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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ RESPECTO DEL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SE HACE EXTENSIVA A LOS CONSIDERANDOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO NÚMERO 100, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, QUE ATAÑEN A LA APLICACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL MENCIONADO PRECEPTO LEGAL. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA DE TABASCO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL LIMITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA AL CINCO POR CIENTO DE LA INVERSIÓN FÍSICA TOTAL AUTORIZADA A LOS MUNICIPIOS PARA ESE RUBRO O DEL MONTO ANUAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTAS. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, AL LIMITAR EN EL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY LOCAL RELATIVA EL MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL AUTORIZADA PARA OBRAS PÚBLICAS QUE PUEDEN DESTINAR A LOS MUNICIPIOS PARA LLEVARLAS A CABO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EXCEDE LA FACULTAD LEGISLATIVA EN MATERIA MUNICIPAL, CONFORME AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO A), CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2006. · Registro digital (IUS): 21100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE NACAJUCA, ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, , Pág. 602.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 29/2006. MUNICIPIO DE NACAJUCA, ESTADO DE TABASCO.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.

SECRETARIO: LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de abril de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el trece de febrero de dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación Silbestre Álvarez Ramón, Gustavo Torres Pérez, Lucía Landero Torres, Luis Alberto de la Cruz Hernández, José María de la Cruz Luciano, María del Carmen Contreras Palacios, Amilcar May Torres, Carmen Hernández Lázaro, Francisca Santiago Méndez, Audel Ovando Frías, José Juan García Zapata y Miguel Barrera Alfaro, en su carácter de presidente municipal, síndico de hacienda y regidores, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, en representación del propio Municipio, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de los actos y de la norma que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, Poderes u órganos demandados y sus domicilios. 1) El Congreso del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Independencia sin número, colonia Centro, código postal 86000, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco. 2) El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Carlos Pellicer Cámara, número 113, código postal 86160, colonia Del Bosque, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco. 3) El Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Vázquez Norte, entre las calles Independencia y Vicente Guerrero, sin número, colonia Centro, código postal 86000, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco. 4) El secretario de Gobierno del Estado de Tabasco, con domicilio en Vázquez Norte, entre las calles Independencia y Vicente Guerrero, sin número, colonia Centro, código postal 86000, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco. 5) El secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tabasco, con domicilio en calle Sagitarios, esquina Luis Cortines, s/n fraccionamiento Loma Linda, en la ciudad de Villahermosa, Municipio Centro, Estado de Tabasco. Norma general o acto cuya invalidez se demanda, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado. La inconstitucionalidad de los considerandos ‘quinto’, ‘sexto’ y ‘séptimo’ del apartado denominado ‘considerando’ y ‘artículo único’ del apartado denominado ‘Decreto 100’, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, mediante el cual el Congreso del Estado de Tabasco, realiza una serie de ‘supuestos’ razonamientos técnicos, contables y jurídicos, conforme con los cuales se imponen una serie de sanciones al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, que estimamos contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La invalidez del artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, contenida en el Decreto Número 007, publicado, el siete de abril de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:

"I. El tres de junio de dos mil cinco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, remitió, al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, el oficio número HCE/OSFE/843/06/2005, mediante el cual, conforme con su marco de atribuciones, le realizó diversas observaciones al órgano de gobierno constitucional municipal. II. El diez de junio de dos mil cinco, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, remitió al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, el oficio número HCE/OSFE/DFEG/891/2005 mediante el cual le hace observaciones diversas que le solicita sean solventadas. III. El primero de julio de dos mil cinco, el órgano de control interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, envió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número OE-CONT-053-2005 denominado ‘reconsideración al pliego de cargos’, mediante el cual se solventaron las observaciones realizadas por ese órgano técnico de naturaleza constitucional, mismas que se establecieron en el numeral I del presente apartado. IV. El cinco de julio de dos mil cinco, el órgano de control interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número OE-CONT-057-2005, mediante el