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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. EN ARAS DE SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN NO DEBEN CONSIDERARSE COMO HÁBILES LOS DÍAS QUE COMPRENDA EL PERIODO VACACIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Tipo de asunto: QUEJA 148/2011. · Registro digital (IUS): 23897
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Pág. 2727.

QUEJA 148/2011. 9 DE FEBRERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. PONENTE: JORGE MEZA PÉREZ. SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ MANRIQUE.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Estudio. El único agravio es fundado.

En él, la parte recurrente aduce medularmente que el juzgador pasó por alto que la anotación registral preventiva, se decreta en el expediente principal, mismo que se tramita por cuerda separada del cuaderno incidental, de ahí que, la medida precautoria solicitada en el cuaderno principal, no se encuentre supeditada a la existencia o no de la tramitación de la medida suspensional, ni de su concesión o negativa, por lo que el otorgamiento o no de la garantía fijada en el caso de su concesión, no impide el decretamiento y orden de la anotación de mérito, ya que de conformidad a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006, corresponde al juzgador conservar viva la materia del juicio de garantías.

Así como que el objetivo de la medida precautoria, únicamente se centra en dar publicidad al juicio principal, y en el caso de la medida suspensional, se busca impedir la realización de actos de autoridad a las responsables para los efectos que se decreten en la medida suspensional, de ahí que resulte inaplicable a la especie, lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley de Amparo.

La calificativa antes dada tiene su justificación, en que la medida precautoria (anotación registral preventiva de la demanda) se solicitó en el cuaderno principal(1) y no en el incidente de suspensión, así, de conformidad con la tesis jurisprudencial 67/2006, emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, el Juez de Distrito debe adoptar las medidas que estime pertinentes para preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados.

Entre ellas, como lo es la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen.

La jurisprudencia en comento fue publicada en la página 278 del Tomo XXIII, mayo de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y es del epígrafe y texto siguientes:

"ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo."

Por otra parte, en la ejecutoria se manifestaron las siguientes consideraciones jurídicas:

