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Modo: Corpus Pro

GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2011. · Registro digital (IUS): 23746
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Pág. 342.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Tercer Circuito.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el Poder Público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Tercer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscitó la probable contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las que a continuación se exponen:

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

Revisión incidental 40/2009 (resuelta el seis de marzo de dos mil nueve)

• La quejosa solicitó amparo señalando como acto reclamado la resolución dictada dentro de los autos del toca 1243/2007, del índice de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, solicitando la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados.

• Seguidos los trámites correspondientes, mediante interlocutoria de seis de enero de dos mil nueve, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, concedió la suspensión definitiva solicitada.

• Inconforme con el monto de la caución que se fijó, a fin de garantizar a los terceros perjudicados los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con el otorgamiento de la medida, la quejosa interpuso revisión, y al resolverla el Tribunal Colegiado, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"Asimismo, este tribunal, conforme lo dispone la fracción VI del artículo 76 Bis de la ley de la materia, en la medida que suple la deficiencia del agravio en estudio (que atañe a la fijación de una garantía excesiva), advierte que existió una violación manifiesta que dejó sin defensa a la quejosa, toda vez que el Juez Federal no consideró de manera adecuada el tiempo probable en que se debe resolver el juicio de garantías, siendo que debió estimarlo, al determinar la garantía respectiva, por el término de cuatro meses, ello en concordancia con los plazos que la propia ley fija a los ponderables que pueden suscitarse durante la sustanciación del juicio, así como con las condiciones actuales, es decir, la eficiencia y operatividad con que funcionan los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados especializados en la materia en el Tercer Circuito, lo que permite reducir el término de seis meses en que, comúnmente, se venían resolviendo los juicios de garantías.

"En consecuencia, procede modificar el monto de la garantía determinada por el resolutor federal y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo, se fija por la cantidad de ... que atento a lo antes considerado, corresponden a cuatro meses de renta (que es el tiempo probable en que se resolverá el juicio de garantías) ..."

Revisión incidental 485/2010 (resuelta el siete de enero de dos mil once)

• La quejosa solicitó amparo contra actos del Juez Primero de lo Civil de Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, consistentes en la sentencia interlocutoria del veinte de agosto de dos mil diez, dictada dentro de las actuaciones del juicio civil ordinario número 370/1999, solicitando la suspensión provisional y la definitiva.

• Seguido el incidente por sus trámites legales, en interlocutoria del veinticinco de octubre de dos mil diez, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, concedió al impetrante la suspensión definitiva.

• Inconforme únicamente en cuanto al monto de la garantía, la quejosa interpuso recurso de revisión y, al resolverlo, el Tribunal Colegiado sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"De la lectura del fallo interlocutorio recurrido se advierte, que el Juez de Distrito, al fijar la garantía para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, tomó en cuenta, además de otros datos, el tiempo probable para resolver en definitiva el juicio de amparo, el cual precisó, era un lapso de cuatro meses, destacando, que no pasaba desapercibido el incremento de la que fue fijada para la suspensión provisional, debido a que en ella se había considerado como tiempo para resolver sobre la suspensión definitiva, el de dos meses, en concordancia con los plazos que la propia ley fija a los ponderables que pueden suscitarse durante la sustanciación del juicio, así como con las condiciones actuales, esto es, la eficiencia y operatividad con que funcionan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y, al efecto, citó como apoyo, una ejecutoria de este tribunal, dictada en sesión de seis de marzo de dos mil nueve, en la revisión incidental 40/2009.

"Decisión que este Tribunal Colegiado considera correcta, tomando en cuenta lo siguiente:

"1. La demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo a cuyo incidente este toca se contrae, fue recibida en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado, el veinte de septiembre del año pasado (foja 1 del cuaderno de amparo).

"2. El veinticinco de octubre, en los autos del incidente de suspensión relativo, se celebró la audiencia incidental y se dictó interlocutoria, concediendo al quejoso la suspensión definitiva (foja 118 a 121).

"3. El disconforme refiere que en los autos del juicio principal se señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, el veintiséis de noviembre de dos mil diez, lo que dice, se corrobora en el Sistema de Seguimiento de Expedientes ‘SISE’.

