Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA SALA DEBE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN FORMULADOS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA CONTRA LA RESOLUCIÓN COMBATIDA, AUN CUANDO LA ACTORA MANIFIESTE DESCONOCERLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2013. · Registro digital (IUS): 24539
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y NOVENO EN MATERIA A
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, Pág. 902.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto circuito corresponde a la materia administrativa, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.

9. Es importante indicar que si bien, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del citado año, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones, entre ellas, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponiéndose que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, también lo es que en sesión de once de octubre de dos mil once el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte también es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, sustentando, al respecto, la tesis P. I/2012 (10a.), con el rubro y datos de publicación siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)." [Tesis P. I/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 2000331]

10. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciados como divergentes, así como por el representante de **********, parte quejosa en el juicio de amparo directo 691/2012, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, asunto del que derivó otro de los criterios denunciados como contradictorios.

11. TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.

12. I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 691/2012, en sesión de diecisiete de enero de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, importa destacar algunos antecedentes del caso: 1. Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil once, en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, la persona moral denominada **********, por conducto de su representante legal, demandó la nulidad de la resolución administrativa en materia de contribuciones federales, que derivó de la orden de visita domiciliaria **********, contenida en el oficio con número **********, de veintiuno de mayo de dos mil diez; acto el anterior que le atribuyó a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón, Coahuila, y que manifestó desconocer (páginas 1 a 16). En este punto, importa destacar que la actora, en el punto III del capítulo de hechos de la demanda de nulidad, afirmó que tampoco conocía la existencia del acta final levantada bajo el amparo de la orden de visita con número de oficio **********, que se ordenó practicar para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho. 2. En proveído de veintinueve de agosto de dos mil once, la Magistrada instructora de la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda que registró con el número de expediente ********** y, entre otras cosas, acordó que se emplazara a juicio a la autoridad demandada, por conducto de la Administración Local Jurídica de Torreón, Coahuila (páginas 65 a 66). 3. En oficio número **********, de quince de noviembre de dos mil once, la Administración Local Jurídica de Torreón, Coahuila, dio contestación a la demanda, en la que refutó los agravios que se formularon en la demanda de nulidad y, para desvirtuar la negativa que formuló la actora de conocer el acta final de visita y la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, ofreció copias certificadas de dichos actos, así como de sus constancias de notificación, entre otras pruebas que ofreció (páginas 80 a 92). 4. En escrito presentado el doce de enero de dos mil doce, la actora amplió su demanda de nulidad (páginas 179 a 210), y la Administración Local Jurídica de Torreón, Coahuila, mediante oficio **********, de veinte de febrero del año en cita, dio contestación a dicha ampliación (páginas 274 a 309 vuelta). 5. Una vez cerrada la fase de instrucción, la Sala Fiscal, el tres de julio de dos mil doce, dictó sentencia definitiva, en la que resolvió que, como la actora no probó su pretensión, lo procedente era reconocer la validez de la resolución impugnada (páginas 458 a 479 vuelta); y, 6. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso el juicio de amparo que ahora nos ocupa. ... OCTAVO. Los conceptos de violación hechos valer, y que por razón de orden metodológico se estudian de manera conjunta, por encontrase íntimamente vinculados entre sí, resultan ser infundados, por las consideraciones que a continuación se expresan: Afirma en síntesis la quejosa, que aun cuando se declaró la legalidad de la notificación del crédito impugnado, la Sala responsable pasó por alto que la demanda de nulidad se promovió en tiempo, y que en ella se hicieron valer manifestaciones ad cautélam, razones estas últimas que, a decir de la amparista, obligaban a la Sala Fiscal a estudiar dichos conceptos de impugnación que se hicieron valer en el escrito inicial de demanda en contra del crédito combatido; por lo que, al no hacerlo, la citada autoridad responsable transgredió el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que recoge el principio de exhaustividad de las sentencias. Como se adelantó, las anteriores alegaciones resultan infundadas, porque quienes aquí resuelven consideran que los conceptos de anulación que formuló la actora en el escrito inicial de demanda, en contra de actos que en la misma se afirmó desconocer, en términos de lo establecido en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no pueden ser motivo de estudio por parte de la Sala Fiscal del conocimiento, aun cuando dicha demanda hubiese sido promovida dentro del término legal correspondiente. Para así estimarlo, es conveniente remitirnos al contenido normativo del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, textualmente, dice: ‘Artículo 16.’ (transcribe). De la interpretación sistemática de dicho precepto, concretamente de las hipótesis a que se refieren sus fracciones II y III, claramente se advierte que cuando la parte actora en el juicio contencioso administrativo demanda la nulidad de actos que afirma desconocer o cuya existencia controvierte, emerge la obligación ineludible para la autoridad demandada de que, al momento de contestar dicha demanda, exhiba el acto administrativo de referencia y su respectiva constancia de notificación, a fin de que, concediéndosele a la parte actora un plazo para ampliar su demanda, esté en posibilidad de impugnarlos; sin embargo, al momento de resolver, la Sala Fiscal debe examinar en primer término los conceptos de impugnación vertidos en contra de la notificación del acto, pues dependiendo de lo que al respecto determine, podrá proceder a efectuar el estudio de fondo del acto administrativo, o bien, sobreseer en el juicio de nulidad en cuestión, en caso de que dicha notificación se hubiese efectuado legalmente y, como consecuencia, resulte extemporánea la presentación de la mencionada demanda. Esa forma de resolver por parte de la Sala Fiscal, es decir, que en la hipótesis en comento debe analizar, en primer lugar, los conceptos de impugnación relacionados con la notificación del acto combatido, atiende a un orden lógico, correlativo a lo manifestado por la parte actora en su demanda, en el sentido de que desconoce el acto o resolución impugnados, pues para el derecho administrativo la notificación es la actuación de la administración, en virtud de la cual se informa o se pone en conocimiento de una o varias personas un acto o una resolución determinados, esto es, la notificación del acto administrativo resulta ser una formalidad que le confiere eficacia jurídica, puesto que a través de tal actuación de la administración pública se da a conocer el acto de que se trate al interesado en el procedimiento, lo cual, por una parte, constituye un derecho de los administrados y, por otra, una garantía jurídica frente a la actividad de la administración, en tanto que es un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos. Por tanto, si la autoridad administrativa, al contestar la demanda, exhibe el acto o la resolución impugnados y su respectiva constancia de notificación, los cuales la parte actora negó conocer o que existieran, resulta lógico que la Sala Fiscal deba avocarse, en primer lugar, al examen de los conceptos de impugnación formulados en contra de la legalidad de dicha notificación, para así estar en posibilidad de establecer si, efectivamente, la parte actora desconocía la resolución impugnada y, por ende, determinar si es procedente que se analicen los argumentos vertidos en contra de la propia resolución o, por el contrario, que tal notificación sí se practicó conforme a derecho y, por consiguiente, las alegaciones relativas al propio acto combatido son extemporáneas, porque la parte actora tenía conocimiento del acto desde que se le notificó y, por tanto, pudo hacerlas valer desde la presentación de la demanda de nulidad. Así pues, como puede apreciarse, del enunciado legal transcrito precedentemente, cuando, como parte de la controversia en el juicio de nulidad, se involucran cuestiones atinentes a la falta de notificación o ilegal notificación de los actos administrativos que se afirma desconocer, la legislación fiscal estableció un procedimiento especial que necesariamente ha de observarse, en principio, para que el demandante se apegue a los lineamientos ahí consignados y, en segundo lugar, para que la Sala Fiscal, bajo el propio orden o parámetro ahí establecido, se avoque al examen de los tópicos respectivos. En el caso particular, de los autos del contencioso administrativo de origen se desprende que la controversia suscitada en dicho juicio surgió al darse el supuesto contemplado en la fracción II del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que, como se vio, consigna como primera exigencia para llevar a cabo el procedimiento captado en tal disposición, que la parte actora manifieste desconocer la resolución administrativa que pretende impugnar, expresándolo así en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución; como acontece en el caso respecto del acta final de visita y de la resolución determinante del crédito fiscal impugnado. Dicha exigencia se cumplió en la especie, pues tratándose de los mencionados actos administrativos en su escrito inicial de demanda, tanto al señalar la resolución impugnada, como en el capítulo de hechos de la misma, manifestó textualmente lo siguiente: ‘... Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 13, 14, 15 y 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor, vengo en tiempo y forma a promover demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa en materia de contribuciones federales, que haya resultado de la orden de visita domiciliaria **********, contenida en el oficio número **********, de fecha 21 de mayo del año 2010, mismo crédito fiscal, que bajo protesta de decir verdad se manifiesta no conocer, pero cuya emisión y determinación se le atribuye a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón ... V. Hechos: I. En fecha 27 de mayo del año 2010, se inició a mi apoderada la práctica de una visita domiciliaria al amparo de la orden de visita domiciliaria **********, contenida

