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Modo: Corpus Pro

DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDÓ SU PAGO. NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS POR EL RETRASO EN SU CUMPLIMIENTO (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 288/2012. · Registro digital (IUS): 24062
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Pág. 1167.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 288/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

6. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

7. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

8. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos y los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

9. No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

10. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

11. TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente hacer referencia a las posiciones interpretativas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes a través de las ejecutorias respectivas.

A. Posición 1. El criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente **********, donde se impugnó la resolución pronunciada en el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia relativa al juicio de amparo **********, por cuya virtud se había ordenado a la autoridad responsable a devolver a la quejosa las cantidades indebidamente enteradas en aplicación de la contribución prevista en el artículo 319, fracción III, inciso a), del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil nueve.

En el contexto del caso se puso a debate ante el citado tribunal la problemática consistente en saber si para la eficacia del cumplimiento del fallo de amparo respectivo, específicamente alrededor de la devolución correspondiente, se debía comprender o no el pago de intereses moratorios generados por el actuar tardío de la autoridad responsable en su realización.

Al respecto, con apoyo en el criterio jurisprudencial construido por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 200/2010, dicho órgano jurisdiccional determinó, en lo que importa, que:

"Con base en lo resuelto en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este órgano colegiado afirma que los intereses fiscales corresponden a los previstos como moratorios en la legislación civil, pues constituyen una indemnización al contribuyente por parte del fisco por la devolución inoportuna del pago de las contribuciones enteradas indebidamente o en exceso, por lo que es igual hablar de interés moratorio como indemnizatorio; de ahí que no afecta al sentido de la resolución que el juzgador haya utilizado el término ‘indemnizatorio’ en lugar de ‘moratorio’. Por otra parte, tomando en consideración que los intereses moratorios son los que cubren una indemnización con motivo de una devolución extemporánea, por lo que su origen es la mora, por analogía, este órgano judicial estima que no asiste razón a los recurrentes al reclamar, dentro del procedimiento de amparo, intereses por el incumplimiento tardío de una ejecutoria de amparo, pues esta vía no fue creada para ese efecto; sino para salvaguardar la violación a derechos constitucionales y su restitución, además, no existe disposición en la Ley de Amparo ni en la Constitución que establezca que deban generarse aquéllos cuando se devuelva el dinero tiempo después de la concesión del amparo, sino únicamente su actualización, la cual comprende la debida restitución de la pérdida de valor de la moneda desde el día en que se enteró el importe y hasta la fecha en que realmente se reintegre a los agraviados. Por consiguiente, no es procedente que se requiera a la autoridad el pago de intereses moratorios respecto de las cantidades a devolver con motivo de la concesión del amparo porque, como se resolvió en párrafos anteriores, el pago por ese rubro no se encuentra comprendido dentro de los efectos de las sentencias de amparo que impliquen la devolución de la cantidad actualizada que se enteró en cumplimiento de una norma declarada inconstitucional, como tampoco por el retraso en su restitución, a menos que exista disposición expresa que lo ordene, lo que no sucede."

B. Posición 2. El criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito encuentra su origen en el recurso de queja **********, a través del cual se impugnó la resolución dictada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo **********.

Uno de los aspectos controvertidos en dicha instancia se redujo a saber si la fijación del monto de la devolución objeto de la sentencia de amparo (vinculada con la aplicación de los artículos 203, 206, 319 y 319-A del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil ocho), debía incluir o no el pago de intereses indemnizatorios a cargo de la autoridad responsable.

Al enfrentarse a tal interrogante, atravesando por lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 200/2010, el tribunal de mérito señaló, en lo que interesa, que:

"Con base en lo anterior, resulta indudable que asiste razón a la autoridad inconforme cuando asevera que es ilegal el que se le condene al pago de intereses respecto de las cantidades a devolver a la parte quejosa con motivo de la concesión de amparo determinada en el presente juicio de garantías, pues como ya lo señaló nuestro Máximo Tribunal, el pago de intereses no se encuentra comprendido dentro de los efectos de las sentencias de amparo que impliquen la devolución de la cantidad actualizada que se enteró en cumplimiento de una norma declarada inconstitucional, a menos que exista disposición expresa que lo ordene, lo cual no sucedía en el caso del Código Financiero del Distrito Federal vigente en dos mil cinco y dos mil seis. Sobre esto último, importa señalar que el artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal interpretado por nuestro Máximo Tribunal en la ejecutoria que dio origen al criterio jurisprudencial 2a./J. 137/2010, fue el vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, razón por la que se estima aplicable al presente asunto esta jurisprudencia, dado que las cantidades a devolver a la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo que le fue otorgado tienen su origen en el pago que ésta realizó en términos de los artículos 203, 206, 319 y 319-A del Código Financiero del Distrito Federal el treinta de junio de dos mil ocho. Cabe destacar que la anterior determinación no implica que, si las autoridades responsables no dan cumplimiento al fallo protector en un plazo razonable, se vuelva a cuantificar la cantidad que deberá devolverse a la quejosa, pero incluyendo entonces sí, el pago de intereses, porque, atendiendo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio mencionado en líneas precedentes, la devolución del entero de una contribución como efecto de la sentencia de amparo contra una norma fiscal, no puede comprender el pago de intereses moratorios en concepto de indemnización a la parte quejosa, pues ello rebasa la materia objeto de restitución en términos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, pero ello no impide que tales intereses sí puedan ser comprendidos ante el cumplimiento de las autoridades responsables de acatar el fallo protector porque, en tal supuesto, sí adquieren una naturaleza indemnizatoria en caso de mora ante tal actitud pasiva adoptada por la devolución extemporánea o inoportuna. En efecto, el derecho de la quejosa a obtener el pago de intereses surge a partir del momento en que la autoridad responsable excede el plazo concedido para cumplimentar la sentencia de amparo, pues es, en ese preciso momento, en que la parte quejosa debe ser indemnizada por el tiempo en que la autoridad, estando obligada a ello, no le ha devuelve la cantidad a que tiene derecho. Lo anterior, atendiendo al propio término de intereses señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria en mención, donde precisó que en un sentido amplio podía entenderse como la compensación en dinero o en cualquier valor que se recibe del acreedor en forma accesoria al cumplimiento de una obligación y, concretamente tratándose de intereses moratorios, que son los destinados a reparar el perjuicio resultante del cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una obligación. Por tanto, si la autoridad responsable tiene obligación de devolver a la parte quejosa la cantidad de la contribución que enteró con motivo de la concesión del amparo que le fue concedido e incumple con tal obligación en el plazo que le es otorgado, es evidente que el incumplimiento a tal obligación dará lugar al pago de intereses moratorios o indemnizatorios, por el tiempo que transcurra entre su incumplimiento y hasta que se materialice la devolución. En tal contexto, atendiendo propiamente a lo expuesto por el Máximo Tribunal para determinar que el efecto del amparo no puede alcanzar el pago de intereses, es evidente que sí es factible el pago de éstos cuando la autoridad responsable ha incumplido con su obligación de devolver a la quejosa la cantidad a que tiene derecho por la sentencia que le concedió la protección de la Justicia de la Unión, pues tales intereses tendrán como efecto, reparar el perjuicio resultante del cumplimiento inoportuno o extemporáneo de una obligación, constituyendo una indemnización a la quejosa por parte de las autoridades responsables por la devolución inoportuna. En ese mismo sentido, debe decirse que, si bien la Ley de Amparo establece el procedimiento de ejecución de sentencia según se advierte de sus artículos 104 a 113, y establece un plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de la sentencia para que las autoridades responsables cumplan con la ejecutoria, en el artículo 105 de mérito los supedita a que la naturaleza del acto lo permita en los términos siguientes: ‘Artículo 105.’ (se transcribe). Por lo que si no existe una regulación expresa relativa al plazo que debe fijarse cuando el cumplimiento no sea posible dentro de las veinticuatro horas que menciona ese dispositivo, debe estarse a lo dispuesto para el cumplimiento de los actos judiciales, previsto en la ley procesal que rija en forma supletoria. Así, se tiene que al no existir en la Ley de Amparo un plazo razonable para tal efecto, se considera conveniente establecer, por analogía al supuesto del artículo 2080 del Código Civil Federal, un término de treinta días, en atención a que, en el caso, se está en presencia de una obligación de pago de numerario y el mencionado precepto establece dicho término para cumplir las obligaciones de dar, cuando no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago. En esa tesitura este tribunal advierte, atento al principio establecido en los criterios del Poder Judicial, en el sentido de que los plazos que se fijen para el efecto deben ser breves y razonables, que atendiendo a la naturaleza del acto a cumplir, así como los trámites y los procedimientos que debe agotar la autoridad para cumplir cabalmente con una ejecutoria como la del caso; se considera en la especie, que el de treinta días constituye tiempo suficiente para que la autoridad dé cabal cumplimiento a la sentencia que nos ocupa, apercibiéndola que de no hacerlo, además de continuar con el trámite respectivo para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, se cuantificará nuevamente la cantidad a devolver a la parte quejosa, pero incluyendo el pago de intereses en los términos previstos por el anterior artículo 71 del Código Financiero del Distrito Federal."

Esas consideraciones dieron lugar a la formación de la tesis aislada que dispone:

"LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD HACENDARIA NO DÉ CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR EN UN PLAZO RAZONABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 526, de rubro: ‘LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO).’, sostuvo que los efectos restitutorios de una sentencia de amparo contra una norma fiscal obligan a la autoridad hacendaria a devolver las cantidades enteradas debidamente actualizadas, sin considerar el pago de intereses indemnizatorios, ya que éstos no integraban el patrimonio del contribuyente y, en consecuencia, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación; aunado a que la obligación indemnizatoria a cargo del fisco deriva de lo dispuesto en las leyes fiscales que regulan la contribución específica, en el caso, el Código Financiero del Distrito Federal abrogado, conforme al cual la devolución no comprende el pago de intereses, salvo el caso de pago de lo indebido como indemnización por mora. En consecuencia y no obstante lo sostenido en el criterio apuntado, ello no implica que si las autoridades responsables no dan cumplimiento al fallo protector en un plazo razonable, entendiendo como tal un término de treinta días por analogía al supuesto del artículo 2080 del Código Civil Federal, que establece dicho término para cumplir con las obligaciones de dar cuando no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y que se estima suficiente atento a la naturaleza del acto a cumplir, se deba entonces volver a cuantificar la cantidad que deberá devolverse a la quejosa, pero incluyendo entonces sí el pago de intereses, al adquirir éstos una naturaleza indemnizatoria en caso de mora ante la actitud pasiva adoptada por la devolución extemporánea o inoportuna, pues el derecho a obtener su pago surge a partir del momento en que la autoridad responsable excede el plazo concedido para cumplimentar la sentencia de amparo." (Núm. Registro IUS: 162096. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, materia: común, tesis I.4o.A.759 A, página 1209)

12. CUARTO. Una vez esbozadas las posturas que sirvieron de base a la tramitación de la contradicción planteada, toca ahora verificar su existencia.

13. Con esa finalidad, es necesario apuntar que, en principio, de acuerdo a la mecánica que actualmente prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, de acuerdo a las condiciones que a partir de la interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo ha delineado este Alto Tribunal, ésta se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los negocios jurídicos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales (incluso cuando éstas parten de aspectos fácticos distintos) frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

14. Así lo revela, entre otros, el contenido de la siguiente jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)

15. Junto a la tesis antes transcrita, también se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, así como que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad, de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.

16. En orden a las ideas recién descritas es dable afirmar que, en el caso, sí existe la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados que son parte en la presente controversia, pues a partir del análisis de un mismo tema jurídico arribaron a criterios opuestos.

17. Efectivamente, de la lectura de las posturas reseñadas en el considerando que antecede, que propiciaron la conformación de la presente contradicción, se obtiene que uno de los temas de estudio que de manera substancial trascendió en el esquema de debate en cada uno de los asuntos examinados por los tribunales contendientes lo constituyó la necesidad de definir si frente a la declaración de inconstitucionalidad de una norma tributaria, el retardo en la devolución de las cantidades materia de la concesión de amparo por parte de la autoridad responsable puede o no generar intereses indemnizatorios, en términos del Código Financiero del Distrito Federal.

18. Al respecto, por las razones ya reseñadas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que tratándose de la declaración de inconstitucionalidad de normas tributarias, la devolución de los montos objeto de la concesión de amparo no comprende el pago por intereses indemnizatorios, ni siquiera por el retraso en su restitución por parte de la autoridad responsable, al considerar, en esencia, que no existe disposición en la Ley de Amparo ni en la Constitución que establezca que deban generarse aquéllos cuando se devuelva el dinero tiempo después de concedido el amparo.

19. En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que a pesar de que la devolución del entero de una contribución como efecto de la sentencia de amparo contra una norma fiscal no puede comprender el pago de intereses moratorios en concepto de indemnización a la parte quejosa, ello no impide que éstos se generen ante el cumplimiento extemporáneo o inoportuno del fallo protector por parte de la autoridad responsable, porque, en tal supuesto, adquieren una naturaleza indemnizatoria en caso de mora ante tal actitud pasiva y, por ende, deberán incluirse en la cuantificación respectiva.

20. Por tanto, la incoincidencia de posturas adoptadas por cada uno de los tribunales involucrados, desde el análisis de la misma controversia jurídica, pone en evidencia la existencia de la contradicción de tesis. En ese orden de ideas, el punto en contradicción a dilucidar consiste en definir si con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de contribuciones enteradas con fundamento en el Código Financiero del Distrito Federal, vigente hasta dos mil nueve, la devolución de las cantidades materia de la sentencia concesoria de amparo puede comprender o no intereses indemnizatorios ante el retraso en su cumplimiento por parte de la autoridad responsable.

21. No constituye un obstáculo para la configuración y posterior resolución de la presente contradicción de tesis el hecho de que el Código Financiero del Distrito Federal, que sirvió de base legal para el posicionamiento de los criterios contradictorios, especialmente lo referido en su artículo 71, hubiera sido abrogado por el artículo tercero transitorio del Código Fiscal del Distrito Federal, en vigor a partir del primero de enero de dos mil diez, en virtud de que la decisión que al respecto se adopte por esta Segunda Sala tendrá plena eficacia en el plano material, en tanto seguramente se encuentran pendientes de resolución asuntos en los que se aplique su contenido, al ser reciente su abrogación, como lo demuestra la presencia de los asuntos en contienda. Asimismo, porque el contenido del referido dispositivo fue reiterado en el numeral 49 del Código Fiscal del Distrito Federal en vigor, por lo que su definición tendría aplicabilidad en relación con esta norma.

22. Al respecto resultan aplicables, en lo conducente, las siguientes tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, tesis 2a./J. 87/2000, página 70)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 182691. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, diciembre de 2003, tesis 1a./J. 64/2003, página 23)

23. QUINTO. Una vez establecida la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24062-eec794bb/devolucion-de-contribuciones-con-motivo-de-la-declaracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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