ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 237, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE 30 DE ABRIL DE 2008 DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PREVER QUE LOS BIENES MUEBLES ASEGURADOS QUE ESTÉN A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD INVESTIGADORA, CUYA RETENCIÓN NO SEA NECESARIA LEGALMENTE Y QUE NO HAYAN SIDO SOLICITADOS EN EL LAPSO DE SEIS MESES POR QUIEN TENGA DERECHO A ELLOS, SE ADJUDICARÁN AL FISCO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA QUE CORRESPONDA, MEDIANTE ACUERDO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE SE PUBLICARÁ POR UNA SOLA VEZ EN EL MENCIONADO ÓRGANO DE DIFUSIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2008. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.
SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de junio de dos mil diez.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el treinta de mayo de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, (1) Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, (2) Fredy Ayala González, (3) Eusebio Alfredo Tress Jiménez, (4) Margarita Guillaumin Romero, (5) José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, (6) Celestino Rivera Hernández, (7) Manuel Bernal Rivera, (8) Marco Antonio Núñez López, (9) Joel Alejandro Cebada Bernal, (10) María de los Ángeles Sahagún Morales, (11) Antonio de Jesús Remes Ojeda, (12) Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, (13) Alba Leonila Méndez Herrera, (14) Tito Delfín Cano, (15) Cirilo Vázquez Parissi, (16) Federico Salomón Molina, (17) José de Jesús Mancha Alarcón y (18) Julio Chávez Hernández, quienes se ostentaron como Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada: 1) Autoridad legislativa emisora: La LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz. 2) Autoridad promulgadora: C. Lic. Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Norma general cuya inconstitucionalidad se reclama y medio oficial en que fue publicada: 1) Decreto No. 237 que reforma el segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial No. extraordinario 140, página 4, folio 551 de 30 de abril de 2008, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, que entró en vigor al día siguiente de su publicación."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los promoventes, son los siguientes:
"1) Por incumplimiento del artículo 14 constitucional: Este precepto en su segundo párrafo dispone que: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’. Consagra, entre otras, las garantías de audiencia y legalidad. La garantía de audiencia, contenida en el segundo párrafo, prohíbe que se prive a alguien de sus posesiones, propiedades o derechos. a) Sin que se le haya oído y vencido dentro de un juicio seguido en su contra. b) Que dicho juicio se tramite ante las autoridades judiciales previamente establecidas. c) Que en ese juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y, d) Que la sentencia se dicte conforme a las leyes existentes antes del hecho o circunstancias que dio motivo al juicio. Como de acuerdo con el segundo párrafo reformado del artículo 80 del Código Penal del Estado de Veracruz, los agentes del Ministerio Público que son autoridad ejecutiva, no judicial; sin tomar en cuenta a quienes tengan derecho sobre los bienes muebles asegurados que estén a su disposición; sin que haya juicio; sin oírlos ni vencerlos; y omitiendo cumplir las formalidades esenciales de un procedimiento, ya que no tendrán oportunidad de defenderse, podrán privarlos de sus propiedades, posesiones o derechos, es indudable que viola las garantías de audiencia y legalidad consagradas por el artículo 14 constitucional. 2) Por inobservancia del artículo 16 constitucional: Esta norma en su primer párrafo establece que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’. Se refiere también a la garantía de legalidad aunque desde otros aspectos que la amplían, siendo uno de ellos (el que para este asunto nos interesa) exigir la ‘competencia constitucional’ de la autoridad para que pueda válidamente molestar a alguien en sus posesiones. Interpretada esa disposición a contrario sensu, necesariamente se concluye que cuando una autoridad molesta a alguien privándolo de sus derechos de propiedad o posesión sobre un bien mueble sin tener facultades para hacerlo, actúa fuera de su competencia. En consecuencia, toda vez que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz en su artículo 2o., que especifica las atribuciones de los agentes del Ministerio Público, no los faculta para adjudicar al fisco del Estado bienes asegurados en las averiguaciones previas; tampoco para admitir impugnaciones de los afectados y resolverlas; y mucho menos para revocar sus propios acuerdos (el que ordena la adjudicación), que es lo que permite el segundo párrafo reformado del artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz obligándolos a actuar fuera de su competencia, esta norma no cumple la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 14 y 16 de nuestra Carta Magna.
