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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, TRAE COMO CONSECUENCIA LA FALTA DE AQUÉL, RESPECTO DEL CÓNYUGE EXTRAÑO AL JUICIO EN DONDE SE ADJUDICÓ EL INMUEBLE A UN ADQUIRENTE DE BUENA FE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 283/2013. · Registro digital (IUS): 27166
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-06-09
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Pág. 2578.

AMPARO EN REVISIÓN 283/2013. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO. SECRETARIO: ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Por ser las causales de improcedencia una cuestión que se debe analizar de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, ello de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, este Tribunal Colegiado de Circuito se hará cargo de aquellas que advierte se actualizan y que son a las que se refieren las fracciones XII y XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

En principio, debe dejarse establecido que de la lectura de la demanda de garantías, se viene en conocimiento que la promovente del juicio de amparo indirecto, señaló como actos reclamados los siguientes:

"De la ordenadora se reclama: El inminente lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, decretado en el ilegal auto de fecha quince de abril de dos mil trece, dictado dentro del expediente **********, de los que ante dicha autoridad se tramitan, mediante el cual requiere al señor ********** para que desocupe y entregue al señor ********** el inmueble ubicado en la calle **********, lote de terreno número **********, manzana **********, zona **********, del ejido ********** de esta ciudad de **********, Veracruz, en un término de cinco días, apercibiéndole que en caso de no realizar dicha desocupación, lo desocupará dicha autoridad con el auxilio de la fuerza pública, a pesar de que dicha casa es copropiedad de la suscrita y tengo en 100% la posesión de la misma.-La falta de llamamiento a juicio a la suscrita dentro del expediente **********, pues a pesar de ser esposa del demandado por el régimen de sociedad conyugal y ser objeto de la controversia, un bien inmueble que afectó a la misma, jamás se me llamó a dicho juicio.-El ilegal remate del inmueble ubicado en la calle **********, lote de terreno número **********, manzana **********, zona **********, del ejido ********** de esta ciudad de **********, Veracruz; del cual me corresponde por sociedad conyugal el 50% y del que jamás se notificó nada a la suscrita." (lo destacado con negritas es de este Tribunal Colegiado de Circuito)

Ahora bien, de la transcripción que precede se pone de manifiesto que los actos reclamados se hicieron consistir, por una parte, en el inminente lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, decretado en el auto de 15 de abril de 2013, en los autos del expediente **********, para que desocupe el inmueble ubicado en la calle **********, lote de terreno número **********, manzana **********, zona **********, del ejido ********** de la ciudad de **********, Veracruz; por otra, la falta de llamamiento al juicio **********; y, finalmente, el remate del inmueble anteriormente descrito, y del cual le correspondía el 50% por concepto de sociedad conyugal.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte de forma oficiosa, que en la resolución recurrida la Juez de Distrito omitió abordar el estudio de los actos reclamados consistentes en la falta de emplazamiento al juicio **********, así como en el remate del inmueble ubicado en la calle **********, lote de terreno número **********, manzana **********, zona **********, del ejido ********** de la ciudad de **********, Veracruz; por lo que se procede a reparar tal situación, sin que exista necesidad de que medie agravio alguno al respecto; ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo vigente, que señalan:

"Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa.-El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma."

"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.-No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable.-El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto.-Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, como la naturaleza y efectos de los actos reclamados."

De donde se desprende, en lo que interesa, que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si la Juez de Distrito contraviene esos ordenamientos y no resuelve sobre alguno de dichos actos, o no los aprecia correctamente, tal situación es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del artículo 93 de la anotada ley, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión, ya que señala:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I. Si quien recurre es el quejoso, examinarán, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.-Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada."

No es obstáculo para ello, que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; por lo que lo procedente es que este Tribunal Colegiado corrija la omisión señalada, lo que es acorde con lo dispuesto por el artículo 76 de la ley invocada que establece:

"Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda."

Tiene aplicación, al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) que dice:

"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN.-Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."

Así como la jurisprudencia P./J. 3/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) que señala:

"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.-De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión."

Jurisprudencias que son aplicables al caso, atento a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo.

Puntualizado lo anterior, cabe señalar que respecto del acto reclamado consistente en la falta de llamamiento a la quejosa al juicio ********** del Juzgado Segundo Menor del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..."

Primeramente, debe señalarse que en criterios reiterados los tribunales federales han establecido lo que debe entenderse por interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio constitucional, concepto que está íntimamente ligado con el principio de instancia de parte agraviada; en ese sentido, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; esto es, la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, a cuya transgresión por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para ocurrir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación.

Es decir, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, se requiere que acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables.

Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) con el rubro y texto siguientes:

"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."

En ese contexto, el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo converge en la titularidad del derecho que se ve afectado con el acto de autoridad, constituido por dos elementos básicos e imprescindibles en conjunto, a saber: a) La titularidad de un derecho; y, b) La afectación de ese derecho por el acto de autoridad; además, el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; luego, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, entonces, no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla; estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conforme a la naturaleza y finalidades del juicio constitucional ya que, acorde a los dispositivos legales transcritos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio de relatividad de las sentencias.

