TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SI UN TRABAJADOR DE NUEVO INGRESO DEL AYUNTAMIENTO RESPECTIVO SOLICITA EL OTORGAMIENTO DE SU NOMBRAMIENTO DE BASE Y DICHO ÓRGANO NO ADMITE SU DEMANDA POR CONSIDERAR QUE CARECE DE COMPETENCIA, VULNERA EL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 990/2012. ISRAEL IGNACIO ANGULO AQUINO. 8 DE MARZO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EUGENIO GUSTAVO NÚÑEZ RIVERA. SECRETARIO: SALVADOR MORALES MORENO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En lo que interesa, de los antecedentes del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, se advierte que mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil doce ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, Israel Ignacio Angulo Aquino, por su propio derecho demandó del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, las prestaciones siguientes:
"Que, por medio del presente escrito, con fundamento en lo establecido por los artículos 79, 80, 81, 82, 84 y 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y 172 de la Ley Federal del Trabajo, vengo a ejercitar acción de otorgamiento de nombramiento de base, en contra de la siguiente persona: A. El honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por conducto de quien legalmente lo represente. Señalo como domicilio para que sea legalmente emplazado a juicio el demandado, el ubicado en el inmueble marcado con el número catorce de la Avenida Juan de Palafox y Mendoza, Centro Histórico de esta ciudad, en que se ubica el Palacio Municipal, específicamente en las oficinas que ocupa la sindicatura municipal, por ser el síndico, por mandato de ley, el representante legal en asuntos de naturaleza judicial. Se reclama al demandado el cumplimiento de las siguientes prestaciones laborales que legítimamente me corresponden. Prestaciones. A) La declaración y reconocimiento de ser propias de los trabajadores de base, las labores que desempeño en favor del honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. B) La declaración y reconocimiento por parte del honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla relativa a que el suscrito ha adquirido el derecho a la inamovilidad por haberse surtido los supuestos de ley. c) La expedición del nombramiento que acredite al suscrito como trabajador de base con derecho a la inamovilidad. d) Durante y después de la tramitación del presente asunto, se abstenga el honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla de realizar cualquier acto que entrañe violencia moral o física en contra del suscrito como consecuencia y/o represalia por el hoy reclamado." (fojas 1 y 2).
Expuso como hechos que sustentan su reclamo, los que consideró pertinentes, mismos que resulta innecesario reseñar, dado el sentido de la presente ejecutoria.
QUINTO. La resolución reclamada se sustenta con base en lo siguiente:
"Puebla, Puebla, a veintiuno de septiembre de dos mil doce. Dada cuenta por la secretaria general de Acuerdos de este tribunal con un escrito de fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce y recepcionado ante este tribunal laboral el día diecinueve del mismo mes y año, promovido (sic) Israel Ignacio Angulo Aquino y estando legalmente integrado el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla, acuerda: Visto el contenido del escrito de cuenta dígasele al promovente que no ha lugar a acordar favorable lo solicitado, en relación a su punto segundo petitorio, en el sentido de admitir su demanda, radicarla y señalar día y hora para la audiencia de ley, ordenando emplazar al demandado, en virtud de que esta autoridad carece de competencia para conocer de su acción ejercitada, en virtud de que este Tribunal de Arbitraje únicamente es competente para conocer de los conflictos que establece el artículo 79 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, que a saber son:
"‘Artículo 79. El Tribunal de Arbitraje será competente:
"‘I. Para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los titulares de las dependencias del Ayuntamiento y sus trabajadores de base.
"‘II. Para conocer de los conflictos colectivos que se susciten entre el sindicato y el Ayuntamiento.
"‘III. Para conocer de los conflictos que se susciten entre los miembros del sindicato.
"‘IV. Para llevar a cabo el registro del sindicato mayoritario de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento y, en su caso, la cancelación del mismo.
"‘V. Para resolver sobre las condiciones generales de trabajo en el caso a que se refiere la fracción II del artículo 19.’
"‘Artículo 19. Son obligaciones de los trabajadores:
"‘... III. Cumplir con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo.
"‘...’
