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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO RESPECTO DE BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DENTRO DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, NO ES NECESARIO QUE ÉSTA SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, PUES ELLO ES ANALIZABLE EN EL FONDO DEL ASUNTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 517/2022. · Registro digital (IUS): 31819
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-10-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo V, Pág.5046.

AMPARO EN REVISIÓN 517/2022. 25 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE. SECRETARIA: RUBÍ SINDIRELY AGUILAR LASSERRE.

CONSIDERACIONES:

(1) TERCERA.—Consideraciones previas. Con la finalidad de establecer un marco conceptual, es menester señalar las variantes que el juicio de amparo promovido por personas extrañas a juicio, previsto por el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, tiene respecto de las alegaciones de la parte quejosa en el asunto que nos ocupa.

(2) La parte quejosa acudió a la vía constitucional en virtud de que, a su consideración: 1) se afectó su derecho al debido proceso, al no haber sido vencida ni oída en el juicio ejecutivo mercantil de origen; lo que a su vez conllevó que 2) se le generara una afectación en su derecho sustantivo de propiedad, por haberse ordenado la adjudicación del bien inmueble que adquirió su esposo bajo el régimen de sociedad conyugal.

(3) Por tanto, se distinguen dos afectaciones relacionadas íntimamente con los motivos por los cuales el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, como a continuación se señalan:

Ver cuadro

(4) En ese sentido, el juicio de amparo sería improcedente respecto a la afectación al debido proceso de la quejosa al no haber sido oída ni vencida en el juicio ejecutivo mercantil, toda vez que la acción ejercitada en el mismo es de carácter personal, es decir, para exigir el cumplimiento de la obligación personal de su cónyuge que no está relacionada con el bien ni con una obligación de su parte, sino con la ejecución del título de crédito base de la acción que suscribió su esposo.

(5) En cambio, respecto a la afectación a su derecho de propiedad, el interés jurídico se acredita con el título correspondiente del que se evidencie su titularidad, lo que tendrá como consecuencia que de no tener restricciones como la oposición contra terceros, pueda sustraerse su parte proporcional de la adjudicación ordenada en el juicio ejecutivo mercantil de origen.

(6) CUARTA.—Consideraciones intocadas. Como no fueron motivo de agravio los argumentos de sobreseimiento realizados por el Juez de Distrito respecto de la falta de interés jurídico de la parte quejosa, por haberse instaurado en el juicio ejecutivo mercantil de origen una acción personal contra su cónyuge, las mismas quedan intocadas.

(7) QUINTA.—Resolución. Los agravios consisten, en síntesis, en lo siguiente:

(8) A) La sentencia recurrida carece de fundamentación y motivación.

(9) B) Contrario a lo señalado en la sentencia, sí se acreditó su interés jurídico con el acta de matrimonio celebrado con el deudor en el juicio ejecutivo mercantil de origen, y con la copia certificada del instrumento público notarial que consigna la escritura de compraventa, respecto del bien inmueble adquirido por su esposo durante su matrimonio.

(10) C) No es un requisito indispensable que la capitulación matrimonial del régimen de sociedad conyugal se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para que surta efectos ante terceros, por ello, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que se desincorpore del juicio de origen el derecho afectado.

(11) Atendiendo a las manifestaciones de inconformidad desarrolladas por la parte quejosa, se estima fundado el agravio señalado en el inciso B), para lo cual es necesario que este órgano colegiado analice el interés jurídico que debe acreditarse para promover el juicio de amparo en el caso que nos ocupa.

(12) Ahora, contrario a lo determinado por el Juez de Distrito, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la quejosa sí acreditó su interés jurídico respecto a la afectación a su derecho de propiedad al haber exhibido el acta de matrimonio que contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal y el instrumento público notarial del que se advierte la adquisición del bien inmueble por parte de su esposo, durante su matrimonio, del que se ordenó la adjudicación a favor de la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil de origen.