en el oficio número **********, de fecha 21 de mayo del año 2010, con objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. II. Posteriormente, mediante el levantamiento de la última acta parcial de la visita, la cual fue levantada el día 21 de diciembre del 2010, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Torreón realizó observaciones respecto de los hechos u omisiones que, en su opinión, constituían irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, siendo que se estima ilegal dicho acto administrativo, pues a pesar de tratarse de un acto intermedio en el procedimiento, la autoridad fiscal no mencionó los numerales que se estimaron violados en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, con lo cual se colocó a mi apoderada en estado de indefensión legal, por impedirme conocer las obligaciones que dice la autoridad se incumplieron en el periodo auditado. III. Ahora bien, dentro de la resolución atacada, se hace constar la existencia de un acta final, actuación la anterior que a mi apoderada le resulta desconocida y, por ende, se niega plenamente su existencia. Siendo el acto de referencia, el acto administrativo con el que se concluyó la revisión, desde este momento niego lisa y llanamente conocer el gravamen resultante de dicho procedimiento de fiscalización, esto para el efecto de que la autoridad demandada lo dé a conocer, así como su constancia de notificación, en los términos previstos en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ...’. Ahora bien, ante dicha negativa expresada por la actora, la autoridad enjuiciada, al contestar la demanda, exhibió, entre otras documentales, el acta final de visita domiciliaria y el crédito fiscal que derivó de dicho procedimiento de fiscalización, así como sus respectivas constancias de notificación, mismas que la actora impugnó a través de su escrito de ampliación de demanda; sin embargo, como se advierte de la sentencia reclamada, la Sala Fiscal después de que valoró las documentales que exhibió la enjuiciada para desvirtuar la negativa de trato, arribó a la conclusión de que, como la actora, al presentar su demanda de nulidad, esto es, el trece de julio de dos mil once, ya tenía conocimiento previo de la resolución impugnada, al haberle sido ésta notificada legalmente de manera previa a la interposición de la misma, lo procedente era declarar inoperantes, por inoportunos, los conceptos de anulación que se formularon para combatir la referida resolución determinante, ya que según dijo, a la actora le había precluido su derecho para controvertir los actos administrativos que manifestó desconocer, por el motivo antes señalado. Luego, bajo ese contexto de ilustración, es dable considerar lo inexacto de lo alegado por la peticionaria de garantías cuando pretende que la Sala debió analizar los conceptos de anulación ad cautélam que formularon en el escrito inicial de demanda. Lo anterior se afirma, porque aun y cuando la demanda de nulidad se encuentre promovida dentro del término legal respectivo y, por ello, no pueda actualizarse el supuesto previsto por el legislador en el último párrafo de la fracción III del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atinente a que: ‘Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida.’. Sin embargo, este órgano jurisdiccional advierte que no es posible conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala Fiscal estudie las inconformidades que, en su caso, se hubiesen formulado en el escrito inicial de demanda en contra del referido crédito combatido, así como del acta final de visita de trato; en virtud de que, como se destacó en párrafos precedentes, la actora en su demanda expresamente manifestó desconocer esos actos administrativos, alegando, incluso, que la autoridad demandada se los diera a conocer, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción II, de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De donde se sigue, entonces, que si la actora no conocía los actos en comentario, no estaba en aptitud lógica ni jurídica de cuestionar la legalidad de los mismos, porque ello sólo era posible que ocurriera hasta que la autoridad demandada, ante dicha negativa lisa y llana, de conformidad con el precitado numeral 16, fracción II, exhibiera las constancias de las actuaciones desconocidas y de sus notificaciones, para que, entonces, la actora las combatiera mediante ampliación de demanda, pero no a través del escrito inicial de demanda, en el que la accionante manifestó desconocer los actos combatidos. Por lo que, aun cuando el