Corpus
Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD LEGAL, COMO ESPECIE DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. RIGE ANTE LA OMISIÓN DEL ACTA DE MATRIMONIO DE SEÑALAR EL RÉGIMEN ECONÓMICO BAJO EL CUAL SE CELEBRÓ, POR LO QUE ES APTA PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, QUE PRETENDE DEFENDER EL 50% DEL BIEN EMBARGADO A SU CÓNYUGE (LEGISLACIÓN CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA VIGENTE ENTRE EL 1o. DE ENERO DE 1902 Y EL 31 DE MAYO DE 1985).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 25205
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-09-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Pág. 1740.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 28 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ Y TERESA MUNGUÍA SÁNCHEZ. DISIDENTE Y PONENTE: ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO. SECRETARIO: ROBERTO ALFONSO SOLÍS ROMERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el numeral 226, fracción III, de la nueva Ley de Amparo y de conformidad con el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del propio circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue hecha por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. En esa tesitura, se actualiza el supuesto de legitimación a que alude la fracción XIII, primer párrafo, del artículo 107 de la Constitución Federal,(1) y la fracción III del artículo 227 de la nueva Ley de Amparo.(2)

TERCERO. Criterios denunciados. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados que pudieran ser contradictorios.

1. Sentencia dictada en el amparo en revisión R. 54/2013 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito

En una parte de ella se establece en lo que aquí interesa, que el acta relativa al matrimonio celebrado antes de las reformas al Código Civil para el Estado de Puebla, de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, en que se omitió especificar el régimen de sociedad de los cónyuges al contraer matrimonio, no trae como consecuencia que se considere que tal régimen corresponde a la de sociedad conyugal, por lo que no es apto para acreditar el interés jurídico de la quejosa que se ostenta tercero extraña al juicio en el que fue oído y vencido su cónyuge, y en donde se embargó un inmueble, siendo que lo que se pretende es defender el cincuenta por ciento de ése por haberse adquirido durante el matrimonio, lo que conduce a confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo respectivo.

La citada resolución, en lo que interesa, establece:

"Por otra parte, aduce la quejosa que al juicio natural debió ser emplazada, ya que en la especie se actualizaba un litisconsorcio pasivo necesario. Lo anterior, en virtud de que del certificado de libertad de gravámenes que obra en las copias certificadas de ese juicio se desprende su carácter de coacreedora de su cónyuge. El anterior agravio es infundado, pues del certificado de libertad de gravámenes a que se refiere aquélla, además del embargo precautorio decretado en el juicio natural, lo único que se desprende es la constitución de una hipoteca en favor del Infonavit, inscrita el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa. Ahora bien, por lo que hace al embargo, remate y adjudicación decretados en el mencionado juicio ejecutivo mercantil, este tribunal estima correcto haber sobreseído en el juicio constitucional, con base en la mencionada causal de improcedencia. Por otro lado, refiere la revisionista que en la sentencia que impugna se vulneró en su perjuicio los artículos 76, 76 Bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que se pasó por alto lo dispuesto por el artículo 338 del Código Civil para el Estado de Puebla, que es del siguiente tenor: ‘Si quienes contraigan matrimonio omiten, al celebrar éste, la manifestación a que se refiere el artículo anterior, se les tendrá por casados con el régimen de sociedad conyugal.’. En ese sentido, agrega aquélla que si en el acta del matrimonio que celebró con el demandado en el juicio natural **********, no se señaló el régimen de ese contrato, contra lo que sostuvo el Juez de Distrito, debe entenderse que fue bajo el de sociedad conyugal. Por ello, el Juez Federal vulneró en su contra la tesis de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE EL CÓNYUGE DE LA DEMANDADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SI ACREDITA, ANTES DE TRABARSE EL EMBARGO, LA EXISTENCIA DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO LOS BIENES QUE LA CONFORMAN NO ESTÉN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’. Resultan infundados los anteriores argumentos. Se afirma lo anterior, ya que en la especie no resulta