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Modo: Corpus Pro

TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL CÓNYUGE QUE CONTRAJO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO ÉSTA FUE OÍDA Y VENCIDA POR CONDUCTO DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA, ANTERIOR A MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 511/2012. · Registro digital (IUS): 24305
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Pág. 1843.

AMPARO EN REVISIÓN 511/2012. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR ANTONIO PESCADOR CANO. SECRETARIO: MARIO ANDRÉS AYALA QUIJANO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resulta innecesario analizar la sentencia recurrida y, por ende, los agravios que en su contra hace valer el revisionista, al advertirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el diverso numeral 114, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual debe analizarse de oficio y de manera preferente, conforme a lo dispuesto en la última parte de dicho numeral, en relación con el 91, fracción III, de la citada ley, así como en la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintiocho del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

En efecto, se actualiza la causal de improcedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con la fracción V del numeral 114, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que prevén:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito. ... V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería."

Es necesario puntualizar, que de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto, se advierte que en la diligencia llevada a cabo el dieciséis de julio de dos mil doce, en cumplimiento al proveído de veintiuno de junio anterior, dictado por el Juez responsable en los autos del expediente número **********, promovido por el licenciado **********, en su carácter de endosatario en procuración de ********** en contra de **********, el actuario responsable trabó embargo sobre los bienes muebles siguientes: una traila mecánica en color rojo con llantas, de aproximadamente dos metros y medio de largo por un metro con ochenta centímetros de ancho; un torno color gris de aproximadamente dos metros de ancho por un metro y medio de altura, con diversas piezas pintadas en color azul; un torno de color beige de aproximadamente tres metros de ancho por un metro de altura; un tanque de oxígeno en color verde de aproximadamente cuarenta y cinco kilos de capacidad; un compresor de aire en color gris, con motor eléctrico y dos llantas chicas; un tinaco color blanco de asbesto, de 450 litros de capacidad aproximadamente.

A su vez, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se ostentó tercera extraña a juicio fuente del acto reclamado y razonó, en esencia, que por virtud del mencionado juicio se le conculcan sus derechos de copropiedad, sobre los bienes muebles afectos a esa controversia, los cuales dijo defender por ser parte integrante del patrimonio de la sociedad conyugal, constituida en virtud de su matrimonio que celebró con **********.

Sin embargo, aun cuando la quejosa efectivamente no formó parte de la relación jurídico procesal en el juicio principal, los bienes muebles objeto de la controversia, pertenecientes a la sociedad conyugal, fueron defendidos por su cónyuge **********, circunstancia suficiente para determinar que en realidad no tiene el carácter de extraña a juicio con que se ostentó.

Esto es así, toda vez que la impetrante del amparo manifestó en su demanda encontrarse unida en matrimonio -por lo cual exhibió acta de matrimonio de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y tres ********** con **********-, bajo el régimen de sociedad conyugal; expuso que dentro de su matrimonio se adquirieron los muebles sujetos a la controversia; por tanto, para afectarla era necesario que se le llamara al juicio natural.

A fin de dilucidar el problema toral, esto es, si en el caso la cónyuge "no demandada" resulta o no una tercera extraña al juicio natural, es pertinente precisar, en primer lugar, las características que forman el régimen patrimonial de la sociedad conyugal; pues de ello dependerá en gran parte la solución al problema jurídico que ahora se plantea.

En primer término, el matrimonio es un contrato civil, esto es, constituye un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para los contrayentes; de esto se sigue, que la naturaleza jurídica de los deberes y las prerrogativas que surgen entre los consortes por virtud de la circunstancia de que contrajeron nupcias civiles, son de diversa índole (la ayuda mutua, la dirección del hogar, la educación de los hijos, el sostenimiento económico, la administración de los bienes comunes, entre otros) se pueden diferenciar entre las que revisten un carácter netamente personal, de aquellas cuyo contenido es estrictamente patrimonial.

En el presente caso, conviene referirse exclusivamente al régimen patrimonial de los consortes que subyace durante la vigencia del matrimonio.

Ahora, si en cuyo caso, el hecho de que la recurrente y ********** hayan contraído matrimonio desde hace casi veinte años, bajo el régimen de sociedad conyugal, cobraría aplicación el artículo sexto transitorio del Código Civil para el Estado de Coahuila; así, el régimen patrimonial se encuentra sujeto a las disposiciones del Código Civil abrogado que entró en vigor el seis de octubre de mil novecientos cuarenta y uno, al disponer el indicado numeral lo siguiente:

"Sexto. Los contratos de matrimonio celebrados bajo el imperio de la legislación anterior, continuarán regidos, en cuanto a sus regímenes patrimoniales, por las disposiciones de esa legislación."