(13) Para sustentar lo anterior es necesario mencionar que el artículo 1o. constitucional reconoce los derechos humanos y sus garantías de protección, dentro de los que se encuentra el derecho a la propiedad privada, consagrado en el artículo 14 del mismo ordenamiento,(2) en el que a su vez se establece la garantía para su protección, consistente en que para que su propiedad o posesión sea afectada, debe mediar antes un juicio donde se sigan las formalidades del procedimiento, como lo son las debidas notificaciones de las resoluciones o actuaciones más trascendentes, para que así las partes estén en condiciones de impugnarlas a través de un recurso judicial efectivo en caso de inconformidad con el sentido de las mismas.

(14) En ese sentido, dentro de las notificaciones más importantes y trascendentes, se encuentra el emplazamiento o citación a juicio, la reanudación de un procedimiento que se hubiere detenido por un tiempo considerable, la radicación del juicio cuando éste se hubiere enviado a otro órgano jurisdiccional para su resolución y la sentencia definitiva.

(15) Ello en razón de que, si no se hace del conocimiento a la persona gobernada de alguna de dichas actuaciones, se corre el riesgo de que éste desconozca una sentencia dictada en su contra y, en consecuencia, que no pueda impugnarla mediante el recurso correspondiente.

(16) Así, en caso de que una autoridad no realice el emplazamiento, no notifique la reanudación, radicación o la sentencia definitiva y la persona gobernada no haya podido impugnar ésta, la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo establece el juicio de amparo indirecto, mediante el cual se puede anular la contienda judicial para estar en condiciones de hacer efectivas sus defensas.

(17) Bajo ese contexto, si en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo se reconoció la procedencia del juicio de amparo contra actos dentro y fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a juicio, es indudable que se estableció la vía para hacer efectivos el derecho de propiedad y su garantía que lo protege de ser privado sin juicio previo.

(18) Ahora, para acreditar el interés jurídico en el caso que nos ocupa, resulta innecesario que la sociedad conyugal de la quejosa y su esposo, quien fue demandado en el juicio de origen, se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, al considerar que sí acreditó la afectación a su derecho de propiedad que sufre con motivo de la orden de adjudicación del bien inmueble en cuestión.

(19) Apoya a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.),(3) en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que contra el embargo de un bien que pertenece a la sociedad conyugal –aun cuando ésta no se haya inscrito en el Registro Público de la Propiedad–, los cónyuges que se ostenten como terceros extraños tienen interés jurídico para promover el juicio de amparo indirecto, pues resultaría irrelevante, en el estudio de procedencia, el hecho de que se haya o no acreditado que el derecho de propiedad fue inscrito en dicho ente registral para surtir efectos contra terceros de buena fe, en virtud de que dicha circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico que se analice en el fondo del asunto.

(20) En ese contexto, contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, la parte quejosa sí acreditó su interés jurídico respecto a la afectación a su derecho de propiedad, pues la adjudicación del bien inmueble del que acreditó que su esposo lo adquirió durante el matrimonio, y que está casada bajo el régimen de sociedad conyugal, sí le genera un perjuicio en su esfera jurídica con base en su derecho sustantivo a la propiedad, al no haber juicio en su contra.

(21) Por lo anterior es que se insiste en que el Juez de Distrito tuvo que haber tenido por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, atendiendo al derecho afectado de su propiedad con la adjudicación a favor de la parte actora que se ordenó en el juicio ejecutivo mercantil de origen; además, considerando que instauró el juicio de amparo conforme a la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, para garantizar el derecho de propiedad consagrado en el artículo 14 constitucional.

(22) En consecuencia, este órgano colegiado considera procedente levantar parcialmente el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de la alegación de la parte quejosa en cuanto a la afectación del derecho de propiedad que refiere tener sobre el bien inmueble del cual se ordenó la adjudicación en el juicio ejecutivo de origen (dejando intocada la parte relativa de no haber sido oída ni vencida en juicio), y procede analizar el concepto de violación expuesto por la parte quejosa en el juicio constitucional.

(23) SEXTA.—Estudio de fondo. Este órgano colegiado considera infundado el concepto de violación expuesto en la demanda de amparo.

(24) Para corroborar la calificativa anterior, es necesario realizar las siguientes precisiones:

(25) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los derechos humanos no son absolutos y, por ello, pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos y condiciones en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prevea.

