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Modo: Corpus Pro

INTERESES. LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA PARA LA AUTORIDAD HACENDARIA LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR AQUÉLLOS CON MOTIVO DE QUE LA NORMA FUE DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 193/2021. · Registro digital (IUS): 31017
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-11-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo IV, Pág.3601.

AMPARO EN REVISIÓN 193/2021. 3 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. PONENTE: MANUEL SUÁREZ FRAGOSO. SECRETARIA: MARÍA EUGENIA URQUIZA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Estudio de fondo. Es infundado el primer agravio del gobernador del Estado de Nuevo León e inoperante el primer agravio expresado por las autoridades de San Pedro Garza García.

Previo a analizar el agravio de la autoridad recurrente, es necesario tomar en cuenta que el análisis de los argumentos se rige por el principio rector del juicio de amparo denominado "estricto derecho", al ser un asunto en materia administrativa.

En ese sentido, es infundado el primer agravio que propone el gobernador del Estado de Nuevo León, pues al margen de la obligatoriedad en cuanto a su observación por este órgano colegiado, de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 35/2006 (invocada por la autoridad recurrente en los agravios), la misma se estima inaplicable, pues difiere del tema abordado en la sentencia constitucional.

En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 35/2006, sesionada el quince de enero de dos mil siete, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esencia, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO.—Del análisis de los conceptos de invalidez se desprende que la parte actora alega, esencialmente, que los preceptos impugnados deben declararse inválidos, toda vez que contrarían el segundo párrafo del artículo 27 constitucional.

"En síntesis, se sostiene que al condicionar el otorgamiento de la autorización para constituir fraccionamientos, relotificaciones y subdivisiones de terrenos en el Estado de Aguascalientes, a la transmisión de una parte de dichos inmuebles a favor del Municipio se establece una especie de expropiación sin que se otorgue al propietario una indemnización, amén de que las áreas no se destinan en todo momento a la satisfacción de una causa de utilidad pública, con lo que se viola el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, pues en términos de dicho numeral, las expropiaciones sólo pueden realizarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

"A efecto de dar respuesta al concepto de invalidez en comento, conviene hacer referencia, en primer término, al artículo 27 constitucional, el cual dispone en la parte que interesa, lo siguiente:

"‘Art. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

"‘Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

"‘La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

"‘...

"‘La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones:

"‘...

"‘VI. Los Estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

"‘Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.’

"En el precepto constitucional de mérito se precisa que la propiedad originaria de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares para constituir la propiedad privada; asimismo, aun cuando se reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada, la propia Constitución, como ocurre con casi todos los derechos fundamentales, lo delimita a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como son el interés público o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad.

"Ahora bien, tomando en consideración que las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse en la propia Constitución, o bien, autorizar al legislador para hacerlo en determinados casos sin que afecte la esencia del derecho ni se impida su ejercicio, tratándose del derecho de propiedad, se le impone como limitación su función social, toda vez que de acuerdo con el artículo 27 constitucional, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad por causas de interés público, o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es el Texto Fundamental el que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que es claro que ese derecho no es oponible frente a la colectividad, sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo en los términos que dispone expresamente la Constitución.

"Como quedó precisado, el artículo 27 constitucional prevé la expropiación de la propiedad privada para satisfacer una causa de utilidad pública, lo que se produce mediante el pago de una indemnización; asimismo, se determina que corresponde a las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinar precisamente los casos en que sea de utilidad pública expropiar un bien, correspondiendo a la autoridad administrativa realizar la declaración respectiva.

"De este modo, la expropiación constituye un acto de carácter administrativo mediante el cual se priva a los particulares de la propiedad de un bien en aras del interés, necesidad o utilidad social, es decir, se trata de una figura a través de la cual el Estado logra determinados fines relacionados con el interés colectivo; de ahí que se sujete la expropiación a causas de utilidad pública; sin embargo, la Constitución Federal no prevé ningún otro aspecto concerniente a la expropiación, sino que deja a la Federación y a los Estados la facultad de establecer las causas de utilidad pública para que opere la expropiación de determinado bien, esto es, el Constituyente no fija un concepto de utilidad pública, sino que confirió la facultad a las Legislaturas de las entidades federativas y al Congreso de la Unión para que determinen los casos de utilidad pública en sus respectivas competencias, dados sus propios requerimientos sociales, económicos, de desarrollo, etcétera.