En relación con el régimen patrimonial de los consortes que en su caso, subyace durante la vigencia del matrimonio, el artículo 178 del abrogado Código Civil dispone lo siguiente:

"Artículo 178. El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes."

Sobre el régimen de sociedad conyugal, los artículos 183, 184, 189 y 194 de ese mismo ordenamiento establecen:

"Artículo 183. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones relativas al contrato de sociedad."

"Artículo 184. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes."

"Artículo 189. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten. II. La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad. III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos. IV. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad. V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes, o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge. VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción. VII. La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden. VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieren los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. IX. Las bases para liquidar la sociedad."

"Artículo 194. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad."

De la transcripción anterior, se colige que la sociedad conyugal está formada por una comunidad de bienes entre los cónyuges, integrada por la aportación de cada uno de ellos al momento de su constitución, de todo o parte de los bienes que les pertenecen y, de los que adquieran por cualquier título mientras dure tal régimen o sólo de los primeros, o bien, los futuros, incluidos o no, las deudas que se contraigan, todo lo cual debe quedar especificado en las capitulaciones matrimoniales que se pacten.

Luego, es claro que en la sociedad conyugal, cada uno de los consortes concede al otro cónyuge, sobre determinados bienes presentes y futuros, una cierta participación. En este régimen, los bienes que conforman el patrimonio conyugal y la participación que cada uno de los esposos tiene sobre ellos, se encuentran estipulados en las capitulaciones matrimoniales que la constituyen y, supletoriamente, por las disposiciones relativas a la sociedad, según lo dispone el citado artículo 183.

En este sentido, el artículo 179 del mismo código dispone:

"Artículo 179. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otro caso."

Además, debe establecerse que la falta de capitulaciones matrimoniales no afecta la existencia de la sociedad conyugal, pues esto no puede ser un motivo para que deje de cumplirse la voluntad de las partes, ni para que se considere que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separación de bienes.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 47/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos treinta y dos del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). La sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular. Lo anterior siempre y cuando no se hayan celebrado capitulaciones matrimoniales, pues de haberlo hecho a ellas debe estarse y, en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código Civil citado, en el entendido de que el contrato de matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, se perfecciona por el mero consentimiento de las partes y su existencia no está condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, por lo que es inconcuso que obliga a los consortes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Por tanto, la omisión de formular tales capitulaciones no impide que se cumpla la voluntad de los cónyuges o que constituya un obstáculo para que se produzcan los efectos de la comunidad de bienes querida, ni tampoco puede llegar al extremo de considerar al matrimonio como regido por la separación de bienes, lo que sería contrario al consentimiento de los cónyuges."

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que cuando hay omisión de formular capitulaciones matrimoniales, deben tenerse por puestas las cláusulas inherentes a la sociedad de gananciales, que es con la que se identifica la sociedad conyugal.

Dicho criterio está contenido en las jurisprudencias 1a./J. 49/2001 y 1a./J. 50/2001, publicadas, respectivamente en las páginas setenta y cuatrocientos treinta y dos del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor:

"CAPITULACIONES MATRIMONIALES. RÉGIMEN APLICABLE CUANDO HAY OMISIÓN DE FORMULARLAS (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). De lo dispuesto por el artículo 179 del citado Código Civil se advierte que las capitulaciones matrimoniales tenían un doble objeto: tanto la constitución de la sociedad conyugal o la separación de bienes, como la administración de éstos, en uno y otro caso. Ahora bien, si los cónyuges guardaban absoluto silencio respecto de la forma de constitución del régimen matrimonial, evidentemente cada consorte conservaba la propiedad y administración de sus bienes, del mismo modo en que lo hacían antes de que contrajeran nupcias, lo que de hecho equivalía a una separación de bienes, mientras que cuando los esposos manifestaban expresamente su voluntad de celebrar el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pero omitían formular capitulaciones matrimoniales, esto es, no establecían las condiciones de la misma, no podía considerarse que el matrimonio debía regirse por las disposiciones relativas a la separación de bienes, ya que ello sería contrario al consentimiento expreso de los consortes; antes bien, dada la naturaleza contractual del pacto mediante el cual se estableció la sociedad conyugal, su inexistencia debía suplirse de conformidad con las reglas de interpretación establecidas en el propio código, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1839 del citado Código Civil, debían tenerse por puestas las cláusulas inherentes al régimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria."

"SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000). Debe convenirse que durante la vigencia del citado código, cuando los cónyuges contraían matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, pero omitían formular capitulaciones matrimoniales, pues se limitaban a señalar el régimen deseado, sin mayor reglamentación específica, cobraba aplicación la regla prevista en el artículo 1839 del propio ordenamiento, inmerso dentro del capítulo relativo a las ‘Cláusulas que pueden contener los contratos’, en el sentido de que debían tenerse por puestas las cláusulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal, o los que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria. Ello es así, por un lado, porque la sociedad conyugal prevista en el referido Código Civil de 1928 y vigente para el Distrito Federal hasta el mes de mayo de 2000, estaba organizada con base en preceptos de los Códigos Civiles de 1870 y 1884; y, por otro, porque se ubica dentro de una gran variedad de los regímenes denominados por la doctrina como de comunidad, cuyos rasgos corresponden a los de sociedad de gananciales, que es con el que se identificaba la sociedad conyugal."

En el entendido de que, si bien es cierto que las jurisprudencias transcritas interpretan disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal vigente hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, relativas a la sociedad conyugal, también lo es que éstas son similares a las contenidas en el abrogado Código Civil para el Estado de Coahuila, que por virtud del principio jurídico de ultra actividad de normas rige en el caso.

A partir de lo anterior, en el caso, se está en el supuesto de que no existen capitulaciones matrimoniales, puesto que la quejosa ahora recurrente no demostró lo contrario y, es precisamente, ante su inexistencia que debe resolverse quién debe soportar las controversias relativas a los bienes que ingresaron a la sociedad conyugal.

Para ello, debe estarse a las reglas de la interpretación de los contratos y demás actos jurídicos en general, pues es evidente que al celebrar el contrato de matrimonio la intención o voluntad de los cónyuges, aun cuando omitan expresar capitulaciones matrimoniales, es acogerse a dicho régimen patrimonial y sus consecuencias.

Así, tiene aplicación la regla prevista en el artículo 1736 del abrogado Código Civil, cuyo texto es:

"Artículo 1736. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley."

Conforme a dicho numeral, deben tenerse por puestas las cláusulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal o las que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria.

Sobre esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza de la sociedad conyugal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a las jurisprudencias 1a./J. 49/2001 y 1a./J. 50/2001 arriba transcritas, estableció lo siguiente:

"... Para determinar esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza ordinaria de la institución, conviene señalar, por una parte, que la sociedad conyugal estaba organizada con base a preceptos de los Códigos Civiles de 1870 y 1884 y, por otro lado, que se ubicaba dentro de una gran variedad de los regímenes denominados por la doctrina como de comunidad. Considerando esos rasgos, Manuel Mateos Alarcón, en su obra intitulada: Estudios sobre el Código Civil del Distrito Federal (promulgado en 1870, con anotaciones relativas a las reformas introducidas por el código de 1884), la define de la siguiente manera: ‘El régimen de sociedad conyugal es aquel en cuya virtud los bienes adquiridos por uno o ambos cónyuges durante el matrimonio, por el ejercicio de una profesión, arte o industria, por legado o herencia dejado a los dos sin designación de partes, por frutos, rentas, accesorios y utilidades producidas por los bienes propios de cada uno, forma un fondo común, que lleva el nombre de gananciales que se divide entre los cónyuges o sus herederos después de la disolución del matrimonio.’. Los elementos de dicha definición corresponden a los de una sociedad de gananciales que se caracteriza por estar formada con los bienes adquiridos individualmente a título oneroso por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio mediante sus esfuerzos, por los frutos y productos recibidos por los bienes que sean de propiedad común; y los adquiridos por fondos del caudal común o adquiridos a título gratuito por ambos cónyuges. Este tipo de comunidad tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos si los hubiere. Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia, según se advierte de la transcripción que enseguida se hace de la primera de las ejecutorias que integran la jurisprudencia antes mencionada (amparo directo número 1307/57, resuelta por mayoría de cuatro votos de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal): ‘... La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es idéntica a él, puesto que ésta tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines económicos, en cambio, aquélla, según su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservación y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los cónyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vincula a los cónyuges, le da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular ...’. Aun cuando el Código Civil vigente hasta el mes de mayo de dos mil, no detallaba, como lo hicieran los de 1870 y 1884 (en sus artículos 2141 y 2008, respectivamente), los bienes que conformaban el patrimonio social, la Suprema Corte, atendiendo a la tradición jurídica y social existente, consideró que en los matrimonios celebrados donde los consortes se limitaban a manifestar que deseaban celebrar el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, sin detallar minuciosamente su contenido, ese señalamiento bastaba para constituir una sociedad de gananciales, integrada, básicamente, por los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, inclusive el producto del trabajo, así como rentas y frutos. A este respecto, en la sentencia mencionada se consideró, en lo que nos interesa, lo siguiente: ‘... Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprenderá los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, así debe interpretarse que lo desearon, por ser esto además, lo más lógico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con (sic) sociedad conyugal ...’. En esas condiciones, es válido concluir que cuando los cónyuges constituían, al celebrar matrimonio, un régimen de sociedad conyugal, pero omitían regularlo, con fundamento en el artículo 1839 del Código Civil, debían tenerse por puestas las cláusulas inherentes al régimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria, en los términos precedentes. Esta solución se ajusta al artículo 1796 del Código Civil, conforme con el cual, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley; y que desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Conforme con el numeral precitado, si la sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento, y su existencia no está condicionada a que se establezcan capitulaciones matrimoniales, obliga a los consortes a sus consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Esas consecuencias no son otras que las precisadas con anterioridad. ..."

