PRUEBA PERICIAL CALIGRÁFICA Y GRAFOSCÓPICA REALIZADA SOBRE COPIAS CERTIFICADAS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con un asunto de carácter civil, de su exclusiva competencia.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues, en el caso, la contradicción de tesis fue denunciada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, lo que configura el estudio de la presente denuncia de contradicción, pues formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. En primer término, debe establecerse si en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis", el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
En tales condiciones, de conformidad con el criterio referido del Pleno de este Alto Tribunal, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, emitida por el Tribunal Pleno, cuyos rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Establecido lo anterior, es procedente examinar si, en la especie, se da o no contradicción de criterios, de acuerdo a lo siguiente:
1) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió en los amparos directos 267/2008 y 1027/2009, en sesiones de nueve de mayo de dos mil ocho y de dieciocho de febrero de dos mil diez, respectivamente, en los que determinó, en esencia y por lo que a esta contradicción se refiere, lo siguiente:
"QUINTO. ... Así, continúa señalando la quejosa, no resulta aplicable la tesis aislada de la voz: ‘PRUEBA GRAFOSCÓPICA. NO DEBE BASARSE EN COPIAS CERTIFICADAS.’. En principio, conviene precisar que la intervención de peritos tiene lugar siempre que en un procedimiento judicial se presenten ciertas cuestiones importantes, cuya solución, para poder producir convencimiento en el ánimo del Juez, requiere el examen de hombres provistos de aptitud y de conocimientos facultativos especiales, es pues necesaria cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos cuya averiguación, para que sea bien hecha, exige necesariamente los conocimientos técnicos especiales. Ahora bien, el Diccionario Jurídico Mexicano refiere que ‘recibe el nombre de peritaje el examen de personas hechos u objetos, realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al Juez o Magistrado que conoce de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos, cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. Medio de prueba mediante el cual una persona competente atraída al proceso, lleva a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto que forme parte de un juicio a efecto de que el tribunal que tenga conocimiento del mismo se encuentre en posibilidad de resolver sobre los propósitos perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios para hacer una justa evaluación de los hechos.’ (Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, página 2384). De lo expuesto, se advierte que el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Así, el perito, a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra al Juez sobre la percepción de hechos o para complementar el conocimiento de los acontecimientos que el Juez ignora, y para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta aptitud o preparación técnica que el Juez no tiene, por lo menos para que se haga con seguridad y sin esfuerzo anormal. Luego, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente en general, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Lo anterior es así, porque el Juez es un perito en derecho, sin embargo, no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de medicina, o bien, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia, razón por la cual, la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar a conocer por no tener los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que bajo el auxilio que le proporciona el perito a través de su dictamen se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta. El dictamen pericial es, en suma, un auxiliar eficaz para el juzgador, que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico, y quien debe resolver conflictos que presentan aspectos complejos que exigen una preparación especializada de la cual carece. Por tanto, para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador, debe ser auténticamente ilustrativo, pues lo que en éste se indique ha de ser accesible o entendible para el órgano jurisdiccional del conocimiento, de manera que eficazmente constituya un auxilio para dicho órgano, además de que para que produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga, pues de no cumplirse, ésta será una prueba imperfecta por carecer de un requisito que la ley le impuso. Por otra parte, cabe señalar que existen