escrito inicial de demanda se encuentre promovido en tiempo y, por ende, la Sala Fiscal no pudiera invocar el supuesto consignado en el último párrafo de la fracción III del artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no obstante, las inconformidades formuladas en dicha demanda en contra de las actuaciones que se afirmó desconocer, no pueden ser objeto de análisis, ya que el procedimiento especial, previsto en dicho numeral, resguarda la garantía de audiencia de los contribuyentes ante actos de autoridad que afirmen desconocer, pero a fin de hacerla efectiva a través de la ampliación de demanda, una vez que el interesado conoce dicho acto y está en aptitud de impugnarlo, mas no desde su demanda, en cuyo caso carecería de sentido el objetivo de ese numeral. Fortalece estos razonamientos lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 188/2007-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 209/2007, de rubro: ‘JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.’, en donde dicha Segunda Sala, con motivo del estudio del artículo 209 Bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco (pero cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) estableció lo siguiente: (transcribe). Así pues, lo pretendido por la quejosa, en el sentido de que la Sala debió analizar las inconformidades que esgrimió en los conceptos de anulación ad cautélam de su escrito inicial de demanda en contra de los actos que afirmó desconocer, se aparta del procedimiento consignado en la propia ley de la materia y desatiende que, al establecerse en el ordenamiento legal conducente los términos bajo los cuales las partes han de ejercer los actos procesales inherentes a su derecho, necesariamente han de respetarse dichos parámetros legales; lo que es así, porque si el propio artículo 16, fracción II, invocado como fundamento de su demanda por la actora, establece como una carga o requisito para ésta, que si manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar ‘así lo expresará en su demanda’, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución, estableciendo, a su vez, la obligación para la autoridad demandada de que ante dicho desconocimiento argüido por la accionante, deberá tal enjuiciada, al producir su contestación, acompañar ‘constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda’. En ese contexto, es palmario, entonces, que ante el desconocimiento de la resolución administrativa manifestado en la demanda, es en la ampliación de la misma donde podrá combatirse esa resolución y su notificación, y no en la propia demanda de nulidad. Sin que sea obstáculo para arribar a dicha consideración lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, invocado por la quejosa como fundamento de su concepto de violación, pues si bien dicho numeral prevé la obligación de resolver la pretensión que deduzca el actor en relación con la resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. También lo es que ese numeral establece como condiciones torales en el dictado de las sentencias en los juicios contenciosos administrativos, las restricciones consistentes en no cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación, así como tampoco anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda, siendo estas prohibiciones las que, interpretadas integralmente con la hipótesis contenida en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, impiden que puedan tomarse en consideración conceptos de anulación formulados en contra de un acto que se afirmó desconocer y que, por ende, el momento oportuno para su impugnación es mediante la ampliación de demanda, una vez que se dé a conocer el mismo y no antes, es decir, en la demanda. De ahí que no pueda aceptarse la premisa relativa a que por virtud de los principios de congruencia y exhaustividad, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deba analizar cualquier tipo de impugnación que se presente, aun cuando sea sobre actos que se afirma desconocer, ya que tales principios solamente obligan al órgano jurisdiccional de origen a ocuparse de aquellos planteamientos de impugnación hechos valer adecuadamente conforme a los parámetros establecidos en el dispositivo legal fundamento de la demanda. ... Cabe señalar que, en cuanto a la temática antes analizada, similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo 576/2010, 129/2011, 527/2012 y 598/2012, así como la revisión fiscal 76/2011. ... En las relatadas condiciones, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. ..." (El subrayado es nuestro)