"Una vez expuesto lo anterior, a efecto de determinar si como lo sostiene el procurador general de la República, las llamadas donaciones previstas en los artículos 292, 293, 294, 311, fracción II, 312, fracción III, 327 Bis, fracción III, 350, segundo párrafo, inciso f), 356 Bis, segundo párrafo y fracción I, 416, fracción XIII, 430, 479, fracción V y 480 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes violan el segundo párrafo del artículo 27 constitucional, al establecer una especie de expropiación sin indemnización, resulta conveniente transcribir su contenido en los siguientes términos:

"‘...’

"Del análisis de los preceptos impugnados se desprende que establecen la obligación de los particulares de realizar lo que se han llamado donaciones a favor de los Ayuntamientos cuando pretenden obtener una autorización para fraccionar, relotificar o subdividir un predio.

"Con el propósito de brindar un mayor entendimiento respecto de la forma en que operan las llamadas donaciones, conviene realizar un breve análisis de las disposiciones contenidas en el Código Urbano del Estado de Aguascalientes el cual, de conformidad con su artículo 1o., tiene por objeto:

"a) Establecer la concurrencia del Estado y de los Municipios en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio estatal;

"b) Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del Estado;

"c) Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población;

"d) Mantener el equilibrio ecológico urbano en los términos previstos por la ley y ordenamientos de la materia;

"e) Fijar las normas a que se sujetarán la autorización y ejecución de fraccionamientos, relotificaciones, subdivisiones y fusiones de terrenos en la entidad;

"f) Regular la constitución, modificación y extinción del régimen de propiedad en condominio, así como la administración de los bienes inmuebles sujetos al mismo;

"g) Fomentar los sistemas de financiamiento del desarrollo urbano;

"h) Normar los instrumentos y apoyos para que la población del Estado pueda disfrutar de vivienda digna;

"i) Establecer las normas generales para la construcción, instalación, reparación, ampliación, remodelación, reconstrucción y demolición de inmuebles y obras de equipamiento e infraestructura urbana;

"j) Regular el Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano y la Vivienda;

"k) Establecer las normas generales a las que se sujetará la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

"l) Fijar las normas generales de la infraestructura y equipamiento vial, el tránsito de vehículos y peatones, los estacionamientos y el sistema de transporte de carga y de pasajeros en la entidad;

"m) Normar la preservación del patrimonio cultural del Estado;

"n) Establecer las normas generales para la instalación de anuncios y la protección de la imagen urbana;

"ñ) Determinar las atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de este código;

"o) Precisar los mecanismos de coordinación y concertación de los sectores público, social y privado en materia de desarrollo urbano y vivienda;

"p) Establecer las normas generales conforme a las cuales procederá el otorgamiento y operación de las concesiones para la prestación de servicios públicos o explotación de bienes de propiedad estatal o municipal; y,

"q) Fijar las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, así como los recursos y procedimientos administrativos que permitan la aplicación de este código.

"Una vez precisado el objeto del ordenamiento legal citado, conviene destacar que en el artículo 4o. se establece que están sujetas a sus disposiciones las personas físicas o morales, públicas o privadas que dentro del Estado de Aguascalientes pretendan, entre otras actividades, fraccionar, relotificar, fusionar o subdividir áreas o predios.

"En este contexto, el título sexto del Código Urbano del Estado de Aguascalientes regula lo relativo al fraccionamiento, relotificación, fusión y subdivisión de terrenos, y específicamente el artículo 278 dispone que para realizar dichas actividades se requiere obtener autorización, la cual se otorgará siempre y cuando no se afecten áreas naturales protegidas, zonas arboladas y de valores naturales, zonas y monumentos del patrimonio cultural, medidas del lote tipo autorizado y características del fraccionamiento, equilibro de la densidad de población, imagen urbana, así como la zonificación primaria y secundaria que marquen los Programas de Desarrollo Urbano.