"Y dentro de las obligaciones de los titulares de las dependencias municipales, mismas que se encuentran mencionadas en el artículo 36 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla en sus VI fracciones, no se encuentra como obligación de los titulares las dependencias del Ayuntamiento del Municipio de Puebla la de otorgamiento de nombramiento de bases a sus trabajadores de base, mismo que a la letra dice:
"‘Artículo 36. Son obligaciones del Ayuntamiento y de los titulares de las dependencias, según la naturaleza de sus funciones:
"‘I. Preferir en igualdad de condiciones de capacidad y antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren.
"‘II. Cumplir con los servicios de higiene y prevención de accidentes.
"‘III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales hubiera sido separado en cumplimiento a un laudo ejecutoriado pronunciado por el Tribunal de Arbitraje. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo a la suprimida, o bien se les indemnice con tres meses de sueldo si la relación laborar termina por no estar en condiciones el Ayuntamiento de otorgar otra plaza.
"‘IV. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo encomendado.
"‘V. Cubrir las aportaciones que se convengan con el sindicato de trabajadores, por concepto de beneficios de Seguridad y Servicios Sociales tales como:
"‘a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, de carácter profesional, no profesional y maternidad. El Ayuntamiento previo acuerdo con el sindicato, podrá contraer dicha atención y servicios con una institución descentralizada o particular.
"‘b) Incapacidad y jubilación.
"‘c) Guarderías infantiles.
"‘d) Tiendas de consumo económico.
"‘e) Establecimiento de centros de capacitación y adiestramiento, tendientes a la superación de los trabajadores en el desempeño de sus funciones.
"‘VI. Conceder licencias sin goce de sueldo y sin causa justificada hasta por seis meses.’
"Y en el presente caso la acción que ejercita el promovente no encuentra fundamento en ninguna de las fracciones antes mencionadas, motivo por el cual se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía correspondiente." (foja 16 frente y vuelta).
La Magistrada representante de los trabajadores, emitió su voto particular en el sentido de que el tribunal responsable sí debía de conocer del conflicto individual sometido a su jurisdicción.
SEXTO. En una parte de su único concepto de violación, sostiene la parte quejosa que la resolución impugnada es ilegal, por lo siguiente:
1. La responsable viola en perjuicio de la parte quejosa lo establecido en el artículo 17 constitucional, cuando resuelve que es incompetente para conocer de la acción de otorgamiento de base, sin precisar a qué autoridad corresponde dicha competencia, lo que se traduce en que la responsable haga una aseveración a priori que deja al justiciable en estado de indefensión, pues se le impide ser oído y vencido en juicio en uso de su garantía de audiencia.
2. Dada la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por su propia mano, se deja a la quejosa en imposibilidad formal y material de realizar la reclamación pretendida, transgrediéndose así, no sólo el referido artículo 17 constitucional, sino también lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues a fin de garantizar el pleno acceso a la administración de justicia, en lugar de simple y sencillamente abstenerse de admitir a trámite la referida demanda, al considerarse incompetente, se debió enviar la demanda a la autoridad que se estimara sí lo era.
3. Por tanto, a fin de satisfacer de forma efectiva el derecho a la protección judicial y salvaguardar así, el acceso a la administración de justicia, debe estarse a lo que señala el citado artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prescribe la obligación del Estado de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención.
4. Que el acto reclamado es inconstitucional, ya que al sustentarse la responsable en los artículos 36 y 79 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla para declarar su incompetencia, materialmente hizo un examen de la procedencia de la acción, lo cual es materia del laudo que se dicte en la controversia sometida a su potestad.
5. Que el tribunal responsable emitió consideraciones en sustitución del propio demandado, convirtiéndose en defensor oficioso, ya que confunde el presupuesto procesal de la competencia con el fondo de lo reclamado en el juicio laboral.
6. Que conforme al artículo 80 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la responsable puede calificar la procedencia de la demanda en términos del artículo 84 de la citada codificación; sin embargo, ello no lleva al extremo de sustituir al demandado y razonar que la acción intentada no encuadra en los supuestos de los artículos 36 y 79 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
SÉPTIMO. Los anteriores argumentos son sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
Para ello debe partirse de la premisa de que la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está dirigida, entre otros, a las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales; es decir, aquéllas que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.
