SOCIEDAD CONYUGAL. LA OMISIÓN DE DESIGNAR QUIÉN DEBE FUNGIR COMO SU ADMINISTRADOR, NO OBLIGA A CONSIDERAR QUE EL CÓNYUGE NO DEMANDADO FUE REPRESENTADO POR SU CONSORTE, EN DEFENSA DE AQUÉLLA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE DURANGO). TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE AMPARO. DE CONFORMIDAD CON EL TIPO DE ACCIÓN QUE SE DEDUZCA EN EL JUICIO RESPECTIVO, TIENE ESE CARÁCTER EL CÓNYUGE NO DEMANDADO EN UN JUICIO EN QUE SE EMBARGARON BIENES DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SIN SU INTERVENCIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y DE DURANGO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL, TODOS DEL OCTAVO CIRCUITO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARACELI TRINIDAD DELGADO (PRESIDENTA), JOSÉ ÁVALOS COTA, ENRIQUE ARIZPE RODRÍGUEZ, CARLOS GABRIEL OLVERA CORRAL, CARLOS ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO Y FERNANDO ESTRADA VÁSQUEZ. DISIDENTE: MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ BIBIANO, QUIEN FORMULA VOTOS PARTICULAR Y ACLARATORIO. PONENTE: JOSÉ ÁVALOS COTA. SECRETARIO: CRISTIAN EDUARDO ALVARADO LÓPEZ.
Torreón, Coahuila de Zaragoza, Acuerdo del Pleno del Octavo Circuito, correspondiente a la sesión de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS los autos que integran la contradicción de tesis 10/2019; y,
RESULTANDO
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. El presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través de oficio 97/2019-SA, presentado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en la Secretaría de Acuerdos del Pleno del Octavo Circuito, con sede en el mismo sitio, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios que se sostuvieron, al fallar los amparos en revisión 76/2019, 80/2017 y 212/2017 del índice estadístico de dicho órgano jurisdiccional; con los sostenidos por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, al fallar los amparos en revisión 117/2012, 262/2012, 417/2012, 415/2012, 511/2012 y 237/2015; así como los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, al fallar los amparos en revisión 205/2016, 167/2017, 215/2017 y 224/2017.
SEGUNDO.—Trámite. El Magistrado presidente de este Pleno del Octavo Circuito, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró con el número 10/2019.
En dicho acuerdo se solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes en la presente contradicción, la remisión vía física y digital a la cuenta de correo electrónico oficial del Pleno, de las copias certificadas de las resoluciones que dictaron, respectivamente, en los expedientes en cita, así como un informe en torno a si los criterios que dieron lugar a este asunto se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve fue recibido un informe signado por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en el que, además de proporcionar la información y copias certificadas solicitadas en relación con los amparos en revisión 76/2019 y 80/2017, aclaró que el número correcto del diverso lo era el amparo en revisión 212/2016 y no el 212/2017, como se había señalado en el escrito por medio del cual se formuló la denuncia de contradicción respectiva. Dicho informe fue acordado el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve.
Por otro lado, mediante acuerdos de dieciocho de septiembre y dos y ocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los informes solicitados a los diversos Tribunales Colegiados contendientes, los cuales allegaron copia certificada de las resoluciones pronunciadas por los mismos, así como el disco compacto que contiene en forma digital su determinación.
TERCERO.—Turno. Por auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se turnó la contradicción de tesis 10/2019, al Magistrado José Ávalos Cota, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
Al haber sido electo el Magistrado José Ávalos Cota, con el carácter de presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en acuerdo del treinta y uno de enero del dos mil veinte, se determinó returnar el expediente al Magistrado Héctor Flores Guerrero, quien fue designado por el propio Tribunal Colegiado para integrar el Pleno de Circuito.