"SÉPTIMO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado en esta ejecutoria. En este punto, es pertinente aclarar que la materia de estudio en este caso se limita al juicio de amparo indirecto, pues los criterios divergentes surgieron, precisamente, en juicios tramitados en esta vía, específicamente en los cuadernos principales respectivos y no en el incidente de suspensión correspondiente. En principio, debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. El lapso relativamente prolongado que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica. Las medidas referidas pueden adoptarse con anterioridad a la iniciación del proceso y durante su tramitación, hasta en tanto se dicte sentencia firme que le ponga fin, o bien, hasta que el juicio termine definitivamente por diversa causa. ... Es menester precisar que las medidas cautelares tienen determinadas características que justifican su existencia, las cuales consisten en que dichas providencias son: a) Provisionales, porque sólo duran hasta la conclusión del proceso; b) Accesorias, en tanto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen de un proceso principal; c) Sumarias, pues por su propia finalidad se tramitan en plazos muy breves; y, d) Flexibles, dado que pueden ser modificadas o revocadas cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan. Las medidas cautelares suelen clasificarse en: ... Las medidas de que se trata pueden decretarse antes o durante el proceso principal. ... En relación con las medidas precautorias, la propia Constitución autoriza que se actúe en contra de un particular, aun antes de oírlo en su defensa ... En materia civil, la práctica de medidas provisionales o cautelares obedece a la naturaleza de los derechos litigiosos, como sucede, por ejemplo, con el aseguramiento de alimentos, en donde la naturaleza de las cosas no puede admitir la espera de la tramitación integral del juicio; igual ocurre cuando existe peligro de que los bienes del demandado desaparezcan o se oculten, por lo que se justifican los embargos precautorios, como ya se expuso; las necesidades de crédito explican la tramitación de juicios de carácter ejecutivo, que se inician precisamente mediante el procedimiento de ejecución. Acerca de la medida cautelar específica materia de la presente contradicción, consistente en la anotación o inscripción preventiva de la demanda, cabe apuntar que, en materia federal, la misma se encuentra prevista en el artículo 3043, fracción I, del Código Civil Federal. Conforme a este precepto, las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos, pueden anotarse preventivamente en el Registro Público de la Propiedad. Obviamente, las demandas susceptibles de anotarse son aquellas que ya fueron admitidas a trámite. En cuanto a los efectos de la inscripción de mérito, los artículos 3044, párrafo primero y 3045, ambos del ordenamiento citado, disponen: ... Como se ve, la inscripción preventiva en el registro público relativo de la demanda que origina determinado procedimiento contencioso respecto de algún derecho real sobre un bien inmueble, tiene únicamente efectos publicitarios, con el exclusivo propósito de que cualquier posible adquirente tenga conocimiento pleno de la situación litigiosa del bien raíz. Sobre el particular, es oportuno citar la tesis de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, cuyos texto y datos que la identifican son: ... De modo que la anotación preventiva enunciada satisface la necesidad de que cualquier persona conozca la existencia de los derechos que se inscriben, a fin de evitar los fraudes, los abusos y la ocultación de gravámenes, pues pone de manifiesto la condición de los inmuebles y da seguridad jurídica a los actos traslativos de la propiedad o de cualquier otro derecho real del bien de que se trate. Una vez analizadas algunas características y principios que rigen a las medidas cautelares, cabe concluir que estas últimas tienen su principal sustento en la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, contenida en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República. ... Sin embargo, como todo derecho fundamental, el acceso efectivo a la justicia que imparten los tribunales del Estado no es absoluto, por lo que su ejercicio debe someterse a cauces que, al limitarlo justificadamente, posibiliten su prestación adecuada, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. Se afirma lo anterior, porque el propio texto constitucional reserva al legislador la facultad de fijar los plazos y términos con base en los cuales se desarrollará la actividad jurisdiccional, por ende, la prerrogativa fundamental de que se trata puede ser limitada, siempre y cuando en la ley no se establezcan obstáculos o presupuestos procesales que no encuentren justificación constitucional, pues esto último implicaría hacer nugatorio el derecho de acceso a la jurisdicción. Como se ve, en función de la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, las medidas cautelares tienen la finalidad de impedir que surjan posibles obstáculos que, llegado el momento, impidan o dificulten la ejecución de la