"A lo que se agrega, que este Tribunal Colegiado, al consultarlo (pues es un instrumento creado a fin de controlar la gestión jurisdiccional, a través del que se captura la información generada en el trámite de cada uno de los asuntos ingresados a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación), constata su certeza; empero, advierte que fue hasta el seis de diciembre que se dictó la sentencia, en la que, por un lado, se sobreseyó en el juicio y, por otro, se amparó para efectos.

"4. Que realizadas las notificaciones de dicha sentencia y que surtan efectos (suponiendo sin conceder que se haya realizado aquélla el siete de diciembre, surtiría efectos el ocho y el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer la revisión, iniciaría el nueve y concluiría el veintidós del mismo mes), y una vez interpuesto y que así lo tenga el Juez, lo enviará al Tribunal Colegiado que corresponda, por medio de la oficialía de partes común, quien luego lo turnará a alguno de ellos, pero hasta el tres de enero del presente año, debido al segundo periodo vacacional de que gozan, donde si no hay alguna irregularidad, se admitirá; se ordenará dar vista al Ministerio Público y notificar a las partes; incluso aquél puede solicitar los autos y devolverlos dentro del plazo de diez días; luego de lo cual, en otro de cinco días, el presidente debe turnar los autos al Magistrado relator para la formulación del proyecto de sentencia, la que a su vez debe dictarse en un plazo de quince días (artículos 90 y 184 de la Ley de Amparo), aunque en la práctica, por el cúmulo de trabajo, se dicta en aproximadamente un mes o mes y medio.

"Por todo lo anterior, es evidente que el tiempo probable en que habrá de resolverse el juicio en forma definitiva, durante el cual estará vigente la suspensión que le fue otorgada, sí sería aproximadamente cuatro meses; de ahí que cae por su base la afirmación del disconforme, en el sentido de que en tres podrá ser resuelto el juicio de amparo a cuyo incidente este toca se contrae."

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

Revisión incidental 354/2009 (resuelta el treinta de septiembre de dos mil nueve)

• La quejosa solicitó amparo, señalando como acto reclamado el ilegal emplazamiento llevado en los autos de un juicio civil sumario hipotecario y todo lo actuado con posterioridad.

• En proveído de dieciocho de agosto de dos mil nueve, el Juez de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, que conoció del asunto, ordenó el trámite del incidente de suspensión promovido, y en interlocutoria del veintisiete de agosto de dos mil nueve, por una parte negó y por la otra concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados.

• Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión y, al resolverlo, el Tribunal Colegiado de referencia sostuvo lo siguiente:

"TERCERO. Los agravios hechos valer son infundados. En efecto, tratándose de la suspensión decretada en el amparo indirecto, contra lo que expone el recurrente, no se estima que el Juez Federal hubiera hecho uso inadecuado de la facultad discrecional que le confiere el artículo 125 de la Ley de Amparo, al estimar como tiempo probable de su resolución el lapso de seis meses.

"Lo anterior se afirma debido a que, con independencia de la complejidad derivada del acto reclamado y a diferencia de lo que sucede con el amparo directo, el juicio biinstancial requiere de mayor tiempo en tanto que en éste existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, ha de celebrarse la audiencia constitucional conforme a lo establecido en el artículo 155 de la ley de la materia, la que puede suspenderse o diferirse por diversas circunstancias, lo que indudablemente prolongaría la resolución que debe emitir el Juez de Distrito; además a quien perjudique la misma podría interponer el recurso de revisión, o bien el de queja contra algunas de las resoluciones dictadas dentro del juicio de garantías.

"En efecto, el agraviado soslaya que el juicio no termina con el dictado de la sentencia por parte del Juez Federal, habida cuenta que contra ésta puede interponerse el citado recurso de revisión e incluso existe la posibilidad de que se ordene la reposición del procedimiento conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la referida legislación, lo que alargaría, aún más, el pronunciamiento de la resolución definitiva.

"En ese contexto, si la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, por regla general, subsiste hasta en tanto no se dicte la sentencia ejecutoria, ha de tomarse en cuenta no sólo la complejidad del problema constitucional controvertido, sino que se trata de un procedimiento que tiene dos instancias, de ahí que no sea factible establecer que en tres meses habría terminado el juicio.