Posteriormente, mediante oficio 6/2020 del once de septiembre de dos mil veinte, el Magistrado Héctor Flores Guerrero informó al Pleno de Circuito su readscripción de órgano jurisdiccional, lo que motivó que por acuerdo del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se returnara el expediente al Magistrado Miguel Negrete García, como integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para la elaboración del proyecto respectivo.
Finalmente, al considerar que en sesión de nueve de febrero del presente año quedó formalmente constituida la nueva integración del Pleno del Octavo Circuito, en el cual se advierte que el Magistrado José Ávalos Cota fue designado por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para representar a tal órgano jurisdiccional ante el citado Pleno de Circuito; en tal virtud, por acuerdo del veintidós de abril del dos mil veintiuno, se returnó el expediente al nombrado Magistrado, para la elaboración del proyecto respectivo.
CUARTO.—Anuncio de cambio de criterio de los tribunales contendientes. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, la presidencia del Pleno del Octavo Circuito tuvo por informando al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, sobre la emisión de la sentencia dictada en sesión de ocho de abril de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión 366/2019, la cual se estimó que podía actualizar un cambio en el criterio sostenido por ese tribunal en los diversos amparos en revisión 117/2012, 262/2012, 417/2012, 415/2012, 511/2012 y 237/2015.
Por otro lado, a través del oficio 4282/2021-SA, recibido el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito informó a su vez a la presidencia del Pleno del Octavo Circuito, que a través de la emisión de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión civil 270/2019, se apartaron del criterio sostenido en los diversos amparos en revisión 76/2019, 80/2017 y 212/2017 (lo correcto es 212/2016).
En tales condiciones, como se explicará más adelante, dichas ejecutorias deben ser tomadas en consideración dentro del presente asunto, con la finalidad de resolver la discrepancia de criterios que aún persiste entre los Tribunales Colegiados contendientes.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Competencia. El Pleno del Octavo Circuito tiene competencia legal para conocer de las denuncias de contradicción de tesis referidas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, por tratarse de una contradicción de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados integrantes de este Octavo Circuito, al resolver asuntos en materia civil.(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III,(2) de la Ley de Amparo.
Sustenta lo anterior la tesis 1a. XVIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital: 2008306, Libro 14, enero de 2015, Tomo I, materia común, página 752, de rubro siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA, AUN CUANDO LOS CRITERIOS DISCREPANTES NO EMANEN DEL TRIBUNAL AL QUE PERTENECEN."
TERCERO.—Los criterios que se estiman en contradicción. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente acudir a ciertos antecedentes y consideraciones en que se basaron las ejecutorias pronunciadas en los amparos en revisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para después proceder a su análisis.
En ese sentido, en lo que respecta al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo de la misma entidad federativa, debe mencionarse, como se destacó dentro del resultando cuarto de la presente resolución, que dichos tribunales anunciaron un cambio de criterio, distinto al que sostuvieron al inicio de la presente contradicción de tesis en las ejecutorias materia de la denuncia de contradicción; las cuales deben ser tomadas en consideración con la finalidad de brindar seguridad jurídica al resolver la discrepancia de criterios que aún persiste.
Apoya lo expuesto, en lo conducente, la tesis 2a. LXXVIII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 186635, Tomo XVI, julio de 2002, materia común, página 447, de rubro siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL EXPEDIENTE RELATIVO DEBE QUEDAR INTEGRADO TANTO POR LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS MENCIONADOS EN LA DENUNCIA ORIGINAL COMO POR LOS SEÑALADOS POR EL PRESIDENTE DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINÓ LA COMPETENCIA DE AQUÉLLA PARA CONOCER DEL ASUNTO."
Conforme con lo antes expuesto, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, que deben ser tomados en consideración para resolver la presente contradicción de tesis, son los siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, estableció sustancialmente lo siguiente:
• Amparo en revisión 270/2019.
