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Modo: Corpus Pro

AUTORIDAD INTERMEDIA. LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA, DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, NO TIENE TAL CARÁCTER AL SER PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. PRINCIPIOS DE FIDELIDAD FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. DEBEN ENTENDERSE CONFORME AL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2007. · Registro digital (IUS): 21186
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 1741.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2007. MUNICIPIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIA: SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de agosto de dos mil ocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil siete en el domicilio particular de la persona autorizada para recibir promociones de término fuera del horario de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compareció Antonio Albores Potisek, quien se ostentó como primer síndico del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, y promovió controversia constitucional en contra de las autoridades que a continuación se señalan y por los actos que enseguida se precisan:

"Autoridades demandadas:

"1. Poder Legislativo del Estado de Coahuila, por conducto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila. 2. Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, por conducto del gobernador del Estado de Coahuila profesor Humberto Moreira Valdés, por sí y como superior jerárquico del secretario de Desarrollo Regional de la Laguna. 3. Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila. 4. Secretario de Desarrollo Regional Laguna del Estado de Coahuila. Todas con domicilio ...

"Actos cuya invalidez se demanda:

"1. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila, la inconstitucionalidad de los artículos 17, fracción XII y 35 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila. 2. Del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila, los siguientes: a) La inconstitucional promulgación y publicación de las reformas a los artículos 17, fracción XII y 35 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila mediante el Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de marzo de 2007. b) Las inconstitucionales órdenes, acuerdos y circulares giradas al secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, mediante las cuales en violación directa del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, construye diversas obras de infraestructura, sin atender el plan municipal de desarrollo y excluyendo por completo de dichas obras al Ayuntamiento de Torreón. c) La inconstitucional e inminente ejecución de órdenes y acuerdos dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Torreón en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo a la vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias, al margen del plan municipal de desarrollo, y en ejercicio de facultades que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. d) La inconstitucional e inminente formación de ‘comités vecinales’ como autoridades paralelas al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, en violación directa del artículo 115 de la Constitución Federal. 3. Del secretario de Gobierno, los siguientes: a) El inconstitucional refrendo y publicación de las reformas a los artículos 17, fracción XII y 35 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila mediante el Periódico Oficial del Estado de fecha 2 de marzo de 2007. b) Las inconstitucionales órdenes, acuerdos y circulares giradas al secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, mediante las cuales en violación directa del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, construye diversas obras de infraestructura, sin atender el plan municipal de desarrollo y excluyendo por completo de dichas obras al Ayuntamiento de Torreón. c) La inconstitucional e inminente ejecución de órdenes y acuerdos dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Torreón en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo a la vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias, al margen del plan municipal de desarrollo, y en ejercicio de facultades que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. d) La inconstitucional e inminente formación de comités vecinales como autoridades paralelas al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, en violación directa del artículo 115 de la Constitución Federal. 4. Del secretario de Desarrollo Regional de la Laguna del Estado de Coahuila, los siguientes: a) La ejecución de las inconstitucionales órdenes, acuerdos y circulares giradas por el Ejecutivo del Estado, mediante las cuales en violación directa del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, construye diversas obras de infraestructura, sin atender el plan municipal de desarrollo y excluyendo por completo de dichas obras al Ayuntamiento de Torreón. b) La inconstitucional e inminente ejecución de órdenes y acuerdos dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Torreón en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo a la vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias, al margen del plan municipal de desarrollo, y en ejercicio de facultades que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. c) La inconstitucional e inminente formación de comités vecinales como autoridades paralelas al Ayuntamiento de Torreón Coahuila, en violación directa del artículo 115 de la Constitución Federal."

SEGUNDO. Los antecedentes del caso, son los siguientes:

"1. El 2 de marzo de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el decreto expedido por el Congreso del Estado mediante el cual se adicionaron los artículos 17, fracción XII, y 35 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, por medio del cual se creó la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna. 2. Como consecuencia de lo anterior, se designó como titular de la nueva secretaría a Eduardo Olmos Castro y se dotó a dicha dependencia de un presupuesto de $1,200'000,000.00 (mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.). 3. Dado que dicha secretaría fue dotada con facultades meta constitucionales, su titular comenzó a realizar diversos actos de intromisión y desconocimiento del orden jurídico constitucional que van desde encabezar actos cívicos de carácter municipal, hasta su participación en la edificación de obras viales y de infraestructura sin considerar el Plan Municipal de Desarrollo. 4. Es el caso de que el 4 de abril de 2007, el citado secretario anunció que en días subsecuentes iniciaría la ejecución de diversos programas de esa dependencia en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo de vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias, e incluso la instalación de comités vecinales para triangular la ejecución de dichas obras, con lo cual invade el ámbito de atribuciones que constitucionalmente corresponde al Ayuntamiento de Torreón, lo que propicia la presentación de la presente controversia constitucional."