"Por lo que se refiere a los fraccionamientos, el artículo 282 del citado código urbano los define como ‘la división de un terreno en manzanas y lotes, que requiera del trazo de una o más vías públicas, así como la ejecución de obras de urbanización que le permitan la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos’; asimismo, se establece una clasificación del tipo de fraccionamientos, la cual, de conformidad con el artículo 283 del ordenamiento en comento, atiende a la densidad de población y construcción, a la extensión del lote mínimo y de sus frentes, a su ubicación, a la compatibilidad urbanística, a las especificaciones de construcción, a la infraestructura, equipamiento y servicios que éstos requieran, así como al uso o destino del suelo previsto en la legislación y programas de desarrollo urbano aplicables.

"Ahora bien, dependiendo del tipo de fraccionamiento que se pretenda constituir, el Código Urbano del Estado de Aguascalientes establece que los fraccionadores, para obtener la autorización respectiva, deberán entregar al Ayuntamiento un porcentaje de la superficie neta del terreno, la cual será utilizada para infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como para establecer áreas verdes, parques y jardines; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 292 y 293 impugnados, que señalan:

"‘Artículo 292. Los Ayuntamientos aprovecharán para infraestructura, equipamiento y servicios, cuando menos el 50 % de las áreas de donación que reciban por parte de los fraccionadores, conforme a lo dispuesto en este código y el dictamen correspondiente.’

"‘Artículo 293. Del área total de donación de cada fraccionamiento, cuando menos el 30 % deberá destinarse a áreas verdes, parques y jardines, cuya superficie será considerada como un bien del dominio público del Municipio. El fraccionador tendrá la obligación de equipar dicha superficie para tales efectos, en los términos que se le señale por parte del Ayuntamiento. Dicha obligación formará parte del dictamen de autorización. El resto de la superficie se entregará limpia y sin escombro.

"‘El Ayuntamiento podrá ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de lo dispuesto por la ley municipal del Estado, respecto de la superficie que exceda de lo contemplado en el artículo 292 y el párrafo anterior, siempre y cuando tenga como finalidad cualquiera de las siguientes:

"‘I. La enajenación a título oneroso o permuta para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios públicos a cargo del Ayuntamiento;

"‘II. El arrendamiento, donación o comodato, a favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de interés social con un claro beneficio para la población y que no persigan fines de lucro;

"‘III. La enajenación a título oneroso a favor de personas de derecho privado, que requieran disponer de dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad;

"‘IV. La permuta con la Federación o el Estado de inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes satisfagan las necesidades de las partes; o

"‘V. La compra o permuta de bienes inmuebles que sean necesarios para la ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la realización de cualquier tipo de obra pública.’

"Expuesto lo anterior, resulta claro que la constitución de un nuevo fraccionamiento, o bien, la subdivisión de un predio, al aumentar la densidad poblacional en un terreno que antes no se encontraba fraccionado, genera la necesidad de satisfacer la demanda de mayores servicios públicos.

"En este sentido, como quedó precisado, el artículo 292 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes dispone que el cincuenta por ciento de las áreas entregadas al Municipio deberán destinarse a infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; conceptos éstos que se encuentran definidos en el artículo 169 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes, al señalar:

"‘...’

"Es importante destacar que las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos no son las mismas en todos los fraccionamientos, pues en los habitacionales de tipo popular existe una mayor densidad de población que en los residenciales; asimismo, se presentan diferentes necesidades en un fraccionamiento industrial o comercial que en uno residencial.

"Por tal motivo, el Código Urbano del Estado de Aguascalientes establece diferencias en cuanto al porcentaje de la superficie neta del terreno a fraccionar que debe ser entregada al Ayuntamiento, lo cual se realiza atendiendo al tipo de fraccionamiento que se pretenda constituir, ya que, por ejemplo, el artículo 311 del citado ordenamiento dispone que tratándose de fraccionamientos residenciales deberá entregarse el doce por ciento (12 %) de la superficie neta del terreno, mientras que si se trata de un fraccionamiento de tipo popular, en donde existe mayor densidad poblacional y, por tanto, la necesidad de satisfacer una mayor demanda de servicios públicos, el artículo 313 del ordenamiento urbano citado exige la entrega del quince por ciento (15 %) de la superficie neta del terreno; asimismo, considerando las diferencias entre fraccionamientos habitacionales y comerciales, tratándose de estos últimos, el artículo 322 del Código Urbano del Estado de Aguascalientes dispone que deberá entregarse el cinco por ciento (5 %) de la superficie neta del terreno.

