarar los conceptos de violación inoperantes es precisamente el 77, en su fracción II, que cita, en razón de que del mismo se advierte que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben declarar, ya sea el sobreseimiento en el juicio o la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Sin embargo, tratándose de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, el análisis correspondiente no implica que el juzgador deba necesariamente pronunciarse sobre el fondo del tema materia del juicio, porque la realidad jurídica revela que existen ocasiones en que los tribunales encuentran dificultades para poder decidir sobre la legalidad o ilegalidad de la sentencia objeto del amparo, al no proporcionarse los elementos o bases suficientes para encauzarse hacia lo fundado o infundado de sus planteamientos, y si no se trata de un caso en que estén obligados a suplir la deficiencia de los motivos de queja, tienen que declararlos inoperantes, ineficaces o deficientes, sin que analicen el fondo del tema genérico que pudiera contemplarse, lo que implica una causa justificada para no decidir el fondo de tal aspecto, y no violenta los principios de congruencia y eficacia que rigen a las resoluciones de amparo, en este supuesto, el acceso a la protección constitucional no es vedado ni restringido, sino que hay una deficiencia en la causa de pedir que es la materia del juicio promovido.

Por tanto, queda claro que no basta la mención genérica de un tema en vía de amparo, para que el juzgador constitucional tenga que realizar el pronunciamiento de fondo, sino que es preciso que se indique el hecho, la omisión y el motivo de la infracción legal, lo cual supone que de no reunir esa condición mínima, pueden calificarse como argumentos inoperantes, deficientes o ineficaces, lo que implica soslayar el fondo y desestimar por la forma, siendo aquellos que en el juicio de garantías no tienden a poner de manifiesto la legalidad o ilegalidad de la resolución combatida, o que no destruyen una cuestión toral que es suficiente para mantener el sentido de la resolución impugnada.

En este mismo orden de ideas, debe destacarse que ni la Ley de Amparo ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establecen un precepto expreso que faculte para declarar los conceptos de violación, infundados, fundados, ineficaces, deficientes y otros calificativos que les han otorgado los órganos jurisdiccionales de amparo; tal circunstancia es fácil de comprender, pues no es tarea propia del legislador detallar la forma y matices en que pueda desenvolverse una resolución judicial y menos para calificar un argumento, sino que hace la definición de ciertos conceptos que faciliten la aplicación; pero la regla general es que no pueda llegarse a un casuismo extremo, donde el Juez o el Poder Ejecutivo, únicamente, sean la voz de la ley, puesto que la realidad es demasiado compleja y la variedad de sus manifestaciones impediría, necesariamente, que la norma creada pueda prever todos los supuestos que puedan desarrollarse durante la etapa de su vigencia, dado que si no se redactan como supuestos genéricos y dejan facultades de raciocinio implícitos para quien la aplique, se volverían imprácticas.

Por tal motivo, en la materia procesal del amparo cuando se regulan las sentencias sólo se establecen las reglas generales para que el órgano resolutor analice a la luz de la Constitución el caso concreto.

Así, debe concluirse que el concepto de inoperante encuentra fundamento implícito en la propia Ley de Amparo, en cuanto al capítulo de las sentencias y a las facultades para resolver, con la debida fundamentación y motivación.

Previo a la continuación del análisis de los agravios, cabe precisar al quejoso que todos los argumentos tendentes a cuestionar la actuación de la autoridad responsable, resultan inoperantes, en razón de que la resolución dictada por ésta constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías.

Luego, en el recurso de revisión, la materia de la segunda instancia, se ciñe al estudio integral del fallo combatido, en vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes, que indefectiblemente deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico-jurídicos contenidos en la sentencia que se recurre y no pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su materia, como en el caso, lo pretende el peticionario de amparo, al referirse al acto de la Sala responsable.

Ahora bien, el segundo punto planteado por el impetrante constitucional, resulta inoperante.

Esto en tanto que si bien es cierto que, como lo aduce el recurrente, el Juez de Distrito consideró que la responsable no infringió el principio de congruencia, en tanto que atendió los agravios expuestos por el entonces apelante, aquí recurrente, lo cual demostró realizando una reseña de lo expresado por éste a través de dichos motivos de inconformidad, así como de lo razonado por la Sala al respecto; también lo es que no esgrime argumento lógico-jurídico que ponga de manifiesto la ilegalidad de dicha determinación, pues se limita a argumentar la falta de fundamentación del acto reclamado, y reiterar su manifestación de que éste transgrede el principio de congruencia, al haber omitido resolver las consideraciones expuestas a través de los agravios sometidos a consideración de la responsable.