CUARTO. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil ocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 81/2008 y, por razón de turno, designó al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de dos de junio del año en cita, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara su pedimento.
QUINTO. Mediante oficio número SG-DGJG-3267/2008, recibido en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de junio de dos mil ocho, el gobernador del Estado de Veracruz representante del Poder Ejecutivo de dicho Estado rindió su respectivo informe, en el que dijo:
"Razones y fundamentos jurídicos que sostienen la constitucionalidad del acto que se imputa a este poder local así como del decreto impugnado: I. El Decreto Número 237 que impugnan diversos diputados integrantes del H. Congreso del Estado de Veracruz, derivó de una iniciativa presentada por el C. Diputado José Ricardo Ruiz Carmona, quien de acuerdo con los artículos 34, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y 48, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, está facultado para presentar iniciativas de leyes o decretos. Dicha iniciativa se presentó en fecha veintidós de enero del año en curso, en la vigésima tercera sesión correspondiente de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año del ejercicio constitucional, habiéndose turnado para su estudio y dictamen, a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. II. Dictaminada que fue la iniciativa del C. Diputado José Ricardo Ruiz Carmona, en sesión extraordinaria de fecha veintiuno de febrero de la anualidad que cursa, fue sometida para su discusión al Pleno del H. Congreso del Estado, la cual una vez discutida fue aprobada por mayoría de veintinueve votos, ocho en contra y siete en abstención, por lo que se ordenó remitirla al Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado, como lo dispone el artículo 35, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. III. De acuerdo con lo anterior, el suscrito gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la facultad que me confiere el artículo 49, fracción II, de la Constitución Política del Estado, promulgó y ordenó la publicación del Decreto Número 237 que reforma al segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Ignacio de la Llave, esto mediante la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 140 de fecha treinta de abril del año en curso, del cual se acompaña un ejemplar como anexo 3. IV. Por lo que se refiere a los conceptos de invalidez formulados por los diputados promoventes de la presente acción de inconstitucionalidad, en el que manifiestan que el decreto que impugnan viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente las garantías de audiencia y legalidad, pues aducen que el agente del Ministerio Público no es una autoridad judicial, por lo tanto, no tomaría en cuenta a quienes tengan derecho sobre los bienes muebles asegurados que estén a su disposición, esto es, sin ser oídos ni vencidos en juicio, por lo que podrían ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, al respecto debe decirse que de la lectura al segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz, los bienes muebles a que hace mención, se refieren a aquellos que prácticamente se encuentran abandonados por sus propietarios o poseedores, es decir, que no han mostrado ningún interés en recuperarlos, esto es, atendiendo a la exposición de motivos de la iniciativa, como del dictamen formulado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado, son aquellos bienes que se encuentran en corralones y depósitos, esto es, vehículos automotores que han participado en algún incidente vial, o bien, aquellos que se han visto involucrados en algún ilícito y que por su abandono pueden ser foco de enfermedades como el paludismo, dengue y otras más que son transmitidas precisamente por moscos que se reproducen en cacharros (sic), llantas, depósitos de agua, etcétera, siendo la entidad veracruzana, que por contar con ríos y depósitos de agua, muy propicia para ese tipo de enfermedades cada año, lo que impacta en baja asistencia escolar, como de productividad en el ámbito laboral, al afectar a la población que se encuentra en contacto con los lugares en los que se reproducen dichos insectos transmisores y estando dentro de dichos lugares los corralones y depósitos de los vehículos que se encuentran abandonados. En consecuencia, para atender ese problema de salud pública y, por lo consiguiente, la protección de la salud del pueblo veracruzano, garantía individual que tienen consagrada en el artículo 4o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador veracruzano, al estudiar la iniciativa presentada, acortó el tiempo de un año a seis meses para aquellos bienes muebles (vehículos automotores), cuya retención no sea necesaria legalmente y que no hayan sido solicitados por quien tenga derecho a ellos, además de que si bien es cierto, que la disposición de dichos bienes no se realiza por medio de una autoridad judicial, ello es precisamente para acortar el tiempo para limpiar los corralones y depósitos de bienes muebles abandonados que se han convertido en chatarra, pero además, no se viola la garantía de audiencia del posible afectado, pues en la propia reforma efectuada se otorga a éste el derecho de ser oído por la autoridad que adjudicará al Fisco del Estado el bien mueble respectivo mediante el procedimiento ahí establecido. Asimismo y por lo que se refiere a la representación social que emitirá el acuerdo de adjudicación del bien mueble al fisco del Estado, que según la parte actora el agente del Ministerio Público no está facultado legalmente para ello, de acuerdo a las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, debe decirse que esto no es así, pues atendiendo al contenido de dicho numeral, se advierte que las atribuciones en él contenidas no son taxativas, sino enunciativas, pues en su fracción XI, se establece que además de las atribuciones ahí mencionadas, tendrá otras que se encuentren previstas en otras disposiciones legales, como es la que ahora se le confiere en el segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal del Estado de Veracruz, por lo que no estaría actuando fuera de su competencia, de ahí que se estime que la garantía de legalidad como la plantea la parte actora, no se encuentre vulnerada con la reforma impugnada."