En el caso particular estableció, con base en lo dispuesto en el artículo 194 del abrogado Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que como el dominio de los bienes comunes de una sociedad conyugal, reside en ambos cónyuges; de ahí que era factible estimar que dichos consortes tienen el carácter de administradores de la sociedad y que de esa manera, era suficiente que el juicio (ordinario civil) respectivo fuera instaurado en contra de uno de los consortes, para que se respetara el derecho de audiencia de la sociedad conyugal, en virtud de que los bienes que conforman esa sociedad, pertenecen al fondo común de la misma, y que de acuerdo al régimen patrimonial que rige a ese tipo de matrimonio, se otorgaba un derecho igual a ambos consortes tanto de los beneficios como de las cargas.
Derivado de lo anterior surgió la tesis VIII.1o.C.T.9 C (10a.), Décima Época, con número de registro digital: 2022010, de rubro siguiente:
"SOCIEDAD CONYUGAL. SI SE OMITE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDOS SON A CARGO DE AMBOS CÓNYUGES (LEGISLACIÓN SUSTANTIVA CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTE HASTA EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE)."
Finalmente, debe mencionarse que, en la referida ejecutoria fueron tomados en cuenta, además, los artículos 178, 183, 184 y 189 del abrogado Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, estableció substancialmente lo siguiente:
• Amparo en revisión 167/2017.
En el presente asunto estableció que la circunstancia de que no se hubiera llamado al juicio de origen (ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa), tal circunstancia no resultaba violatoria de sus derechos fundamentales, al haber sido oída y vencida en juicio a través del diverso cónyuge que sí fue llamado al mismo.
Por ello, refirió que, si su derecho partía de los gananciales del régimen de sociedad conyugal, al haberse celebrado el contrato de compraventa del inmueble materia del juicio de origen, durante la vigencia del matrimonio, bastaba que fuera defendido por alguno de los cónyuges para tener por garantizado el derecho fundamental de audiencia.
A mayor abundamiento, determinó que el dominio de los bienes comunes reside en ambos consortes mientras subsista la sociedad, lo que generaba que los mismos se hicieran partícipes por igual tanto de los haberes, como de las cargas.
No obstante lo anterior, refirió que tal aspecto sólo acontecía cuando el origen o el acto jurídico merced al cual se adquiría un bien, es decir, la manera en cómo entró a formar parte del fondo común de la sociedad, era precisamente lo que se cuestionaba en el juicio de origen, lo cual implicaba que, en ese caso, ambos esposos también debían soportar las cargas.
Tales aspectos llevaron al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito a confirmar en sus términos la sentencia impugnada, en la cual se sobreseyó el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
Finalmente, debe mencionarse que la referida ejecutoria parte del análisis de los artículos 173, 174, 178, 179, 189 y 1723 del Código Civil para el Estado de Durango, vigente en el momento de la celebración del contrato de sociedad conyugal respectivo.
• Amparo en revisión 215/2017.
En el presente asunto determinó que los agravios en los cuales la quejosa afirmaba que le correspondía el carácter de tercera extraña resultaban infundados, al referirse que el "derecho de propiedad" que pretendía ser defendido había surgido con motivo de estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal; y que, por ese motivo, la circunstancia de que no se le llamara al juicio de origen (ordinario civil de nulidad de escritura), no resulta ser violatorio de sus derechos fundamentales, al haber quedado salvaguardados los mismos con el hecho de que su cónyuge sí fue llamado a defender los derechos del bien inmueble respectivo.
De esa manera, estableció que, si conforme a las disposiciones legales aplicables a los cónyuges les correspondía el dominio y administración del acervo relativo, bastaba con que uno solo de ellos compareciera a defender los derechos relativos al inmueble relativo, para que a dicha sociedad le fuera respetado el derecho fundamental de audiencia.
A mayor abundamiento, determinó que, si bien el motivo de la comunidad sui géneris que constituye la sociedad conyugal, en virtud de la cual el dominio de los bienes comunes reside en ambos consortes mientras subsista la sociedad, generaba que los cónyuges se hicieran partícipes por igual tanto de los haberes, como de las cargas.