varios tipos de peritaje: gráfico, contable, tecnológico, científico, fisiológico, etcétera, es decir, casi todas las formas del conocimiento humano son susceptibles de peritaje en un momento dado, siempre que resulte necesaria una opinión de alto valor conceptual que solamente puede ser proporcionada por el especialista. De lo expuesto, es dable afirmar que el experto que realiza estudios sobre documentoscopía y grafoscopía, al efectuar el estudio de las firmas planteadas, puede establecer que aunque se firme de manera diferente, los rasgos de una persona en particular siempre serán los mismos si ella los estampó en un documento, además de que el experto en la materia al efectuar el análisis de las firmas puede establecer claramente si pertenecen o no a una determinada persona, aunque haya signado de manera diferente, debido a que ciertos elementos característicos de la escritura siempre serán los mismos; máxime que a través de esa prueba es posible determinar si la firma cuestionada proviene o no del puño y letra de la persona que la plasmó, y que fue base para el cotejo. Así, debe concluirse que las firmas posteriores a la dubitada deben ser consideradas para emitir el dictamen pericial que al efecto rinde el experto en la materia, en virtud de que su estudio, precisamente, estribará en determinar si esa firma proviene del puño y letra de quien se dice es su autor. Lo anterior es así, porque según el Diccionario de la Real Academia ‘la firma proviene del latín firmare, afirmar dar fuerza. En la práctica no es más que el conjunto de signos manuscritos por una persona que sabe leer y escribir, con los cuales habitualmente caracteriza los escritos cuyo contenido aprueba, «es el nombre y apellido o título de una persona que ésta pone como rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él se dice» y como firma indubitable debe considerar «aquella en la que no existe duda que proviene de quien signó».’ (Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, página 1453). Ahora, en la parte relativa a la posibilidad de examinar una copia certificada, conviene citar lo publicado en la página ‘pericias caligráficas’, obtenida de Internet, en la dirección http://www.periciascaligraficas.com/v2.0/resultados.php?contenidosID=183, respecto a la opinión emitida por la carrera de calígrafo público de la Universidad de Buenos Aires sobre reproducciones fotostáticas, lo siguiente: ‘... fotocopias opinión de la UBA (carrera de calígrafo público). Opinión emitida por la carrera de calígrafo público de la Universidad de Buenos Aires sobre reproducciones fotostáticas. Respuesta brindada a la solicitud de un Magistrado que solicita informes sobre la posibilidad técnica de realizar un peritaje caligráfico sobre reproducciones fotostáticas, informándose lo siguiente. Según sean los elementos ofrecidos, es posible, en principio, realizar este tipo de peritaje con las limitaciones que más adelante se señalan. Tanto la opinión de la carrera de calígrafo público, como la de los matriculados sostienen que la fotocopia, cuando es de la calidad que permiten las fotocopias actuales, posibilita la observación y la valorización técnica de los elementos formales de la escritura. En efecto, la excelente reproducción que ofrecen las fotocopiadoras actuales, a tal punto evidente que a veces resulta difícil determinar, sin instrumental, cuáles son las copias y cuáles los originales, permite al perito el análisis de elementos tales como la forma y la estructuración de los grafismos, los desplazamientos laterales, las alturas y las proporciones, las inclinaciones absoluta y relativa, la línea básica, el uso de curvas y ángulos, los ligados, el empleo de tildes, la forma y la ubicación de la rúbrica, características ortográficas y literarias o modalidades particulares en la aplicación de signos. Son muchos los elementos que pueden analizarse en fotocopia si éstas son de buena calidad (se insiste), como por ejemplo, las producidas por láser color en las que a veces es posible observar pequeños movimientos de la mano como los que aparecen en los puntos de ataque y de fuga del trazado. Por el contrario, en términos generales, no podrían analizarse, ni aun con instrumental específica, los elementos que se llaman «de fondo» o «internos», como las diferencias sutiles de presionado, los «retoques» ocultos en el espesor del trazo, los empalmes cuidadosamente realizados, los restos de lápiz que pueden existir cuando se elimina por borrado un dibujo que sirvió de modelo previo, la existencia de repasados de trazados, y en general todo elemento que sólo sea visible mediante lupa o microscopio, o con