(26) En ese sentido, el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(4) señala que las limitaciones permitidas al goce y ejercicio de los derechos y las libertades reconocidas en ésta, no pueden aplicarse, sino conforme a las leyes dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual han sido establecidas, como en el caso acontece sobre el requisito de inscripción de la sociedad conyugal respecto del bien inmueble en cuestión, para que pueda ser oponible a terceros.

(27) En el caso concreto, el concepto de violación expuesto por la quejosa en la demanda de amparo consiste, en esencia, en que dentro del juicio ejecutivo mercantil **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, se ordenó la adjudicación a favor de la parte actora del bien inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con el número **********, de la manzana **********, zona ********** del poblado **********, Municipio de **********, Veracruz, hasta por la cantidad de $********** ($********** 00/100 M.N.), el cual fue adquirido por su esposo **********, durante su matrimonio, mismo que celebraron bajo el régimen de sociedad conyugal, sin que exista juicio en su contra.

(28) Así, es menester señalar que la quejosa acude al juicio de amparo, instaurando éste de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, por medio del cual se pueda extraer de la adjudicación ordenada en autos, la parte proporcional a su propiedad del bien inmueble que adquirió en la sociedad conyugal, ya que la misma le genera afectación a su derecho de propiedad al no existir juicio en su contra respecto a dicho bien, violando consigo el derecho consagrado en el artículo 14 constitucional.

(29) Ahora, de los antecedentes del acto reclamado(5) se advierte que dentro del juicio ejecutivo de origen ya se ordenó la adjudicación en rebeldía del lote de terreno marcado con el número **********, manzana **********, zona ********** del poblado **********, Municipio de **********, Veracruz, a favor de la parte actora hasta por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.).

(30) Asimismo, que la parte quejosa únicamente ofreció como pruebas de su parte en el juicio de amparo indirecto la copia certificada del acta de matrimonio **********, expedida por el oficial encargado del Registro Civil del Municipio de **********, Veracruz, que contiene la celebración del matrimonio entre ********** y **********, realizado el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y uno, bajo el régimen de sociedad conyugal, así como el instrumento público **********, de **********, pasado ante la fe del notario público número ********** de la ciudad de **********, Municipio de **********, Veracruz, que consigna la escritura de compraventa, respecto del bien inmueble consistente en lote de terreno marcado con el número **********, manzana **********, zona ********** del poblado **********, Municipio de **********, Veracruz, en donde aparece como comprador **********, esposo de la quejosa, y en los generales se asentó que el comprador estaba casado.

(31) Lo cual no le genera que su derecho de propiedad sea oponible a terceros –protegido–, al no haber acreditado que su sociedad conyugal esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio respecto de dicho bien inmueble. De ahí que su derecho no pueda oponerse a la parte actora que adquirió un derecho real respecto del mismo bien por la adjudicación ordenada en el juicio ejecutivo mercantil de origen.

(32) Para sustentar lo anterior, es de señalar que los artículos 1412 Bis a 1412 Bis 2 del Código de Comercio(6) establecen que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y que enajenado el bien, por adjudicación tratándose de inmuebles, el Juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público.

(33) Por tanto, si en el juicio ejecutivo mercantil de origen ya se ordenó la adjudicación en rebeldía del bien inmueble en cuestión a favor de la parte actora, resulta evidente que mediante la tramitación y culminación del procedimiento de adjudicación, el adjudicatario en el caso en concreto, adquirió un derecho real de propiedad sobre el bien inmueble adjudicado, contra del cual no es oponible el derecho que aduce la parte quejosa, al no encontrarse la sociedad conyugal inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto del mismo.

(34) Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.),(7) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció que cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil.

(35) En ese sentido, si el derecho de propiedad de la parte quejosa, por ser esposa bajo el régimen de sociedad conyugal de quien adquirió el bien inmueble que se adjudicó a la parte actora en el juicio ejecutivo de origen, no es oponible a terceros al no haber sido inscrita dicha sociedad conyugal respecto del bien inmueble en cuestión, resulta infundado el concepto de violación hecho valer en razón de que su afectación al derecho de propiedad no puede ser protegido contra terceros, pues éste no es absoluto y tiene restricciones; por lo que, a pesar de que exista una afectación a su derecho de propiedad, no puede extraerse su parte proporcional para protegerlo, al no surtir efectos contra terceros, en este caso, contra la parte actora a quien se le ordenó la adjudicación del bien inmueble.

