FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN EL QUE SE RECLAME LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACUERDO POR EL QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO RELATIVO AUTORIZA LA VENTA DE LA CARTERA VENCIDA RESERVADA AL CIEN POR CIENTO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES NECESARIOS PARA REALIZARLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, QUINTO EN MATERIA DE TRABAJO, NOVENO EN MATERIA DE TRABAJO, SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DÉCIMO SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver asuntos en las materias administrativa y laboral correspondientes a la especialización de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formula **********, autorizado en términos del artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en los expedientes RT. 63/2008, CC. 12/2008, RA. 397/2008, RA. 244/2008, RA. 251/2008, CC. 4/2008, RT. 157/2008, RT. 73/2008 y CC. 5/2008, conforme lo ha sustentado esta Sala en la tesis 2a. LXV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 585, cuya sinopsis dice:
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DIMANADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN. El mencionado autorizado se encuentra facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
TERCERO. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el CC 4/2008, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil ocho, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. Este Tribunal Colegiado considera que la competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, corresponde al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Lo anterior es así, porque de la demanda de amparo relativa se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado: ‘El acuerdo o resolución RCA. 1316-10/05, tomado por el consejo de administración del Infonavit el 26 de octubre de 2005. El cual representa un acuerdo de observancia general en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acuerdo que faculta a la administración de (sic) Infonavit a proceder a la venta de créditos en cartera vencida de manera general hasta por 56491 créditos ...’. Ahora bien, como ya se señaló, la resolución del conflicto competencial que nos ocupa, tiene por objeto establecer, únicamente a qué Juez de Distrito corresponde conocer de la demanda de garantías y para ello debe atenderse, exclusivamente, a la naturaleza material del acto reclamado, sin prejuzgar sobre cuestiones de procedencia y fondo del juicio de amparo. También conviene citar la jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, de rubro y texto: ‘COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.’. Ahora bien, en el caso, el quejoso señaló como acto reclamado un acuerdo emitido por el consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de veintiséis de octubre de dos mil cinco, por el que se facultó a la administración de dicho instituto a vender 56491 créditos de la cartera vencida, y señaló como autoridad responsable al consejo de administración de dicho instituto, así como al subdirector de Créditos, subdirector general de Planeación y Finanzas, y subdirector general Jurídico, también del instituto. Se destaca que el acuerdo reclamado fue emitido con fundamento en lo previsto en el artículo 16, fracción IX, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 16. El consejo de administración, tendrá las atribuciones y facultades siguientes: ... IX. Proponer para su aprobación a la asamblea general las políticas de crédito y aprobar las reglas para su otorgamiento, así como la normatividad en materia de control interno. A propuesta del director general, aprobar los castigos y quebrantos derivados de los créditos, las políticas de riesgos, así como las de adquisición de bienes y prestación de servicios, y cualquiera otra que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del instituto; ...’. Asimismo, del ordenamiento citado se invocan los siguientes preceptos: ‘Artículo 2o. Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina «Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores» con domicilio en la ciudad de México.’. ‘Artículo 3o. El instituto tiene por objeto: Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; y c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece.’. Del contenido de los preceptos transcritos se desprende que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene por objeto administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, y establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores (sic) un crédito, lo que está fundado en disposiciones de naturaleza administrativa. De ahí, que no existe base para considerar que se trate de un acto que tenga que ver con el ámbito laboral, y por consiguiente, si las autoridades responsables son administrativas y el acto reclamado tiene también esa naturaleza, es evidente que quien tiene que conocer de la demanda de garantías es el titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.’. En ese sentido, tomando en cuenta el contenido del precepto transcrito, se estima que de la demanda de amparo presentada por ********** debe conocer el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, pues el acto reclamado no es una resolución judicial del orden laboral; no se reclaman leyes, ni demás disposiciones en materia del trabajo, no se trata de un juicio de amparo que se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, ni contra actos de tribunales laborales ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que se afecten a personas extrañas al juicio; sino que, se trata de un acto administrativo atribuido a una autoridad de igual naturaleza. Lo anterior, porque como ya se dijo, se reclama un acuerdo en el que se acordó la venta de créditos en cartera vencida de manera general; es decir, se acordó un procedimiento de venta de los créditos adquiridos por los trabajadores con el Infonavit, y ese acto se atribuye al consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; por lo que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque el amparo se promueve contra actos de autoridad distinta de la judicial y no se está en presencia de los casos de salvedad que prevé dicha fracción, relacionadas (sic) con las fracciones II, del artículo 50 y III, del artículo 51 de la propia legislación." (fojas 419 vuelta a 423).
El criterio sostenido en la sentencia transcrita, fue reiterado en el diverso asunto CCA. 5/2008 (fojas 379 a 401).
Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el asunto RT. 63/2008 en sesión de nueve de septiembre de dos mil ocho, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Resulta sustancialmente fundado el concepto de agravio planteado por la recurrente en el que, en esencia, se duele de que, tanto la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, como el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, consideraron que este último es competente para conocer del juicio de garantías que promovió aquélla contra los actos reclamados consistentes en el acuerdo del consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que autoriza la venta de créditos en cartera vencida, así como la venta o cesión de su crédito a favor de una empresa particular, siendo que, según la inconforme, tales actos reclamados son de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de la citada demanda de amparo, compete a un órgano de control constitucional de materia administrativa; lo anterior es así, de conformidad con las consideraciones que se señalan a continuación. En principio, cabe señalar que la competencia constituye el ámbito en el cual los tribunales pueden desarrollar válidamente la función jurisdiccional que tienen encomendada, o sea, es el límite legal impuesto al desempeño de esa función jurisdiccional, por lo que, la competencia, a su vez, es considerada como un presupuesto procesal, es decir, un requisito que previamente debe satisfacerse para que pueda desarrollarse válidamente el proceso y para que la sentencia que se dicte en el mismo, pueda tener eficacia jurídica. Ahora bien, la competencia por materia en el juicio de amparo, es una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque tiene sustento jurídico en las fracciones V y VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. ... d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. ... VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia ...’. En congruencia con lo anterior, el artículo 50 de la Ley de Amparo, previene: ‘Artículo 50. Cuando se presente una demanda ante un Juez de Distrito especializado por razón de materia, en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la remitirá de plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al Juez de Distrito que corresponda, sin resolver sobre su admisión, ni sobre la suspensión del acto, salvo el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 54.’. Asimismo, los artículos 48, 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación textualmente señalan: ‘Artículo 48. Los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente capítulo.’. ‘Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios Juzgados de Distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal.’. ‘Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.’. ‘Artículo 55. Los Jueces de Distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio.’. Del examen de las anteriores disposiciones legales se colige que el sistema judicial de nuestro país, prevé la existencia de órganos jurisdiccionales especializados; y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, enmarca, por materia, la competencia de aquéllos, con base en lo cual, limita su capacidad jurisdiccional. Ahora bien, este órgano colegiado considera que, como lo aduce la recurrente, el Juez de Distrito recurrido es incompetente, por razón de materia; en tal sentido, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y remitir los autos a la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que esta última dicte la sentencia correspondiente, conforme a los razonamientos que se señalarán más adelante. Tal determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 8/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de dos mil uno, página cinco, que establece: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta, ya sea por el planteamiento del inconforme o aun de oficio, que el Juez de Distrito continuó conociendo de un juicio de amparo y dictó la sentencia respectiva, no obstante que la autoridad que se señaló como ejecutora y cuya residencia originó su competencia, negó la certeza del acto reclamado, sin que se desvirtuara tal negativa, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez de Distrito que considere competente, para que éste dicte la sentencia correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce únicamente respecto al fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, atendiendo para ello a lo que establece el artículo 17, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo; con independencia de la responsabilidad en la que pudo haber incurrido el Juez de Distrito incompetente.’. Una vez precisado lo anterior, conviene destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la competencia por materia de un juicio de amparo, debe tomarse en cuenta la naturaleza del acto reclamado, lo que puede determinarse mediante el estudio de la demanda. Cobra aplicación en la especie, por mayoría de razón, la tesis aislada número 2a. XVIII/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de dos mil siete, Materia Común, página setecientos dos, del tenor literal siguiente: ‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.’. En tal sentido, a efecto de definir a quién corresponde el conocimiento de la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa **********, resulta indispensable analizar la naturaleza del acto reclamado. De las constancias que obran en el cuaderno de amparo 657/2008, se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil ocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto. El acto reclamado en la demanda de garantías se hace consistir en: ‘1. El acuerdo o resolución RCA 1316-10/05, tomado por el consejo de administración del Infonavit el 26 de octubre de 2005. El cual representa un acuerdo de observancia general en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acuerdo que faculta a la administración de (sic) Infonavit a proceder a la venta de créditos en cartera vencida de manera general hasta por 56491 créditos. Se trata de una norma general y no de un acuerdo individualizado, toda vez que no aprueba una venta determinada con comprador y crédito específicos, sino que faculta a proceder a un procedimiento (sic) de venta, que puede contener: (i) contratos con uno o varios proveedores para la venta (ii) varios y diversos actos para una o varias subastas, (iii) uno o varios contratos de venta o cesión de créditos, (iv) uno o varios compradores de los créditos, y (v) la venta de 56491 créditos o menos, los cuales no se especifican en el acuerdo. Por todo ello se trata de un acuerdo de observancia general. 2. La venta o cesión de mi crédito por parte de Infonavit a favor de la persona moral denominada ********** mediante instrumento notarial número 24180, libro 765, del 2006 ante la fe del notario 227 del DF, y cualquier otro contrato o convenio por el que la autoridad responsable vendió mi crédito. Este acto se impugna por inconstitucional en todas y cada una de sus partes incluyendo antecedentes, declaraciones, cláusulas y todos y cada uno de los anexos y apéndices al mismo, ya que el objeto general del contrato es inconstitucional como se explica adelante. Las autoridades responsables son: 1. El consejo de administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, integrado por el actual régimen, por la aprobación del acuerdo de observancia general que autorizó a proceder a la venta o cesión de créditos, entre ellos el del (sic) suscrita. 2. Los siguientes funcionarios del Infonavit: **********, subdirector general de Crédito; **********, subdirector general de Planeación y Finanzas; **********, subdirector general Jurídico; y **********, subdirector general de Administración de Cartera; todos por el acto reclamado consistente en la venta o cesión del crédito del suscrito.’. Por auto de veintiuno de enero del referido año, dicha demanda fue admitida por la Juez Segunda de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; el quince de abril de la citada anualidad, celebró la audiencia constitucional, y el dieciocho siguiente, autorizó la correspondiente sentencia, en la que determinó declararse incompetente, por razón de la materia, para conocer del citado juicio de garantías, por lo que ordenó la remisión de los autos al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal en Turno. Por auto de veintitrés de abril de dos mil ocho, el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, aceptó la competencia declinada, y el treinta de los citados mes y año, emitió sentencia, en la que determinó sobreseer en el juicio de garantías. Ahora bien, cabe señalar que cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en alguna ley laboral, ni que sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, o en general de algún tribunal jurisdiccional en materia de trabajo, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo, el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de mil novecientos diecisiete como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón; entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trab
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21781-ca0d7a6d/fondo-nacional-de-la-vivienda-para-los-trabajadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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