iluminación especial, como ocurre cuando se investigan cruzamientos para establecer orden de prelación o cuando se trata de borrados mecánicos o lavados químicos. Tampoco puede observarse en fotocopia el estado del soporte o papel, o los impresos de seguridad en microletra como en los cheques con impresión de fondos visibles o invisibles, o en el código de seguridad de la banda inferior. Hasta aquí se han expuesto los elementos que pueden analizarse en fotocopia y los que no pueden serlo, que son numerosos e importantes, para cada caso según ofrezcan a perito calígrafo posibilidades de análisis y de valoración técnica. Corresponde ahora informar cuáles son los límites que debe respetar el perito según sean los elementos que presenta lo fotocopiado: un caso es cuando las formas o caracteres externos indican la falta de concordancia, lo que puede llevar a una conclusión «negativa» o contraria a la comunidad de autoría, y otro distinto es cuando los elementos formales señalan la posibilidad de un común impulso gráfico. Si lo formal o extremo de las escrituras comparadas presenta diferencias con entidad técnica suficiente y si así correspondiera, no existe impedimento para informar parcialmente que no proceden de un mismo autor, pero sí aquellos elementos formales fueran concordantes, el perito debe actuar con gran prudencia para no incurrir en exceso técnico. Debe tenerse muy en cuenta que la más perfecta coincidencia formal puede ocultar un minucioso trabajo de calco (que, como tal, presentará esa concordancia extrema), un dibujo previo, o un truco fotostático que posiblemente pueda detectarse en el original. Como se ha visto, existe la posibilidad técnica de emitir opinión pericial sobre elementos fotocopiados, si ellos son suficientes e idóneos para el trabajo técnico, según sea el caso tratado, y respetando las limitaciones que correspondan. Negarse al perito a priori, a dar su opinión y sus fundamentos, implicaría una posición no justificable ante los adelantos actuales de la técnica del fotocopiado y ante las exigencias procesales. Cada cado (sic) pericial es único y cada perito analizará las posibilidades y las limitaciones según sea su propia interpretación ante lo que examina. Será el Juez quien, según su criterio y las constancias de autos, determinará el valor de la prueba pericial. En cuanto al grado de confiabilidad, certeza y/o eficacia que pueda atribuirse a un peritaje caligráfico efectuado en tales condiciones, serán las que el Juez le otorgue según los fundamentos que el perito ofrezca, respetando las pautas generales informadas en el presente.’. Lo anterior adquiere relevancia, para identificar el conocimiento que estudia cada una de las ciencias antes anotadas, a efecto de establecer, en el estudio de los documentos, en qué casos se requiere analizar la escritura misma, para determinar la autenticidad o falsedad, autoría o agregado de escritura, la calidad del documento, o bien, simplemente a través del método de observación formal describir qué dice un documento. Ahora, tocante al documento cuestionado, los actores reconvencionistas, hoy terceros perjudicados, lo exhibieron en copia certificada por notario público, la que, como bien expuso la Sala, debe considerarse como original, derivado, por una parte, de la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 28/99, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, del rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’ y, por otra, de lo previsto en el artículo 1298 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, del que se desprende que dentro de los documentos privados originales deben entenderse las copias certificadas por notario público, pues por las atribuciones concedidas a los fedatarios de que se trata, constituyen un fiel reflejo de los originales. Lo anterior tiene sustento en la circunstancia de que en relación al cotejo de documentos el notario hará constar que la copia que certifica es fiel reproducción del documento original, por tanto, con base en lo expuesto, es válido afirmar que el documento original y la copia cotejada o certificada contienen lo mismo. Esto es, el notario da fe pública de que la copia cotejada o certificada es una exacta reproducción del original y la certificación en la que se hace constar ese hecho, deberá tenerse por cierta, precisamente, por las atribuciones que la ley le otorga, es decir, se debe considerar verídico el hecho de que una copia tiene el mismo contenido que el original. En otras palabras, por medio de la fe pública de que está investido el notario se da origen a un ejemplar que, junto con el original, son exactos entre sí."
2) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, actualmente Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 24/2000, en sesión de diecinueve de octubre de dos mil, determinó lo siguiente:
"SEXTO. ... Son infundados los conceptos de violación que se transcriben, los cuales se estudiarán en conjunto, por la estrecha relación que guardan entre sí. En efecto, participa de la característica anterior, lo que aduce el quejoso en torno a que la sentencia que reclama carece de la debida fundamentación y motivación. Ello es así, ya que basta la lectura de la misma para percatarse de que en apoyo del sentido que sostiene, la Sala responsable invoca los artículos 235, fracción II, 261, 265 y 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, así como las tesis de rubro: ‘PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES CUANDO SE BASAN EN COPIAS FOTOSTÁTICAS.’ y ‘PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, VALORACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, además de que expone los razonamientos que le sirven de sustento para decidir como lo hace, como son, toralmente que, ciertamente, asiste razón al apelante cuando manifiesta que el Juez natural erróneamente sostiene que las pruebas periciales no fueron aptas para acreditar el hecho que con ellas se pretendía, ya que se debió solicitar la presencia de la demandada para que aportara muestras de las firmas ante la presencia judicial, y porque los peritos tomaron en cuenta documentos indubitables distintos a los mencionados por el actor en el ofrecimiento relativo; empero, que ello era insuficiente para revocar el fallo impugnado, ya que si bien es cierto que del análisis de las constancias del juicio natural, se desprende que son incorrectas las afirmaciones del Juez de origen para desconocer el valor probatorio de los dictámenes del caso, no lo es menos que los mismos no pueden producir efecto probatorio alguno, ya que se efectuaron sobre copias fotostáticas certificadas y no en los originales de los documentos en que aparecen las firmas que fueron materia de los estudios técnicos de referencia, por lo que, en esas condiciones, no puede reconocérseles ningún valor legal. Luego, si en la resolución de alzada de referencia, se exponen las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que caracterizan al asunto que se resuelve, no puede concluirse, jurídicamente, que la sentencia que se combate carezca de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página ciento setenta y cinco, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.’. Por otra parte, aduce el quejoso que la resolución que reclama es violatoria de garantías, porque en ella se violan las leyes que norman el procedimiento al dejar de tomarse en cuenta los agravios que expuso, así como las actuaciones y pruebas que obran en el expediente natural y el enlace lógico y jurídico que existe entre unas y otras, y la relación entre los hechos conocidos y demostrados y los que se tratan de comprobar, por lo que la ad quem hace un equivocado estudio de esos elementos, sin tomar en cuenta que desde el escrito de demanda relativo redarguyó de falsas las firmas que aparecen en la diligencia de emplazamiento de fecha treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno; el escrito de la misma fecha presentado el primero de julio de ese año, en el que supuestamente contestó la demanda y se allanó a ella, así como en la diligencia de ratificación correspondiente de fecha dos de julio del citado año, lo que acreditó con los peritajes rendidos en autos del juicio natural, los cuales son coincidentes en señalar que las firmas indubitables no fueron estampadas por el puño y letra del hoy quejoso. Lo anterior debe estimarse infundado, atento a las consideraciones siguientes. Es inexacto lo que aduce el quejoso, pues basta el análisis de los agravios expuestos, en los que, en esencia, se sostuvo que el fallo de primer grado es ilegal, porque el juzgador le da pleno valor probatorio a las constancias en que aparecen las firmas impugnadas de falsas, sin valorar prudentemente el resultado de la prueba pericial del caso, la que resulta idónea para resolver la cuestión que se plantea; que el Juez natural violó en perjuicio del hoy quejoso el contenido de los artículos 332 y 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ya que omite dar una explicación lógica y jurídica de las razones que lo llevaron a negarle valor probatorio a dicha prueba técnica, lo que le produce estado de indefensión al actor, ahora quejoso, porque si no se valora correctamente ese medio de convicción, no puede acreditarse que se falsificó la firma del mismo en la supuesta diligencia de emplazamiento, aunque la misma aparezca realizada en forma personal, su allanamiento y la ratificación relativa, pues las firmas que aparecen en tales actuaciones son falsas, además de que la licencia con que aparece identificado no fue descrita, circunstancias que no fueron tomadas en cuenta por el Juez natural; que erróneamente éste le niega valor a la confesión ficta de la demandada al dejar de comparecer a juicio, que enlazada con la referida pericial debe llevar a la convicción de que son ciertos los hechos que se intentan acreditar; que la consideración del aludido Juez para valorar la prueba técnica en mención, de que debieron solicitar la presencia de la demandada para que aportara firmas ante la presencia judicial es una interpretación errónea, pues no es la firma de la demandada la que se encuentra controvertida y que resulta inexacta la afirmación del aquel Juez, respecto de que los peritos tomaron en cuenta para emitir sus dictámenes documentos indubitables distintos a los mencionados por el actor al ofrecer la prueba relativa. Agravios que la Sala responsable atendió sosteniendo, en esencia, que aquéllos resultaban parcialmente fundados, pero ineficaces, ya que si bien es cierto que de las constancias del juicio natural se desprende que el argumento en que se apoya el Juez primario para negar valor probatorio a los dictámenes periciales, no se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22765-0477623b/prueba-pericial-caligrafica-y-grafoscopica-realizada-sobre-copias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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