"Una vez expuestas las consideraciones precedentes, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que las llamadas donaciones previstas en los preceptos impugnados no tienen la naturaleza jurídica de una expropiación, pues esta última tiene como característica fundamental que la privación de la propiedad surge como consecuencia de una imposición estatal, sin que medie la voluntad del particular afectado.

"En el caso concreto, las llamadas donaciones surgen como consecuencia de la voluntad del particular de constituir un fraccionamiento, esto es, se traducen en un requisito para obtener la autorización relativa; sin embargo, ello no implica que la transmisión se produzca con motivo de una imposición del Estado, sino que participa un elemento volitivo del particular afectado, en la medida en que, de no tener la intención de constituir un fraccionamiento, no surgiría la obligación de entregar una superficie en favor de los Municipios del Estado de Aguascalientes.

"Por otro lado, se estima que no se está en presencia de una expropiación, en virtud de que las llamadas donaciones no se producen en virtud de un acto concreto dirigido a una persona específica sobre un bien determinado, sino que por el contrario, se establecen a través de una norma general aplicable a todos los sujetos que se ubiquen en el supuesto específico que regula, esto es, a aquellos que pretendan obtener la autorización para constituir un fraccionamiento o subdividir un predio. "De este modo, resulta claro que las llamadas donaciones previstas en los preceptos impugnados no contrarían el párrafo segundo del artículo 27 constitucional, pues no se está en presencia de una expropiación, amén de que encuentran apoyo en el párrafo tercero del precepto constitucional citado, el cual dispone:

"‘...’

"En términos del precepto citado, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

"Para tal efecto, el numeral en comento dispone que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

"Ahora bien, la imposición de modalidades a la propiedad privada en términos del artículo 27 constitucional implica, por un lado, el establecimiento de la norma general que las prevea y, por otro, una modificación sustancial al derecho de propiedad.

"En lo que se refiere al establecimiento de la norma, conviene precisar que la regla jurídica que se refiera al derecho de propiedad no debe especificar ni individualizar cosa alguna, sino que únicamente debe introducir un cambio general en el sistema de propiedad, amén de ser general y permanente; por otro lado, en cuanto a la modificación que opera en virtud de la modalidad, conviene precisar que implica una limitación y transformación por virtud de la cual se extinguen parcialmente los atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando de las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho.

"...

"En este sentido, tomando en consideración que las llamadas donaciones previstas en los preceptos impugnados tienen por objeto, entre otros, satisfacer las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en el nuevo fraccionamiento que se pretenda constituir, resulta claro que, desde el punto de vista del particular afectado, se está ante la presencia de una modalidad a la propiedad tendente a regular la adecuada fundación de los centros de población así como el desarrollo urbano, lo que se encuentra plenamente justificado en términos del párrafo tercero del artículo 27 constitucional, pues la limitación en comento se establece a través de una norma de carácter general dirigida a todos aquellos que se ubiquen en el supuesto de solicitar una autorización para constituir un fraccionamiento.

"Ahora bien, las llamadas donaciones también constituyen un ingreso fiscal desde el punto de vista de los Municipios beneficiados, pues de conformidad con el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, dentro de los cuales deben contemplarse los previstos en el Código Urbano del Estado de Aguascalientes.

"En tal virtud, toda vez que las llamadas donaciones a que se refieren los preceptos impugnados, desde el punto de vista del particular afectado, constituyen una modalidad en términos del párrafo tercero del artículo 27 constitucional y un ingreso fiscal desde la perspectiva de los Municipios beneficiados en términos del artículo 115, fracción IV, constitucional, debe declararse infundado el concepto de invalidez formulado por el procurador general de la República, en donde alegó que se estaba ante la presencia de una especie de expropiación sin indemnización."

De lo previamente relatado se desprende que en la acción de inconstitucionalidad 35/2006, las consideraciones sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hicieron consistir sustancialmente en que:

• Se analizó la legislación de Aguascalientes, en la que se establece como única obligación ceder una porción de terreno (opción única), ante la edificación de un fraccionamiento.