aplicable el artículo 338 del Código Civil para el Estado de Puebla a que se refiere la disconforme. Ello es así, porque el citado ordenamiento legal, según su primer artículo transitorio, entró en vigor el primero de junio de mil novecientos ochenta y cinco, en tanto que la quejosa y el demandado en el juicio natural **********, contrajeron matrimonio -sin mencionar el régimen al cual iban a sujetar ese contrato- el trece de diciembre de mil novecientos ochenta. Esto último, como se desprende del acta que la primera de las antes indicadas acompañó a su demanda de amparo. De ahí que, al no ser aplicable al caso el Código Civil para el Estado de Puebla vigente en la actualidad, no existe base para sostener que el Juez de Distrito no se ajustó a derecho al estimar que la disconforme no acreditó la existencia de la sociedad conyugal alegada y, por ende, su interés jurídico para promover el juicio constitucional contra el embargo, remate y adjudicación decretados respecto de todo el inmueble antes señalado, debiéndose además puntualizar que el ordenamiento civil vigente a la fecha de la celebración de su matrimonio, no preveía, como actualmente lo hace el artículo 338 que tantas veces invoca la recurrente, que cuando en el acta no se exprese el régimen bajo el cual se contrajo matrimonio, debe entenderse que se hizo bajo el de sociedad conyugal. Siendo así, contra lo sostenido por la recurrente, el Juez de Distrito no vulneró los artículos 76, 76 Bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo, como tampoco la tesis de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. LO TIENE EL CÓNYUGE DE LA DEMANDADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SI ACREDITA, ANTES DE TRABARSE EL EMBARGO, LA EXISTENCIA DEL MATRIMONIO CELEBRADO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO LOS BIENES QUE LA CONFORMAN NO ESTÉN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’, que invocó. No es obstáculo para sostener lo anterior, la tesis a que alude la peticionaria del amparo, de rubro y texto siguientes: ‘SOCIEDAD CONYUGAL. AUN CUANDO EN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN VIGOR ENTRE EL 1o. DE ENERO DE 1902 Y EL 31 DE MAYO DE 1985, NO SE ESPECIFICABAN LOS EFECTOS DE LA OMISIÓN DE QUIENES CONTRAÍAN MATRIMONIO, RESPECTO AL RÉGIMEN ECONÓMICO EN QUE LO CELEBRABAN, ELLO NO CONDUCÍA A ESTABLECER QUE LA MODALIDAD EN QUE SE PACTÓ ERA LA DE SEPARACIÓN DE BIENES, SINO AQUÉLLA. El matrimonio celebrado en el Estado de Puebla, al tenor de las disposiciones del Código Civil de esta entidad federativa en vigor entre el 1o. de enero de 1902 y el 31 de mayo de 1985 se entiende pactado bajo el régimen de sociedad conyugal, en virtud de que para que existiera separación de bienes era indispensable la estipulación y otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, incluso, en dicha legislación se enfatizó que éstas, además, se celebraban para constituir la sociedad voluntaria y para establecer la administración de los bienes que las integraban en uno y otro caso, lo cual debía hacerse constar en escritura pública; por tanto, aun cuando en esa codificación no se especificaban los efectos de la omisión de quienes contrajeran matrimonio, respecto a la adopción del régimen económico en que lo celebraban, como sí lo hace el actual Código Civil en el artículo 338, ello no conducía a establecer que la modalidad económica en que se pactó sería la de separación de bienes, sino por el contrario y, atendiendo a la intelección del texto normativo abrogado, se concluye que, por regla general, el matrimonio contraído durante la vigencia del anterior Código Civil local, se entendía pactado en sociedad legal y, por excepción, la cual debía estar expresamente estipulada por voluntad de los contrayentes y con las formalidades prescritas en la ley, bajo el régimen de sociedad voluntaria o separación de bienes, según fuera el caso.’. Lo anterior es así, pues además de ser aislada y no constreñir a este tribunal, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, no se aplica al caso concreto, ya que en la sentencia aquí recurrida no se concluyó que el régimen del matrimonio de la peticionaria del amparo con el demandado fuera el de separación de bienes, sólo que aquélla no había demostrado que fuera el de sociedad conyugal. Pero al margen de lo anterior, tampoco se comparte, pues no es verdad que, para que de acuerdo con el código civil anterior al vigente, existiera separación de bienes, era indispensable la estipulación y el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales. En efecto, el artículo 1923 del citado ordenamiento dispone: ‘Puede haber separación de bienes, o en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante éste en virtud de convenio de los consortes, o de sentencia judicial.’ (lo subrayado es propio). De lo que se desprende que, para que existiera ese régimen no se requería ‘indispensablemente’, como se sostuvo en el criterio en análisis, convenio y capitulaciones, sino que ese régimen podía existir con el solo convenio o mediante capitulaciones. Sin que sobre además señalar que, en todo caso el régimen patrimonial de los contratos de matrimonio, ni siquiera era un requisito que debían contener las actas respectivas, como se desprende del diverso 124 de aquella legislación, que dispone: ‘124. Concluido este acto, se extenderá inmediatamente en el libro una acta en que consten: I. Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar del nacimiento de los contrayentes; II. Si éstos son mayores o menores de edad: III. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres: IV. El consentimiento de los padres, abuelos o tutores, o la habilitación de edad; V. Que no hubo impedimento o que se dispensó; VI. La declaración de los esposos de ser su voluntad unirse en matrimonio, tomándose y entregándose mutuamente por marido y mujer; y la que de haber quedado unidos hará el Juez en nombre de la sociedad; VII. Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilios de los testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo son, en qué grado y de qué línea.’. Tampoco asiste razón a la recurrente en cuanto afirma que con las documentales que ofreció, consistentes en el certificado de entrega de vivienda para créditos de línea 1, celebrado por el enjuiciado ********** y el Infonavit respecto del inmueble materia de la controversia, la designación de beneficiarios que del mismo realizó aquél el veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y siete y la cláusula modificatoria del certificado de entrega de vivienda -estas dos últimas, cuyo estudio omitió el Juez Federal- demostró su interés jurídico, pues además no fueron objetadas en el juicio constitucional. Ello es así, pues si bien es cierto que el Juez Federal no se ocupó de la designación de beneficiarios que del inmueble objeto del embargo realizó el cónyuge de la quejosa, como tampoco de la cláusula modificatoria del certificado de entrega de vivienda para créditos de línea 1 y que ninguno de esos documentos fueron objetados, de cualquier forma con ellos no se demuestra la existencia de la sociedad conyugal multirreferida, pues como la propia quejosa lo señala en ellos sólo se advierte que aquélla firmó en su carácter de cónyuge del enjuiciado. No sobra destacar que el hecho de que durante el procedimiento de ejecución de sentencia, en concreto en el de remate del inmueble embargado en autos, se haya ordenado dar vista a la quejosa con el estado procesal de la ejecución del juicio (al igual que al Infonavit, este último como coacreedor de **********), esa circunstancia no implica que deba concederse el amparo que solicita la quejosa, pues para ello, debió primeramente demostrar encontrarse casada con el demandado bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que en el caso, según se apuntó, no aconteció. Tocante a que en el inmueble materia de los actos reclamados habita la disconforme junto con su familia, es de indicarse que resulta irrelevante, ya que esa circunstancia no constituyó la materia de la litis constitucional. En ese orden de ideas, contra lo que afirma la recurrente, la sentencia materia del presente recurso de revisión, cumple con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues como se puntualizó con antelación, el Juez de Distrito citó los preceptos legales aplicables al caso concreto y expuso las razones, motivos o circunstancias especiales que lo llevaron a la convicción de que la quejosa no había demostrado tener interés jurídico para promover el juicio de amparo, motivo por el cual debía en él sobreseerse. Por ello, no se vulneraron las tesis que sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones invocó la recurrente ... En las relatadas circunstancias lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo ...". (lo subrayado no es de origen)

2. Sentencia dictada en el amparo en revisión R. 107/2006 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dio origen a la tesis aislada VI.2o.C.503 C de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. AUN CUANDO EN LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN VIGOR ENTRE EL 1o. DE ENERO DE 1902 Y EL 31 DE MAYO DE 1985, NO SE ESPECIFICABAN LOS EFECTOS DE LA OMISIÓN DE QUIENES CONTRAÍAN MATRIMONIO, RESPECTO AL RÉGIMEN ECONÓMICO EN QUE LO CELEBRARAN, ELLO NO CONDUCÍA A ESTABLECER QUE LA MODALIDAD EN QUE SE PACTÓ ERA LA DE SEPARACIÓN DE BIENES, SINO AQUÉLLA."