Siendo, como ha quedado de manifiesto, que en un recurso como el que nos ocupa, la materia de estudio lo constituye la sentencia del Juez de Distrito, no así la del tribunal de alzada, como pretende hacerlo valer el recurrente.

Por otra parte, en el tercer punto de su agravio, el recurrente manifiesta que la sentencia impugnada resulta ilegal, al estimar que le surtían las notificaciones por boletín judicial, y no de manera personal, pues no obstante esto, indica, el requerimiento contenido en la sentencia definitiva y que, aduce, forma parte del remate, debió hacérsele personalmente.

Lo anterior carece de sustento jurídico.

En efecto, es verdad, como lo señala el quejoso, que conforme a lo dispuesto por el artículo 114, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, de aplicación supletoria al de comercio, en el caso, será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes: el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; asimismo, cabe precisar que no se pone en duda, al no ser materia de controversia, el derecho del quejoso al debido procedimiento.

Sin embargo, en el caso, tal como lo estimó el Juez Federal, no procedía la notificación personal de la sentencia definitiva.

Esto es así en tanto que cuando se tiene a un demandado por acusada la rebeldía, las notificaciones correspondientes, aun las de carácter personal, se le deben hacer por medio de Boletín Judicial, esto en términos de lo dispuesto por el artículo 637 del código procesal local, en comento, de aplicación supletoria.

En efecto, dicho precepto establece:

"Artículo 637. En toda clase de juicios, cuando se constituya en rebeldía un litigante, no compareciendo en el juicio después de citado en forma, no se volverá a practicar diligencia alguna en su busca.

"Todas las resoluciones que de allí en adelante recaigan en el pleito y cuantas citaciones deban hacérsele, se notificarán por el Boletín Judicial, salvo los casos en que otra cosa se prevenga."

De lo anterior se tiene que si el procedimiento se siguió en rebeldía del demandado, por no haberse dado contestación a la demanda, aun y cuando fue debidamente emplazado, y ello motivó que el instructor al hacer la declaratoria de rebeldía ordenara que todas las notificaciones, se le hicieran por Boletín Judicial, como en el caso aconteció, según lo señaló el Juez de Distrito, sin que ello haya sido materia de combate, es claro que, aunque la sentencia haya ordenado un requerimiento para el entonces demandado, hoy quejoso, que ordinariamente debiera ser realizado en forma personal, esto en términos del artículo 114, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, de aplicación supletoria al Código de Comercio, tal determinación queda cumplida al hacerse ésta por Boletín Judicial, por así haberlo ordenado un acuerdo anterior firme, esto en términos, precisamente, del precepto transcrito.

Sin que se esté en el caso de excepción a que alude en su parte final el artículo relativo que indica "salvo los casos en que otra cosa se prevenga" puesto que para ello se requiere que el juzgador en uso de su arbitrio, motive la razón por la cual deberá hacerse la notificación relativa en forma personal, no siendo el presente, el caso.

Así las cosas, resulta inexacto que no se advierta de autos el requerimiento realizado al quejoso para el debido cumplimiento de la sentencia definitiva, en tanto que, conforme al artículo 637 multicitado, éste le fue realizado legalmente, no obstante que se ubique dentro de los que deben ser en forma personal, a través del Boletín Judicial.

Luego, es inconcuso que, contrariamente a lo estimado por el impugnante podía, como aconteció, válidamente iniciarse el procedimiento de remate.

Es aplicable al caso, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, página 207, que establece: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI EL DEMANDADO NO INTERVIENE OPORTUNAMENTE DEBEN HACÉRSELE POR BOLETÍN JUDICIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 637 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL D.F. El artículo 1069 del Código de Comercio regula la forma en que deben hacerse las notificaciones, cuando algún litigante no señala domicilio para ese efecto, estableciendo que se entenderán en los estrados del juzgado o tribunal, pero lo hace partiendo de la base de que los interesados hayan intervenido oportunamente en el juicio, lo que no ocurre cuando los demandados contestaron la demanda extemporáneamente y se les tiene por acusada la rebeldía. En este supuesto las notificaciones correspondientes, aun las de carácter personal, se les deben hacer por medio del Boletín Judicial, en términos del artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, dejando de tener aplicación, por ello, el referido artículo 1069 del Código de Comercio."

En otro tenor, lo que vierte el quejoso, en relación al concepto de violación, que dice es identificado con el número 3), se estima inoperante.