cual se solventaron las observaciones que fueron consignadas en el oficio referido en el numeral II del presente apartado. V. El ocho de julio de dos mil cinco, el órgano de control interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número OE-CONT-058-2005, mediante el cual se solventaron las observaciones realizadas por ese órgano constitucional. VI. El veinticinco de julio de dos mil cinco, el órgano de control interno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número OE-CONT-064-2005 denominado ‘reconsideración al pliego de cargos’, mediante el cual se solventaron diversas observaciones realizadas por dicho órgano. VII. El veintiuno de septiembre de dos mil cinco, el órgano de control interno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, remitió, al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el oficio número OE-CONT-083-2005 denominado ‘reconsideración al pliego de cargos’, mediante el cual solventaron las observaciones que dicho órgano realizó. VIII. El veintidós de septiembre de dos mil cinco, el órgano de control interno del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, remitió, a la Tercera Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado de Tabasco, el oficio número OE-CONT-083-2005, mediante el cual se le informa que se solventaron diversas observaciones que le fueron realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. IX. El veintiocho de diciembre de dos mil cinco, se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, entre otros, los Decretos Número 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 104, 105, 106, 107, 109, 110 y 112 correspondientes a la calificación de las cuentas públicas de los H. Ayuntamientos Constitucionales de los Municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Paraíso, Jalpa de Méndez, Huimanguillo, Nacajuca, Balancán, Emiliano Zapata, Jalapa, Tlacotalpa, Tenosique, Jonuta y Macuspana del Estado de Tabasco."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora son, los siguientes:

"Primero. El Decreto Número 100 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado, el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, incumple lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el sistema jurídico mexicano toda autoridad que despliegue su actuación con carácter de imperio frente a los gobernados o en un nivel igual ante una autoridad, debe garantizar la prevalencia de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales obligan a las autoridades para que, al momento de emitir un acto de privación o de molestia, actúen dentro de su marco de atribuciones, funden y motiven la emisión de sus actos a través de mandamiento escrito, respeten la garantía de audiencia y observen las formalidades esenciales del procedimiento. Tal criterio fue sostenido por ese H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia dictada con motivo de la controversia constitucional radicada con el número de expediente 12/2003, en la cual se estableció que siendo éste uno de los medios de control de la regularidad constitucional respecto de los órdenes jurídicos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, se permite la defensa integral del orden constitucional federal, con independencia de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Constitución Federal. Lo antes expuesto, también puede ser corroborado si se atiende a la jurisprudencia número P./J. 98/99, consultable en la página setecientos tres, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). El razonamiento lógico-jurídico contenido en el presente concepto de invalidez, se encuentra orientado a salvaguardar el pleno respeto del orden primario, a fin de eliminar los actos arbitrarios que atenten contra el orden federal, la división de poderes y el régimen municipal, a fin de materializar lo sostenido por ese H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial cuyo rubro y texto se transcriben a continuación. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.’ (se transcribe). Así pues, sostenemos que el Decreto Número 100 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, incumple lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que enseguida se exponen: La Constitución es, prima facie, el ordenamiento fundamental y supremo en el que se proclaman los fines primordiales del Estado y se establecen las norma básicas a las que debe ajustarse el ejercicio del poder para garantizar el cumplimiento para el que fue previsto. En ese orden de ideas, lo que hace superior a la Constitución sobre las demás normas del sistema en su carácter fundamental. La Constitución es fundamental porque sirve de principio, cimiento y apoyo al resto de las normas del orden, de tal manera, el orden jurídico no puede concebirse como tal sin la existencia de la Constitución. En tal contexto, la Constitución queda establecida como norma suprema a la cual ha de ajustarse todo el sistema político. En suma, el poder, mediante la Constitución, queda sujeto a derecho. Ahora bien, el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual referimos como vulnerado establece: ‘Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Tal como puede observarse, el dispositivo constitucional antes trasunto, juega el papel preponderante en nuestro sistema jurídico, toda vez que se encuentra estatuido para garantizar que el ejercicio del poder público cumpla con una serie de exigencias mínimas para ajustar la actuación de las autoridades al supremo principio de legalidad, lo cual no sólo resulta necesario sino imprescindible en un Estado democrático y de