Ejecutoria en la que se sostiene, en esencia, que la omisión de señalar el régimen matrimonial, antes de las reformas al Código Civil para el Estado de Puebla, al contraer matrimonio, da lugar a establecer que la modalidad con la que se pactó es la de sociedad conyugal por lo que el acta de matrimonio exhibida aun cuando no indique el referido régimen, es apta para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa que se ostenta tercera extraña a juicio donde fue oído y vencido su cónyuge y en el que se embargó la totalidad de un inmueble, siendo que se pretende defender el cincuenta por ciento; por ende, es indebido el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo materia de revisión; en la ejecutoria mencionada se indicó lo siguiente:

"QUINTO. ... Con base en los anteriores razonamientos, el a quo estimó actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ello, decretó el sobreseimiento en la causa constitucional. En este contexto, la aquí inconforme argumenta que del expediente constitucional se desprenden elementos suficientes para comprobar que hasta ahora, está unida en matrimonio pactado bajo el régimen de sociedad conyugal, con **********, no obstante que en la parte inferior del acta relativa se haga referencia al artículo 338 del Código Civil para el Estado de Puebla, vigente, porque de toda suerte, aunque el matrimonio se celebró en mil novecientos cincuenta y siete, al no haberse pactado expresamente el régimen económico que lo regiría, entonces, debe entenderse que se estipuló bajo el de sociedad conyugal. Centrada la litis en las condiciones relatadas, en principio debe decirse que es acertado que el Juez de Distrito a quo hiciera la advertencia de que para analizar jurídicamente el acta de matrimonio relativa, deben observarse las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado de Puebla, vigente al momento en que se celebró la unión civil en comento, esto es, en mil novecientos cincuenta y siete. Por otro lado, también es conveniente aclarar lo que el Juez de Distrito manifestó al resolver el incidente de objeción de documento formulado por el tercero perjudicado **********, respecto del acta de matrimonio exhibida por la quejosa, en el sentido de que la apreciación sobre el alcance jurídico del documento objetado, únicamente debe realizarse en relación con el juicio de garantías; sin que sea factible realizar pronunciamiento en torno a la validez o existencia del acto jurídico contenido en el documento impugnado, pues esto último corresponde a la competencia de los tribunales del fuero común y no a los de control constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número I.9o.C.33 K, sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; en cuyo tenor esta potestad federal coincide, visible en la página 1476, XXII, septiembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ‘INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTO. EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE FACULTADES PARA PRONUNCIARSE EN RELACIÓN A LA EXISTENCIA JURÍDICA O VALIDEZ DEL ACTO CONTENIDO EN EL DOCUMENTO IMPUGNADO. De conformidad con el artículo 153 de la Ley de Amparo, es dable que las partes objeten un documento de falso en el juicio de garantías, y si bien, en términos generales, la falsedad puede comprender la intención de los contratantes, en la medida de que éstos se apartan de la realidad, no es dable que el Juez de Distrito se pronuncie en ese sentido, pues el artículo citado lo constriñe a examinar y pronunciarse sólo respecto a la autenticidad del documento, para lo cual el objetante está obligado a demostrar que el documento mismo es falso, es decir, que en su caso fue suscrito por persona distinta a quien se dice que lo otorgó, o que los sellos que contiene no son auténticos o, incluso, que el papel utilizado para su elaboración, no lo es, etcétera. Lo anterior, porque la finalidad del incidente es desvirtuar la autenticidad de la prueba documental ofrecida por alguna de las partes, y si bien es cierto que probados esos extremos en el juicio de amparo es dable dejar de conferirle valor probatorio al documento, y con ello dejar de tomar en cuenta el acto jurídico que contiene, tal pronunciamiento no puede comprender los aspectos referentes a la existencia o validez del referido acto.’. Por tanto, en el asunto y respecto del acta de matrimonio de que se habla, así como en relación con los efectos jurídicos inherentes al régimen económico de la unión legal ahí establecida, debe observarse el Código Civil para el Estado de Puebla, vigente en la época en que se llevó a cabo dicho matrimonio, esto es, el que entró en vigor a partir del uno de enero de mil novecientos dos, actualmente abrogado; y sea cual fuere el resultado de ese examen, la declaración respectiva únicamente tendrá efectos dentro de la presente causa constitucional, sin extenderse hacia la existencia o validez del matrimonio consignado en dicho documento. Entonces, para estar en condiciones de establecer si los actos reclamados precisados al inicio de esta parte considerativa, afectan la esfera jurídica de la quejosa, es menester tener