(36) Bajo ese orden de ideas, este tribunal concluye lo siguiente:

(37) Título: INTERÉS JURÍDICO.

(38) Subtítulo: RESPECTO A BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DENTRO DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, PARA ACREDITARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTA SE ENCUENTRE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, PUES ELLO ES ANALIZABLE EN EL FONDO DEL ASUNTO.

(39) Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de llamamiento al juicio ejecutivo mercantil instaurado contra su cónyuge, así como la orden de adjudicación dictada en el mismo, respecto al bien inmueble que se adquirió dentro de la sociedad conyugal y del cual le corresponde una parte proporcional. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo porque la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, con base en los siguientes argumentos: 1) la acción ejercitada en el juicio ejecutivo mercantil fue personal –contra su cónyuge y respecto a un título de crédito que éste suscribió–, y 2) la quejosa no acreditó que la sociedad conyugal estuviese inscrita en el Registro Público de la Propiedad, respecto del bien inmueble de referencia; por tanto, no podía ser oponible ese derecho contra terceros.

(40) Criterio jurídico: Interés jurídico respecto de bienes inmuebles adquiridos dentro del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, para acreditarlo no es necesario que ésta se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pues ello es analizable en el fondo del asunto.

(41) Justificación: En el juicio de amparo instaurado por quien se ostenta con la calidad de tercera extraña a juicio natural, que no ha sido parte material en la contienda judicial, pero que se afecta su esfera jurídica por un acto de autoridad que emana de ese procedimiento, la parte quejosa puede acreditar su interés jurídico con las pruebas de las que se advierta su carácter de copropietaria respecto del bien inmueble que se adquirió durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, es decir, del derecho de propiedad afectado, sin que sea necesaria la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la sociedad conyugal respecto del bien, ya que esto debe ser analizado dentro del fondo del asunto. En ese sentido, la instauración del juicio de amparo por quien se ostenta como persona tercera extraña a juicio natural, tiene como única pretensión que se extraiga de la controversia judicial en la que no es parte, sus derechos afectados, pues no le interesa una declaratoria de nulidad total porque es ajena a la relación jurídica ahí ventilada. De ahí que su interés jurídico se sustente en la afectación de su derecho de propiedad, y la cuestión relativa a si éste es o no oponible a terceros sea un estudio dentro del fondo del asunto y no un motivo para determinar que no tiene interés jurídico en promover juicio de amparo. De esa manera, la afectación al bien jurídico que atenta contra el derecho de propiedad de la parte quejosa acredita el interés jurídico para instaurar el juicio de amparo, no obstante, dentro del estudio del fondo del asunto, se debe de analizar si ese derecho es susceptible de ser protegido contra terceros, y si el adjudicatario goza del derecho real de propiedad adquirido de buena fe mediante la tramitación del procedimiento respectivo en el juicio ejecutivo mercantil.

(42) Por tanto, lo procedente es revocar parcialmente la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

(43) SÉPTIMA.—Expedición de copias. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizado para ello, previa razón actuarial.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Se revoca parcialmente la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto reclamado a las autoridades responsables respecto a su derecho de propiedad con motivo de su afectación al no existir juicio en su contra.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno; remítase la resolución que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) vía interconexión al Juzgado de Distrito; devuélvanse los autos a su lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Isidro Pedro Alcántara Valdés, José Manuel De Alba De Alba y Alfredo Sánchez Castelán; asimismo, el segundo de los antes mencionados siendo relator, emitió voto concurrente.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo del artículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.) citada en esta sentencia, también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas.

________________

2. "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

3. "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama." (lo subrayado es propio). Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, noviembre 2017, página 427, con número de registro digital: 2015475.

4. "Artículo 30. Alcance de las restricciones

"Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas."