En este sentido, dicho precepto constitucional norma el debido acceso a la tutela jurisdiccional que constituye el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre dicha pretensión o defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, debiéndose entender que la expeditez de los órganos jurisdiccionales significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial-, no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición ilegal o irracional alguna, pues de establecer alguna condicionante en ese sentido, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.
Sostiene el anterior criterio la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, que se identifica bajo el rubro:
"GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos."
De la garantía constitucional en comento destacan los siguientes principios procesales, a saber:
a. La noción de acceso a la jurisdicción, la cual constituye una prerrogativa constitucional para que las personas acudan ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones procesales ante el surgimiento de los litigios, lo que obedece también a los principios pro actione y de tutela judicial efectiva reconocidos en el propio artículo 17 constitucional(1) y el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(2) que invoca el quejoso en sus conceptos de violación; este último en el que se establece el derecho a defenderse de aquellos actos que violen derechos fundamentales reconocidos en una Constitución, los tratados internacionales, o las leyes; constriñendo a las autoridades facultadas para ello, el resolver los conflictos que les plantearen las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o dilaciones innecesarias, evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.
b. El principio pro actione, exige que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio (razón o motivo) de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
c. El derecho a la tutela judicial efectiva. Éste implica, en primer término, el derecho de acceso a la jurisdicción; es decir, a que el gobernado pueda ser parte en un proceso judicial, dando con ello inicio a la función de los órganos jurisdiccionales; en un segundo lugar, el derecho a que en tal proceso se sigan las formalidades esenciales del procedimiento a fin de no dejar al justiciable en estado de indefensión; y, en tercer lugar, el derecho a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución.
d. El principio iura novit curia, significa literalmente: "el Juez conoce el derecho", que es utilizado para referirse al principio de derecho procesal según el cual el Juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas.
e. El principio effet utile, también conocido como principio de efectividad, que implica excluir cualquier interpretación que anule o prive de eficacia a algún precepto constitucional, además de que ésta no debe hacerse en función de la intención de las partes, sino a partir de la necesidad de producir un efecto útil en el momento de su aplicación.
De acuerdo con las anteriores premisas, la interpretación realizada por el tribunal responsable se aparta del principio de tutela jurisdiccional anteriormente mencionado, al establecer con la emisión del acto reclamado restricciones al ejercicio del derecho de acción, lo que se evidenció con la consideración del tribunal responsable al rechazar la demanda sometida a su jurisdicción por considerar que no era de su competencia la pretensión deducida.
No obstante, tal interpretación resultó errónea como así se desprende de los artículos 115, fracciones II y VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 105, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;(4) y, 1, 2, 3, 73 y 79 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.(5)
Es así, pues de tales preceptos legales invocados se pone de manifiesto que se creó un tribunal jurisdiccional denominado Tribunal de Arbitraje para dirimir los conflictos individuales que se suscitaran entre los titulares de las dependencias del Ayuntamiento del Municipio de Puebla y sus trabajadores, sin que al respecto se advierta la pretensión del Constituyente de que ese órgano jurisdiccional conociera, en exclusiva, de conflictos suscitados respecto de un solo tipo de trabajadores; esto es, sin importar que éstos fueran de base, confianza, supernumerarios o de alguna otra calidad jurídica.
Al caso cobra aplicación, por analogía, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 219, que dice:
"COMPETENCIA. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. A ÉL Y NO A LA JUNTA LOCAL CORRESPONDE CONOCER DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO ENTRE DICHO MUNICIPIO Y SUS SERVIDORES, AUNQUE ÉSTOS SEAN DE CONFIANZA. De acuerdo con el artículo 115, último párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes locales con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, cuyo apartado B estatuye en sus fracciones VIII, IX, X, XI y demás relativas, los derechos de los servidores de base, y en las fracciones XI y XIV, principalmente, los derechos de los servidores de confianza, instituyendo un tribunal jurisdiccional para dirimir los conflictos individuales, sin que en este aspecto excluya a los de confianza. Por tanto, la demanda planteada por un servidor de confianza al Municipio de Puebla en contra de éste, con motivo de la relación del servicio, debe ser conocida y resuelta por el Tribunal de Arbitraje de dicho Municipio y no por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aunque la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla los excluya por no ser de base, en virtud de que de los preceptos constitucionales mencionados no se desprende tal distinción, máxime si se toma en cuenta que una cosa es la competencia del tribunal que es lo que se dirime, y otra lo procedente o fundado de la acción deducida."