Al respecto es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) que dice:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.-El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados."

En ese contexto, en relación con el acto reclamado consistente en la falta de llamamiento a la quejosa al juicio **********, se debe tomar en cuenta que de las constancias que acompañó el Juez Segundo Menor de Veracruz, Veracruz, a su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2o., de este último ordenamiento legal, aparece que dicho controvertido fue promovido por **********, en contra de **********, demandándole el pago de la suma de $********** por concepto de rentas vencidas y no pagadas, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007, así como las de enero, febrero y marzo de 2008, a razón de $********** cada una de ellas; así como el pago de la cantidad de $********** por concepto de rentas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008, a razón de $********** cada una de ellas; más las que se siguieran venciendo; el pago del impuesto al valor agregado, el pago de un interés mensual del 10% por cada mes que se ha dejado de pagar; el pago del servicio de agua potable y servicio eléctrico; todo ello derivado del contrato de arrendamiento de 1 de abril de 2007, celebrado entre **********, en su calidad de arrendador y **********, como arrendatario y **********, en su carácter de fiador.

Luego, de acuerdo con tales prestaciones, se advierte que al fiador se le demandó el pago de una obligación personal.

Ahora bien, de lo anterior resulta evidente que si la quejosa no fue parte en el juicio del que hace derivar el acto reclamado, por consecuencia, no puede pedir que sea llamada a un controvertido en el que las prestaciones que ahí se reclaman no se dirigen contra ella, siendo que el acto de autoridad reclamado debe encaminarse directamente en su contra, lo que no sucede en la especie, pues el juicio de garantías en que se reclama la falta de llamamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo pues, en tal hipótesis, es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que la quejosa es ajena a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado y, por ende, no le causa ningún agravio personal y directo; dado que si de las constancias de autos se aprecia, que la quejosa no fue parte en el juicio de donde deriva la falta de emplazamiento, es evidente que éste no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia anteriormente mencionada y, en todo caso, el conflicto del que deriva el acto reclamado, a quien afectó directamente fue a **********, quien sí es parte demandada y a quien se le condenó en la sentencia respectiva.

En esas condiciones, si el acto reclamado se hace consistir en la falta de llamamiento al juicio de origen, y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente considerando, dadas las prestaciones reclamadas en el mismo, la parte quejosa no formó parte integrante de la relación jurídica procesal ahí conformada, es evidente que no existe base legal para que, con motivo del presente juicio de amparo, se ordenara la práctica de dicho emplazamiento, ello a pesar de que aduzca la afectación de sus gananciales matrimoniales pues, se insiste, no forma parte de la relación jurídica procesal de mérito; de ahí que se actualice la causa de improcedencia indicada.

Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número VI.2o.C. J/254, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito,(5) que señala:

"AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL.-El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo."

Por otra parte, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que respecto del acto reclamado consistente en el remate del inmueble ubicado en la calle **********, lote de terreno número **********, manzana **********, zona **********, del ejido **********, de esta ciudad de **********, Veracruz, del cual, a su decir, le corresponde el 50% por concepto de la sociedad conyugal; se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."; atento a las consideraciones siguientes.

En efecto, ello es así, si se toman en consideración que de las actuaciones procesales que en vía de informe justificado remitió la autoridad responsable, se advierte que el siete de mayo de dos mil doce, tuvo lugar la diligencia de requerimiento de pago al demandado **********, en su carácter de parte demandada, por la suma de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), y en donde al no realizar el pago de la cantidad requerida, se llevó a cabo el embargo sobre el inmueble marcado como el lote ********** de la manzana **********, zona ********** del ejido **********, de la ciudad de **********, Veracruz (fojas 447 y 448 del tomo de pruebas).

Por otra parte, de la demanda de amparo indirecto promovida por la aquí recurrente, no se advierte que hubiese señalado como acto reclamado la diligencia de embargo sobre el bien inmueble del que dice le corresponde el 50% por concepto de la sociedad conyugal; ni tampoco se observa que el acto reclamado consistente en el remate, se controvierta por vicios propios.

Bajo ese contexto, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la diligencia de remate viene a ser consecuencia de la del embargo llevado a cabo el siete de mayo de dos mil doce, en los autos del expediente ********** del Juzgado Segundo Menor de Veracruz, Veracruz, la cual no fue señalada como acto reclamado en la demanda de amparo; por tanto, la diligencia de remate es consecuencia de otro que la ley reputa como consentido, como lo viene a ser la diligencia de embargo y, por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, respecto de ese acto; máxime que no se impugna por vicios propios. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) de rubro y texto siguientes:

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.-El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos."

Atento a lo considerado, debe señalarse que en relación con los actos reclamados consistentes en la falta de llamamiento al juicio ********** del Juzgado Segundo Menor del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, así como el remate del referido inmueble, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse las causales de improcedencia a que se refieren las fracciones XII y XIII del artículo 61 de la invocada ley.

En esas condiciones y, al no advertir este Tribunal Colegiado de Circuito la existencia de otra diversa causal de improcedencia, cuyo estudio debe realizarse de oficio, se procederá al análisis de los agravios.