"Sin que sea aplicable al caso, la tesis de rubro: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES CORRECTO QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSIDERE COMO TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EFECTO DE FIJAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, EL DE TRES MESES.’, debido a que, como del propio rubro se desprende, alude al amparo directo, cuyo procedimiento es más rápido y ágil si se toma en cuenta que la ley de la materia no prevé el ofrecimiento de pruebas ni la celebración de alguna audiencia; a lo que debe agregarse que sólo de manera extraordinaria, cuando se impugna la constitucionalidad de un precepto en la sentencia se interpreta algún dispositivo de la Carta Magna, es factible interponer el recurso de revisión del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"... Al efecto se invoca, por igualdad de razón, la tesis consultable en el Tomo XXIII, junio de dos mil seis, página 1217, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES.’(se transcribe)."

Revisión incidental 64/2011 (resuelta el diez de marzo de dos mil once)

• Se promovió amparo señalando como responsables al Juez y al secretario adscritos al Juzgado Décimo Tercero de lo Civil, en la ciudad de Guadalajara, y como actos reclamados los de ejecución de la sentencia definitiva; la orden de desalojo y la orden en contra de la demandada en dicho juicio de devolver y entregar un inmueble del que la quejosa se ostenta como poseedora.

• En audiencia del siete de enero de dos mil once, el secretario del juzgado en funciones de Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, dictó interlocutoria en el sentido de conceder la suspensión definitiva.

• Inconforme, el tercero perjudicado interpuso recurso de revisión, el que fue resuelto, en la parte que interesa, en los siguientes términos:

"Se afirma que el lapso estimado para la resolución del amparo biinstancial será de seis meses debido a que, con independencia de la complejidad derivada del acto reclamado y a diferencia de lo que sucede con el amparo directo, el indirecto requiere de mayor tiempo en tanto que en éste existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, ha de celebrarse la audiencia constitucional conforme a lo establecido en el artículo 155 de la ley de la materia, la que puede suspenderse o diferirse por diversas circunstancias, lo que indudablemente prolongaría la resolución que debe emitir el Juez de Distrito; además a quien le perjudique la misma podría interponer el recurso de revisión, o bien el de queja contra algunas de las resoluciones dictadas dentro del juicio constitucional e incluso existe la posibilidad de que se ordene la reposición del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la referida legislación, lo que alargaría aún más el pronunciamiento de la resolución definitiva.

"En ese orden, si la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto, por regla general, subsiste hasta en tanto no se dicte la sentencia ejecutoria, ha de tomarse en cuenta no sólo la complejidad del problema constitucional controvertido, sino que se trata de un procedimiento que tiene dos instancias, de ahí que no sea factible establecer, como lo hizo el Juez Federal, que en cuatro meses habría terminado el juicio.

"Al respecto, se invoca la tesis III.5o.C.34 K, sustentada por este tribunal, visible en la página 3207 del Tomo XXXII, octubre de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBEN CONSIDERARSE SEIS MESES COMO TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO PARA FIJAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Por lo antes expuesto, este tribunal no comparte el criterio que sustentó el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en la revisión incidental **********, fallado en sesión de seis de marzo de dos mil nueve, que invocó el Juez Federal en la resolución recurrida para estimar como probable el término de cuatro meses para la resolución del amparo indirecto. En consecuencia, se considera adecuado realizar la denuncia de contradicción de tesis correspondiente."

Revisión incidental 85/2011-06-27 (resuelta el veinticinco de marzo de dos mil once)

• La quejosa pidió amparo contra actos del Juez Tercero de lo Familiar, que decretó el divorcio por mutuo consentimiento dentro del juicio civil radicado en el expediente número 1577/2004, y para garantizar el pago de alimentos ordenó que se registrara el embargo en la diligencia de fecha veintiuno de junio de dos mil diez, respecto de determinada finca de su propiedad; del secretario ejecutor, del director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, del director Jurídico y de Comercio, y del director de la Sección Inmobiliaria de la misma dependencia, señalando como actos reclamados las resoluciones que se dicten en la etapa de ejecución del juicio natural, relativas al remate, aprobación, adjudicación y otorgamiento de escrituras a favor de terceros, así como la orden de desposesión.