No obstante lo anterior, refirió que tal aspecto sólo acontecía cuando el origen o el acto jurídico merced al cual se adquiría un bien, es decir, la manera en cómo entró a formar parte del fondo común de la sociedad, era precisamente lo que se cuestionaba en el juicio de origen, lo cual implicaba que en ese caso, ambos esposos también debían soportar las cargas.
Tales aspectos llevaron al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito a confirmar en sus términos la sentencia impugnada, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
Finalmente, dicha conclusión parte del análisis del artículo 170 del Código Civil del Estado de Chihuahua, vigente en el momento de la celebración del contrato de sociedad conyugal respectivo.
• Amparo en revisión 224/2017.
En el presente asunto se estima actualizada una causa de improcedencia distinta a la establecida por el Juez de Distrito, esto es, la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
Lo anterior, al considerar que a la quejosa no le devenía el carácter de tercera extraña al juicio especial hipotecario, al haber sido oída y vencida en dicho asunto, a través de su cónyuge.
Tal conclusión la justificó, en parte, al señalar conforme a la legislación aplicable, que si ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes que constituyen el fondo común, por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales, dicha circunstancia implicaba que, en relación con esos bienes, ambos consortes también debían soportar las cargas.
Además, en virtud de tales aspectos, determinó que ambos cónyuges tenían el carácter de administradores, lo que permitía considerar que la quejosa sí forma parte de la relación jurídico procesal en el juicio hipotecario de origen, al haberse intentado la acción en contra de uno de los cónyuges.
A mayor abundamiento, estableció que, si bien el motivo de la comunidad sui géneris que constituye la sociedad conyugal, en virtud de la cual el dominio de los bienes comunes reside en ambos consortes mientras subsista la sociedad, generaba que los cónyuges se hicieran partícipes por igual tanto de los haberes, como de las cargas.
No obstante, lo anterior, refirió que tal aspecto sólo acontecía cuando el origen o el acto jurídico merced al cual se adquiría un bien, es decir, la manera en cómo entró a formar parte del fondo común de la sociedad, era precisamente lo que se cuestionaba en el juicio de origen, lo cual implicaba que, en ese caso, ambos esposos también debían soportar las cargas.
Tales aspectos llevaron al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito a confirmar la sentencia impugnada, aunque por una diversa causa de improcedencia a la sustentada en dicho fallo.
Finalmente, debe mencionarse que la referida ejecutoria, parte del análisis de los artículos 178, 179, 180, 181, 182, 185, 188 y 189 del Código Civil para el Estado de Durango.
• Amparo en revisión 205/2016.
En el presente asunto se estimó actualizada una causa de improcedencia distinta a la establecida por el Juez de Distrito, esto es, la prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.
Lo anterior, al considerarse que a la quejosa no le devenía el carácter de tercera extraña al juicio ordinario civil, en el que fue demandado el vencimiento anticipado de un contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria.
Por eso, conforme a la legislación aplicable, refirió que bastaba que la acción se dirigiera en contra de uno de los cónyuges, en virtud de que al beneficiarse la sociedad con la compra del bien inmueble materia del juicio de origen, la misma se hacía responsable de las obligaciones que se llegaren a contraer, sin necesidad de enderezar la acción correspondiente en contra de cada uno de los cónyuges, al estimarse que los dos, indistintamente, se representan mutuamente, tanto cuando se contraen obligaciones, como cuando son demandados por su cumplimiento.
A mayor abundamiento, determinó que, si bien el motivo de la comunidad sui géneris que constituye la sociedad conyugal, en virtud de la cual el dominio de los bienes comunes reside en ambos consortes mientras subsista la sociedad, generaba que los cónyuges se hicieran partícipes por igual tanto de los haberes, como de las cargas.
No obstante lo anterior, refirió que tal aspecto sólo acontecía cuando el origen o el acto jurídico merced al cual se adquiría un bien, es decir, la manera en cómo entró a formar parte del fondo común de la sociedad, era precisamente lo que se cuestionaba en el juicio de origen, lo cual implicaba que en ese caso, ambos esposos también debían soportar las cargas.