SEXTO.-Los agravios que al caso se expresan, resultan infundados.

En efecto, devienen de tal señalamiento lo expresado por la recurrente, en el primer agravio, en donde aduce, toralmente, que la resolución recurrida es omisa en respetar sus garantías constitucionales, al no estar ajustada a derecho, por carecer de congruencia y exhaustividad, porque al estudiarse los conceptos de violación, se sintetizaron en un solo párrafo y como una violación a la garantía de audiencia y seguridad jurídica, dejándose de realizar un profundo análisis de los conceptos de violación acerca del fondo del asunto; que el Juez de amparo considera que no acreditó su interés jurídico; sin embargo, para arribar a tal situación, lo hizo con base en una cuestión de fondo, como lo es la falta de inscripción de la sociedad conyugal respecto del inmueble cuya parte alícuota le está siendo privada, sin haber sido oída y vencida en juicio, por lo que se debió de entrar al fondo del asunto, determinando los elementos que llevaran a la convicción de que en una sociedad, cuando uno de los cónyuges resulta extraña a juicio, lo conducente no era negar el interés jurídico, sino que debió de entrarse al fondo del asunto; que era aplicable la tesis aislada de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL O INTERNACIONAL, DEBE ANALIZARSE EN RELACIÓN DIRECTA CON EL ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO."; que en ese sentido, para tenerse por acreditado su interés jurídico, bastaba con que se analizara el acta de matrimonio y verificar el régimen de sociedad conyugal, pues la nueva visión humanista en relación con los derechos fundamentales, permiten al Juez de amparo analizar todos y cada uno de los medios de probanza que le son aportados por los quejosos; que era aplicable la tesis de aislada de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA PREVISTO POR LA LEY, POR LO QUE EL SOBRESEIMIENTO DECRETADO BAJO EL ARGUMENTO DE QUE CON EL ACUSE DE RECIBO DE LA DEMANDA LABORAL CON SELLO ORIGINAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA QUEJOSA NO ACREDITÓ AQUÉL, VIOLA LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO Y TRASCIENDE AL RESULTADO DE LA SENTENCIA."; que para determinar si un inmueble embargado afecta a la sociedad conyugal, se requiere de un estudio de fondo que solamente podría haberse analizado a través de los conceptos de violación y el informe justificado, por lo que no se justificaba que, sin realizar lo anterior, se haya decidido sobreseer en el juicio de amparo; que acreditó debidamente su interés jurídico sobre el acto reclamado y no solamente respecto de la copropiedad sino, además, respecto de la orden de desposeimiento que conlleva la orden de lanzamiento; que eran aplicables las tesis aisladas de rubros: "INTERÉS JURÍDICO DEL CÓNYUGE DE LA PARTE DEMANDADA EN UN PROCEDIMIENTO EJECUTIVO MERCANTIL. SE ACTUALIZA SI EXISTE SOCIEDAD CONYUGAL." y "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA CÓNYUGE POR EL HECHO DE QUE EN UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA POSTERIOR A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SU CÓNYUGE EXPRESE SER SOLTERO, SI EN EL JUICIO NATURAL EXHIBIÓ EL ACTA DE REGISTRO CIVIL."; que también señaló como acto reclamado el inminente lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, pero se pasó por alto que las exigencias para el acreditamiento del interés jurídico deben ser acorde con la naturaleza del acto reclamado, dejándose de observar la tesis aislada de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS EXIGENCIAS PARA SU ACREDITAMIENTO DEBEN ATENDER AL DERECHO AFECTADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y PECULIARIDAD DEL ACTO RECLAMADO Y CON LA MATERIA NORMATIVA DEL CONTEXTO EN QUE SE GENERE."; que a pesar de que se tuvo por demostrada indiciariamente su posesión sobre el inmueble motivo del desposeimiento, se señaló la falta de interés jurídico por no haber demostrado la posesión del inmueble, realizando una incorrecta aplicación del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues para analizar su interés jurídico era suficiente con ser extraño a juicio; que el pretender que demostrara fehacientemente la posesión sobre tal predio, era inaceptable, pues no se debía olvidar que la Juez de Distrito no actúa como Juez ordinario, sino como un Juez de garantías, por ende, no estaba dirimiendo un caso de posesión mejor o preferente, sino que está decidiendo sobre la ilegalidad cometida por una autoridad responsable, por lo que bastaba con su carácter de tercero extraño a juicio; que era aplicable la tesis aislada de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ORDEN DE EMBARGO QUE ORDENA ROMPER CERRADURAS EN SU DOMICILIO."; que no solamente exhibió el acta de matrimonio, sino que exhibió diversas probanzas con las que demuestra que se encuentra en posesión del inmueble del cual se le pretende lanzar, y con las que acreditó indiciariamente su interés jurídico; que el determinarse la falta de interés jurídico respecto de los actos reclamados, se considera indebida e incorrecta por los motivos que se han venido exponiendo.

Lo infundado de tales aseveraciones deriva del hecho de que la Juez de Distrito no estuvo en posibilidades de realizar un estudio congruente y exhaustivo de sus concep

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27166-c1a6c391/interes-juridico-para-promover-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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