TERCERO. Los conceptos de invalidez formulados por el actor, son los siguientes:

"Primero. Violación a los artículos 115, fracción I, 133 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El precepto constitucional en cita, expresamente señala que: (Reformado primer párrafo, D.O.F. 23 de diciembre de 1999). ‘I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.’-De dicho precepto constitucional se advierte la prescripción para que pueda existir entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, una autoridad intermedia. Dicho concepto, ha sido precisado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes criterios jurisprudenciales: Registro No. 179066. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, marzo de 2005, página 813, tesis P./J. 13/2005. Jurisprudencia. Materia Constitucional. ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 12, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, CONSTITUYE UNA AUTORIDAD INTERMEDIA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La citada disposición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2004, al otorgar a los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable la facultad de aprobar la determinación del monto y el rubro al cual se aplicarán las aportaciones federales provenientes del Ramo 33 -Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, en lo relativo al fondo de aportaciones para la infraestructura productiva rural-, contraviene la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con el otorgamiento de la indicada facultad, dicho órgano se erige en una autoridad intermedia de las prohibidas por el citado precepto constitucional, ya que siendo ajeno a la estructura del Municipio, decide una parte del destino de los recursos que forman parte de la hacienda pública municipal. Controversia constitucional 12/2004. Ayuntamiento de Mérida, Estado de Yucatán. 23 de noviembre de 2004. Mayoría de diez votos; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargado del engrose: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Marat Paredes Montiel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de marzo en curso, aprobó, con el número 13/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de marzo de dos mil cinco.’. Registro No. 192326. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, febrero de 2000, página 509, tesis P./J. 10/2000. Jurisprudencia. Materia Constitucional. ‘AUTORIDAD INTERMEDIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, establece que cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. El análisis de los antecedentes históricos, constitucionales y legislativos que motivaron la prohibición de la autoridad intermedia introducida por el Constituyente de mil novecientos diecisiete, lo cual obedeció a la existencia previa de los llamados jefes políticos o prefectos, que política y administrativamente se ubicaban entre el gobierno y los Ayuntamientos y tenían amplias facultades con respecto a estos últimos, puede llevar a diversas interpretaciones sobre lo que en la actualidad puede constituir una autoridad de esta naturaleza. Al respecto, los supuestos en que puede darse dicha figura son los siguientes: a) Cuando fuera del Gobierno Estatal y del Municipal se instituye una autoridad distinta o ajena a alguno de éstos; b) Cuando dicha autoridad, cualquiera que sea su origen o denominación, lesione la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del Ayuntamiento; y, c) Cuando esta autoridad se instituye como un órgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicación directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno. Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy diecisiete de febrero en curso, aprobó, con el número 10/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de febrero de dos mil.’. En el caso concreto, mediante las reformas impugnadas, se crea y dota de facultades a la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, por medio de las cuales se suplanta y mediatiza las facultades constitucionales del Ayuntamiento de Torreón en los siguientes términos: ‘Artículo 17. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública centralizada del Estado, el titular del Ejecutivo contará con las siguientes dependencias: (Reformada, P.O. 2 de marzo de 2007). XII. Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, y’ (sic) (Adicionado, P.O. 2 de marzo de 2007). ‘Artículo 35 BIS. A la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos en los Municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca: I. Formular, promover y evaluar la política de desarrollo regional de acuerdo a las condiciones y características económicas, sociales y culturales; II. Coordinar y operar las acciones que en materia de desarrollo regional establezca el Ejecutivo Estatal en beneficio de la población vulnerable o en situación de marginación en el área rural o urbana; III. Coadyuvar con otras dependencias en el diseño y ejecución de programas y proyectos en materia de salud, derechos humanos, educación, cultura, vivienda y otros relacionados con el desarrollo social; IV. Brindar a los Municipios apoyo técnico en materia de desarrollo social y económico; V. Promover y fortalecer la gestión individual y colectiva en materia social, económica y de turismo; VI. Apoyar las actividades y programas científicos, tecnológicos, deportivos y culturales que organice el Gobierno del Estado; VII. Participar en la ejecución de obras sociales que favorezcan el bienestar individual y colectivo; VIII. Participar en la distribución y abastecimiento de productos alimentarios básicos a población marginada o en estado de necesidad; IX. Promover y atender programas para la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; X. Atender y apoyar a