Esto en tanto que, como se desprende de la simple lectura del punto a estudio, lo que el recurrente pretende es poner de manifiesto la extemporaneidad del incidente de liquidación de intereses presentado por su contraparte; luego, no obstante lo considerado al respecto por el Juez de Distrito, lo cierto es que dichas actuaciones incidentales resultan ser autónomas e independientes del procedimiento de remate, siendo improcedente su análisis como violación procesal surgida de éste.

Efectivamente, conforme a la interpretación gramatical del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías indirecto es procedente contra todos los actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se emitan después de concluido un juicio, con la mera satisfacción de los requisitos generales exigidos por tal ordenamiento.

Sin embargo, si se trata de actos que forman parte de un procedimiento de ejecución, entendido como el conjunto ordenado secuencialmente para hacer cumplir alguna parte o todo lo resuelto en la sentencia definitiva o en la resolución equivalente, se establece la regla específica consistente en que sólo podrá reclamarse destacadamente la última resolución de ese procedimiento e invocar en la demanda las violaciones atribuidas tanto a dicha determinación final como las imputadas a los demás actos del procedimiento de ejecución respectivo, que produzcan indefensión al quejoso y que, respecto a los actos pertenecientes a un procedimiento de remate, sólo resulta reclamable en forma destacada la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior.

Consecuentemente, cuando se reclamen actos posteriores a la sentencia definitiva o a la resolución que haya puesto fin al juicio, que no se encuentren en alguno de los supuestos específicos mencionados, previstos en el segundo y en el tercer párrafos de la fracción III del artículo 114 de la ley invocada, como por ejemplo, la negación de una copia certificada, la resolución que concede un embargo o la que acoja o niegue la sustitución de bienes embargados, la que resuelva un incidente de liquidación (preparatoria y previa al inicio de ejecución) que decida sobre rendición de cuentas de negocios intervenidos, que solucione un incidente sobre declaración de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, etcétera, no debe esperarse al dictado de la resolución final del procedimiento concreto en que ocurran dichos actos, pues son de reclamarse directamente ante el Juez de Distrito, siempre y cuando sean susceptibles de conculcar garantías individuales directa e inmediatamente y se satisfagan los demás requisitos de procedencia y admisibilidad.

En es orden de ideas, como ha quedado de manifiesto, el quejoso pretende se tenga como extemporáneo el incidente de liquidación de intereses formulado por su contraparte.

Sin embargo, con independencia de los motivos en que se sustente, conforme a lo antes razonado, la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, resulta tener autonomía propia, ya que tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural; por tanto, como tal y no como violación procesal en el remate, era combatible a través del juicio de amparo indirecto.

De ahí la inoperancia aludida.