13. Similar criterio sostuvo el citado Tribunal Colegiado, al resolver el diverso amparo directo 129/2011, así como la revisión fiscal 76/2011, en sesiones de treinta y uno y diecisiete, ambas de marzo de dos mil once, respectivamente, tal como se desprende de las ejecutorias remitidas por el propio órgano jurisdiccional, agregadas en las fojas 356 a 412 y 414 a 474 del toca en que se actúa, cuyas consideraciones no se transcriben por ser innecesario.

14. Las ejecutorias del amparo directo 129/2011 y de la revisión fiscal 76/2011, antes citados, dieron origen a la tesis aislada VIII.1o.P.A.106 A, cuyo rubro, texto y datos de publicación en seguida se reproducen:

"DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR MANIFIESTA DESCONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD AL CONTESTARLA EXHIBE LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES JUNTO CON SU NOTIFICACIÓN SIN QUE AQUÉL AMPLÍE SU ESCRITO INICIAL, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN FORMULADOS ORIGINALMENTE RESPECTO DE DICHO ACTO Y, POR TANTO, ÉSTOS DEBEN DECLARARSE INOPERANTES. El artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de resolver la pretensión que deduzca el actor en relación con la resolución impugnada, señalando como condiciones torales en el dictado de sus sentencias, las restricciones consistentes en no cambiar los hechos expuestos en la demanda y en su contestación ni anular o modificar actos no impugnados expresamente, siendo estas prohibiciones las que, interpretadas integralmente con el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, impiden tomar en consideración los conceptos de impugnación formulados contra un acto que se afirmó desconocer y que, por ende, el momento para controvertirlo es la ampliación a la demanda, previo conocimiento que la autoridad haga de él. Consecuentemente, cuando el actor en su demanda del juicio contencioso administrativo manifiesta desconocer el acto impugnado en términos del precepto y fracción citados, y la autoridad al contestarla exhibe las constancias correspondientes junto con su notificación sin que aquél amplíe su escrito inicial, el mencionado órgano no puede analizar los conceptos de impugnación formulados originalmente respecto de dicho acto, porque al presentar su demanda el actor no estaba en aptitud lógica ni jurídica de cuestionar la legalidad de éste, por lo que deben declararse inoperantes." (Tesis VIII.1o.P.A.106 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la página 1313 del Tomo XXXIV, agosto de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 161346)

15. II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 686/2005, en sesión de veintisiete de febrero de dos mil seis, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Es fundado el concepto de violación expuesto en primer término, transcrito en el considerando anterior, por las razones que seguidamente se señalan: En la demanda que dio inicio al juicio de nulidad de donde emana el acto reclamado, el hoy quejoso **********, luego de que formuló cuatro conceptos de impugnación contra la resolución impugnada de veintitrés de julio de dos mil tres, hizo la siguiente manifestación: ‘Ad cautélam: Primero. En el improbable caso que se determinara que se carece del derecho a que se hace referencia en los puntos anteriores y lo cual sería motivo de que se interpusiera el recurso ante el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito correspondiente en su debida oportunidad y fundando y motivando en derecho la inconformidad, también ahora se hace valer de que el considerando único de la resolución reclamada o demandada fundatorio de los puntos resolutivos donde se determinan créditos fiscales en mi contra también no está debidamente apegado a derecho ni a las constancias.’. Luego de esa manifestación, el citado demandante hizo valer seis conceptos de impugnación, que expresó desde la página dieciséis hasta la treinta y uno del escrito de demanda, y que transcribe en su demanda de amparo, en cuya virtud, para evitar repeticiones innecesarias, se omite reiterarlos en este apartado. Ahora, en el considerando séptimo de la sentencia reclamada, la autoridad responsable, después de que se pronunció sobre lo expuesto en los mencionados primeros cuatro conceptos de impugnación formulados en la demanda de nulidad, con relación a la manifestación expresada de manera ad cautélam por el demandante, resolvió que los argumentos correspondientes, contenidos en los citados seis conceptos de impugnación, resultaban inatendibles por inoperantes, porque lo manifestado en ellos por el actor era a título de prevención o preliminar, porque en caso de que se determinara por la Sala Fiscal que los primeros cuatro conceptos de agravio hechos valer por el demandante, fueran infundados, ello daría pauta para que el demandante acudiera ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente haciendo valer su derecho contra lo que resolviera dicha juzgadora, en virtud de lo cual, precisó, los argumentos manifestados ad cautélam resultaban ajenos al juicio de nulidad, lo que significaba un motivo suficiente, para omitir cualquier pronunciamiento al respecto. Contra esa consideración, en el primer concept

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24539-549b5174/juicio-contencioso-administrativo-federal-la-sala-debe-examinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.