instituciones públicas y privadas que se ocupen de actividades de beneficencia y atención a la comunidad; XI. Coadyuvar con la secretaría del ramo en la promoción del empleo en los sectores del comercio y la industria; XII. Coadyuvar en la promoción del empleo en las zonas rurales y marginadas; XIII. Participar con la secretaría del ramo en el fomento de la actividad turística; XIV. Auxiliar a las dependencias y entidades competentes en la organización de actividades y eventos que fomenten las tradiciones culturales y el deporte; XV. Coordinar la atención de las demandas populares dirigidas al Ejecutivo del Estado o a las dependencias que lo integran; XVI. Coordinar la agenda del gobernador del Estado en los Municipios de su competencia; y XVII. Todas las demás que mediante el acuerdo correspondiente le asigne el gobernador del Estado y sirvan para descentralizar funciones a la región. Cuando alguna de las facultades u obligaciones contenidas en el presente artículo sean concurrentes con otra dependencia o entidad, ésta deberá ser ejercida en forma coordinada buscando la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y el máximo beneficio para la población de la región Laguna.’. Dichas facultades invaden el ámbito de competencia que la Constitución Federal por los siguientes motivos. 1) Las fracciones I y II atentan contra la facultad constitucional prevista en el artículo 115, fracción V, inciso c), toda vez que faculta a la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, a formular, promover y evaluar unilateralmente la política de desarrollo regional, cuando dicha facultad corresponde a la Federación y a los Estados y en el último caso incluso se requiere asegurar la participación de los Municipios en su elaboración; 2) Las fracciones I, II y III de la norma impugnada también son contrarias al artículo 115, fracción V, inciso a), en virtud de que es una facultad municipal el formular y aprobar los planes de desarrollo urbano municipal y la norma impugnada autoriza que el secretario del ramo unilateralmente pueda operar sus propios programas de desarrollo en el territorio del Municipio de Torreón; 3) La fracción IX, es contraria al artículo 115, fracción V, inciso e), en virtud de que constitucionalmente corresponde al Municipio la materia de regularización de la tierra, y la norma impugnada transfiere dicha facultad a la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna; 4) La fracción XVI, ubica a la secretaría ya precisada como una autoridad intermedia entre el Municipio y el Estado conforme a los criterios de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que ‘se instituye como un órgano intermedio de enlace entre el Gobierno del Estado y del Municipio, impidiendo o interrumpiendo la comunicación directa que debe haber entre ambos niveles de gobierno.’. En conclusión las facultades con las que fue dotada la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna, invaden el ámbito de atribuciones que constitucionalmente corresponde al Municipio de Torreón, Coahuila y, por ende, se instituye como una autoridad intermedia conforme a la jurisprudencia de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo. Violación a los artículos 115, fracción II, 133 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, la norma constitucional dispone: ‘(Reformado, D.O.F. 23 de diciembre de 1999). Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.’. Conforme a la Norma Constitucional y la interpretación de esa Suprema Corte, las Legislaturas de los Estados tienen la obligación de emitir leyes que contengan las bases generales sobre las cuales los Municipios puedan dictar sus normas específicas dentro de su jurisdicción. En el caso concreto con la emisión de los artículos impugnados, la Legislatura Estatal incumple la premisa anterior, ya que dicta normas específicas para la jurisdicción del Municipio de Torreón y en cambio elude dictar las bases generales respecto de las cuales sí tiene competencia. Aunado a lo anterior, también emite una norma privativa por estar referida a algunos Municipios en particular por lo que carece del requisito de impersonalidad y, por ende, resulta inconstitucional. Así es, las características de una ley son la generalidad, es decir, que se puedan aplicar tantas veces como se actualice la hipótesis normativa; abstracción con motivo de que no son creadas para regir una circunstancia particular e impersonalidad en tanto que por mandato constitucional no pueden estar dirigidas a un individuo o grupo de individuos particularizados. Cuando una norma carece de uno de estos requisitos es una norma privativa y, por ende, resulta inconstitucional. En el caso concreto, la norma impugnada está dirigida únicamente a los Municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, por tanto, es privativa y, en consecuencia, inconstitucional. Tercero. Violación a los artículos 115, 133 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los actos impugnados al estar fundados en una norma inconstitucional, en vía de consecuencia también resultan inconstitucionales, sin embargo también deben invalidarse por los siguientes vicios propios: Los actos impugnados en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo a la vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias, al margen del plan municipal de desarrollo, afecta el ejercicio de facultades que conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponden al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila conforme a lo ya expuesto. De igual forma, la formación de comités vecinales como autoridades paralelas al Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, viola en forma directa la organización municipal establecida y garantizada por el artículo 115 de la Constitución Federal."