derecho. Así, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como lo ha interpretado el órgano del Poder Judicial de la Federación, referido en el artículo 1o., fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, recoge el principio de legalidad de los actos de autoridad, que constituye una de las bases fundamentales del Estado de derecho. La garantía constitucional de legalidad es aplicable a cualquier acto de autoridad que afecte o infrinja alguna molestia a los particulares, con independencia de la privación de sus derechos. La construcción normativa del artículo constitucional en comento, tal como puede observarse, impone a las autoridades tres exigencias mínimas que deben cumplir para tener como válidas sus actuaciones, siendo éstas las siguientes: 1) que se exprese por escrito; 2) que provenga de autoridad competente; y 3) que en el documento escrito en el que se exprese el acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado. Al respecto, debe decirse que con independencia de que se cumplan o no con las exigencias constitucionales referidas en los números 1) y 2), el estudio del presente apartado se centrará, preferencialmente, en determinar si los considerandos ‘quinto’, ‘sexto’ y ‘séptimo’ del Decreto Número 100 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado, el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, cumple con la tercera de las exigencias constitucionales, esto es, si tal acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado y sólo nos referiremos, en caso de ser necesario, a aquellas violaciones que por la naturaleza del asunto es de gran trascendencia jurídica. Expuesto lo anterior, nos permitimos manifestar lo siguiente: A) En el numeral ‘primero’ del apartado denominado ‘considerando’, visible a fojas 1 y 2 del Decreto Número 100, puede apreciarse que tal ‘valoración’ no es sino el producto de lo que, el H. Congreso del Estado de Tabasco, estima comprende la facultad que le confiere el artículo 36, fracción XLI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Si bien es cierto no compartimos el criterio asumido por el H. Congreso del Estado de Tabasco, autoridad demandada, tal diferendo será motivo de estudio y análisis de un concepto de violación diverso. B) El numeral ‘segundo’ del apartado denominado ‘considerando’, visible en la foja 2 del Decreto Número 100, no es sino la reproducción del contenido del artículo 63, fracción VI, punto 3, inciso B), del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, atento a lo cual no se lesiona ningún principio consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se atenta contra el sistema federal, la división de poderes y mucho menos se lesiona la esfera de competencias que tenemos conferidas como órgano constitucional del Gobierno Municipal. C) El numeral ‘tercero’ del apartado denominado ‘considerando’ se encuentra estructurado de la siguiente manera: En la primera sección referente a ‘A) de los ingresos)’, el H. Congreso del Estado de Tabasco, consigna, supuestamente, los ingresos totales percibidos por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, cuantificándose, según refiere la autoridad que se cita, diversos conceptos. En la segunda sección correspondiente a ‘B) de los egresos’, el H. Congreso del Estado de Tabasco, consigna supuestamente, los egresos totales realizados por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco. En la tercera sección relativa a ‘C) de la revisión del ejercicio’, visible a fojas 4 y 5 del Decreto 100, el H. Congreso del Estado de Tabasco, manifestó una serie de consideraciones que estimó oportuno, sin que implique ello de manera particular una lesión constitucional, o bien, se provoque una afectación al sistema federal, a la división de poderes o al régimen municipal. D) En el numeral ‘cuarto’ del apartado denominado ‘considerando’ del Decreto Número 100, emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco, visible a fojas 5 y 6, no se consigna sino una valoración totalmente subjetiva sobre lo que dicha autoridad estima deriva de diversos ordenamientos jurídicos. E) En el numeral ‘quinto’ del apartado denominado ‘considerando’, visible a fojas 6 y 7 del Decreto Número 100, emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco se establece: ‘... Quinto. Observaciones de glosa y análisis financiero contable del ejercicio 2004: Durante el proceso de evaluación del ejercicio del gasto, fueron determinadas observaciones por el Órgano Superior de Fiscalización, quedando sin solventar lo siguiente: recursos de participaciones, recaudación propia y convenios, pago de nóminas por concepto de bonos al personal en el servicio de limpia y ornato, por carácter de ficha de depósito de reintegro de efectivo, por un valor de $1,000.00. Recursos de participaciones, recaudación propia de convenios, pagos efectuados por concepto de compra de juegos pirotécnicos, por carecer de documentación comprobatoria al no cumplir con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación por un valor de $59,704.00. Recurso de participaciones, recaudación propia de convenios, pago de lista de raya por concepto de sueldos al personal eventual de la Dirección de Obras Públicas, por carecer de firma de lista de raya, por un valor de $1,800.00. Recurso de participaciones, recaudación propia de convenios, por comisiones bancarias, por un valor de $21,840.00. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Ramo General 33, por diferencias entre el importe registrado en las cédulas técnicas y el registro de los estados financieros presupuestales, por un monto de $5,202.66. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo III (remanente y refrendo 2003) Ramo General 33, pago de lista