De acuerdo con lo anterior, la comunidad de intereses que conforma la sociedad conyugal, otorga a los cónyuges derecho igual sobre los bienes, por los principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que los vincula; empero, no nada más son partícipes por igual de los beneficios sino también de las cargas.

De manera que, al establecer el artículo 194 del abrogado Código Civil, que ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes que constituyen el fondo común, por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales esto implica que, en relación con esos bienes, ambos consortes también deben soportar las cargas.

Apoya esto último, el hecho de que el diverso artículo 190 del abrogado ordenamiento que se consulta indique -en el supuesto de que se hayan pactado capitulaciones matrimoniales-, que es nula la capitulación en la que alguno de los cónyuges sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades y, obviamente, por mayoría de razón, aquella que imponga que sólo uno debe soportarlas. Esto quiere decir, que en la sociedad conyugal por ningún motivo los consortes pueden estar exentos de las cargas a virtud de las cuales obtienen beneficios que son parte del fondo común.

Precisado lo anterior, conviene ahora determinar que los bienes de que se trata (en la medida de las facturas de compraventa con que se adquirieron) pertenecen a la sociedad conyugal surgido del contrato civil de matrimonio que la quejosa concertó con el demandado en el juicio de origen; esto es así, pues los muebles fueron adquiridos con posterioridad a la celebración del matrimonio, lo que es fehaciente con las facturas que la quejosa exhibió con la demanda de amparo.

Como los muebles defendidos pertenecen al fondo común de la sociedad conyugal, es inconcuso que ésta formó parte de la relación jurídico procesal al haberse intentado la acción contra uno de los cónyuges, que en la especie fue **********, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 194 del abrogado Código Civil del Estado, éste tenía el carácter de administrador de aquella sociedad; además, en aplicación del principio jurídico de que "quien obtiene los beneficios resiente los perjuicios". Así, es lógico y legal que la acción cambiaria directa y embargo ejercidos, debe ser resentida en los bienes de la sociedad con los bienes que forman el fondo común.

En esa directriz, si la quejosa ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal y se ostentó como tercera extraña al procedimiento ejecutivo mercantil con base, principalmente en la circunstancia de que el mueble adquirido, era parte de la sociedad conyugal formada con el demandado; entonces, esa circunstancia no le da el citado carácter, pues basta que la acción se dirija en contra de alguno de los cónyuges, en virtud de que al beneficiarse la sociedad con esas compras, como el de la especie, sea responsable de las obligaciones que por el mismo motivo llegue a contraer, que como ya se dijo, podrán hacerse efectivas, en los bienes que constituyen el fondo común y sin necesidad de enderezar la acción correspondiente en contra de cada uno de los cónyuges, pues los dos, indistintamente se representan mutuamente, tanto cuando contraen las obligaciones que son carga de la sociedad conyugal, como cuando son demandados por su cumplimiento.

Es aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ochocientos setenta y cinco del Tomo LIV, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:

"SOCIEDAD LEGAL, NATURALEZA DE LA. (LEGISLACIÓN DE YUCATÁN). La sociedad l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24305-d93fe7bf/tercero-extrano-a-juicio-carece-de-tal-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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