SEXTO. Por su parte, mediante oficio recibido en este Alto Tribunal el treinta de junio de dos mil ocho, la presidenta de la mesa directiva de la LXI Legislatura del Congreso de Veracruz, en representación del Poder Legislativo de dicho Estado, compareció a rendir el siguiente informe:
"En relación a los conceptos de invalidez: Los actores de la presente acción de inconstitucionalidad arguyendo la violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan la invalidez del: ‘Decreto No. 237 que reforma el segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial No. extraordinario 140, página 4, folio 551 del 30 de abril de 2008, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz ...’. I) Para abordar el análisis de la inconstitucionalidad de un acto legislativo, que reforma o modifica un texto legal que se convierte en uno nuevo, es menester que en los conceptos de invalidez, los actores precisen los derechos fundamentales que se estimen violados, y que se demuestre que la norma reformada mediante el proceso legislativo, es la que viola el orden constitucional; es decir, el estudio constitucional precisa de razonamientos jurídicos con los que se ataque que el proceso de reforma que produjo efectos en menoscabo de la esfera jurídica del gobernado; de ahí que en la acción ejercida por los legisladores, este requisito no fue expuesto en los términos exigidos, ya que la exposición vaga e imprecisa de argumentos, no explican el porqué de lo inconstitucional de los actos concretos de aplicación, en tal virtud, los conceptos de invalidez expuestos en este sentido resultan inoperantes, pues impiden establecer la vinculación necesaria entre los actos legislativos o textos legales, con la violación al derecho público subjetivo del que es titular el gobernado, por las razones siguientes: Como puede apreciarse del cuadro que a continuación se transcribe, donde se menciona como texto vigente el segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal, que fue reformado y que ahora es objeto de impugnación por medio de esta acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, el texto reformado no transgrede la garantía de audiencia que reclaman los actores, pues se encuentra protegida la esfera jurídica del gobernado.
Ver cuadro
"Conforme a la redacción del texto de la reforma, como podemos colegir, para que actúe el agente del Ministerio Público, respecto a los bienes muebles asegurados que estén a su disposición, es necesario que la retención no sea necesaria legalmente, lo que indica que los objetos no estén sujetos en forma determinante con la consecución de una conducta delictiva, pues las reglas que ya establece el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, se encuentra perfectamente definido al aseguramiento de los instrumentos y objetos del delito. En apoyo a lo anterior, me permito transcribir del capítulo II del título quinto, del citado ordenamiento adjetivo, las disposiciones comunes a la investigación ministerial y a la instrucción, que a la letra dice: ‘Capítulo II. huellas, aseguramiento de los instrumentos y objetos del delito: ‘Artículo 189.’ (no es necesaria su transcripción). ‘Artículo 190.’ (no es necesaria su transcripción).‘Artículo 191.’ (no es necesaria su transcripción). ‘Artículo 192.’ (no es necesaria su transcripción). De la anterior transcripción se observa que los bienes muebles asegurados a que se refiere la reforma, son aquéllos que no están definidos dentro del artículo citado, por lo que su retención no es necesaria legalmente y, en consecuencia, no se pondrán a disposición de la autoridad judicial, por lo que no puede seguirse un procedimiento ante un Juez del conocimiento de estos hechos; es por ello que el legislador al reformar, establece una regla diferente para realizar el acto privativo, pero cumpliendo con los particulares del 14 constitucional, ya que le está dando oportunidad al gobernado de ser oído, al otorgarle el derecho a defenderse previamente, para que haga valer sus razones o manifieste los hechos o argumentos de derecho que correspondan. Se insiste, no existe violación al artículo 14 constitucional, pues dicho dispositivo menciona como elemento, la garantía de previa audiencia, es decir, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las que resultan necesarias para garantizar el derecho de defensa del ciudadano, antes de ese acto de privación, traduciéndose, entre otras, en que se debe dar la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, entendiendo por tal concepto la oportunidad que se otorgue a las partes para hacer valer sus razones, ya sea verbalmente o por escrito, la manifestación de hechos o argumentos que una parte hace como razón o fundamento de su derecho. Se da el caso que en leyes que no establecen términos para escuchar al gobernado, los propios tribunales federales han señalado que queda al arbitrio de la autoridad el plazo para ser escuchados y, en la especie, el precepto reformado sí establece un plazo, es decir, va más allá de lo que exigen los propios tribunales federales, por ello, no existe la violación al artículo 14 constitucional, como lo pretenden en sus conceptos de invalidez los actores. Transcribo la presente tesis como apoyo a mi argumento: ‘AUDIENCIA. CUANDO LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO PREVÉ EL PLAZO QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBA CONCEDER A LOS PARTICULARES PARA ESCUCHARLOS EN DEFENSA, QUEDA AL ARBITRIO DE ÉSTA DETERMINARLO.’ (es innecesaria su transcripción). En la especie, el segundo párrafo del artículo 80 del Código Penal para el Estado de Veracruz, sí establece en forma precisa la garantía de audiencia, porque el acuerdo del Ministerio Público se publicará en la Gaceta Oficial del Estado, con el fin de darle conocimiento a los interesados para hacer valer sus derechos ante la misma autoridad, cumpliendo con el mandato imperativo del artículo 14 constitucional; es por ello que como sustento a lo expresado, me permito transcribir la siguiente jurisprudencia: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.’ (es innecesaria su transcripción). II) Para efectuar las reformas al Código Penal que nos ocupa, se cumplió debidamente con el proceso legislativo que establecen los artículos 34, fracción III y 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz. En cumplimiento al artículo 35 de la Constitución Política Local, al recibirse la iniciativa de decreto que reforma el artículo 80 del Código Penal para el Estado de fecha 17 de enero de 2008, presentada por el diputado José Ricardo Ruiz Carmona, en la sesión plenaria de fecha 22 de enero de 2008, se turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para que previo estudio y análisis de la iniciativa, se emitiera el dictamen correspondiente. Las comisiones en su estudio y dictamen al adentrarse al estudio de la citada iniciativa, en el dictamen correspondiente, mencionan en la consideración II, se pondera el objetivo de evitar situaciones de riesgo para los habitantes del Estado, para lo cual entre otras opciones, para combatir la contaminación ambiental y el riesgo de epidemias y en forma particular evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue, que en esta entidad federativa por su situación climática ha originado diversos problemas de salud pública. Por esta situación se dice en dicho considerando, que es necesario realizar acciones tendientes a limpiar los encierros oficiales y depósitos ubicados en la entidad, de los bienes incautados por la comisión de delitos, que por el transcurso del tiempo y su abandono quedan considerados como chatarra, lo que evita precisamente problemas de salud pública. De lo anterior se desprende que el Congreso en uso de la facultad residual que le concede el artículo 124 constitucional, impone modalidades a la propiedad privada de muebles, precisamente por el interés público que funda esta regulación; por tal motivo, no existe violación al artículo 16 constitucional, pues no existe el acto de molestia que refieren los actores en su acción de inconstitucionalidad, pues además, el mandamiento escrito que funda y motiva la causa legal del procedimiento y que se describe en el texto de la reforma sí le da la competencia a la autoridad que representa el Ministerio Público en su carácter de representante social, y su asidero jurídico se encuentra en lo que establece la fracción XI del artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde menciona que corresponde al Ministerio Público: ‘Las demás atribuciones que señalen otras disposiciones legales.’. Sirve de apoyo lo siguiente: ‘PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDADES A LA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN NO ES EL ÚNICO FACULTADO PARA IMPONERLAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (es innecesaria su transcripción). En la sesión celebrada con fecha 21 de febrero de 2008, la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales presentaron al Pleno de este H. Congreso su dictamen con proyecto de decreto, el cual se discutió ampliamente y se aprobó por 29 votos a favor, 8 en contra y 7 en abstención. En conclusión, no existe la contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo pretenden los actores de la acción de inconstitucionalidad, porque la reforma no se contrapone a ninguna disposición constitucional, por lo que no puede ser objeto de un concepto de invalidez. Tiene aplicación la jurisprudencia que ha sostenido dicho criterio y que a continuación se transcribe: ‘LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.’ (es innecesaria su transcripción)."