• Se confrontó la legislación de Aguascalientes con el derecho de propiedad previsto en el artículo 27 constitucional, a efecto de verificar si se estaba o no en presencia de una especie de expropiación sin indemnización para los ciudadanos.

• Se estableció que la cesión o donación de terreno no tiene la naturaleza jurídica de una expropiación, ya que las llamadas donaciones previstas en los preceptos impugnados tienen por objeto, entre otros, satisfacer las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos en el nuevo fraccionamiento que se pretenda constituir, por ende, resulta claro que desde el punto de vista del particular afectado, se está ante la presencia de una modalidad a la propiedad tendente a regular la adecuada fundación de los centros de población, así como el desarrollo urbano, lo que se encuentra plenamente justificado en términos del párrafo tercero del artículo 27 constitucional, por lo que no se contraviene dicho precepto legal.

Mientras que en el juicio de amparo cuya sentencia se revisa, al analizar la inconstitucionalidad de los artículos 203, fracción III, 212, fracción I y 237, fracción IV, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, en relación con el numeral 1 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, se hizo bajo las consideraciones sustanciales siguientes:

• Se analizó la legislación para Nuevo León, en donde se establece que ante la construcción de una vivienda, puede cederse una porción de terreno, o bien, pagar una determinada cantidad de dinero para conservar la porción que debió ser cedida (dos opciones).

• Se confrontó la legislación de Nuevo León con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, a fin de verificar si el servicio prestado por el Estado transgredió los principios de proporcionalidad o equidad tributarias.

• La Juez Federal señaló que no se advertía que el monto de la contribución (cesión de un porcentaje de la superficie del terreno del sujeto pasivo o la liquidación de su valor comercial) sea proporcional al costo del servicio prestado (expedición de una licencia de construcción), debido a que quienes reciben la misma autorización para la construcción de nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en un fraccionamiento autorizado, se les cobra una cantidad mayor o menor que la que tengan que pagar otras personas que reciban dicha autorización en condiciones análogas.

Esto, si se considera que para la determinación de la contribución a enterar (ya sea en especie o en numerario) incidirán factores ajenos a la prestación del servicio como la extensión de los predios y los fines a que se destinen éstos.

• Se invocaron diversos precedentes de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito, así como jurisprudencia del Pleno de este Circuito.

Por ende, se afirma que existen diferencias marcadas en cuanto a los temas abordados, como son el objeto de edificación en las normas impugnadas, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad lo es la construcción de fraccionamientos, con la única opción de ceder parte del predio, mientras que en el juicio de amparo indirecto lo es la construcción de una vivienda, correspondiendo al lotificador del predio pagar o ceder una porción del predio.

Además, lo analizado en la acción de inconstitucionalidad se encontraba encaminado a determinar si la cesión del predio debía entenderse o no como una expropiación violatoria del artículo 27 constitucional, mientras que en el juicio que nos ocupa la inconstitucionalidad del precepto impugnado se dio debido a que los derechos que cobra el Estado por la prestación de un servicio se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, pues según lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, la determinación de la cuota debe corresponder al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, a fin de respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.

Por lo que si, en el caso, el costo que tuvo que cubrir el contribuyente por el pago del derecho para la expedición de las licencias de construcción nueva no se fijó en razón del servicio que recibía del Estado, sino del valor comercial del inmueble correspondiente al 17 % que correspondería a la cesión que tendría que hacer a favor del Municipio, se determinó que existían razones suficientes para declarar que la porción legal reclamada no respeta los citados principios y, por ende, debía ser declarada inconstitucional.

Diferencias las anteriores que justifican la incompatibilidad en cuanto a las razones decantadas en la acción de inconstitucionalidad 35/2006, en relación con el tema que abordó la Juez de Distrito al analizar la norma impugnada, motivo por el cual, a juicio de este Tribunal Colegiado, los agravios planteados por la autoridad recurrente resultan infundados.

Máxime que en contra de las consideraciones por las cuales la Juez Federal tuvo a bien conceder el amparo (violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias), la autoridad inconforme no expone argumento alguno tendente a controvertirlas o confrontarlas, motivo por el cual deben permanecer incólumes y seguir rigiendo el sentido del f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31017-3e1afc64/intereses-la-devolucion-del-pago-de-la-contribucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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