• El Juez correspondiente ordenó tramitar el incidente aludido y concedió la suspensión provisional, negando la definitiva, contra lo que la quejosa interpuso recurso de revisión, el que fue resuelto por el Tribunal Colegiado de referencia, en el sentido de revocar la resolución sujeta a revisión y, en su lugar, otorgar la suspensión definitiva, exponiendo, en la parte que interesa, las siguientes consideraciones:

"En ese orden de ideas, se considera que en la especie, la impetrante acreditó, aunque sólo fuera de modo presuntivo, el interés jurídico que le asiste; por tanto, procede revocar la resolución sujeta a revisión y, en su lugar, otorgar la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que no se adjudique o escriture en favor de terceros la finca descrita, ni la recurrente sea desposeída de la misma, hasta en tanto sea resuelto en forma definitiva el juicio constitucional; mas para que no deje de surtir sus efectos dicha medida, la interesada deberá exhibir ante el Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, una garantía por **********, para garantizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a la tercera perjudicada, conforme lo establecen los artículos 125 y 139 de la legislación de la materia, suma que se obtiene de calcular el interés legal del nueve por ciento anual sobre la cantidad de ********** (que es justamente la cantidad a que fue condenado el demandado en el juicio natural), durante seis meses, que es el plazo que se estima probable para que se resuelva mediante sentencia ejecutoria el fallo en que se dirima el fondo del asunto.

"...

"Funda lo anterior, la jurisprudencia 441 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario citado, que señala: ‘SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe).

"Así como la diversa jurisprudencia 447 del mismo Tomo VI del Apéndice mencionado, de voz y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN SIN FIANZA.’ (se transcribe).

"Igualmente, cobra aplicación la tesis localizable en la Novena Época del Semanario citado, Tomo XXXII, octubre, página 3207, que indica: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBEN CONSIDERARSE SEIS MESES COMO TIEMPO PROBABLE DE DURACIÓN DEL JUICIO PARA FIJAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe)."

CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció nuevos criterios para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

De esta manera, esta Primera Sala se apoya en lo sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar, que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos; es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de este Alto Tribunal consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir los puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto, los criterios jurisprudenciales siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(1)

Con base en lo anterior y enterados de los antecedentes de los asuntos que fueron analizados por los Tribunales Colegiados, sucede que en el caso se actualiza la contradicción de criterios propuesta en tanto que aun cuando examinaron la misma cuestión jurídica llegaron a conclusiones diferentes.

En efecto, los órganos colegiados partieron del análisis del mismo concepto jurídico, pues para sustentar sus posturas, ambos analizaron recursos de revisión derivados de juicios de amparo indirecto en materia civil, en los que se solicitó la suspensión de los actos reclamados, en términos del artículo 125 de la ley de la materia, refiriéndose -ambos-, específicamente, al tema relativo al tiempo probable para la resolución del juicio para efectos de la fijación de la caución correspondiente, ello en uso de la facultad que concede al Juez de Distrito el referido numeral, y mientras uno de los tribunales determinó como tiempo probable para la resolución el de cuatro meses, considerando únicamente los plazos que la misma ley establece y las condiciones con las que funcionan los órganos jurisdiccionales federales especializados en materia civil en el Tercer Circuito, así como su eficiencia y operatividad; el otro tribunal atendió -para determinar el plazo de seis meses en los asuntos que se sometieron a su conocimiento-, además de esos ponderables, a otros diversos, consistentes en la naturaleza biinstancial del amparo indirecto; que en esa vía existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, que se debe celebrar una audiencia que puede suspenderse o diferirse, que esos juicios admiten queja, que en ellos existe la posibilidad de la reposición del procedimiento; y, además, que deben considerarse las características específicas de los asuntos respectivos, como lo es su grado de dificultad.

No sobra mencionar, que aun cuando los criterios de los Tribunales Colegiados no son antagónicos, pues no afirma uno lo que el otro niega, es evidente que sí son diferentes y que esa diferencia acarrea el mismo problema de inseguridad jurídica que justifica la necesidad de resolver criterios opuestos. Por ello, bien puede considerarse actualizada la contradicción denunciada.

Resulta entonces, que sí existe un punto divergente, y que para dirimirlo deberán determinarse cuáles son las circunstancias que los Jueces de Distrito en Materia Civil deberán considerar para calcular el tiempo probable para la tramitación del juicio de garantías en la vía indirecta, ello a efectos de fijar el monto de la caución para el caso en que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado.

QUINTO. Una vez delimitado el punto de contradicción, esta Primera Sala determina que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en la presente resolución.

En principio, conviene tomar en consideración que el artículo 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

"Dicha suspe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23746-5b494ed5/garantia-para-la-suspension-del-acto-reclamado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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