CUARTO. En su demanda de controversia constitucional, el Municipio actor señaló que considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 115, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 35/2007 y, por razón de turno, designó como instructor al señor Ministro José Fernando Franco González Salas.

SEXTO. Por auto del día veinticuatro de abril de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, determinó reconocer la personalidad con que se ostenta el promovente, tener como demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila, así como al secretario de Gobierno de la misma entidad federativa; en cambio no se le reconoció el carácter de demandada a la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna del Estado de Coahuila, al tratarse de un órgano subordinado del Poder Ejecutivo de dicho Estado. Asimismo, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan sus respectivas contestaciones y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación corresponde.

SÉPTIMO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia y Certificación Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiocho de junio de dos mil siete, Antonio Albores Potisek, como primer síndico del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, amplió su demanda en la presente controversia constitucional, la cual fue admitida por el Ministro instructor mediante auto del día veinte de julio del mismo año.

Resulta innecesario referir los actos impugnados ni a las autoridades respecto de las cuales se amplió la demanda, habida cuenta que, por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil siete, en este Alto Tribunal, el mencionado primer síndico del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, se desistió de dicha ampliación de demanda y de los actos impugnados en la demanda original.

OCTAVO. Sustanciado el procedimiento correspondiente y cumplidos los requerimientos formulados a la actora, por acuerdo del Ministro instructor de fecha treinta y uno de agosto de dos mil siete, se resolvió lo conducente. Cabe precisar que tal resolución no fue impugnada vía reclamación por el Municipio actor y, por ende, constituye cosa juzgada. La resolución en comento, es del tenor siguiente:

"México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil siete.

"Agréguese al expediente el escrito y anexo del delegado del Municipio de Torreón Coahuila, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de veintisiete de agosto de este año, remite copia certificada del acta número 52 del día veintidós anterior, correspondiente a la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo del Municipio actor, en la cual consta que se autorizó al síndico para desistirse de la presente controversia constitucional, únicamente respecto de los actos impugnados.

"Visto lo anterior y a efecto de proveer lo conducente, respecto del mencionado desistimiento, se tienen en cuenta los antecedentes siguientes:

"PRIMERO. Por oficio presentado el veintitrés de abril del año en curso, el síndico del Municipio de Torreón, Estado de Coahuila, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del secretario de Gobierno, todos del Estado de Coahuila, en la que solicitó la declaración de invalidez de la expedición, promulgación, publicación y refrendo de los artículos 17, fracción XII (sic) y 35 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad.

"Asimismo, impugnó diversos actos que atribuye al Poder Ejecutivo local, al mencionado secretario de Gobierno y al secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, consistentes en:

"a) Las órdenes, acuerdos y circulares giradas al secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, por las cuales construye diversas obras de infraestructura, sin atender al plan municipal de desarrollo y excluyendo de dichas obras al Ayuntamiento actor y su ejecución por parte del mencionado funcionario.

"b) La inminente ejecución de órdenes y acuerdos dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Torreón, en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo a la vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias, al margen del Plan Municipal de Desarrollo.

"c) La inminente formación de ‘comités vecinales’ como autoridades paralelas al Ayuntamiento actor.