SÉPTIMO. El procurador general de la República formuló pedimento, en el que, en síntesis, manifestó:
- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, la que está presentada en tiempo y por la parte que acredita su legitimación procesal activa para hacerlo.
- La norma controvertida transgrede la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque no prevé la posibilidad de que los legítimos propietarios de los bienes muebles asegurados que están a disposición del Ministerio Público, cuya retención no sea necesaria legalmente y que no hayan sido solicitados en el lapso de seis meses, acudan ante la misma autoridad a hacer valer lo que a sus derechos corresponda previamente al acto de privación consistente en adjudicar al fisco del Estado los indicados bienes para su enajenación, remate, donación o destrucción.
- La norma controvertida es violatoria del artículo 16 de la Constitución Federal, porque se le otorgan atribuciones al Ministerio Público para que actúe fuera de su esfera competencial, ya que a través de un acuerdo podrá adjudicar a favor del fisco del Estado aquellos bienes cuya retención no sea necesaria legalmente, cuando teniéndolos bajo su custodia no le pertenecen y no existe declaración judicial a su favor que le otorgue la propiedad de los mismos.
OCTAVO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos respectivos y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil diez se presentó el asunto para su discusión en el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que se presentaría un nuevo proyecto retomando parte de las ideas expresadas en la sesión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción del artículo 80, párrafo segundo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la Constitución Federal.
SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 105, fracción II, segundo párrafo, establece que las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma.
Por su parte, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. ..."
Conforme al artículo transcrito, el cómputo del plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional cuya invalidez se demande sea publicado en el correspondiente medio oficial, considerando los días naturales y, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Ahora bien, el Decreto 237, mediante el cual se reformó el párrafo segundo del artículo 80 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se publicó en la Gaceta Oficial de la citada entidad federativa, el miércoles treinta de abril de dos mil ocho.
Tomando en cuenta esa fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el jueves uno de mayo, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el viernes treinta de mayo de la indicada anualidad.
En este sentido, si el escrito por el cual se promueve la presente acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente el viernes treinta de mayo de dos mil ocho, según se desprende del sello que obra a fojas diez vuelta del expediente en que se actúa; debe considerarse oportuna su presentación.
TERCERO. Legitimación activa. Los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la ley reglamentaria de la materia, en lo conducente disponen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano. ..."
"Artículo 62. En los casos previstos en los incisos a), b), d) y e) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos ..."
De los anteriores numerales se advierten los siguientes presupuestos:
1) Los promoventes deberán ser integrantes del órgano legislativo estatal de que se trate;
2) Deberán representar, cuando menos, el treinta y tres por ciento de los integrantes de ese cuerpo legislativo; y,
3) La acción de inconstitucionalidad deberá plantearse contra leyes expedidas por el mismo órgano legislativo al que pertenezcan los promoventes.
En el caso, el escrito mediante el cual se promueve la acción de inconstitucionalidad está signado por (1) Víctor Alejandro Vázquez Cuevas, (2) Fredy Ayala González, (3) Eusebio Alfredo Tress Jiménez, (4) Margarita Guillaumin Romero, (5) José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, (6) Celestino Rivera Hernández, (7) Manuel Bernal Rivera, (8) Marco Antonio Núñez López, (9) Joel Alejandro Cebada Bernal, (10) María de los Ángeles Sahagún Morales, (11) Antonio de Jesús Remes Ojeda, (12) Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, (13) Alba Leonila Méndez Herrera, (14) Tito Delfín Cano, (15) Cirilo Vázquez Parissi, (16) Federico Salomón Molina, (17) José de Jesús Mancha Alarcón y (18) Julio Chávez Hernández, quienes se ostentaron como diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En relación con el Poder Legislativo de la citada entidad federativa, la Constitución Local establece:
"Artículo 20. El Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado."
"Artícul
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22549-f0a8e4da/accion-de-inconstitucionalidad-el-segundo-parrafo-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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