sentencia que resuelva la controversia, pues debe tenerse en cuenta que aun cuando se obtenga la declaración pretendida acerca del derecho litigado, si por cualquier motivo aquélla no puede materializarse o existe dificultad para ello, en realidad no habría acceso efectivo a la jurisdicción, pues la acción ejercitada finalmente se tornaría nugatoria. Lo anterior es aplicable también al juicio de amparo, aun cuando este último sea un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria que no forma parte, en sentido estricto, del sistema de justicia impartida por el Estado. En efecto, el juicio de amparo es integrante del sistema de defensa de la Constitución y de las garantías individuales de los gobernados, el cual se tramita en vía de acción, esencialmente ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y cuyo propósito es estudiar la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad, lo que puede tener como resultado la declaración de inconstitucionalidad de tales actos, con la consecuencia de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada con efectos retroactivos hasta el momento en que la violación ocurrió. No obstante que la instancia referida tiene sus bases en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, al ser un medio de control constitucional extraordinario que tutela garantías de los gobernados, por mayoría de razón le resultan aplicables aquellos principios que tienen el propósito de hacer efectiva la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, contenidos en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional. La aplicación de tales principios, en el caso del juicio de garantías, hacen que éste cumpla con su finalidad esencial y que, por ende, se ejerza un control constitucional efectivo y eficaz sobre los actos de autoridad. En el contexto apuntado, a fin de examinar si en el juicio de amparo cabe ordenar la medida precautoria consistente en la anotación preventiva en el Registro Público de la demanda y el auto que la admita a trámite, si se acude prima facie, al sentido literal de las normas relativas de la Ley de Amparo, debe tomarse en consideración que dicho ordenamiento: a) Prevé su propia medida precautoria, consistente en la suspensión de los actos reclamados, y b) No contiene regulación expresa acerca de la medida cautelar consistente en la anotación preventiva de la demanda de amparo y el auto que la admite a trámite, ante el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el bien inmueble, respecto del cual, en el juicio del que emanen los actos reclamados se controvierta algún derecho real. La simple suma de los factores apuntados llevaría a concluir, indefectiblemente, que conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo, no es factible ordenar medida precautoria alguna distinta a la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, a juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis de los artículos 124, último párrafo y 130, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, y la interpretación conforme de estos preceptos con el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, llevan a la conclusión de que, en algunos casos, a fin de que esté en aptitud de ejercer las amplias facultades de que el legislador lo dotó, en el sentido de tomar las medidas para preservar la materia del amparo, evitar que se defrauden derechos de terceros y que se causen perjuicios a los interesados, el juzgador de amparo puede decretar alguna medida distinta a la suspensión del acto reclamado, dentro del propio expediente principal, con el propósito, además, de observar la garantía de acceso efectivo a la justicia que consagra el precepto constitucional citado. Para explicar la postura expuesta, es preciso reproducir a continuación los preceptos invocados, 124, último párrafo y 130, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Tales dispositivos son del tenor siguiente: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: ... El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’. ‘Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.’. Los preceptos transcritos parcialmente, evidencian que el Juez de Distrito puede decretar la suspensión provisional con la sola presentación de la demanda de amparo cuando, resultando procedente la medida conforme al artículo 124 invocado, observe la existencia de peligro inminente de ejecución del acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, a cuyo efecto debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan en ese momento, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, así como adoptar las medidas ‘que estime convenientes’ para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados. El objeto de la suspensión provisional, es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden en el momento en el cual se decrete dicha medida, para evitar que el acto reclamado o su ejecución se consumen, destruyendo la materia de la suspensión e incluso del amparo, o bien, que aquéllos produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso, sólo mientras se decide sobre la suspensión defini