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, los trabajadores de nuevo ingreso tendrán el carácter de trabajadores de base después de treinta días ininterrumpidos de labores, siempre y cuando no tengan nota desfavorable en su contra; por lo que si la legislación aplicable prevé tal derecho y el accionante demandó el reconocimiento de éste, es inconcuso que el tribunal responsable debió avocarse al conocimiento del asunto a efecto de dilucidar la pretensión del actor y, con ello, hacer efectiva su garantía de tutela jurisdiccional.
Con base en lo expuesto, si la parte quejosa acudió al referido órgano jurisdiccional a fin de que se le resolviera una pretensión fundada en derecho en contra del Ayuntamiento del Municipio en comento, la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje de dicho Municipio, debió conocer de la referida pretensión en atención a los derechos de audiencia y tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 14, 17, 115, fracciones II y VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, fracción XV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 2, 3, 73 y 79 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla.
En añadidura a lo antes dicho, cabe señalar que en el artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) el Poder Reformador de la Ley Fundamental, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, tuteló el principio pro homine o pro persona.
El principio pro homine o pro persona contenido en el artículo constitucional invocado, indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera que sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional, quedando así vinculadas todas las autoridades estatales a velar por el respeto y protección de los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte; se trata pues de un criterio hermenéutico que informa el contenido de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia o interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Ilustra lo antes expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, que dice:
"PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.-De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable -en materia de derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano."
Del mismo modo, se invoca en apoyo a las razones antes expuestas, la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, que se identifica bajo el rubro y texto:
"PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.-El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro."
En este contexto, resulta indiscutible que aun cuando no hubiera precepto legal que sustentara la acción planteada por el aquí quejoso, el tribunal responsable debió atender al principio pro homine o pro persona, en el sentido de preferir la aplicación del derecho humano contenido en el artículo 1o., párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ser más benéfico para el trabajador, frente a la legislación ordinaria.
Lo anterior, sin perjuicio de que, como ya se ha expuesto, el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla puede conocer de los conflictos laborales que se susciten entre el citado Ayuntamiento y cualquiera de sus trabajadores, independientemente de su calidad jurídica, según se ha expuesto con anterioridad.
En este orden de ideas, la autoridad laboral, indebidamente, aplicó el artículo 79 de la ley burocrática municipal, al rechazar el asunto y ordenar su archivo, poniendo fin a éste, pues sobre el particular debe decirse que, en primer lugar, la responsable sí tiene facultades constitucionales y legales para conocer de la controversia y, en segundo término, carece de legitimación para no admitir una demanda basándose en la improcedencia de la acción, pues es de explorado derecho que es hasta el dictado del laudo cuando se analizan las peticiones de las partes, los hechos controvertidos y se aprecian las pruebas aportadas.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 13/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 516, que señala:
"COMPETENCIA. CONFLICTO EN MATERIA LABORAL. PARA RESOLVERLO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.-La procedencia de la acción intentada en los juicios laborales no puede fundamentar la declaración de incompetencia de los tribunales correspondientes, pues mientras ésta es una cuestión previa, los artículos 840, 841 y 842, de la Ley Federal del Trabajo, disponen que será hasta el laudo cuando se analicen las peticiones de las partes y los hechos controvertidos, se aprecien las pruebas aportadas y se resuelva la controversia planteada; de ahí que hasta entonces será factible determinar de manera fundada y razonada si la acción ejercida es o no procedente, ya que ello depende de lo que se hubiere alegado y probado durante el procedimiento."
En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Puebla deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra donde siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, se avoque al conocimiento del asunto laboral puesto bajo su potestad y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho proceda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado y, ad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24433-20409155/tribunal-de-arbitraje-del-municipio-de-puebla-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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