Es aplicable, la tesis emitida por la ya citada Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XLV, página 5305, que establece: "REMATE, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL AUTO APROBATORIO DEL. La Suprema Corte ha establecido que las violaciones cometidas en el periodo de ejecución de sentencia, en cuanto a los actos que no tienen autonomía propia, que los haga caber en la prescripción de la fracción IX del artículo 107 constitucional, sólo son reclamables en el amparo que se interponga contra la resolución que apruebe definitivamente el remate o la adjudicación, a no ser que los afectados sean extraños al procedimiento, caso en el cual, pueden interponer dicho recurso constitucional contra el mandamiento o auto que los priva de la posesión o propiedad que alegan tener. Las partes no pueden, pues, ocurrir al juicio de garantías para reclamar desde luego cualquier mandamiento del procedimiento de ejecución propiamente dicho, por violaciones procesales cometidas en el mismo, de las cuales tiene que juzgar el auto o resolución que apruebe en definitiva el remate, y sólo contra éste cabe el amparo, conforme a la fracción IX del artículo 107 constitucional, tomado en el sentido que corresponde; pero sin que esto quiera decir que, tratándose del procedimiento estrictamente encaminado al remate de los bienes, para la ejecución de la sentencia recaída en un procedimiento judicial, no puedan invocarse en el amparo que se interponga contra el mandamiento que definitivamente apruebe el remate, las violaciones de leyes del procedimiento, sin que contra ellas se haya protestado oportunamente, en los términos de la fracción II del propio precepto constitucional, aplicado en relación con la fracción IV, párrafo segundo, del mismo, en atención a la naturaleza del auto aprobatorio del remate. Si se aceptara la tesis de que el auto aprobatorio del remate, atendiendo a los términos de la disposición legal que lo prescribe y a las que le anteceden, sólo pudiera ocuparse del estudio de la legalidad o ilegalidad de los procedimientos ejecutados en el acto mismo del remate, constituyendo sólo una revisión del propio auto, sin que en él pudieran juzgarse todos los actos preparatorios, indudablemente podría concluirse que las violaciones alegadas en el procedimiento anterior, no podrían ser reclamables hábilmente, sin que se satisficieran los requisitos de la regla segunda del artículo 107 citado; pero contra la estimación anterior, está toda la práctica de los tribunales y aun algunas resoluciones dictadas por la Suprema Corte, en las que se ha llegado a la conclusión de que el auto aprobatorio del remate constituye una revisión, no sólo de lo ejecutado en el momento de la almoneda, sino también en todos los actos preparatorios de la misma, y por ello es permitido que se impugne el remate, cuando no fueron citados los acreedores que aparecen en el certificado de gravámenes, o cuando no se hicieron las publicaciones en los estrictos términos de la ley, o por otras causas semejantes; y fijado así el objeto del mandamiento de referencia, no existe dificultad alguna para llegar a la conclusión de que las citadas violaciones no requieren la protesta, como condición previa a la reclamación en amparo, contra el auto aprobatorio del remate, atendiendo a que los actos ejecutados en el procedimiento que precede a la almoneda, no admiten recurso alguno, ya que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia no lo admiten; ni tendría prácticamente objeto alguno exigir la protesta para preparar el amparo, puesto que dentro del procedimiento ordinario, no podrían ser modificados aisladamente, ya que la aprobación o reprobación del remate se hace de oficio, por el Juez, mediante una revisión completa y verdadera. Es pues la naturaleza misma del auto aprobatorio del remate, la que motiva el que, aun sosteniéndose la doctrina existente en la equiparación que se hace del procedimiento anterior a la sentencia definitiva, y el posterior que culmina en la referida aprobación, que tratándose de ésta, por su finalidad, no se aplique la disposición concerniente a violaciones del procedimiento, anteriores a la sentencia prevista por la fracción II del citado artículo 107 constitucional. En corroboración de esta tesis, debe decirse que basta hacer referencia a los términos en que se realiza la ejecución de la sentencia, para distinguir, entre ellos, dos periodos: uno, de incidencias en la ejecución, y otro, de ejecución por medio del remate, que concluye con el auto aprobatorio; en el primero, se realizan verdaderas contiendas entre las partes, que concluyen por resoluciones judiciales que tienen autonomía propia bastando citar entre ellas, la de oposición al secuestro, cuando no se ha hecho anteriormente, la cual admite hasta la apertura de un término probatorio y termina con una resolución propia; el de liquidación, cuando la sentencia no contiene cantidad líquida, el de costas, etcétera. En estos casos, si la ley establece todo un procedimiento regular, es indiscutible que durante la tramitación de esos incidentes contenciosos, pueden cometerse violaciones procesales, y respecto de ellas, sí es necesaria la reclamación, con el objeto de preparar el amparo contra la resolución correspondiente. Tratándose de la otra parte de la ejecución de la sentencia, que se refiere propiamente al apremio por medio del remate, tiene una característica especial, ya que todos estos actos se relacionan hasta el fincamiento del propio remate, y una vez efectuado éste, el Juez, dentro de tres días, tiene que dictar, de oficio, auto aprobándolo o desechándolo. El Juez, pues, debe revisar todos los procedimientos que ha usado para llegar a la almoneda y a la adjudicación del bien en favor de persona determinada, y a todas las medidas tendientes a esa conclusión, las que no admitiendo en su contra recursos ordinarios, tampoco requieren protesta de ninguna especie, a fin de preparar el amparo, debiendo alegarse tan sólo las violaciones cometidas por ese acto, por vía de agravio, en la apelación que contra el mismo se intente, de ser admisible este recurso, de acuerdo con la ley procesal respectiva, y sólo en el caso de que no se haya hecho la alegación correspondiente, como agravio en la apelación, puede decirse que no se ha preparado el amparo, pero sin que sea necesaria la protesta previa contra los actos preparatorios ejecutados para llevar a cabo el remate."

Continuando con el estudio de los puntos sometidos por el impugnante, a consideración de este Tribunal Colegiado, se tiene que resulta infundado en parte e inoperante en otra, lo aducido en relación al punto cuatro de la sentencia recurrida.

Esto en tanto que si bien es cierto que el Juez Federal dedujo de la diligencia de embargo que en ésta se había hecho referencia al mismo inmueble que era objeto de remate, siendo éste el correspondiente al folio real 09375511, también lo es que tal deducción resulta no sólo procedente sino, además, legal pues la misma se hizo a partir no de una constancia cualquiera que obrase dentro del procedimiento, sino de una que fue anexada precisamente a la diligencia de embargo.