iva y se notifica la resolución respectiva a la autoridad responsable. Ello, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, esto es, que: lo solicite el quejoso; no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado sean de difícil reparación. Adicionalmente, los preceptos en cita disponen que el juzgador de amparo debe adoptar las providencias que estime pertinentes para impedir la defraudación de derechos de terceros y evitar perjuicios a los interesados. Como se ve, los principios de base constitucional y configuración legal relacionados con la suspensión del acto reclamado, permiten advertir con claridad, que el legislador pretendió dotar al juzgador de amparo de facultades amplias para preservar la materia del amparo y adoptar las medidas que juzgue convenientes, para evitar que se defrauden derechos de tercero y que se ocasionen perjuicios a los interesados. En tal virtud, a juicio de esta Sala, las normas de la Ley de Amparo precisadas no pueden entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con un determinado propósito, el cual consiste en contribuir a que se ejerza un control constitucional eficaz que no sólo tenga el propósito de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre que éstos son violatorios de garantías, sino que tienda también a asegurar la restitución de las garantías vulneradas, mediante la ejecución pronta y eficaz de las sentencias que concedan la protección constitucional, en los términos previstos en el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así, de acuerdo a la interpretación sistemática de los preceptos mencionados y, específicamente, al seguirse los lineamientos de lo que la doctrina constitucional denomina ‘interpretación conforme’, debe partirse de la base de que el legislador expide leyes tendentes a observar ordenamientos de mayor jerarquía, como es en el caso de leyes federales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, si bien la base constitucional del juicio de garantías se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, no debe perderse de vista que dicho juicio extraordinario forma parte de un sistema integrado por la propia Ley Fundamental y sus medios de control, el cual tiene como propósito fundamental, lograr que todo acto de autoridad sea acorde al texto de la Norma Suprema; de ahí que, por mayoría de razón, en la instrumentación del juicio de garantías deba observarse el acatamiento pleno a los diversos principios contenidos en la Constitución para obtener mayor eficacia en la tutela de las garantías. Por tal motivo, se estima que las directrices contenidas en los artículos 124, último párrafo y 130, párrafo primero, de la Ley de Amparo, deben ser acordes con los principios que derivan del derecho de acceso efectivo a la jurisdicción garantizado en el artículo 17, párrafo segundo, de la propia Ley Fundamental; principios constitucionales que, aplicados al juicio de amparo, se traducen en que las normas rectoras de este medio de control constitucional no sólo deben estar orientadas a privar de efectos a los actos de autoridad que contravengan el Texto Constitucional, sino que además deben facilitar la ejecución material de la sentencia que conceda la protección constitucional, para garantizar que las cosas vuelvan al estado que guardaban previamente a que la violación de garantías ocurriera. Consecuentemente, en observancia a los elementos contenidos en la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, las facultades del Juez de Distrito ya enunciadas deben entenderse en su sentido más amplio. Así, para la consecución de los objetivos consistentes en conservar la materia de amparo hasta la terminación del juicio, evitar que se defrauden derechos de tercero y que se causen perjuicios a los interesados, el órgano de control constitucional tiene la potestad de adoptar las medidas que juzgue pertinentes, sin que éstas deban limitarse a la suspensión del acto reclamado, pues habrá casos específicos en que ésta no sea el medio idóneo para prevenir la realización de actos que, llegado el momento, dificulten o impidan la ejecución del fallo que conceda la protección constitucional. Con lo anterior, además de que se tiende a cumplir la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, se logra que las disposiciones de la Ley de Amparo invocadas surtan plenos efectos jurídicos, como se expone enseguida. En efecto, es verdad que por regla general, la suspensión del acto reclamado evita que éste se ejecute, a fin de que no se torne irreparablemente consumado, destruyéndose con ello la materia del amparo, o bien, que dicha ejecución no produzca consecuencias de tan difícil reparación, que la acción de amparo se torne nugatoria para el respeto de las garantías individuales afectadas por actos de autoridad, al volverse prácticamente imposible restituir al afectado en el goce de las mismas. Es también cierto que la obligación de respetar la suspensión del acto reclamado recae, incluso, en las autoridades que no hayan sido señaladas como responsables, pero que les corresponda la ejecución material del acto reclamado. En ese tenor, en el supuesto de que el acto reclamado proviniera de un procedimiento en el cual se controvierta algún derecho real sobre determinado bien inmueble, aun cuando no se señalara como autoridad responsable al titular del Registro Público de la Propiedad del lugar en que el inmueble se ubique, dicha autoridad estaría obligada a acatar la suspensión del acto reclamado. De igual forma, es verdad que la ley de la materia, en su artículo 126, prevé la posibilidad de que el acto reclamado se ejecute, previo otorgamiento de contragarantía que el tercero perjudicado efectúe, fijada por el juzgador, en cuantía suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en caso de que se le conceda el amparo; además, en su numeral 127 la misma ley prohíbe que el juzgador de amparo autorice tal ejecución en caso de que ésta pueda dejar al juicio de garantías sin materia. Conforme al sistema referido, la suspensión tiende a