"SEGUNDO. Por escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso, el síndico del Municipio de Torreón, Estado de Coahuila, promovió ampliación de demanda, precisando como actos supervenientes los siguientes:

"Del Poder Ejecutivo, del secretario de Gobierno y del secretario de Desarrollo Regional de la Laguna, todos del Estado de Coahuila, la inconstitucionalidad de las órdenes, acuerdos y circulares y la ejecución de las mismas, por las cuales se construyen diversas obras de infraestructura, sin atender el plan municipal de desarrollo, así como la inminente ejecución de tales órdenes y acuerdos, dentro de la jurisdicción del Ayuntamiento de Torreón, en materia de pavimentación, tenencia de la tierra, apoyo a la vivienda, drenaje e infraestructura básica en las colonias y la inminente formación de ‘comités vecinales’ como autoridades paralelas a dicho Ayuntamiento; asimismo, impugnó como actos supervenientes:

"...

"‘A) Construcción del «Sistema Vial Centenario»; B) Las obras de pavimentación y alumbrado público que se están realizando en «avenida Central» colonia Plan de San Luis; C) Cierre, demolición y reconstrucción de los 4 viaductos que conforman el «distribuidor vial Revolución»; D) La construcción del «mercado Nueva Alianza»; E) Construcción del «puente Valle Verde»; F) Embovedado del canal abierto de aguas negras en Cd. Nazas; G) Construcción del paseo turístico «Canal de la Perla»; H) Construcción del paso a desnivel Alianza; I) Construcción del sistema vial (Nudo Mixteco y el crucero Constitución Abastos); J) Cancelación del fraccionamiento «Joyas del Bosque» aprobado por el Cabildo de Torreón, Coahuila, conforme a sus facultades constitucionales, el 4 de mayo de 2007.’

"TERCERO. Por oficio presentado el dieciséis de agosto de dos mil siete, el síndico del Municipio actor desiste de la presente controversia constitucional, únicamente respecto de los actos impugnados; asimismo, solicitó se levantara la suspensión decretada.

"En proveído de veinte de agosto de dos mil siete, se requirió al mencionado servidor público municipal para que compareciera a ratificar su escrito de desistimiento y, asimismo, remitiera copia certificada del acta de sesión de Cabildo, en la que se le haya autorizado a desistirse en los términos precisados.

"En cumplimiento a dicho requerimiento, el delegado del Municipio actor presentó copia certificada del acta de la sesión ordinaria de Cabildo del citado Municipio, en la que consta la autorización al síndico para que desista de esta controversia constitucional, únicamente respecto de los actos impugnados.

"Asimismo, el mencionado síndico compareció a ratificar su escrito de desistimiento.

"CUARTO. El artículo 20, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: ‘Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de normas generales.’

"De este numeral se advierte que procede decretar el sobreseimiento de la controversia constitucional, cuando el actor desista expresamente de la demanda, con la limitante de que sólo podrá hacerlo respecto de los actos concretos que haya impugnado, mas no así por las normas generales.

"En el caso, el síndico del Municipio actor es quien solicita el desistimiento de la controversia constitucional, únicamente respecto de los actos impugnados; y en términos del artículo 106, fracción II, del Código Municipal para el Estado de Coahuila, dicho servidor público cuenta con la representación jurídica del Ayuntamiento; asimismo, conforme a lo previsto por la fracción IX del propio precepto legal, el Cabildo en sesión de veintidós de agosto del año en curso, le autorizó a desistirse en los términos que señala, de conformidad con el acta que se anexó al oficio de cuenta.

"En consecuencia, dado que el Municipio actor por conducto del síndico que legalmente lo representa, desiste expresamente de la presente controversia constitucional, únicamente respecto de los actos concretos cuya invalidez demandó, lo cual incluye tanto los precisados en su demanda inicial como en la correspondiente ampliación, con fundamento en el artículo 20, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se le tiene por desistido de los referidos actos y, como consecuencia, procede decretar el sobreseimiento respecto de los mismos.

"Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis del Tribunal Pleno números P./J. 113/2005 y P./J. 54/2005, de rubros:

"‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONDICIONES PARA LA PROCEDENCIA DEL SOBR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21186-ab02a43f/autoridad-intermedia-la-secretaria-de-desarrollo-regional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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