en cuenta si ésta justifica tener derecho sobre el inmueble afectado en el juicio natural, susceptible de ser protegido por el orden normativo estatal. Para ello, la quejosa exhibe el acta de matrimonio que adjunta a la demanda de garantías, en la que consta la unión civil entre esa amparista y **********, bajo el régimen a que se refiere el artículo 338 del Código Civil para el Estado de Puebla; mediando la circunstancia de que, como ya se indicó, es correcto que dicho documento se examine al tenor de lo dispuesto en el Código Civil para la referida entidad, vigente en mil novecientos cincuenta y siete, abrogado en mil novecientos ochenta y cinco, ya que el matrimonio de que se habla fue celebrado en esa época. En las condiciones planteadas, es imprescindible tener en cuenta las disposiciones relativas del citado código civil. ‘Artículo 44. El estado civil de las personas sólo se comprueba por las constancias respectivas del registro. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, excepto en los casos previstos en los artículos 43 y 352.’. ‘Artículo 103. Las personas que pretendan contraer matrimonio, se presentarán al Juez del estado civil a quien esté sujeto el domicilio de cualquiera de los pretendientes. El Juez tomará en el registro nota de esta pretensión, levantando de ella acta en que consten: I. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así de los contrayentes como de sus padres, si éstos fueren conocidos; II. Los de dos testigos, que presentará cada contrayente, para hacer constar su aptitud para contraer matrimonio conforme a la ley; III. La licencia de las personas cuyo consentimiento se necesite para contraer el matrimonio, o la constancia de no ser aquél necesario; IV. El certificado de viudez, si alguno de los pretendientes hubiere sido casado otra vez; V. La dispensa de impedimentos, si los hubiere.’. ‘Artículo 122. El matrimonio se celebrará en público y en el día, hora y lugar señalados al efecto. Los contrayentes comparecerán ante el Juez personalmente o por apoderado especial, y acompañados de tres testigos por lo menos, parientes o extraños.’. ‘Artículo 124. Concluido este acto, se extenderá inmediatamente en el libro una acta en que consten: I. Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar del nacimiento de los contrayentes; II. Si éstos son mayores o menores de edad; III. Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres; IV. El consentimiento de los padres, abuelos o tutores, o la habilitación de edad; V. Que no hubo impedimento o que se dispensó; VI. La declaración de los esposos de ser su voluntad unirse en matrimonio, tomándose y entregándose mutuamente por marido y mujer; y la que de haber quedado unidos hará el Juez en nombre de la sociedad; VII. Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilios de los testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo son, en qué grado y de qué línea.’. ‘Artículo 248. Ejecutoriada una sentencia sobre divorcio, el Juez de Primera Instancia remitirá copia de ella al del Estado Civil, y éste, al margen del acta del matrimonio pondrá nota expresando la fecha en que se declaró el divorcio y el tribunal que lo declaró y hará publicar un extracto de la resolución durante quince días en las tablas destinadas a ese efecto.’. ‘Artículo 1815. El contrato de matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.’. ‘Artículo 1817. La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal.’. ‘Artículo 1818. La sociedad voluntaria se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan; todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante, se regirá por los preceptos contenidos en los caps. IV, V y VI de este título, que arreglan la sociedad legal.’. ‘Artículo 1819. La sociedad voluntaria y la legal se regirán por las disposiciones relativas a la sociedad común en todo lo que no estuviere comprendido en este título.’. ‘Artículo 1820. La sociedad conyugal, ya sea voluntaria, ya sea legal, nace desde el momento en que se celebra el matrimonio.’. ‘Artículo 1821. La sociedad voluntaria puede terminar antes que se disuelva el matrimonio, si así está convenido en las capitulaciones.’. ‘Artículo 1822. La sociedad legal termina por la disolución del matrimonio y por la sentencia que declara la presunción de muerte del cónyuge ausente.’. ‘Artículo 1823. Las sentencias que declaren el divorcio terminan la sociedad conyugal y las que declaren la ausencia, la suspenden en los términos señalados en este código.’. ‘Artículo 1824. La presentación de la demanda de divorcio o la separación de bienes hecha durante el matrimonio pueden terminar, suspender o modificar la sociedad conyugal según convengan los consortes. El abandono injustificado del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día en que se verifique, los efectos de la sociedad legal en cuanto le favorezca; éstos no podrán comenzar de nuevo, sino por convenio expreso.’. ‘Artículo 1825. La administración de la sociedad conyugal corresponde a ambos consortes, pero éstos podrán determinar que uno de ellos ejerza esta función.’