preservar la materia del amparo y evita que éste quede sin materia; asimismo, no obstante que el acto reclamado se llegue a ejecutar, los efectos restitutorios de la sentencia que, en su caso, conceda la protección constitucional, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, provocarían que los actos de ejecución quedaran sin efectos y, en caso de que esto no fuera posible, los derechos del quejoso estarían debidamente protegidos con la contragarantía que el tercero perjudicado debió otorgar en forma suficiente para que se permitiera la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, hay casos en que tal sistema previsto en la Ley de Amparo, en torno a la suspensión del acto reclamado, no es apto ni suficiente para que el juzgador federal cumpla con sus facultades, relativas a adoptar las medidas que estime pertinentes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados. Ello, por una parte, porque no todos los actos de autoridad son susceptibles de suspenderse. ... De modo que, salvo casos excepcionales, la suspensión no es destructiva y, por tanto, es incapaz de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de que se produjeran los actos que se reclaman en la instancia constitucional, así como tampoco es constitutiva de derechos. ... En las condiciones expresadas, hay casos en que la suspensión es improcedente y, en tales supuestos, existirá el riesgo de que se defrauden derechos de terceros y se ocasionen perjuicios a los interesados, sin que el juzgador federal esté en posibilidad aparente de ejercer sus facultades para evitar aquellas consecuencias que, en su momento, podrían dificultar u obstaculizar la ejecución de la sentencia que llegara a conceder la protección constitucional. Por otra parte, la suspensión del acto reclamado está diseñada exclusivamente para que se conceda en beneficio del quejoso, en salvaguarda de los intereses de éste, ya sea que su otorgamiento proceda de plano o a petición de parte, pues en este último supuesto es necesario que el agraviado la solicite, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo. De modo que si el Juez de Distrito tuviera que limitarse a la invocada suspensión, los derechos de tercero podrían ser defraudados a través de actos que se realicen durante la secuela procesal de amparo y, con ello, las normas que facultan al Juez de Distrito para que tome las medidas pertinentes, a fin de evitar aquellos efectos nocivos, serían privadas de todo sentido y vigencia; en cambio, cuando los derechos de tercero estén relacionados con un bien inmueble, respecto del cual en el juicio de origen se cuestione algún derecho real, su posible defraudación sí podría evitarse mediante los efectos publicitarios de la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Entonces, para lograr los propósitos apuntados, es decir, que se eviten perjuicios a las partes (que eventualmente puedan dificultar la ejecución del fallo protector) y que se defrauden derechos de tercero, el Juez de Distrito puede válidamente, previa petición del sujeto interesado, hacer uso de la medida cautelar consistente en ordenar la anotación preventiva de la demanda de garantías y su auto admisorio, en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el bien inmueble respecto del cual se haya controvertido o se esté cuestionando un derecho real en el juicio de origen; ello, obviamente siempre que el solicitante de la medida justifique el derecho o la apariencia de su existencia (fumus boni iuris) y el peligro de sufrir su pérdida o menoscabo, debido al tiempo que ordinariamente demora en resolverse el juicio de garantías en el fondo (periculum in mora). ... Con la providencia descrita, el juzgador de amparo estaría adoptando, indudablemente, la medida pertinente para que no se defrauden derechos de terceros y que se eviten perjuicios a los interesados, lo que además podría facilitar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional, en concordancia y armonía con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal y con la disposición prevista en el párrafo último de dicho precepto constitucional, relativa a que las leyes deben garantizar la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. De ahí que en este caso, deba concluirse que si la persona que demuestre tener la legitimación necesaria, aun cuando no sea parte en el juicio de amparo, formula la petición relativa, el Juez de Distrito en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, debe ponderar si la medida cautelar consistente en la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad de la demanda de amparo y su auto admisorio, como medio tendente a dar publicidad a la situación litigiosa del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que en ese supuesto concreto se defrauden derechos de tercero, se ocasionen perjuicios a las partes o se realicen actos que puedan dificultar u obstaculizar la ejecución de la sentencia de amparo, para el caso de que ésta llegue a conceder la protección constitucional. Si dicho juzgador arriba a la convicción de que la medida es idónea y están justificados los extremos necesarios para su otorgamiento, entonces podrá decretarla, para lo cual debe tomar en cuenta que los gastos y derechos generados por la anotación preventiva y su cancelación, inclusive, deben ser por cuenta de quien solicite la medida; así como que a fin de no dejar incierta la condición del inmueble con motivo de la inscripción efectuada, cuando se emita la sentencia ejecutoria de amparo o la diversa determinación firme que ponga fin al juicio sin analizar el fondo de la litis constitucional en cuanto tal decisión conclusiva exista, debe ordenarse de inmediato y en forma oficiosa la cancelación del asiento registral preventivo, a fin de cerrar ese capítulo cautelar en la historia registral del bien de que se trate ..."

Así, se advi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23897-fcdfdd3b/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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