5. **********, ********** y **********, en su carácter de endosatarios en procuración de la empresa denominada **********, S.A. de C.V., demandaron en la vía ejecutiva mercantil a **********, en su carácter de deudor principal, y a **********, en su carácter de aval, entre otras prestaciones, el pago de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal y que ampara el título crédito base de la acción, el pago de intereses moratorios y de gastos y costas. (fojas 2 a 6, tomo)

Por auto de veinticinco de junio de dos mil quince, el entonces Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, admitió la demanda en la vía propuesta, la radicó bajo el número ********** y, entre otras cuestiones, ordenó el emplazamiento de los demandados. (fojas 9 a 12, tomo)

El tres de septiembre de dos mil quince, la secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto Municipal de La Antigua, Veracruz, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y/o emplazamiento, con el demandado **********, en la que, entre otras cuestiones, la parte actora solicitó el embargo del lote de terreno marcado con el número **********, manzana **********, zona **********, poblado **********, Municipio de **********, Veracruz, que ahí se detalló. (fojas 35 y 36, tomo)

En proveído de veintitrés de octubre de dos mil quince, se tuvo a la parte actora por desistida de la demanda instada contra el codemandado **********, en su carácter de aval y, por consecuencia, por perdido el derecho que hizo valer respecto del mismo. (foja 206, tomo)

En auto de veinte de noviembre de dos mil quince, se tuvo por recibida la copia certificada del embargo inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Veracruz, respecto del inmueble cuya copropiedad defiende la peticionaria de amparo. (foja 232, tomo)

El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el controvertido de origen, en la que se declaró procedente la acción intentada por la parte actora y se condenó a **********, a pagar la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.). (fojas 244 a 262, tomo)

Por auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, se estableció el cambio de denominación del juzgado, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas y, en consecuencia, se ordenó dar de baja el expediente **********, para registrarse bajo el número **********, de ese índice. (foja 279, tomo)

La sentencia de mérito fue recurrida en apelación por el demandado, aquí tercero interesado, del cual correspondió conocer al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Circuito, en el toca de apelación **********, quien confirmó la sentencia apelada, por lo que quedó firme en todos sus términos. (fojas 297 a 338, tomo)

Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, a petición de la parte actora, se determinó que el procedimiento de remate se haría respecto del bien inmueble ubicado en el lote de terreno marcado con el número **********, manzana **********, zona **********, poblado **********, Municipio de **********, Veracruz. (fojas 521 y 522, tomo)

Mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, se declaró la adjudicación directa del indicado inmueble a favor de **********, S.R.L. de C.V., hasta por la cantidad de $********** (********** 00/100 M.N.). (fojas 556 a 558, tomo)

El indicado auto de adjudicación directa quedó firme mediante proveído de catorce de agosto de dos mil veinte, por falta de impugnación, por lo que se ordenó requerir al demandado para que dentro del término de tres días acudiera ante el notario señalado por la parte actora a fin de otorgar las escrituras correspondientes. (fojas 594 a 597, tomo)

En acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, se ordenó en rebeldía del demandado la elaboración y firma de la escritura pública del bien inmueble adjudicado en el expediente natural. (fojas 611 a 614, tomo)

Por auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, correspondiente para que cancelara los gravámenes practicados en el bien inmueble de mérito, se hiciera la anotación de la adquisición de dominio por la adjudicación directa en remate a favor de la parte actora, aquí tercero interesada, así como también la anotación de que dicho inmueble no podría ser objeto de ningún gravamen, enajenación o cualquier otro movimiento registral en relación con el dueño inmediato anterior. (fojas 620 a 624, tomo)

En proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, se determinó que quedaba expedito el derecho de la parte actora para que continuara con el trámite correspondiente para la elaboración de la escritura adjudicada, toda vez que el artículo 1412 Bis 1 del Código de Comercio establece que tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el Juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público (fojas 809 y 810, tomo), siendo esta la última actuación que obra en el juicio natural, antes de la presentación de la demanda de amparo con la que se formó este juicio.

6. "Artículo 1412 Bis. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este código, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo."

"Artículo 1412 Bis 1. Tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el Juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público."

"

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31819-9aee4e6b/interes-juridico-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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