Tales aspectos llevaron al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito a confirmar la sentencia impugnada, aunque, por una diversa causa de improcedencia a la sustentada en dicho fallo.
Finalmente, debe mencionarse que la referida ejecutoria, parte del análisis de los artículos 178 y 179 del Código Civil para el Estado de Durango, vigentes en el momento de la celebración del contrato de sociedad conyugal respectivo.
3. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, estableció sustancialmente lo siguiente:
• Amparo en revisión 366/2019.
En el presente asunto el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia VII.A.C. J/2 (10a.), Décima Época, con número de registro digital: 2003174, de rubro: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL CÓNYUGE QUE CONTRAJO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO ÉSTA FUE OÍDA Y VENCIDA POR CONDUCTO DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA, ANTERIOR A MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE)."
Tal aspecto así se consideró al afirmarse que dentro de la referida jurisprudencia se había realizado una inexacta interpretación de los criterios sustentados en las tesis pertenecientes a la Novena Época 1a./J. 47/2001, con número de registro digital: 188733 y 1a./J. 50/2001, con número de registro digital: 188734, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "SOCIEDAD CONYUGAL. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE FORMULAR CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN ESE RÉGIMEN PATRIMONIAL (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)." y "SOCIEDAD CONYUGAL. A FALTA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES, COBRAN APLICACIÓN LOS PRINCIPIOS INHERENTES A LA SOCIEDAD DE GANANCIALES (CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL HASTA EL 31 DE MAYO DE 2000)."
Derivado de ello, se concluyó que no existía razón para considerar que un cónyuge fue "representado" en un juicio por el otro que sí fue llamado y, por ende, que no tuviese el carácter de tercero extraño, sólo porque ambos comparten beneficios y cargas, ya que se refirió que eso es inherente a la ayuda mutua, como una finalidad propia del matrimonio, pero que no confería una representación propiamente dicha.
Entonces, se determinó que de la ejecutoria que dio lugar a las anteriormente citadas jurisprudencias 47/2001 y 50/2001, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se desprendía que la comunidad de bienes que constituye la sociedad conyugal traiga aparejadas consecuencias tales como la pérdida de la parte alícuota de un cónyuge que no fue oído ni vencido en juicio, por el solo hecho de que el otro sí haya sido.
Sobre todo, ya que se señaló que las reglas de la copropiedad son generalmente coincidentes en que la enajenación del bien común debe realizarse con el consentimiento unánime de los condueños, con independencia de que los copropietarios participen tanto de los beneficios como de las cargas; pues la administración del bien común se efectuará con el acuerdo de la mayoría de los copropietarios y no por la representación no concedida de uno en favor de otro.
Las ejecutorias narradas, originan los casos específicos sujetos a análisis, y sobre los cuales se determinará la existencia o no, de la contradicción.
Bajo las anteriores precisiones, es necesario destacar los planteamientos formulados dentro de las ejecutorias que dan origen a la contradicción de tesis que se estudia.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito determinó, con base en lo dispuesto en el artículo 194 del abrogado Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que como el dominio de los bienes comunes de una sociedad conyugal, reside en ambos cónyuges; de ahí que era factible estimar que dichos consortes tienen el carácter de administradores de la sociedad y que, de esa manera, era suficiente que el juicio (ordinario civil) respectivo fuera instaurado en contra de uno de los consortes, para que se respetara el derecho de audiencia de la sociedad conyugal, en virtud de que los bienes que conforman esa sociedad, pertenecen al fondo común de la misma, y que de acuerdo al régimen patrimonial que rige a ese tipo de matrimonio, se otorgaba un derecho igual a ambos consortes tanto de los beneficios como de las cargas.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, definió, con base en el análisis de legislaciones de diversas entidades federativas (Durango y Chihuahua), así como de expedientes que tuvieron como origen asuntos de diversas materias (ordinario civil y especial hipotecario), que debido a que el dominio de los bienes que constituye el fondo común de la sociedad conyugal, reside en ambos cónyuges, dicha circunstancia implicaba que los mismos se hicieran partícipes tanto de los beneficios, como de las cargas.