de raya, por falta de documentación comprobatoria de los trabajadores, por un valor de $1,800.00. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo III (remanente y refrendo 2003) Ramo General 33, pago por adquisición de materiales, por falta de consolidación de las partidas correspondientes, por un valor de $41,781.889 (sic). Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo III (remanente y refrendo 2003) Ramo General 33, pago de lista de raya, por falta de documentación comprobatoria de los trabajadores, por un valor de $49,233.84. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo III (Remanente y Refrendo 2003) Ramo General 33, pago de consumo de combustible del proyecto OP-281, por falta de bitácora de control, por un valor de $1,992.60. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo III (remanente y refrendo 2003) Ramo General 33, pago de lista de raya, por falta de documentación comprobatoria de los trabajadores, por un valor de $1,500.00. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Ramo General 33, por carecer de fianza de vicios ocultos del proyecto OP336, por un monto de $11,508.33. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Ramo General 33, pago de consumo de combustible de proyecto OP-281, por falta de bitácora de control, por un valor de $39,736.68. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Ramo General 33, pago de servicio telefónico del proyecto IS-020, gastos de operación de la Dirección de Seguridad Pública, por falta de bitácora de control, por un valor de $3,440.00. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Ramo General 33, porque de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, no contempla el programa de estímulos a la educación básica y los pagos por concepto de becas en el ejercicio fiscal 2004, no son viables de cubrirse con recursos de este fondo, por un valor de $953,440.00. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondo IV) Ramo General 33, porque de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, no contempla el programa de Estímulos a la Educación Básica y los pagos por concepto de despensas en el ejercicio fiscal 2004, no son viables de cubrirse con recursos de este Fondo, por un valor de $469,440.00. Traspaso indebido de recursos por sanción a contratista correspondiente al proyecto OP-038 con un valor de $34,599.01 y por simulación de sanción se debe reintegrar el recurso. Pago en exceso por sueldos o remuneraciones a los servicios públicos del H. Ayuntamiento del Municipio, del tabulador correspondiente publicado en el Periódico Oficial de fecha 24 de julio de 2004 suplemento 6457 con un valor de $1'245,736.58. Las observaciones al gasto por carecer de documentación comprobatoria y que sumando al resultado de la revisión documental efectuada por esta Tercera Comisión Inspectora de Hacienda hacen un total de $2'943,755.59 (dos millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y cinco pesos 59/100 M.N.). Asimismo derivado de la recomendación de control interno relativo a la retención del impuesto sobre la renta, se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado dar seguimiento a ésta. No obstante las observaciones que no se determinan en valor líquido, pero que por las actuaciones indebidas de los servidores públicos que por su encargo o jerarquía hubieren intervenido en el proceso de aplicación del gasto, y que por su naturaleza derivan en sanciones, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, deberá actuar en consecuencia, aplicando y vigilando que se cumplan las sanciones correspondientes y el reintegro de los recursos en su caso, en atención a sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, e informe a la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda y al H. Congreso del Estado a través de la Junta de Coordinación Política ...’. Tal como puede advertirse, sin mayor dificultad, de la cita íntegra del apartado que se comenta, el H. Congreso del Estado de Tabasco, dejó de atender lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones lógicas-jurídicas siguientes: Tal como podrá advertirse, por ese H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los diversos numerales del apartado denominado ‘antecedentes’ del presente medio de control constitucional, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, conforme con el marco de atribuciones que tiene conferido, remitió, al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, informes sobre hallazgos y observaciones relativas a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público, correspondiente a todos y cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal 2004. Atentos a los informes sobre hallazgos y observaciones relativos a la auto-evaluación presupuestal-financiera y evaluación del gasto público, correspondiente a todos y cada uno de los trimestres del ejercicio fiscal 2004 emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, tal como se advierte de los numerales diversos que se consignaron en el apartado denominado ‘antecedentes’ del presente medio de control constitucional, solventó las observaciones que le fueron realizadas y agregó la información que le fue requerida así como la que se estimó conveniente para justificar en todos sus extremos contables, administrativos y jurídicos la actuación de nuestro órgano de gobierno constitucional municipal. Empero, en la especie, el H. Congreso del Estado de Tabasco, faltó, como se ha sostenido, al cumplimiento de las garantías constitucionales de fundamentación y motivación previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones: No realizó un análisis detallado sobre la materia en la que consistió la observación realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. No refirió en qué consistió la solventación que, con motivo de las observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, oportunamente, le realizó el órgano constitucional de Gobierno Municipal que promueve la presente controversia constitucional. En ningún momento precisó qué documentación fue requerida para tal efecto por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. Asimismo, no estableció, con precisión y claridad, la documentación que le fue proporcionada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, para solventar las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. Tampoco señaló qué valor le asignó a la documentación que le fue proporcionada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Estado de Tabasco, para solventar las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, o bien, las razones o motivos particulares que tuvo para desestimarlas. No señala con base en qué fundamento jurídico soportó su decisión y, consecuentemente, imponer (sic) que no habían sido solventadas dichas ‘irregularidades’. En suma, el apartado que se analiza del Decreto Número 100 emitido por el H. Congreso del Estado de Tabasco al carecer de la debida fundamentación y motivación, vulnera el principio de legalidad, con independencia de los actos violatorios que posteriormente se analizarán. En tal contexto, como podrá concluir ese H. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se faltó al cumplimiento de los deberes constitucionales a los cuales se encontraba sujeto la autoridad que se señala como demandada, mismos que han sido referidos con anterioridad. No obstante la falta cometida por la autoridad demandada, no titubea en sentenciar que no obstante que las observaciones no se determinan en valor líquido, pero que las actuaciones indebidas de los servidores públicos que por su encargo o jerarquía hubieren intervenido en el proceso de aplicación del gasto, y que por su naturaleza derivan en sanciones, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, deberá actuar en consecuencia, aplicando y vigilando que se cumplan las sanciones correspondientes y el reintegro de los recursos en su caso, en atención a las facultades que le confieren diversos ordenamientos jurídicos. Evidente resulta que las determinaciones emitidas por las autoridades, independientemente de su naturaleza jurídica, deben ser debidamente sustentadas conforme al marco jurídico y motivadas en extremos, a fin de generar confianza y certeza jurídica que le permita a las autoridades o los propios gobernados maximizar las garantías constitucionales previstas en un Estado democrático y de derecho. Empero, ese justamente no es el marco en el que nos desenvolvemos, dado que, por un lado, la autoridad demandada, no funda, ni motiva, la resolución que emite, pero, por el otro, sí emite una determinación que puede generar una afectación a los intereses que este órgano originario del Estado mexicano representa, pues los efectos que pueden tener las determinaciones del órgano superior de fiscalización pueden consistir desde la suspensión hasta la destitución de cualquier servidor público municipal, invadiéndose la esfera competencial de nuestro representado, pues no se justifica de ninguna manera el procedimiento que pretende instaurarse y menos las sanciones que del mismo pueden derivar, dado que, como se reitera, en ningún momento se dejó de cumplir con las obligaciones que tenemos conferidas y, por el contrario, las observaciones que se nos imputan han sido debidamente solventadas. En suma el H. Congreso del Estado de Tabasco, lesionó lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. F) En el numeral ‘sexto’ del apartado denominado ‘considerando’, visible a foja 8 del Decreto Número 100, el H. Congreso del Estado de Tabasco, establece lo siguiente: ‘... Sexto. De la revisión a proyectos de inversión en obra pública que se seleccionaron como muestra, se determinarán las siguientes observaciones. De la revisión documental que la Tercera Comisión Inspectora de Hacienda efectuó del informe de resultados correspondiente al H. Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, se observó que de 138 acciones de obras públicas que se realizaron durante el ejercicio 2004, 122 fueron ejecutadas por administración directa. En números absolutos, el H. Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca ejerció un presupuesto de $13'196,795.52 (trece millones ciento noventa y seis mil setecientos noventa y cinco pesos 52/100 M.N.) en obras; de ese total $10'192,738.00 (diez millones ciento noventa y dos mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) se ejecutaron directamente por el Ayuntamiento. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; ‘La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrán exceder del cinco por ciento de la inversión física total autorizada para las obras públicas ...’. Como podrá observarse, los servidores públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca, de manera reiterada con la ejecución de 103 acciones infringieron la disposición recién invocada, al exceder 72% lo permitido por la ley para obras de administración directa. Es de advertirse que el monto observad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21100-bc7ef5c8/controversia-constitucional-la-declaratoria-de-invalidez-respecto-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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