De ahí que resulte inexacto que no haya importado al Juez de Distrito que el actuario adscrito al juzgado de origen, al momento de la diligencia de embargo, haya asentado una colonia diversa a la en que se localiza el inmueble rematado, pues tan lo consideró que analizó en su integridad dicha diligencia con el fin de verificar el dicho del quejoso, encontrando, porque así lo asentó y no es controvertido, la exhibición del folio mercantil 09375511 del que se desprendía que el inmueble de la misma estaba ubicado en la colonia Industrial, correspondiendo así a la del inmueble rematado.

Lo cual, contrariamente a lo que pretende, hace "precisa" la coincidencia del inmueble rematado, con el embargado.

Teniéndose como inoperantes sus argumentos de que de no estimarse correcto lo que aduce, no tendrían razón las actuaciones del actuario, toda vez que lo que debió hacerse fue requerir a la parte actora para que determinara el bien inmueble y el Juez tener el derecho de regularizar el procedimiento para evitar futuras nulidades.

Ello en virtud de que tales manifestaciones constituyen meras apreciaciones subjetivas, que de forma alguna combaten los fundamentos y consideraciones legales dados en la resolución sujeta a revisión y, por tanto, no pueden tomarse en consideración.

Sirve de apoyo el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, compartido por este órgano jurisdiccional, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1988, página 80, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES.-Cuando el recurrente en sus agravios alega meras apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que procede confirmarse."

También inoperante resulta su manifestación de que lo que aduce, son cuestiones que el Juez debe revisar de oficio y como se desprende de constancias no se ordenó la aclaración correspondiente; esto en razón de que la actuación del Juez natural cesó en sus efectos puesto que el hoy recurrente apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, misma que constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías

Luego, en el recurso de revisión, se reitera, la materia de la segunda instancia se ciñe al estudio integral del fallo combatido, en vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes que, indefectiblemente, deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones lógico-jurídicos contenidos en la sentencia que se recurre y no pueden ni deben comprender cuestiones diversas de su materia, como lo es, en su caso, lo resuelto por el Juez de primer grado.

Por otra parte, en relación con los argumentos del recurrente relacionados con los puntos cinco y seis, tratados por el Juez federal cabe, como cuestión previa, precisar lo siguiente:

Este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 11/2002, en sesión celebrada el trece de febrero de dos mil dos, sostuvo el criterio en el sentido de que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

De lo que se infiere que por tal violación debe entenderse aquella actuación de la autoridad que de manera evidente, clara y palpable, ponga de manifiesto su indebido proceder frente a la obligación que le impone el texto legal que se estima infringido.

De tal forma que, a fin de poder determinar si dicha violación se cometió, resulta necesario analizar si de manera completamente clara y expresa, la citada obligación es impuesta a la autoridad responsable por el texto del precepto de donde se hace depender la infracción de la ley pues, de no estimarse así, es decir, si categóricamente no lo señala de ese modo, sino que aquélla se obtiene a base de complicadas interpretaciones, entonces, el hecho de que la autoridad de instancia hubiese procedido de manera diversa, no puede traducirse en que manifiestamente haya infringido la ley que rige el acto, ni conlleva al juzgador constitucional a suplir la deficiencia de la queja, apoyándose en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

En ese orden de ideas, tenemos que en el caso a estudio el quejoso insiste en el hecho de que existen violaciones manifiestas y directas de la ley que lo dejaron en estado de indefensión, sin embargo, si bien señala lo que estima debe entenderse por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", refiere que en los conceptos de violación se advierten dichas violaciones y manifiesta que el Juez de Distrito no las tomó en cuenta, no concreta más que el argumento relativo a que existieron vicios de origen que trajeron como consecuencia la nulidad de actuaciones.

Siendo tal argumento insuficiente para estimar la procedencia de la suplencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en virtud de que de su manifestación no se desprende la indefensión del impetrante constitucional.

Lo anterior es así porque, por un lado, en el juicio de garantías contó con su derecho público subjetivo para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para plantear su pretensión o defenderse y, por el otro, debe considerarse que una violación manifiesta de la ley es susceptible de advertirse clara, patente y notoriamente por resultar obvia, innegable e indiscutible.

Además, si para poder determinar que las actuaciones verificadas en el juicio de origen se encuentran viciadas y, por tanto, resultan nulas, debe realizarse una serie de razonamientos y planteamientos discutibles, es indudable que en la hipótesis mencionada no ocurre una violación manifiesta de la ley.

Es aplicable la tesis LV/89, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 123, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21051-55eb3aeb/suplencia-de-la-deficiencia-de-la-queja-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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