. ‘Artículo 1826. La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales que expresamente la establezcan, y por los preceptos contenidos en los artículos 1924 a 1935.’. ‘Artículo 1827. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los puntos que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, se regirán por los preceptos que arreglan la sociedad legal, a no ser que los esposos constituyan acerca de ellos sociedad voluntaria.’. ‘Artículo 1828. Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebran para constituir, ya sociedad voluntaria, ya separación de bienes, y para administrar éstos en uno y en otro caso.’. ‘Artículo 1829. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él; y pueden comprender, no sólo los bienes de que sean dueños los esposos o consortes al tiempo de celebrarlas, sino también los que adquieran después.’. ‘Artículo 1830. Las capitulaciones no pueden alterarse ni revocarse después de la celebración del matrimonio, sino por convenio expreso o por sentencia judicial.’. ‘Artículo 1831. Las capitulaciones deben otorgarse en escritura pública.’. ‘Artículo 1832. Cualquier

alteración que en virtud de la facultad que concede el artículo 1830, se haga en las capitulaciones, deberá otorgarse en escritura pública y con intervención de todas las personas que en ellas fueren interesadas.’. ‘Artículo 1833. La alteración que se haga en las capitulaciones, deberá anotarse en el protocolo en que éstas se extendieron, y en los testimonios que de ellas se hubieren dado.’. ‘Artículo 1834. Sin el requisito prevenido en el artículo anterior, las alteraciones no producirán efecto contra tercero.’. ‘Artículo 1835. Los pactos celebrados con infracción de los artículos 1831 y 1832, son nulos.’. ‘Artículo 1836. La escritura de capitulaciones que constituyan sociedad voluntaria, debe contener: I. El inventario de los bienes que cada esposo aportare a la sociedad, con expresión de su valor y gravámenes; II. La declaración de si la sociedad es universal, o sólo de algunos bienes o valores, expresándose cuáles sean aquéllos o la parte de su valor que deba entrar al fondo social; III. El carácter que hayan de tener los bienes que en común o en particular adquieran los consortes durante la sociedad, así como la manera de probar su adquisición; IV. La declaración de si la sociedad es sólo de ganancias, expresándose por menor cuáles deban ser las comunes y la parte que a cada consorte haya de corresponder; V. Nota especificada de las deudas de cada contrayente, con expresión de si el fondo social ha de responder de ellas o sólo de las que se contraigan durante la sociedad, sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos; VI. La declaración terminante de las facultades que a cada consorte correspondan en la administración de los bienes y en la percepción de los frutos, con expresión de los que de éstos y aquéllos pueda cada uno vender, hipotecar, arrendar, etc., y de las condiciones que para esos actos hayan de exigirse.’. ‘Artículo 1837. Además de las cláusulas contenidas en el artículo anterior, los esposos pueden establecer todas las reglas que crean convenientes para la administración de la sociedad, siempre que no sean contrarias a las leyes.’. ‘Artículo 1838. Es nula toda capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades, así como la que establezca que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o a las utilidades que deba percibir.’. ‘Artículo 1839. Cuando se establezca que uno de los consortes sólo deba tener una cantidad fija, el otro consorte o sus herederos deberán pagar la suma convenida, haya o no utilidades en la sociedad.’. ‘Artículo 1840. Los acreedores que no hubieren tenido conocimiento de los términos en que estuviere constituida la sociedad voluntaria, podrán ejercitar sus acciones conforme a las reglas de la legal; pero el consorte que en virtud de las capitulaciones no deba responder de aquella deuda, conservará salvos sus derechos para cobrar la parte que le corresponda, de los gananciales del otro consorte, y si éstos no alcanzaren, de los bienes propios de éste.’. ‘Artículo 1841. Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada contrayente, será considerado como donación, y quedará sujeto a lo prevenido en los capítulos VIII y IX de este título.’. ‘Artículo 1842. Son nulos los pactos que los esposos hicieren contra las leyes o las buenas costumbres, los depresivos de la autoridad que respectivamente les pertenece en la familia, y los contrarios a las disposiciones prohibitivas de este código y a las reglas legales sobre divorcio, sea voluntario, sea necesario, emancipación, tutela y sucesión hereditaria, ya de ellos mismos, ya de sus herederos legítimos.’. ‘Artículo 1843. El menor que con arreglo a la ley puede casarse, puede también otorgar capitulaciones, que serán válidas si a su otorgamiento concurren las mismas personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio.’. ‘Artículo 1844. Si respecto a las capitulaciones hubiere disenso por parte de la persona a que se ref

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25205-e92a5d37/sociedad-legal-como-especie-de-la-sociedad-conyugal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.