No obstante lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito precisó que lo anterior sólo acontecía cuando el origen o el acto jurídico merced al cual aquéllos adquirían un bien, es decir, la manera en cómo entró a formar parte del fondo común de la sociedad, era precisamente lo que se cuestionaba en el juicio de origen, lo cual implicaba, según estableció, que en tal caso, en relación con esos bienes, ambos esposos también debían de soportar las cargas, ya que el derecho de propiedad que se refiere, les asiste, lo hacen derivar, precisamente, del acto jurídico por el cual el bien respectivo ingresó al caudal común de la sociedad conyugal.
Por ejemplo, en algunas de las ejecutorias contendientes preciso, que si la acción intentada en el juicio hipotecario de origen, se instauró por el incumplimiento del consorte de la parte quejosa en relación con el crédito hipotecario con el cual aquél adquirió el propio inmueble que a la postre fue rematado y adjudicado en dicho asunto, en ese caso, procedía reprochar al consorte inconforme, que sobre la parte que le correspondía sobre el bien raíz de trato, soportara las cargas derivadas del juicio de origen, es decir, el pago de las obligaciones pecuniarias contraídas para adquirir el inmueble rematado y adjudicado en el asunto de origen;
Por tanto, concluyó, en casos en los que únicamente se demandaron acciones de tipo real (ordinario civil y especial hipotecario), era suficiente que en la controversia respectiva se escuchara solamente a uno de los consortes, toda vez que, ante la falta de capitulaciones matrimoniales, ambos cónyuges tienen el carácter de administradores de la sociedad y, por ende, se determinó que el otro cónyuge que no fue demandado ni escuchado, no podía alegar ser tercero extraño a la controversia natural.
Finalmente, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito (sic) que no existía razón para considerar que un cónyuge fue "representado" en un juicio por el otro que sí fue llamado y, por ende, que no tuviese el carácter de tercero extraño, sólo porque ambos comparten beneficios y cargas, ya que se refirió que eso es inherente a la ayuda mutua, como una finalidad propia del matrimonio, pero que no confería una representación propiamente dicha.
Entonces, determinó que de la ejecutoria que dio lugar a las jurisprudencias 47/2001 y 50/2001, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se desprendía que la comunidad de bienes que constituye la sociedad conyugal traiga aparejadas consecuencias tales como la pérdida de la parte alícuota de un cónyuge que no fue oído ni vencido en juicio, por el solo hecho de que el otro sí haya sido.
Sobre todo, ya que señaló que las reglas de la copropiedad son generalmente coincidentes en que la enajenación del bien común debe realizarse con el consentimiento unánime de los condueños, con independencia de que los copropietarios participen tanto de los beneficios como de las cargas; pues la administración del bien común se efectuará con el acuerdo de la mayoría de los copropietarios y no por la representación no concedida de uno en favor de otro.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de la contradicción de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, con número de registro digital: 190000, Tomo XIII, abril de 2001, materia común, página 76, cuyo rubro establece: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", en virtud de que dicho criterio ha sido interrumpido.
La forma de aproximarse a los problemas que pl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30232-9b249e12/sociedad-conyugal-la-omision-de-designar-quien-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN LAS RESOLUCIONES DENUNCIADAS COMO OPUESTAS, DECLARAN LA FIRMEZA DE LA SENTENCIA PRONUNCIADA (PC.XVII.2 K (10a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO SIN ESPECIALIZACIÓN O ESPECIALIZADOS EN UNA MISMA MATERIA. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA N (1a./J. 48/2012 (10a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA. (2a. CLXXIII/2001)
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